Apolonio Morales Arechega

Expediente 456/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
456/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2022

Partes del expediente

  • Apolonio Morales Arechega

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vistas las certificaciones que anteceden y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja, en contra del desechamiento siete de junio de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Aviso de cambio de titular. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Juez Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. El presente proveído notifíquese por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en virtud de que la lista de los acuerdos que dicta este Juzgado se encuentran en un lugar público y de fácil acceso en el que las partes pueden consultarlos de manera práctica y continua, por consiguiente, no se les deja en estado de indefensión por no notificárseles personalmente este acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, de los que se desprende que ya transcurrió el término restante de dos días otorgado a los quejosos en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que respecto al escrito mediante el cual pretendieron cumplir la prevención que se les formuló en autos, se les señaló que no se les tenía por cumplido a cabalidad el requerimiento contenido en el punto I, de ese auto preventivo, en virtud de que el quejoso *****, no acredito contar con el carácter de Regidor de Desarrollo Agropecuario y Servicios del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, y asimismo, en el que se les otorgó la oportunidad de que aclararan el daño o perjuicio que les ocasionaba el acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno dictado en el juicio de origen del que proviene el acto reclamado, en virtud de que se advertía que el mismo había sido emitido en contra de personas físicas diversas, ello bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se proveería respecto de la demanda de amparo con los elementos que se contaba. Por tanto, en virtud de que los quejosos no cumplieron el requerimiento que se les formuló en autos, se procede a resolver respecto de la demanda que presentaron con los elementos que actualmente se cuentan, por lo se provee como sigue: 1).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en lo que interesa, relativa a la falta de interés jurídico, puesto que tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales -como sucede en este asunto-, la parte quejosa tiene ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, para que resulte procedente el juicio de amparo. Lo anterior, ya que en el caso, los quejosos ******, reclaman la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno que desechó el recurso de reconsideración que interpusieron en contra del auto de once de marzo del mismo año, en el que se impuso una multa a diversas personas físicas -entre las que no se encuentran los aquí quejosos- señalando su cargo, y se les apercibió que en caso de no dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, se les impondría como medida de apremio un arresto por una hora, de conformidad con el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa, todo ello dentro del expediente ******, del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, del Estado de Morelos; y su ejecución. Ahora bien, cabe señalar que aunque los quejosos *****, sostienen que acuden al presente juicio de amparo por su propio derecho, y con el carácter de Presidente Municipal y Regidor de Desarrollo Agropecuario y Servicios, ambos del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, respectivamente; se advierte que el presente juicio lo presentan únicamente por propio derecho, pues de los que se duelen es de la afectación personal y directa que aducen que les causa la multa y el apercibimiento contenidos en el acuerdo de once de marzo del mismo año, de referencia, el cual quedó firme ante el desechamiento del recurso de reconsideración que interpusieron -el cual constituye el acto reclamado en este juicio-, de allí que se tenga pues que el acto en mención eventualmente sólo les podría causar una afectación como personas físicas, y no propiamente a las autoridades que representan, pues es al titular de la unidad administrativa a quien se le impone o se le impondrá dicha sanción, y por tanto, es quién está obligado a su cumplimiento, y no así la autoridad que representa, tan es así que el arresto sólo podría afectarle como persona física y la multa, estaría obligado a pagarla con su propio peculio. Lo anterior, aunado a que en todo caso el presente juicio de amparo resultaría improcedente si se les tuviera presentándolo también con el carácter de Presidente Municipal y Regidor de Desarrollo Agropecuario y Servicios, ambos del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, el segundo de ellos al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 7º y 108, fracción I, todos la Ley de Amparo, al no haber acreditado la representación que ostenta; y el primero al comprobarse la diversa causa de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, ambos de la ley en la materia en cita, dado que la persona moral pública que comparecería como quejosa, no se encontraría en el supuesto de legitimación para promover el juicio de amparo, en contra de los actos que aquí reclama, en razón de que el acto reclamado no le afectaría en su patrimonio, pues se insiste, la imposición de una multa como medida de apremio al incumplir con una sentencia, y el apercibimiento de arresto, sólo afecta a la persona física en cuestión, resultando ilustrativa al respecto la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009360, de rubro: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA" y por analogía la diversa 2a./J. 103/2014 (10a.), de la misma Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 2007622, de rubro: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO." En esos términos, los quejosos ******, por propio derecho, sostienen que la resolución que reclaman, en la que se les desechó su recurso de reconsideración que interpusieron, les causa una afectación, en virtud de que tiene como efecto que se mantenga firme el acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que se impuso una multa a diversas personas y se les apercibió con arresto en caso de no dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. En esos términos, se obtiene que la resolución impugnada no causa una afectación personal y directa a los derechos de los quejosos por propio derecho, ya que precisamente, el auto que quedó firme -cuyo contenido se advierte de los documentos que anexó la parte quejosa con su escrito aclaratorio, concatenados con la manifestación bajo protesta de decir verdad contenida en ese mismo escrito en el que señalaron que se trataba de la copia de la resolución de once de marzo del año en curso-, en su literalidad estableció que dicha medida de apremio y apercibimiento eran impuestos a: "[.] las autoridades condenadas *****, en su carácter de Presidente Municipal de Tepalcingo, Morelos, ******, en su carácter de Síndico y