Apolonio Ponce Abreo

Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
586/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Apolonio Ponce Abreo
  • Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Apolonio Ponce Abreo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, fracción primera, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. En otro aspecto, toda vez que resulta innecesario conservar las constancias relativas a la carpeta de ejecución, que conforman el legajo de este juicio de derechos fundamentales, mediante oficio que se gire, devuélvanse las mismas al Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Decimotercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A : V I S T O S los autos del juicio de amparo 586/2021-1; y R E S U L T A N D O : PRIMERO******************** Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en Reynosa, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, ******************** promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Decimotercer Distrito Judicial en el Estado, y de otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** SEGUNDO******************** Trámite******************** Por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 586/2021-1, se solicitó a la autoridad responsable informe justificado, se dio a la representante social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y se fijó fecha para la audiencia constitucional (fojas 6 a 8)******************** Posteriormente, por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno (foja 72), se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Humberto Vallejo Trujillo, quien fue juicio el veinticuatro de ese mismo mes y año (foja 86)******************** Finalmente, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en los términos que se anotan en el acta que antecede (foja 92); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO******************** Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional******************** SEGUNDO******************** En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que no obstante el quejoso señala como acto reclamado la resolución de veintiséis de abril del año en curso, dictada en la carpeta de apelación 27/2021, de la lectura integra de la demanda de garantías y del análisis de las constancias de autos, se obtiene que en realidad reclama la resolución de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de ejecución 230/2017, por la cual se libró orden de reaprehensión en su contra******************** Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO******************** DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD******************** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo********************" TERCERO******************** Certeza de los actos reclamados******************** Es cierto el acto reclamado al Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Decimotercer Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, no obstante haber negado el mismo, toda vez que del contenido del citado informe se advierte su certeza (foja 64 a 71)******************** Apoya dicha consideración, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 238215, del título y contenido: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL******************** DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO******************** Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado********************" Además, dicha autoridad remitió copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta de ejecución 230/2017, (legajo de pruebas), misma que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo******************** En ese aspecto, se invoca la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, registro digital 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO******************** Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena********************" CUARTO******************** Antecedentes del acto reclamado******************** Del estudio de las copias remitidas por la responsable en especial de la audiencia de cuantificación de la reparación del daño, se advierten los siguientes antecedentes (foja 66 y disco óptico)******************** El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el incidente de cuantificación de daños derivado de la carpeta de ejecución 230/2017******************** En la mencionada resolución se impuso al quejoso como reparación del daño la cantidad de $48,000********************00 (cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional 00/100), más el veinte por ciento de daño moral, otorgándole un plazo de cinco días para allegar el certificado de depósito correspondiente (hora 01:26:20 del disco óptico)******************** Inconforme con dicha resolución su defensor particular interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer al Magistrado de la Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, de esta ciudad (hora 01:41:40 del disco óptico)**************************************** Medio de impugnación que fue resuelto el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que se confirmó la resolución recurrida (foja 71 a 80)******************** El treinta de abril del año en curso, el Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Decimotercer Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso, toda vez que no allegó el certificado de depósito correspondiente a la reparación del daño a que fue condenado (foja 81 a 84)******************** Actuación que constituye el acto reclamado en el presente juicio******************** QUINTO******************** Estudio de fondo******************** En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcribe por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo******************** En ese aspecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a********************/J******************** 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS******************** PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN********************- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis******************** Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer********************" Ahora bien, se sostiene, en síntesis, que se violentaron los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se trata de un acto de molestia, que no se funda, ni motiva******************** Se indica además, que en dicho acto no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no se le hizo de su conocimiento el mandamiento de captura con la anticipación debida******************** Son infundados los conceptos de violación planteados******************** En efecto, en relación a las garantías de fundamentación y motivación, éstas encuentran su origen en la parte conducente del artículo 16 Constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 16******************** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento************************************************************" El precepto constitucional trascrito prevé el derecho humano de legalidad, consistente en que toda resolución de autoridad competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; para cubrir cabalmente con tal imperativo, la autoridad responsable está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal******************** La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que ley les permite******************** Mientras que la motivación es la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar******************** Así, la falta de fundamentación y motivación es la omisión total de expresar el dispositivo aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa******************** Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia I******************** 3o********************C******************** J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, cuyo rubro