Aquilina Mendez Mendez
Expediente 1449/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aquilina Mendez Mendez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. I. Tribunal devuelve autos. Agréguese a los autos, el oficio número 622/2023, de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Décimo Tercer Circuito, con sede en este municipio; al que anexa los autos originales del juicio de amparo ********************/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. II. Se declara firme el auto de desechamiento. En tales condiciones y en virtud que la superioridad declaró firme el auto de once de enero del año en curso, en el que desechó por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************; glósese a este expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo de su envío; hágase lo anterior del conocimiento de las partes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. III. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Envío de oficios. Finalmente, se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme los oficios que deriven de este acuerdo; asimismo, los remita por correo electrónico, fax, interconexión o estafeta. En la inteligencia que si la dependencia u órgano jurisdiccional a la cual se encuentra dirigido no se encuentra laborando atendiendo a la contingencia sanitaria, deberá realizar la razón respectiva y entregarlo hasta en tanto reanuden labores. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado informa desechamiento de recurso. Agréguese a los autos el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, sede en este municipio, por medio del cual acusa de recibo del diverso oficio por el que se le remitieron los autos originales de este juicio de amparo, asimismo, comunica que desechó el recurso de revisión interpuesto la parte quejosa, en contra del auto que desechó la demanda de amparo, el cual radicó con el número de amparo en revisión 26/2023, de su estadística. Lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Visto el escrito firmado por ********************, por el que interpone recurso de revisión y expresa agravios; en consecuencia, se provee: Como lo solicita, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa la interposición de este recurso y ríndase el informe sobre la materia del recurso interpuesto, al que se adjuntará el escrito de expresión de agravios, así como los autos originales de este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Decimotercer Circuito, con sede en este Municipio, para la substanciación de ese medio de impugnación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª/J.60/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis (contradicción de criterios) 21/2017, de rubro "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
notificación a la quejosa por no acudir a notificarse pese dejara aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a este órgano jurisdiccional el veinte de diciembre de dos mil veintidós, que promovió ******, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1449/2022. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al Que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado mediante Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022. artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se 2 Reformado conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federa que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que establece: Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos,resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis y desechamiento de la demanda. Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Es de aplicación, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIII, página 716, que establece: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. Los Jueces y tribunales están facultados para normar sus actos conforme a la ley del procedimiento, y cuidar de que las demandas se formulen con la claridad, precisión y demás requisitos de ley que los códigos exigen, cuidando, también de que la acción respectiva se ejercite en la vía y forma que legalmente procede, y cuando la demanda no se entabla en la vía legal pertinente, debe desecharse de plano, sin que obste el razonamiento de que la parte contraria no alegue esa improcedencia, toda vez que esto solamente podrá hacerlo en la forma de excepción, lo cual no es posible, puesto que no se le da entrada a la demanda." Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común3 , del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales 3 Visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Una vez puntualizado lo anterior, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. De la Autoridad señalada como ordenadora; le reclamo, la orden de Aprehensión que se ha librado en mi contra, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 55/2022, del índice de del juzgado cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, fecha en la que tuve conocimiento del acto reclamado fue el día 6 de noviembre del 2022, en el Expediente número 02/2018 del índice del Juzgado Primero de lo penal del distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Y de las ejecutoras les reclamo el cumplimiento que pretenden dar a dicha Orden, que se traduce en mi captura material y privación de la libertad personal. Hecho notorio. Ahora, constituye un hecho notorio que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 55/2022, promovido por *****, contra actos del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y otras autoridades, constancias que se traen a la vista, en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 1. De dichas documentales se advierte que mediante sentencia engrosada el veinte de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección para los efectos siguientes: "(.) En las relacionadas consideraciones, este órgano jurisdiccional estima procedente otorgar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita *****, para el efecto de que el Juez Primero Penal de Tlacolula, Oaxaca:1. Deje insubsistente la orden de aprehensión decretada el doce de enero de dos mil dieciocho, en contra de la quejosa ****** en la causa penal 02/2018 de su índice, y: 2. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda. La presente concesión del amparo, no produce el efecto de dejar en libertad al probable responsable, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores. (.)" 2. El trece de junio de dos mil veintidós causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. 3. En auto de diez de agosto de dos mil veintidós se tuvo al juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al efecto remitió copia certificada de la resolución emitida el cinco de agosto de dos mil veintidós en los autos de la causa penal 2/2018, de su índice, resolución que fue notificada el dieciséis de agosto siguiente. 