representante legal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, ****** en su carácter de Regidora, ****** en su carácter de Regidora y ****** en su carácter de Regidor, todos del Municipio de Tepalcingo, Morelos [.]" De lo que se obtiene que tal determinación ninguna afectación causa a los quejosos ******, pues no está dirigida a su persona, ya que en dicho auto expresamente se estableció que el mismo se encontraba dirigido a las personas físicas que allí se mencionó, sin que dentro de las mismas se ubiquen los aquí quejosos. Y en consecuencia, es que los amparistas carecen de interés jurídico para reclamar los actos pretenden impugnar en el presente juicio de amparo, pues no se encuentran defendiendo ningún derecho propio, que sufra una afectación personal y directa, como lo exige el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades judiciales -como los que aquí impugnan-. Sin que además, se pueda tener que reclamen dicha determinación con base en un interés legítimo, sustentando en el cargo en que ostentan, derivado de una afectación indirecta de derechos, ya que tal cuestión está expresamente prohibida por el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que en su literalidad establece que tratándose de actos y resoluciones provenientes de autoridades judiciales la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo que corrobora el proceso legislativo de la reforma constitucional que dio origen a dicha Ley de Amparo, consistente en el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas partes de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio de amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el de seis de junio de dos mil once, en el que, entre diversas cuestiones, se positivizó la figura del interés legítimo dentro del juicio de amparo, que posteriormente fue trasladado a la Ley de Amparo actualmente vigente, entre otros preceptos en su artículo 5º, fracción I, en cita. Se afirma lo anterior, ya que en el Dictamen de la Cámara de Senadores de diez de febrero de dos mil nueve, que dio origen al precitado decreto, se señaló que la figura del interés legítimo se encontraba excluida respecto de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, al considerarse que en estos casos se estaba discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en principio, las partes tenían las mismas posibilidades procesales y los mismos medios de defensa, de modo tal que cualquier afectación a ese equilibrio por la postulación de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría tal equidad procesal la cual era siempre necesaria mantener. De allí que resulte incuestionable que sólo la demostración de un interés jurídico permite la promoción de un juicio en los casos en que se reclaman actos de autoridades judiciales, sin importar si los quejosos cuentan o no con un interés legítimo, ya que aún en el supuesto de que contarán con interés legítimo y no con uno jurídico, se seguiría actualizando la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la propia Ley de Amparo, ya que en éstos casos, se insiste, exclusivamente se permite su promoción para la defensa de un interés jurídico. Luego, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiarían el hecho de que los actos jurisdiccionales reclamados por los quejosos no afectan su interés jurídico, requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo en estos casos, es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de lo narrado por los quejosos en la propia demanda, su escrito aclaratorio y de sus documentos anexos, respecto de los que incluso bajo protesta de decir verdad señalaron que correspondían a las actuaciones emitidas en el juicio de origen, -lo que constituye una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de este última-, se advierte que la resolución recurrida en la que se impuso una multa como medida de apremio y se apercibió con un arresto, no se encuentran directamente dirigida en contra de ellos, al estar especificadas las personas físicas en contra de la cuales se impone, y en las que no figuran ellos. Cuestión que resulta más evidente, pues no variarían las pruebas que ahora se tienen para resolver con las que se tendrían para dictar sentencia, ya que se cuenta con las actuaciones que dieron origen a la resolución reclamada, las cuales, se insiste, el propio quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que eran concordantes con las emitidas en el juicio de origen, por lo que de permitir el trámite del presente juicio de amparo, de ser improcedente, en todo caso, más que un beneficio, le causaría una afectación a su derecho de acceso a la justicia, al generarle faltas expectativas, para finalmente dictar en su contra una resolución final en el mismo sentido, lo que incluso podría generar que consienta actos posteriores, al considerar que mediante la promoción del presente juicio de amparo los mismos pueden ser anulados. Siendo además, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se puede desechar una demanda de amparo por falta de interés jurídico y/o legítimo, cuando su ausencia se desprenda de la titularidad del derecho que defiende la parte quejosa (en su cuestión de derecho), desprendida de los hechos y de su situación frente a los actos reclamados, y no en la falta de la acreditación de ese derecho (cuestión probatoria), pues en éstos casos dicha causa de improcedencia sería notoria y manifiesta, ya que con independencia de que acredite o no la titularidad del derecho de defiende, no cambiaría el hecho de que de ninguna forma esa prerrogativa otorga un interés jurídico o legitimo requerido para la procedencia de un juicio de amparo, como se puede visualizar, por identidad jurídica sustancial, en los argumentos contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 201443, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Cuestión que precisamente es lo que acontece en el auto recurrido el cual dio origen al presente juicio de amparo, el cual no se encuentra directamente dirigido en contra de los quejosos, por tanto, no está sujeto a prueba si les causa una afectación o no, pues de su sola lectura en su literalidad, se advierte que ese acto por sí mismo, no les causa afectación a sus derechos. Y se dice que no está sujeta a prueba dicha afectación, pues si eventualmente las autoridades responsables intentaran ejecutar tales actos en contra de los aquí quejosos, en todo caso serían tales actos de ejecución los que tendrían que reclamarse por vicios propios -y contra los cuales si contarían con un interés jurídico al estar dirigidos a su persona-, pues serían ellos los que estarían ejecutando en su perjuicio una determinación que no se encuentra dirigida en contra de su persona. Lo expuesto aunado, a que en la actualidad tales actos no se han intentado ejecutar en su perjuicio, por lo que tal cuestión constituye un acto futuro e incierto, derivado a que no existe ninguna orden que avale una ejecución a ese respecto, y de allí que se obtenga que el acto actualmente reclamado no le cause afectación alguna a sus derechos. Notifíquese personalmente.

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