es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN******************** LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBAS REQUISITOS CONSTITUCIONLES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR********************" En ese contexto del análisis del acto reclamado se advierte que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada******************** Ello es así, pues contrario a lo que argumenta el quejoso, la resolución materia de inconformidad se encuentra debidamente fundada, ya que la autoridad responsable, al dictar la orden de reaprehensión en contra del quejoso, el treinta de abril de dos mil veintiuno, expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso, especialmente, el numeral 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala: "Artículo 156******************** Liquidación de la reparación del daño Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta Ley y el Código******************** Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la determinación******************** Cuando la reparación del daño consista en hacer una actividad, el Juez de Ejecución ordenará que se ejecuten los actos de cumplimiento dentro de los cinco días siguientes a la determinación******************** En caso de incumplimiento, se observarán las siguientes disposiciones: I******************** En caso de existir una garantía, se ejecutará la misma; II******************** Se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa, en el ámbito de la ejecución, previstos por esta Ley; III******************** Se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado, hasta que se cubra el monto de la reparación, y IV******************** Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba la sentencia ejecutoriada, ordenará la comparecencia del sentenciado y lo apercibirá para que en un plazo de tres días haga voluntariamente entrega física y material del inmueble******************** En caso de negativa de devolverlo, el Juez de Ejecución ordenará se ponga en posesión material a la víctima u ofendido o su representante, utilizando la fuerza pública para el cumplimiento de la sentencia******************** Cuando la persona privada de su libertad no contase con recursos propios y/o suficientes para liquidar el pago de la reparación del daño y solicite algún beneficio, el Juez en la celebración de la audiencia verificará que efectivamente no se cuenta con la solvencia económica suficiente y podrá dictar un acuerdo para que dicho pago sea garantizado o bien solventado en un plazo razonable, quedando este compromiso establecido como una obligación procesal; en caso de incumplimiento la persona perderá cualquier beneficio que se haya acordado en su favor******************** Aquí es oportuno mencionar que la orden de reaprehensión constituye un acto de molestia, respecto del cual, no rige la garantía de previa audiencia a la emisión de tal acto, como lo sostuvo en la tesis P********************XXI/98, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro electrónico 196553, que dice: "GARANTÍA DE AUDIENCIA******************** EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA-******************** En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio******************** Ahora bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional********************" Además, el acto reclamado se encuentra debidamente motivado, pues de la lectura de la resolución de veintinueve de enero de dos mil veintiuno (cuantificación de la reparación de daño), se observa que el requerimiento realizado a ******************** para que exhibiera la cantidad de $48,000********************00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) fue con motivo precisamente de la reparación del daño a que fue condenado en la carpeta de ejecución 230/2017, quedando notificado de lo anterior en el acto de la audiencia******************** Luego, la responsable respetó los derechos fundamentales del quejoso al hacer de su conocimiento el requerimiento para que cumpliera con la exhibición del numerario para garantizar la posible reparación del daño, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se ordenaría su reaprehensión, de lo cual quedó enterado personalmente******************** Entonces, como lo sostuvo el juez de origen, desde el veintinueve de enero del año en curso (requerimiento), a la fecha en que emitió la orden de reaprehensión (treinta de abril de dos mil veintiuno), había trascurrido en exceso el plazo de cinco días concedido para que ********************, diera cumplimiento a lo requerido, es decir, que exhibiera la cantidad de $48,000********************00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional)******************** En esas condiciones, toda vez que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento realizado por el Juez responsable, no obstante haber quedado debidamente notificado del requerimiento y apercibimiento realizado, es evidente que la resolución reclamada en la cual se ordena su reaprehensión se encuentra apegada a derecho******************** De ahí que, contrariamente a lo que aduce el quejoso, el juez responsable no vulneró sus derechos fundamentales, ya que en su labor de rector del procedimiento de ejecución penal, previo a emitir un mandamiento de reaprehensión en su contra, la requirió a cumplir con un requisito de ley, a lo que no dio cumplimiento******************** En congruencia con lo expuesto, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados******************** La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente******************** Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO******************** La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en relación al acto mencionado en el considerado segundo, y por los motivos expuestos en el apartado quinto de esta resolución******************** Notifíquese personalmente******************** Así lo resolvió y firma el licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante el licenciado Oscar Guadalupe Ramírez Castillo, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy doce de agosto de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron******************** L´OGRC

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio 752/2021 del Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto, y Decimotercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en relación al domicilio del tercero interesado Humberto Vallejo Trujillo; en la inteligencia que el veintinueve de esos mismos mes y año, fue emplazado a este juicio dicho tercero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el pedimento 444/2021 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual formula alegatos, los cuales se relacionaran nuevamente en la audiencia constitucional. Por otro lado, téngase por recibido el escrito del quejoso Apolonio Ponce Abreo, a través del cual ofrece pruebas y formula alegatos. Por tanto, con fundamento en los numerales 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas y alegatos hechos valer por Apolonio Ponce Abreo, que se tomarán en cuenta en la audiencia constitucional respectiva. En otro orden, del estado de autos se advierte que en proveído del pasado dieciocho de junio, se dio vista a las partes con el informe justificado y constancias allegadas por la autoridad responsable Juez de Ejecución Penal del Quinto, Sexto y Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad; lo que se hizo de su conocimiento mediante notificación por lista realizada el veintiuno de junio último. Ahora bien, para efecto de que las partes tengan a la vista el informe y anexo de mérito con la anticipación debida, es decir, de al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en términos del artículo 115 de la citada ley, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 191995), cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.

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