Aquilina Domínguez Ojeda

Expediente 679/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
679/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Aquilina Domínguez Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que, mediante acuerdo de veintidós de julio del presente año, se declaró cumplida sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 679/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, asimismo, dicho proveído fue notificado por lista a la parte quejosa el veinticinco de julio siguiente, y a la autoridad responsable el dieciséis de agosto, ambos de la anualidad que transcurre; sin embargo no se giró el oficio respectivo a la parte tercera interesada -Instituto Mexicano del Seguro Social-. Entonces, bajo esa consideración y para efecto de no dejar en estado de indefensión al Instituto Mexicano del Seguro Social, se ordena notificar el acuerdo de cumplimiento de referencia a la citada parte.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, y que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercero interesado el cinco de julio de dos mil veintidós,3 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós,4 este Tribunal Colegiado dictó sentencia en este juicio, en la que concedió la protección constitucional a la quejosa ADO para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado de doce de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 932/2018; 2. Emita un nuevo laudo, en el cual reitere los aspectos que no fueron materia de la presente concesión, es decir, lo relativo a que está demostrado el elemento previsto en la fracción II, del numeral 150 de la abrogada Ley del Seguro Social. 3. En el nuevo laudo, prescinda de estimar como parte de la litis la declaración de beneficiarios, y estime que la ahora quejosa es la beneficiaria de los derechos laborales del extinto ARM en atención a la resolución de ocho de abril de dos mil diecinueve. 4. Determine que la carga de la prueba en relación con el elemento que se deduce de la fracción I, del numeral 150, de la abrogada Ley del Seguro Social, corresponde al Instituto asegurador y adicionalmente, atienda a lo manifestado por su apoderado en la contestación de demanda en cuanto a que es cierto que fue condenado a pagar y reconocer a ARM, una pensión de cesantía en edad avanzada, y con libertad de jurisdicción precise si está o no cumplido dicho extremo y resuelva lo que en derecho corresponda, en torno a la pensión de viudez solicitada." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: 1. En acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Junta dejó insubsistente el laudo reclamado de doce de julio de dos mil veintiuno (efecto 1). 2. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta dictó un nuevo laudo en el que reiteró (fojas 73 vuelta y 78) el aspecto que no fue materia de la concesión, esto es, que estaba demostrado el elemento previsto en la fracción II del numeral 150 de la abrogada Ley del Seguro Social, lo que le correspondió probar a la actora y cuya demostración plena quedó acreditada con el acta de defunción del extinto trabajador ARM, en el que se asentó la causa de la muerte, sin que existiera controversia por parte del instituto en cuanto a que el fallecimiento no se debió a un riesgo de trabajo; de ahí que se acreditaba ese requisito para tener derecho a solicitar la pensión de viudez (efecto 2). 3. Prescindió de estimar como parte de la litis la declaración de beneficiarios y al analizar la resolución de ocho de abril de dos mil diecinueve (fojas 75 a 77), y consideró que la quejosa Aquilina Domínguez Ojeda es la beneficiara de los derechos laborales del extinto ARM (efecto 3). 4. También determinó (foja 77 último párrafo) que la carga de la prueba en relación con el elemento que se deduce de la fracción I del numeral 150 de la abrogada Ley del Seguro Social correspondía al instituto asegurador; además, al analizar la contestación de demanda que realizó el instituto (foja 77 vuelta última parte y 78) destacó que el apoderado legal del instituto demandado aceptó que al extinto asegurador ARM le había sido reconocido el derecho al pago y otorgamiento de una pensión de cesantía en edad avanzada en el expediente 653/2015, de su índice, y que en el numeral 2 de sus hechos reconoció la cantidad de $* señalada por el accionante en su escrito inicial de demanda (efecto 4, primera parte). 5. Con libertad de jurisdicción determinó cumplidos los requisitos necesarios y condenó al instituto a otorgar y pagar a la actora ADO una pensión de viudez, correspondiente al 90% de la pensión de invalidez que hubiere correspondido al extinto trabajador, a partir del ocho de diciembre de 2017, que fue la fecha en que falleció el trabajador ARM; así como a otorgarle los incrementos y la asistencia médica correspondientes (efecto 4, segunda parte). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos, la ejecutoria dictada en este juicio de garantías. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero, de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    se recibe Oficio MA. 610/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala., mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintisiete de junio anterior; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y tercero interesado, así como con los diversos que remitió la responsable en acatamiento a la referida ejecutoria y sus respectivos anexos, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En entendido que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la codificación antes citada, las constancias con que se da vista quedan en la secretaría para que se impongan de ellas los interesados.

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