Aquilea Remedios Arango Uribe

Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
144/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Aquilea Remedios Arango Uribe
  • AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con el escrito de cuenta, en términos de los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 1/2023 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad hecho valer por Otilio Bautista López autorizado legal de la parte quejosa ***, contra el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, -que tuvo por cumplido el fallo protector-; entréguese copia del mismo a las partes. Hecho lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, [dada la naturaleza del acto reclamado] el original del escrito de inconformidad, la copia correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al tribunal de alzada, y los autos originales, para lo que estime procedente acordar. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Titular del Departamento de Registros de Controles del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente el oficio DRC/103/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. b) Emitir nueva contestación congruente, fundada y motivada a la petición de la quejosa, y exponga los fundamentos y las razones por las que dicha quejosa deberá reintegrar los cobros o depósitos indebidos a fin de obtener las constancias de liberaciones de adeudos, para continuar con sus trámites de Gastos Funerarios, Hoja Única de Servicios, Baja del ISSSTE y Seguro Institucional, y c) Notificar dicha respuesta a la solicitante del amparo. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio ***, de dos de agosto de dos mil veintitrés, signado por la Jefa del Departamento de Control y Seguimiento de Pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dio la siguiente contestación a la parte quejosa: "Es necesario indicar que de conformidad con el artículo 2 del reglamento interior de IEEPO, este ente descentralizado tiene a su cargo la prestación del servicio de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial así como la normal; así por su parte, de los artículos 31 y 34 de la Ley General de Educación deriva que entre otros elementos forman parte del Sistema Educativo Nacional los maestros y maestras, por cual el personal que es contratado con la finalidad de ser incorporado al servicio público de educación efectivamente deben desahogar las funciones, atribuciones o comisiones que les son encomendadas, de ahí que sea incompatible con la correcta aplicación del capital humano el permitir que se otorguen remuneraciones a servidores públicos que no desempeñaron por determinada circunstancias las obligaciones laborales a su cargo, esto pues como se ha adelantado el desempeño del personal debe estar orientado a la óptima prestación del servicio público de educación, esto en beneficio del bien común. En adición a lo señalado, es necesario indicar que en atención a la obligación que esta autoridad tiene de coadyuvar a que los recursos económicos de los que disponen los entes oficiales de sujeten las disposiciones legales aplicables y se cumpla con los principios que rigen el gasto público, actúa con la finalidad de procurar la eficiencia en el manejo de los recursos financieros y humanos, en este caso como deriva el artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos 1,2, fracciones I, XII, 6 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública numerales 20.10.5, 20.10.6, 20.10.7 y 20.10.8, esto aunado a las acciones que debe generar la autoridad tocante a establecer los mecanismos necesarios a efecto de atender las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, respecto de generar la actividad institucional conducente a efecto de implementar controles necesarios con la finalidad de impedir que se generen remuneraciones indebidas por defunción de servidores públicos adscritos a este Instituto. Con base en estas consideraciones y de conformidad con el numeral 20.10.5 del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública, se le exhorta a que a la brevedad realice las gestiones necesarias a efecto de que reintegre el importe de 277,583.24 (doscientos setenta y siete mil quinientos ochenta y tres 24/100 M.N.), mediante el trámite que le será indicado en las oficinas del área de Control y Seguimiento del Pago, ubicado en calle Pinos #201 col. del Bosque, Sta. Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, número telefónico (951) 5 03 17 y 5 03 09 54. " [Lo subrayado es propio] Asimismo, mediante oficio *** de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, *** dicha responsable remitió el oficio IEEPO/DA/REYC/0926/2023, de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por el que dejó sin efecto el oficio DRC/103/2023 (materia del acto reclamado); así como, el formato de solicitud de notificación por correo certificado. Sin embargo, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional estimó que dicha responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, pues dicha autoridad no emitió una respuesta congruente, fundada y motivada a la petición de la quejosa, y menos expuso los fundamentos y las razones por las que dicha quejosa deberá reintegrar los cobros o depósitos indebidos a fin de obtener las constancias de liberaciones de adeudos, para continuar con sus trámites de Gastos Funerarios, Hoja Única de Servicios, Baja del ISSSTE y Seguro Institucional, por lo que requirió nuevamente el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que mediante oficio IEEPO/DSJ/AMPAROS/2769/2023, de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, (R.E. 34425) remitió el oficio IEEPO/DA/REYC/1365/2023, de diez de octubre de dos mil veintitrés, por el que realizó la siguiente contestación: " [.] a).- Se deja sin efectos el oficio DCSP.2023/1112. Relacionado con el primer aspecto de cumplimiento, se precisa que mediante oficio IEEPO/DA/REYC/0926/2023, de fecha 21 de agosto de 2023, le fue comunicado a la C. Aquilea Remedios Arango Uribe que se dejaba sin efectos el diverso oficio DRC/103/2023 de fecha 21 de agosto de 2023, y en consecuencia se debía estar a lo señalado en el diverso oficio DF.DCSP.2023/1112, de fecha 02 de agosto de 2023. (.) De esta forma tenemos que los recursos correspondientes a la nómina de este Instituto son pagados por la Federación por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del servicio educativo, como igualmente lo dispone el referido artículo 26-A de la citada Ley de Coordinación Fiscal. Bajo este contexto normativo tenemos que los pagos que se realicen a los trabajadores únicamente son procedentes en el caso de que efectivamente tales remuneraciones se encuentren devengadas es decir que el trabajador efectivamente haya prestado el servicio para el cual fue contratado, lo cual en el presente caso no se cumple por lo que corresponde al periodo de la quincena 15/2021 a la 11/2022, incluyendo la primera y segunda parte del aguinaldo 2021, en el cual fueron cobradas las cantidades correspondientes a dichas quincenas, sin que el extinto trabajador ISIDRO ROJAS MEZA hubiera devengado dichas remuneraciones toda vez que ya había fallecido, por lo cual con fundamento en la fracción V del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal esos cobros son indebidos y por consiguiente es necesario su reintegro. Lo anterior se confirma del contenido del penúltimo párrafo del citado artículo 26-A de la aludida Ley de Coordinación Fiscal en tanto refiere que los recursos derivados del referido Fondo de Aportaciones sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios personales del personal a que se refiere el artículo 26 de la propia ley, por lo cual es la propia norma la que impide que esos recursos se cobren aun cuando no fue prestado por parte del trabajador el servicio personal por el cual fue contratado, puesto que señala que son exclusivos para el pago de la prestación de servicios personales. Aunado a lo señalado, cabe indicar que el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública concretamente en los numerales 20.10.5, 20.10.6, 20.10.7 y 20.10.8 establece los lineamientos para el reintegro de los pagos indebidos o en demasía; donde en específico por lo que se refiere a la regla 20.10.7 establece que las Coordinaciones Administrativas tienen la obligación de exigir al trabajador el reintegro de los pagos indebidos, para tal efecto, solicitarán por escrito al trabajador el reintegro correspondiente, por lo cual en este caso al tratarse de un trabajador extinto el reintegro se debe solicitar a la persona que jurídicamente posea interés jurídico de reclamar las prestaciones a que tiene derecho en virtud del vínculo jurídico qué tenía con el trabajador fallecido, como en el caso ocurre con la promovente de la solicitud que nos ocupa al ostentarse como concubina del referido finado. Cabe hacer precisión, que como se ha adelantado los recursos empleados para realizar las remuneraciones a los trabajadores de este Instituto se ejercen a cargo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por lo que al tratarse de una aportación federal se rige por las disposiciones, prevenciones legales o normativa aplicable a la Federación pues se repite representa una aportación lo que comúnmente se conoce como gasto federalizado, de ahí que es autoridad válidamente pueda apoyarse en el referido Manual de Normas para la Administración Recursos Humanos no obstante sea aplicable para la Secretaría de Educación Pública Federal. (.) Por estas circunstancias, debido a que se dispuso del recurso económico que el extinto ya no tenía derecho a cobrar por haber terminado la relación laboral debido a su fallecimiento como lo dispone la Ley Federal del Trabajo vigente en Su CAPITULO V. Terminación de las relaciones de trabajo. Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: Fracción II. La muerte del trabajador, y de conformidad con el artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal el pago de los salarios únicamente procede por servicios desempeñados; por lo cual el pago en demasía constituyen cantidades que deben ser reintegradas al erario federal para cumplir con la finalidad de que sean destinadas al gasto etiquetado en este caso el servicio público de educación. Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Oaxaca, artículos 1, 2, fracciones XII, 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autoridad procede en el presente caso con la debida eficacia y eficiencia en manejo de los recursos económicos por lo cual determina que a afecto de continuar con el trámite de las prestaciones que a su favor tiene la C. AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE es indispensable que primeramente se realice el reintegro de las cantidades que dispuso a la persona responsable de los bienes del extinto trabajador precitado. Continuar con el trámite respectivo, se debe cumplir obligatoriamente y sin excepción con los siguientes requisitos, formato único de personal de baja por defunción, dictamen Postmortem, credencial del INE, constancia de situación fiscal actualizada, liberación de pagos expedida por el Departamento de Control y Seguimiento del Pago, liberación de la Dirección Financiera del Instituto, comprobantes de pago de enero y diciembre de los dos últimos años laborados y último cobrado, y en este supuesto la referida beneficiaria debe proporcionar credencial del INE, acta de matrimonio o documento expedido por la autoridad correspondiente que acredite en su caso el concubinato que estableció con extinto trabajador ISIDRO ROJAS MESA. Se informa a la promovente C. AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE que el reintegro debe realizarlo de la siguiente manera, apersonarse ante el área de reintegros dependiente del Departamento de Control y Seguimiento del Pago, ubicado en la Calle Pinos, número 201, Col. Del Bosque, Oaxaca de Juárez, Oaxaca con número telefónico 951 503 09 54; mismo que le proporcionará nuevamente un reporte detallado de los depósitos de pagos indebidos derivados del deceso del finado ISIDRO ROJAS MEZA, así como la cuenta a la cual se deberá realizar el reintegro; una vez llevado a cabo lo mencionado, el Departamento de Control y Seguimiento del Pago expedirá una Constancia de no adeudo, la cual le permitirá realizar los trámites subsecuentes dentro del Departamento de Registros y Controles que corresponden al pago de gastos funerarios, hoja única de servicios, baja de ISSSTE y seguro institucional. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, respecto al efecto marcado con el inciso a), mediante oficio IEEPO/DA/REYC/0926/2023, de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, dejó sin efecto el oficio DRC/103/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En cuanto al segundo efecto marcado con el inciso b) mediante oficio IEEPO/DA/REYC/1365/2023, de diez de octubre de dos mil veintitrés, dio contestación a la parte quejosa, indicándole lo siguiente: " [.] De esta forma tenemos que los recursos correspondientes a la nómina de este Instituto son pagados por la Federación por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, a sus empleados del servicio educativo, como igualmente lo dispone el referido artículo 26-A de la citada Ley de Coordinación Fiscal. Bajo este contexto normativo tenemos que los pagos que se realicen a los trabajadores únicamente son procedentes en el caso de que efectivamente tales remuneraciones se encuentren devengadas es decir que el trabajador efectivamente haya prestado el servicio para el cual fue contratado, lo cual en el presente caso no se cumple por lo que corresponde al periodo de la quincena 15/2021 a la 11/2022, incluyendo la primera y segunda parte del aguinaldo 2021, en el cual fueron cobradas las cantidades correspondientes a dichas quincenas, sin que el extinto trabajador ISIDRO ROJAS MEZA hubiera devengado dichas remuneraciones toda vez que ya había fallecido, por lo cual con fundamento en la fracción V del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal esos cobros son indebidos y por consiguiente es necesario su reintegro. Lo anterior se confirma del contenido del penúltimo párrafo del citado artículo 26-A de la aludida Ley de Coordinación Fiscal en tanto refiere que los recursos derivados del referido Fondo de Aportaciones sólo