Apolonio Reyes Esquivel

Expediente 305/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
305/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Apolonio Reyes Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 305/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De la misma forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la resolución de quince de junio de dos mil dieciocho, al agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal JO/124/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Juicio Oral de Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, en su carácter de tercero interesado, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, gírese el oficio correspondiente a efecto de notificarle la referida sentencia. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Samantha Espinosa Lobo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 305/2018-IV, promovido por Apolonio Reyes Esquivel, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en la misma fecha a este juzgado, Apolonio Reyes Esquivel, por derecho propio, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la responsable su informe justificado, se notificó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite Se continuó con la substanciación del juicio iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. En ese orden de ideas, se aprecia que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el auto de dos de febrero de dos mil dieciocho emitido en la carpeta administrativa JO/124/2017 del índice del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos por el cual se declaró que la sentencia de treinta y uno de enero del año en curso que confirmó la sentencia definitiva absolutoria causó ejecutoria, ordenando la cancelación de todo índice o registro público y policial en el que figure la tercera interesada Norma Aguilar Dorantes. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado al referir que en la carpeta administrativa JO/124/2017 el dos de febrero de dos mil dieciocho emitido el auto que ahora se combate. Para corroborar lo dicho, el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos remitió copia certificada de las constancias que integran la referida carpeta así como el registro en formato Disco Versátil Digital (DVD) en el que consta la audiencia de debate. A las documentales de mérito, se les otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Causas de improcedencia Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Así, del análisis de las constancias, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" El acto reclamado lo constituye el auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, por el cual el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro de la carpeta administrativa JO/124/2017, declaró que la sentencia del Tribunal de Alzada causó ejecutoria y ordenó la cancelación de todo índice o registro público y policial en el que figure la tercera interesada Norma Aguilar Dorantes. El quejoso figura como parte ofendida en dicha carpeta. Sin embargo, contra esta determinación, la ley concede un recurso o medio de defensa, que previo a la interposición del juicio de amparo, el gobernado debe agotar; ya que atendiendo al principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe interponer previo a acudir a la instancia constitucional aquellos recursos que la ley le confiera para combatir los actos de autoridad; con la salvedad de que el acto reclamado se ubique en alguna de las hipótesis que señalan los incisos a), b) o c), del precepto legal antes citado, porque en estos casos se exceptúa al quejoso de agotar los medios de defensa legales. El principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. En ese sentido, en el Libro Cuarto, intitulado "Recursos", del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos (abrogado, pero aplicable al juicio de origen, de conformidad con el artículo segundo del Decreto Número dos mil cincuenta y dos por el que se emite la declaratoria de la entrada en vigor en el Estado de Morelos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad de 7 de enero de 2015), se encuentran las disposiciones siguientes: Artículo 399. Reglas generales. Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el proceso penal sólo se admitirán los siguientes recursos, según corresponda: I. Revocación; II. Apelación; III. Casación; y IV. Revisión. Artículo 402. Recurso de la víctima u ofendido. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido en acusador coadyuvante, puede recurrir las decisiones que versen sobre la reparación del daño y en los demás casos previstos en este Código. El acusador coadyuvante puede recurrir las decisiones que le puedan causar agravio, relativas a las pruebas por ellos ofertadas, independientemente del Ministerio Público. REVOCACIÓN Artículo 411. Procedencia. El recurso de revocación procederá solamente contra las resoluciones no apelables y de mero trámite, a fin de que el mismo juzgador que las dictó examine nuevamente la cuestión y emita la resolución que corresponda. Artículo 412. Trámite. La revocación de las resoluciones pronunciadas durante audiencias orales deberá promoverse tan pronto se dictaren y sólo serán admisibles cuando no hubieren sido precedidas de debate. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. La revocación de las resoluciones dictadas fuera de audiencia deberá interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, en el que se deberán expresar los motivos por los cuales se solicita la revocación. El juez o tribunal se pronunciará de plano, pero podrá oír a los demás intervinientes si se hubiere deducido en un asunto cuya complejidad así lo ameritare. De la anterior trascripción, se considera que el recurso de revocación procede por exclusión respecto de los autos y decretos que no sean apelables. Por tanto, si conforme a los citados preceptos no es procedente el recurso de apelación contra el proveído de dos de febrero del año que trascurre en virtud del cual el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, declaró que la sentencia del Tribunal de Alzada causó ejecutoria; el recurso conducente es la revocación, atendiendo a que el artículo 412, prevé que los autos que no son apelables serán revocables. Además, el acuerdo reclamado no se ubica dentro de las excepciones que prevén los incisos a), b), y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no constituye un peligro a la vida del quejoso, tampoco son ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, ni dan lugar a su deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El acto reclamado tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, alguna resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto a cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. En el mismo sentido, el acto reclamado no afecta a personas extrañas al juicio del cual emana, habida cuenta que, como se precisó, el quejoso es la parte ofendida en la causa natural. Por consiguiente, se estima que en la especie, se actualiza la hipótesis a que se refiere la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que esa determinación, fue emitida por una autoridad judicial, a saber el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, de ahí que es susceptible de impugnación mediante el recurso que prevé el código adjetivo aplicable, en virtud del cual puede ser confirmado, modificado o revocado; por ello era necesario agotar el principio de definitividad; estando legitimado el denunciante aquí quejoso para acudir a la vía ordinaria previo al juicio de amparo, de conformidad con los artículos 402 y 411 del Código invocado. Se invoca como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 244 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del rubro: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS INTERMEDIAS Y DEFINITIVAS EN EL PROCESO PENAL, AUN CUANDO LA LEY NO LO LEGITIME PARA ELLO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO).". Máxime que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las trasgresiones de garantías que los actos de autoridad generan en perjuicio de los gobernados, razón por la cual el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso, circunstancia que no se puede materializar cuando la propia ley establece que, previo a iniciar el procedimiento de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios. Luego, si el ahora quejoso, se encontraba inconforme con la determinación del Juez responsable, como se explicó, debía promover previamente el recurso ordinario previsto por la ley que rige el acto, de no hacerlo es evidente que no se cumple con el principio de definitividad y, por ende, que se actualiza la causal de procedencia en estudio. Lo anterior, tiene apoyo por similitud en la tesis III.4º.C.24 C emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1450, Tomo XX, Diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro se trascribe a continuación: "SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PREVIA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN MERCANTIL).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, ce conformidad con el artículo 63, fracción V, de la legislación federal en consulta. Además de lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia precisada en la fracción XXIII, del arábigo 61, con relación a los numerales 5° y 6°, aplicados a contrario imperio, todos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no genera un agravio personal y directo a la esfera jurídica del quejoso. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I y 6°, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.].". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". Como se advierte de las anteriores transcripciones, el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Esto es, los citados preceptos establecen que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona que con el acto reclamado de la autoridad haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de le República. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio o por medio de su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente. Exigencia por cuanto a la existencia del agravio personal y directo que cobra relevancia por así disponerlo como requisito de procedencia en el propio texto fundamental, al señalar en el artículo 107, fracción I, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En sentido inverso (contrario sensu), cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto reclamado de la autoridad, en el caso, judicial, un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Sobre el tema, cabe citar la definición que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo I, A-B Editorial Porrúa, consultado en su versión digital de la página de internet https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/resultados?ti=diccionario+juridico: "AGRAVIO. I. Por tal debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial." "En un sentido muy amplio, el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y este es el significado que se emplea en los artículos 4º y 5º de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales.". Entonces, por agravio debe entenderse todo menoscabo, u ofensa a la persona, física o moral, menoscabo que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material y apreciable objetivamente. Esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter subjetivo o presuntivo y ese agravio debe repercutir en una persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto, genérico; y ser de realización pasada, presente o inminente; esto es, haber producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio, hipotético (en esto estriba lo "directo" del agravio). Este principio no tiene excepciones. Ahora bien, en