Aquiles Amaranto Cruz Hurtado
Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Aquiles Amaranto Cruz Hurtado
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte - aplicado por analogía-, se determina que este expediente es susceptible de depuración, pues no obstante que se desechó la demanda de amparo, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, en el juicio de amparo de cuya separación deriva este expediente; además, carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse conservando los documentos a que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 del Acuerdo aplicado, y posterior a ello, se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/20222, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio remitido por el Delegado Administrativo de la Delegación Regional en Tuxpan, Veracruz, mediante el cual en atención a lo acordado por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, informa que el área responsable encargada de realizar el pago de honorario al perito designado, corresponde a esa Delegación, derivado del domicilio fiscal del perito ************; por tanto, remítasele nuevamente el presupuesto de honorario exhibidos por el perito, a fin que realice el pronunciamiento correspondiente. En el entendido, que el oficio que se provee, al haber sido recibido vía correo electrónico oficial, tiene valor en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. SE ACUERDA DILIGENCIA Vista la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la perito propuesta por la parte quejosa, ************, acepta y protesta el cargo de perito en materia de agrimensura y topografía, conferido en auto de diecinueve de abril actual, a efecto de desahogar la pericial ofrecida por la parte quejosa. En consecuencia, hágase del conocimiento a la perita de referencia, que en términos de lo dispuesto en los artículos 148 y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima prudente otorgarle el término de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente auto, para que rinda su dictamen en materia de agrimensura y topografía, mismo que deberá ser ratificado ante este órgano jurisdiccional. En el entendido que deberá versar respecto de los cuestionarios formulados por la parte quejosa, tercera interesada y la autoridad responsable Delegado Federal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. De igual forma, hágasele saber que las actuaciones quedan a su disposición en la secretaría de este Juzgado, a efecto que esté en posibilidad de obtener los elementos suficientes para rendir su dictamen, por lo que en dicho caso, debe programarse una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Debido a que el defensor público **********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de siete de septiembre del presente año ,que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Del primer oficio de cuenta y constancias anexas, se advierte que en proveído dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de amparo ************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, Veracruz, se ordenó la separación de juicios. Por lo tanto, este asunto se seguirá únicamente por los actos que reclama el quejoso **************, en contra del Personal de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), anótese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y regístrese el juicio de amparo con el número **************que le corresponde. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conoce del amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. HIPOTESIS NORMATIVA En relación con lo anterior, al desahogar el quejoso la prevención formulada en el diverso juicio de amparo ************** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, Veracruz y de conformidad con las manifestaciones respecto a la precisión del acto reclamado, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el promovente antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotar previamente algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, siempre que conforme con las mismas leyes se suspenda el efecto de dicho acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. En relación con ello conviene destacar los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen lo siguiente: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. (.) Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. (.) Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." De los artículos transcritos se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece el Procedimiento Administrativo, el cual pueden instar las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa Ley sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria, conforme al artículo 115 de la Ley en estudio. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley relativa, los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución con el objeto de resolver las controversias sobre condiciones de internamiento. HECHOS En el caso, se advierte que al desahogar la prevención formulada en autos, el quejoso manifestó que señala como acto reclamado lo siguiente: La falta de atención médica ya que tiene dolor abdominal y quiere ver si es una hernia, pues tiene tiempo que está solicitando un ultrasonido y a la fecha no se le ha realizado. CONCLUSIÓN En atención a lo anterior, se concluye que este juicio es improcedente en virtud que el directo quejoso antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de sus peticiones, relacionadas con la atención médica que refiere. En ese sentido, el mecanismo de protección de derechos consistente en las peticiones administrativas, constituye un medio de defensa judicializado aun cuando de primera mano conoce de ella la autoridad penitenciaria; lo anterior, porque en caso de no obtener respuesta a sus peticiones o bien si la respuesta se emite en sentido contrario a los intereses del promovente, puede formular controversia ante el Juez de Ejecución; por ende, la actuación de la autoridad penitenciaria resulta complementaria, sujeta a revisión por una autoridad jurisdiccional, ello con independencia que el acto reclamado se relacione con cuestiones derivadas de atención médica y medicamentos (urgente o no), máxime que no se actualiza algún caso de excepción. En ese contexto, al actualizarse la aludida causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Tiene aplicación al caso por sus consideraciones las tesis de registros y rubros siguientes: Época: Décima Época Registro: 2018548 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Página: 230 "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017822 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701 Tipo: Jurisprudencia "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". Época: Décima Época Registro: 2016370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: III.2o.P.135 P (10a.) Página: 3318 "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión, es decir, el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, acorde con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR Ahora bien, se advierte que se designó como defensor del quejoso a **************; por tanto, se ordena a los actuarios de la adscripción que le notifiquen el presente proveído en el domicilio que obra en autos. SE PROVEE OFICIO CON REGISTRO 16279 Por otro lado, visto el anexo remitido se advierte que la autoridad Director General del Centro de Readaptación Social Número Cinco, "Oriente", con residencia en Villa Aldama Veracruz, promueve incidente no especificado relativo a la autenticidad de la firma que estampó el quejoso en la demanda de amparo origen de este juicio, al respecto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud del desechamiento formulado en líneas precedentes; aunado a que dicha autoridad no fue señalada como responsable. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 190937 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 27/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Octubre de 2000, página 131 Tipo: Jurisprudencia INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN ÉL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente. Máxime que, en principio la demanda de amparo se instó contra actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de conformidad con el diverso artículo 15 de la Ley de Amparo, dicha demanda pudo ser promovida por cualquier persona en su nombre. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la notificación de este acuerdo y los subsecuentes, con la finalidad de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes
- Antonio Tarek Abdala Saad1046/2017
- Antonio Valdivia Tuxtla340/2018
- Anuar Gonzalez Hemadi620/2020
- Apolinar Portilla Hernández746/2019
- Aquetzally Gabriela Valdes Chavez868/2019
- Aquiles Amaranto Cruz Hurtado76/2023
- Aquiles Amaranto Cruz Urtado1195/2021
- Aquino Pereira Reinier Y Noa Lage Ovismary343/2022
- Ara Varsovia Hernández Eslava354/2022
- Araceli Citlalli Morales Pensado1166/2019
- Araceli Sánchez Barradas163/2023
- Araceli Sanchez Espinoza662/2023