podrán erogarse en el ejercicio fiscal en que fueron presupuestados, exclusivamente para el pago de los conceptos relativos a servicios personales del personal a que se refiere el artículo 26 de la propia ley, por lo cual es la propia norma la que impide que esos recursos se cobren aun cuando no fue prestado por parte del trabajador el servicio personal por el cual fue contratado, puesto que señala que son exclusivos para el pago de la prestación de servicios personales. Aunado a lo señalado, cabe indicar que el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública concretamente en los numerales 20.10.5, 20.10.6, 20.10.7 y 20.10.8 establece los lineamientos para el reintegro de los pagos indebidos o en demasía; donde en específico por lo que se refiere a la regla 20.10.7 establece que las Coordinaciones Administrativas tienen la obligación de exigir al trabajador el reintegro de los pagos indebidos, para tal efecto, solicitarán por escrito al trabajador el reintegro correspondiente, por lo cual en este caso al tratarse de un trabajador extinto el reintegro se debe solicitar a la persona que jurídicamente posea interés jurídico de reclamar las prestaciones a que tiene derecho en virtud del vínculo jurídico qué tenía con el trabajador fallecido, como en el caso ocurre con la promovente de la solicitud que nos ocupa al ostentarse como concubina del referido finado. Cabe hacer precisión, que como se ha adelantado los recursos empleados para realizar las remuneraciones a los trabajadores de este Instituto se ejercen a cargo del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por lo que al tratarse de una aportación federal se rige por las disposiciones, prevenciones legales o normativa aplicable a la Federación pues se repite representa una aportación lo que comúnmente se conoce como gasto federalizado, de ahí que es autoridad válidamente pueda apoyarse en el referido Manual de Normas para la Administración Recursos Humanos no obstante sea aplicable para la Secretaría de Educación Pública Federal. (.) Por estas circunstancias, debido a que se dispuso del recurso económico que el extinto ya no tenía derecho a cobrar por haber terminado la relación laboral debido a su fallecimiento como lo dispone la Ley Federal del Trabajo vigente en Su CAPITULO V. Terminación de las relaciones de trabajo. Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: Fracción II. La muerte del trabajador, y de conformidad con el artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal el pago de los salarios únicamente procede por servicios desempeñados; por lo cual el pago en demasía constituyen cantidades que deben ser reintegradas al erario federal para cumplir con la finalidad de que sean destinadas al gasto etiquetado en este caso el servicio público de educación. Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Oaxaca, artículos 1, 2, fracciones XII, 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta autoridad procede en el presente caso con la debida eficacia y eficiencia en manejo de los recursos económicos por lo cual determina que a afecto de continuar con el trámite de las prestaciones que a su favor tiene la C. AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE es indispensable que primeramente se realice el reintegro de las cantidades que dispuso a la persona responsable de los bienes del extinto trabajador precitado. Continuar con el trámite respectivo, se debe cumplir obligatoriamente y sin excepción con los siguientes requisitos, formato único de personal de baja por defunción, dictamen Postmortem, credencial del INE, constancia de situación fiscal actualizada, liberación de pagos expedida por el Departamento de Control y Seguimiento del Pago, liberación de la Dirección Financiera del Instituto, comprobantes de pago de enero y diciembre de los dos últimos años laborados y último cobrado, y en este supuesto la referida beneficiaria debe proporcionar credencial del INE, acta de matrimonio o documento expedido por la autoridad correspondiente que acredite en su caso el concubinato que estableció con extinto trabajador ISIDRO ROJAS MESA. Se informa a la promovente C. AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE que el reintegro debe realizarlo de la siguiente manera, apersonarse ante el área de reintegros dependiente del Departamento de Control y Seguimiento del Pago, ubicado en la Calle Pinos, número 201, Col. Del Bosque, Oaxaca de Juárez, Oaxaca con número telefónico 951 503 09 54; mismo que le proporcionará nuevamente un reporte detallado de los depósitos de pagos indebidos derivados del deceso del finado ISIDRO ROJAS MEZA, así como la cuenta a la cual se deberá realizar el reintegro; una vez llevado a cabo lo mencionado, el Departamento de Control y Seguimiento del Pago expedirá