4. En resolución emitida el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado se pronunció respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de declarar que la misma había sido cumplida sin excesos ni defectos, en atención a que el juez responsable con libertad de jurisdicción, y conforme con los lineamientos dados, estimó procedente librar orden de aprensión en contra de ***** por el delito de fraude específico, cometido en perjuicio patrimonial de *****, cabe precisar que dicha determinación fue notificada a la parte quejosa de manera personal el cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa no interpuso recurso de inconformidad contra el acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, en auto de treinta de noviembre de este año, se declaró consentida la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós y, se ordenó el archivo de ese asunto. Ahora, no obstante los antecedentes de los que deriva este juicio de amparo, se observa que la parte quejosa consintió el acto reclamado, esto es, que no controvirtió la resolución por la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dentro del plazo de quince días. En tanto que en la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa, señala que tuvo conocimiento de los actos reclamados, emitidos en cumplimiento a la ejecutoria del mencionado juicio de amparo, el seis de noviembre de dos mil veintidós. De ahí que, como dato objetivo tenemos que la parte quejosa tuvo conocimiento el cuatro de noviembre de dos mil veintidós de la resolución emitida, para efectos del cómputo de la presentación de la demanda de amparo, la que refiere la quejosa, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En dichos preceptos, se encuentra contemplada la causa de improcedencia consistente en la extemporaneidad de la demanda de amparo, por tanto, aun cuando pudiera existir alguna otra causa de improcedencia, debe considerarse actualizada la prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, dado que es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de amparo; como así lo ilustra el criterio cuyos datos de publicación, rubro y texto son como sigue: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías4 . " Lo anterior, encuentra sustento en lo señalado en el ya citado artículo 17, párrafo primero, así como en el numeral 18, ambos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [Lo resaltado es propio de este juzgado] En el caso en particular, el quejoso afirma, que los actos reclamados en este juicio de amparo fueron de su conocimiento desde el día seis de noviembre de dos mil veintidós, sin embargo, de las constancias que se tuvieron a la vista, que se invocan como hecho notorio en términos de lo establecido por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que fue notificada 4 Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Tesis: III.2º.P.255P.p 3028. Registro: 163630 del auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el que se decretó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en donde, en lo de interés, se le hizo del conocimiento que se emitió el acto que aquí reclama. Por lo que, atendiendo a lo señalado en el artículo 18 de la ley de la materia, el término para presentar la demanda de amparo inició a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós (día hábil siguiente al que tuvo conocimiento de los actos reclamados), y feneció el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de noviembre del año en curso, por ser inhábiles. Ello es así, porque el cómputo para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente hábil en que se conoció el acto impugnado (cuatro de noviembre de dos mil veintidós), fecha en que le fue notificada la determinación que declaró cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio del cual deriva el acto reclamado, del que es la promovente del amparo. De ahí que, al promover la demanda de amparo, hasta las catorce horas con cincuenta y siete minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que ha transcurrido en exceso el término de quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, para promover este juicio de amparo, aun y si tomamos en cuenta la fecha que refiere conoció el acto que reclama. Resulta aplicable, por los motivos que la informan, la jurisprudencia P./J.12/2015 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil quince, decima época, página treinta y ocho, cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Asimismo, Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J.115/20105 y P./J.11/20176 (10ª) de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL 5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, registro 163172, página 5. 6 5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo 2017, tomo I, Décima Época, registro 2014199, página 7. CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Asimismo, tomando en consideración que existen datos objetivos del conocimiento del acto reclamado por parte de la parte quejosa pues fue parte del juicio de amparo 55/2022, del índice de este Juzgado, apoya a esta determinación, por interpretación a contrario sensu, la tesis XIII.1o.P.T.5 K (10a.) emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR EXTEMPORÁNEA, SI AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN NO EXISTE CERTEZA JURÍDICA DE QUE LA QUEJOSA HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, NI DATOS OBJETIVOS QUE PERMITAN CONCLUIR QUE SE HIZO SABEDOR DE ÉSTE. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de plano de la demanda cuando la causal o motivo de improcedencia del juicio sea manifiesto e indudable, que se advierta en forma patente y absolutamente clara del escrito relativo. Por lo que cuando no exista certeza de que al quejoso se le haya entregado copia autorizada de la resolución que constituye el acto reclamado, debe atenderse al principio de buena fe procesal y tener como fecha de su notificación, para efecto del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, la que menciona el quejoso en su demanda, cuya veracidad, en todo caso, podrá corroborarse una vez que la autoridad responsable remita las constancias respectivas, y no tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada para desecharla por extemporánea. De manera que no es en el auto inicial en que deba computarse el plazo legal para presentar la demanda de amparo indirecto, pues para ello se requiere realizar un estudio exhaustivo de cuál de los supuestos previstos en el artículo 18 de la ley de la materia debe prevalecer, sino que con vista en las constancias que integran el expediente, decidirá con mayores elementos sobre la oportunidad o no de la presentación de la demanda al momento de dictar sentencia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y otras autoridades. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados para tal efecto a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente.
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