el caso concreto no se actualiza el agravio personal y directo que se requiere para la interposición del juicio de amparo. De los antecedentes vertidos en el escrito de demanda, así como de lo expuesto por el Juez responsable, se advierte que el quejoso es parte ofendida en la carpeta administrativa JO/124/2017; que el once de diciembre de dos mil diecisiete, por unanimidad del Tribunal de Enjuiciamiento, se dictó sentencia definitiva absolutoria en favor de Norma Aguilar Dorantes; inconforme con lo anterior, el quejoso promovió recurso de casación el cual fue resuelto por el tribunal de alzada determinando que no había lugar a casar la sentencia. Al recibir los autos del ad quem, el Juez responsable emitió el auto de dos de febrero del año que trascurre, en virtud del cual declaró que la sentencia causó ejecutoria, ordenando la cancelación de todo índice o registro público y policial en el que figure la tercera interesada Norma Aguilar Dorantes. Dicha determinación constituye el acto reclamado. En ese sentido, para acreditar el agravio personal y directo, en principio es necesario que la quejosa demuestre que el auto emitido en la carpeta administrativa de origen le afecte en su esfera jurídica, transgrediendo de manera personal y directa algún derecho subjetivo tutelado por la norma fundamental. Como se precisó, el quejoso está cuestionando la constitucionalidad del auto de dos de febrero del año que trascurre, en virtud del cual, el juez responsable -al recibir los autos del tribunal de alzada- declaró que la determinación materia del recurso, causó ejecutoria, sin embargo, contrario al aserto del impetrante de amparo, la determinación que declara la firmeza de la sentencia por no ser susceptible de impugnación, de conformidad con el artículo 428 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado pero aplicable al caso, no le ocasiona un agravio personal y directo puesto que no cerró fase procesal alguna, como lo hizo la sentencia de alzada; tampoco puso fin a la etapa de ejecución de sentencia; ni se atenta contra la cosa juzgada, ya que ésta, se insiste, se generó en virtud del dictado de la resolución del recurso de casación, en contra de la cual obra agregada en autos constancia con la que se advierte que el quejoso promovió juicio de amparo directo, que incluso fuera admitido por auto de presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el amparo directo penal 143/2018. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2006 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 60 del Tomo XXIV, Octubre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época con registro electrónico 174116,del rubro: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)." De tal forma, en el presente caso la parte quejosa no demostró el agravio personal y directo que le causa el acto reclamado, porque la existencia del acto declarativo de firmeza de la sentencia de segunda instancia, de ningún modo le produce una transgresión real y actual en su esfera de derechos, en particular, por cuanto a los derechos que como víctima aduce le recaen a virtud de los hechos materia del proceso de origen, habida cuenta que la determinación impugnada no restringe derecho subjetivo público alguno, pues como se indicó, la declaratoria que emitió el Juez responsable únicamente derivó de los efectos definitorios que produjo la resolución del tribunal de Alzada, en contra de la cual ya se promovió la acción de amparo directo, que incluso no tiene por efecto desvirtuar la calidad de definitiva aun cuando sea, como lo es, reclamada en amparo, por lo que resulta incuestionable que no se encuentra autorizado para reclamarlo en la presente vía. En ese sentido, también procede sobreseer el presente juicio de garantías, en virtud de que no se advierte que los actos reclamados produzcan un agravio personal y directo a la parte quejosa; en consecuencia a lo anteriormente narrado y en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, ya que el principio de instancia de parte agraviada en el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de la parte a la que se le afecte o pueda afectarse su esfera constitucional, de ahí que al no existir el elemento de procedencia en cita, presupuesto de estudio preferente, lo conducente es sobreseer el presente juicio de garantías, en términos del artículo 63,fracción V, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, con los diversos 5, fracción I y 6, ambos aplicados a contrario imperio, todos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, por analogía, la tesis II. 2o. 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página doscientos cincuenta y nueve, Tomo XIV, septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época de Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE." En consecuencia, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la referida causal de improcedencia; ello impide analizar las cuestiones de fondo propuestas por la parte quejosa tendentes a demostrar la violación que aduce de sus derechos. Apoya este razonamiento, la jurisprudencia II.3o.J/58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 57, Semanario Judicial de la Federación de Octubre de 1993, Octava Época, del texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Apolonio Reyes Esquivel, respecto del acto y la autoridad precisada en el resultando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy quince de junio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de abril de dos mil dieciocho, exhibe un disco versátil digital (DVD), que contiene la videograbación correspondiente a las audiencias de veintitrés de noviembre, uno y cuatro de diciembre, todas del dos mil diecisiete en la causa penal de origen, debidamente autorizado. En esas condiciones, y al tratarse de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe.

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