Aquilina Vazquez Gonzalez

Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
953/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Aquilina Vazquez Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de junio de este año (foja 15 a 21), por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo presuntamente promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 953/2023-VII. Desechamiento. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, que establece: ... Una vez precisado el marco normativo aplicable, esta juzgadora considera que el requisito antes reseñado (firma criptográfica) no está colmando en el presente asunto, a saber: De la demanda de cuenta se advierte que aparentemente la instó ********************, por derecho propio contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra autoridad; sin embargo, la misma carece de firma criptográfica de la accionista de la presente instancia. Lo anterior, sin que pase inadvertido que dicha demanda se encuentra signada electrónicamente por diversa persona, a saber, Nely Guadalupe Candelas Flores, de la cual se advierte que si bien se le confirió autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo cierto es que, no se satisface el principio de parte agraviada que permita sustanciar el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio rector en mención, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser la parte afectada por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador o juzgadora a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como parte agraviada a alguien que no suscribió la demanda. Por lo que, se reitera, si la demanda de amparo no cuenta con ella, debe considerarse que las promoventes no exteriorizaron su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma autógrafa, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. A mayor abundamiento, cabe precisar que en este asunto, no se actualiza la excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que señala que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva conforme al numeral 15 de ese ordenamiento legal, ni aun con un grado de razonabilidad se podría advertir que se trate de esos actos, pues en el presente juicio se señaló como actos reclamados los siguientes: "La omsión de cumplimentar mi pago por pensiones por jubilación, generando una violación constitución a mi derecho de recibir alimentos. Omisión en cuanto a cumplimentar el dictamen de pensión CP/72231/2021 de fecha de agosto del año dos mil veintidós. Perjuicio a mi patrimonio, toda vez que la autoridad responsable, no realiza el pago completo y correcto, por concepto de pago de pensión por jubilación con retroactivos, desde la fecha en la que presente mi solicitud para pensionarme. Privarme del derecho a recibir alimentos sin fundamentar ni motivar la causa o razón, por la cual viola mi derecho fundamental a recibir alimentos desde el año dos mil veinte. La omisión de servicios de salud toda vez que me he presentado en las instalaciones del ISSEMYM y se me ha negado el acceso al servicio de salud." En ese sentido el numeral 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)". Asimismo, el artículo 6 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Por cualquier persona, aunque sea menor de edad; cuando: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Sin embargo, en la especie no se cumplen ninguno de los requisitos antes indicados. Lo anterior toda vez que, no se advierte que ********************, se encuentre impedida para instar acción constitucional por sí misma, circunstancia que efectivamente permitiría a diversa persona hacerlo, ni algún impedimento de la quejosa para firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedidas física y legalmente para hacerlo; máxime que no se reclama alguno de los actos mencionados en el inciso a), antes indicado. Sin que pase inadvertido que en el apartado del acto reclamado de su demanda, señale que las responsables han sido omisas en brindarle los servicios de salud; sin embrago, de la lectura de la demanda no se advierte que la parte quejosa haya nombrado que con esa omisión se ponga en riesgo su vida o con ello se actualice alguno de los actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. En consecuencia, se pone de manifiesto que no se actualiza alguna circunstancia excepcional para que la demanda de amparo sea promovida por una persona que no tiene el carácter de defensor, representante legal o apoderado de la parte quejosa, como en el caso, pues la promovente no cuentan con algún documento que acredite que se actualiza alguno de los citados supuestos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 11 de enero de 2019 10:12 h, con número de registro 2018943, que reza: .... En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada vía electrónica, en la que se señala como quejosa a ********************, por derecho propio. Domicilio procesal, autorizados, número telefónico y correo electrónico. Por los motivos expuestos, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa la aparente promovente, autorizados, número telefónico y correo electrónico, pues si es el incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo lo que amerita el desechamiento de la demanda (por la falta de firma del promovente), es evidente que tampoco puede atenderse a tales señalamientos si no hay la certeza de la existencia de voluntad para designarlos. Por tanto, acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 28, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal para consulta de las partes. ... Notifíquese en los términos indicados.

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