una Constancia de no adeudo, la cual le permitirá realizar los trámites subsecuentes dentro del Departamento de Registros y Controles que corresponden al pago de gastos funerarios, hoja única de servicios, baja de ISSSTE y seguro institucional. De lo anterior se desprende que dio una contestación congruente, fundada y motivada a la petición de la quejosa, en donde expuso los fundamentos y las razones por las que dicha quejosa deberá reintegrar los cobros o depósitos indebidos a fin de obtener las constancias de liberaciones de adeudos, para continuar con sus trámites de Gastos Funerarios, Hoja Única de Servicios, Baja del ISSSTE y Seguro Institucional, pues la autoridad refiere que los pagos que se realicen a los trabajadores únicamente son procedentes en el caso de que efectivamente tales remuneraciones se encuentren devengadas es decir que el trabajador efectivamente haya prestado el servicio para el cual fue contratado, lo cual en el presente caso no se cumple por lo que corresponde al periodo de la quincena 15/2021 a la 11/2022, incluyendo la primera y segunda parte del aguinaldo 2021, en el cual fueron cobradas las cantidades correspondientes a dichas quincenas, sin que el extinto trabajador ISIDRO ROJAS MEZA hubiera devengado dichas remuneraciones toda vez que ya había fallecido, por lo cual con fundamento en la fracción V del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal esos cobros son indebidos y por consiguiente es necesario su reintegro. Indicando, además, que en el Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública concretamente en los numerales 20.10.5, 20.10.6, 20.10.7 y 20.10.8 establece los lineamientos para el reintegro de los pagos indebidos o en demasía; donde en específico por lo que se refiere a la regla 20.10.7 establece que las Coordinaciones Administrativas tienen la obligación de exigir al trabajador el reintegro de los pagos indebidos, para tal efecto, solicitarán por escrito al trabajador el reintegro correspondiente, por lo cual en este caso AL TRATARSE DE UN TRABAJADOR EXTINTO EL REINTEGRO SE DEBE SOLICITAR A LA PERSONA QUE JURÍDICAMENTE POSEA INTERÉS JURÍDICO DE RECLAMAR LAS PRESTACIONES A QUE TIENE DERECHO EN VIRTUD DEL VÍNCULO JURÍDICO QUÉ TENÍA CON EL TRABAJADOR FALLECIDO, como en el caso ocurre con la promovente de la solicitud que nos ocupa al ostentarse como concubina del referido finado. Refiriendo que conforme a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Oaxaca, 1, 2, fracciones XII, 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esa autoridad debe procurar las implementar las acciones que generen que se asegure que el ejercicio del gasto logre el fin para el cual se programó y destinó, asimismo, señaló que debe proceder en el presente caso con la debida eficacia y eficiencia en manejo de los recursos económicos por lo cual determina que a afecto de continuar con el trámite de las prestaciones que a su favor tiene la C. AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE es indispensable que primeramente se realice el reintegro de las cantidades que dispuso a la persona responsable de los bienes del extinto trabajador precitado. Toda vez que para continuar con el trámite respectivo, se debe cumplir obligatoriamente y sin excepción con los siguientes requisitos, formato único de personal de baja por defunción, dictamen Postmortem, credencial del INE, constancia de situación fiscal actualizada, liberación de pagos expedida por el Departamento de Control y Seguimiento del Pago, liberación de la Dirección Financiera del Instituto, comprobantes de pago de enero y diciembre de los dos últimos años laborados y último cobrado, y en este supuesto la referida beneficiaria debe proporcionar credencial del INE, acta de matrimonio o documento expedido por la autoridad correspondiente que acredite en su caso el concubinato que estableció con el extinto trabajador ISIDRO ROJAS MESA. Finalmente por lo que hace al efecto marcado con el inciso c) dicha respuesta la notificó al autorizado de la parte quejosa el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." Manifestaciones de la parte quejosa Por otra parte, visto el escrito signado por Otilio Bautista López, autorizado en términos amplios de la quejosa AQUILEA REMEDIOS ARANGO URIBE, por el que manifiesta que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida, toda vez que refiere, en esencia, que la autoridad responsable no dio una respuesta congruente, puesto que los preceptos legales que invocó de ningún modo se refieren a que la quejosa, previamente debe hacer la devolución de la cantidad de $277,583.24 pesos, a fin de obtener el pago de Gastos Funerarios, Hoja Única de Servicios, Baja del ISSSTE y Seguro Institucional, ya que ninguno de los preceptos legales dice expresamente