Apolonio Larrea Perez
Expediente 641/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Apolonio Larrea Perez
Actuaciones
- Principal
MESA III B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se remitió por incompetencia, la demanda de amparo promovida por APOLONIO LARREA PÉREZ. Por lo anterior, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Así, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo, transcurridos más de seis meses contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III A ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el oficio 16059, dirigido al Juez De Distrito en Turno, con sede en Salina Cruz Oaxaca, fue remitido al Juzgado Séptimo de Distrito en esa localidad, con fecha quince de julio del presente año, por tanto y toda vez que de los presentes autos se advierte que no obra el acuse de recepción de dicho oficio, mediante el cual se remitió por incompetencia la demanda de amparo promovida por APOLONIO LARREA PÉREZ; en consecuencia, solicítese a la citada autoridad el acuse de recibo correspondiente, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente en este cuaderno. CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por APOLONIO LARREA PEREZ, contra actos de los Magistrados que integran la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y de otra autoridad, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 641/2019. Se instruye al Secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal JOTPC/04/2019, que ordenó la reposición del procedimiento. Ahora, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeto a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por el promovente. Como ya se precisó, el acto reclamado consiste en la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal JOTPC/04/2019, que ordenó la reposición del procedimiento en el proceso penal 80/2013, del índice del Tribunal de Juicio Oral de la Región Costa, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca. Por tanto, se surte la hipótesis señalada en el artículo 37 de la ley de la materia, relativo a que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos, en el caso, es Puerto Escondido, Oaxaca, lugar en el que este juzgado no tiene competencia legal conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto cuarto, fracción XIII, relativo al Decimotercer Circuito que en lo que interesa, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." En esa tesitura, es incuestionable que, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Es aplicable al caso la tesis 1a./ 118/2011 (9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil ciento ochenta y tres, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Décima Época, diciembre de dos mil once, registro 160608, que enseguida se transcribe: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad" En consecuencia, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del asunto; con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de garantías, al Juez de Distrito en turno en el Estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esa ciudad; solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación realizada por el secretario de este juzgado, se le tiene autorizando con todas las demás facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Raúl Cruz López, no así Javier Ángel Hernández López, Liliana Bricia Acevedo Ramírez, José Adrián Antonio Sosa, Agustín López García y Francisco Rafael Ginez Blanco, toda vez que estos último no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; asimismo, se tienen por autorizados únicamente para imponerse de los autos, a las demás personas que cita el promovente. Ahora, no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al promovente para utilizar medios electrónicos, que le permita obtener copia de las constancias y documentos que obren en el presente asunto. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que hagan de ellos los peticionarios, quienes estarán obligados a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." En el entendido de que dicha reproducción deberá realizarse en la secretaría correspondiente, dejándose constancia en el expediente de los documentos que se hayan reproducido. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEÓN, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado José Alberto Morelos Gómez, Secretario que autoriza y da fe.
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