dicho requisito, ya que solo constituye una política administrativa de la autoridad responsable. Al respecto, dígasele que contrario a lo que manifiesta se estima que la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que emitió nueva contestación a la solicitud de la quejosa, la cual es congruente, en razón a que se refiere o es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada e informa a la quejosa qué es lo que le falta para la continuación del trámite que solicitó, indicándole que dicha autoridad tiene la obligación de exigir al trabajador el reintegro de los pagos indebidos y que en caso al tratarse de un trabajador extinto el reintegro se debe solicitar a la persona que jurídicamente posea interés jurídico de reclamar las prestaciones a que tiene derecho en virtud del vínculo jurídico que tenía con el trabajador fallecido, y en el caso la promovente se ostenta como concubina del referido finado; sin que en el caso sea dable analizar la legalidad de dicha determinación, pues ello será materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad, por ser una cuestión que escapa la materia de análisis para decidir sobre el cumplimiento del fallo protector, que impone realizar un examen comparativo general o básico entre el efecto de la concesión del amparo y las acciones adoptadas por la autoridad responsable, así como verificar que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 605, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." También es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del seis de febrero de dos mil trece, publicada en la página 952, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA UNA SENTENCIA DE AMPARO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS ENCAMINADOS A CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se limita al análisis del cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, los argumentos del inconforme deben constreñirse a impugnar los motivos y fundamentos que sirvieron de sustento a los Tribunales Colegiados de Circuito para determinar que se cumplió con el fallo protector. En ese sentido, son inoperantes los agravios encaminados a cuestionar la legalidad de la nueva sentencia que se hubiera pronunciado en su acatamiento." De ahí que se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que los haga valer en la vía y forma correspondiente. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 12, 14, 17, fracción III, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destino del expediente Toda vez que en este juicio se concedió la protección constitucional, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVABLE en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1.- Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en los Edificios sedes del Poder Judicial de la Federación, ubicados en Privada de Aldama número 106, en esta localidad, Avenida Juárez, número 709, y Avenida Independencia número 1608, Centro, Oaxaca, por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días dieciocho de octubre, del diecinueve al veinticuatro y del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, a excepción del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, por lo que respecta a los días mencionados en último término, a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, en términos del Aviso de Suspensión Labores firmado electrónicamente por los Coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, del Décimo Tercer Circuito; lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes, del Décimo Tercer Circuito; para todos los efectos legales a que haya lugar. 2.- Agréguense a los autos los oficios signados por el apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, por el que remite el oficio signado por el apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), atento a su contenido, en lo que interesa, solicita una prórroga de treinta días para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que ahí expone. Al respecto, dígasele que no ha lugar a otorgarle el plazo que indica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que se considera excesivo, en razón a que se estima que ya debió imponerse de todas las actuaciones necesarias para emitir respuesta congruente, fundada y motivada, puesto que el requerimiento deviene de un análisis de diverso oficio con el que pretendió cumplir. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, dígasele que se le concede el plazo de diez días más, lapso que prevé la Constitución Política del Estado de Oaxaca para dar respuesta a una petición, contado a partir de la notificación de la presente determinación, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo en este juicio. Notifíquese.

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