Apolonia Lázaro Catalán

Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
436/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Apolonia Lázaro Catalán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio de cuenta, misiva signada por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la sentencia pronunciada en el conflicto competencial penal 57/2023, derivado del juicio de amparo 436/2023, de la estadística de este juzgado; y el juicio de amparo 939/2023 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; así como original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 436/2023 y ocho tomos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y toda vez que de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre los Juzgados de Distrito contendientes. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, para conocer de la demanda de amparo promovida por Apolonia Lázaro Catalán". Ahora, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, se ordena la continuación del procedimiento, en el juicio de amparo en que se actúa, y se señalan las DOCE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, se aprecia que en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo relativo a la parte tercero interesada; por tanto, se levanta la reserva decretada y se provee; con fundamento en el artículo 5° de la ley de la materia, se tiene como tercero interesado al ********************, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, empláceseles por medio de oficio que al efecto se le gire en el domicilio de su residencia oficial, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo y del presente auto, para los efectos legales procedentes. Por lo que respecta al ********************, que fue designado como tercero interesado, ha lugar a tenerle con tal carácter, toda vez que de actuaciones que integran el presente asunto, no se advierte que le resulte tal envestidura de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Amparo. Finalmente, en relación al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del conflicto competencial, tomando en consideración que cumplió su objetivo, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado conflicto; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados Por Los Órganos Jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el conflicto competencial suscitado entre éste Juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad, y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, mismo que registró con el número de conflicto 57/2023, de lo cual queda enterado este juzgado, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 436/2023, de este índice, al que se encuentra integrado el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, y ocho tomos de pruebas por separado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, como lo establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que remitió este juzgado, al considerar medularmente que: "En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa cuestiona la resolución de nueve de marzo de dos mil veintitrés dictada por los Magistrados de la Cuarta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que calificó de legal el traslado de la quejosa del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), número 16, CPS Femenil Morelos por lo tanto, el acto reclamado comenzó a ejecutarse en el Estado de Guerrero, en razón de que es donde se emitió la orden de traslado y fue donde se presentó la demanda de amparo y donde desea ser trasladada la quejosa, por lo que se concluye que este órgano jurisdiccional no es competente por territorio. Por tanto, los efectos del acto reclamado por los cuales se confirmó el traslado de la quejosa, comenzaron a ejecutarse fuera de la esfera competencial que corresponde a este órgano jurisdiccional, es decir, en el Estado de Guerrero, donde la quejosa presentó inicialmente la demanda, en consecuencia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, no acepta la competencia para conocer la presente demanda, por lo que se devuelve al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo." Al respecto, este órgano de control constitucional, difiere de los argumentos realizados por el referido Juez, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado juzgado, a quien le fue turnada la demanda derivado de la incompetencia planteada dado que, la quejosa actualmente se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social, número 16, "CPS Femenil Morelos", tal y como lo señaló expresamente. "(.) APOLONIA LÁZARO CATALÁN, por propio derecho, y manifestando que la suscrita me encuentro interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos", (.)." En ese tenor, ya que se encuentra interna en dicho Centro Federal, desde febrero de dos mil veintidós, con motivo de la orden de traslado y calificada de legal por la Sala responsable, es evidente que el acto reclamado se ejecutó, pues en los conceptos de violación que esgrime, medularmente refiere que le causa agravios la orden de traslado ejecutada al haber sido reubicada a un CEFERESO fuera del Estado de Guerrero, de ahí que, se insista la autoridad judicial competente es aquélla que ejerce jurisdicción en el Estado de Morelos, por ser el lugar de residencia del Centro de Reinserción en que se encuentra la impetrante, ello, con anticipación a la presentación de la demanda de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio I.15o.A.1 A (10a.), emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4311, de la Décima Época, con registro digital 2000066, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como el criterio, 1a./J. 35/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, de la Novena Época, con registro digital, 169343 de la siguiente literalidad: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Es decir, en el presente caso al haberse ejecutado ya la orden de traslado desde febrero de dos mil veintidós, misma que fue calificada de legal por la Sala señalada como responsable, es evidente que a la presentación de la demanda había culminado, ello, teniendo como base lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a que la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; en ese tenor, al haberse efectuado el traslado de la aquí quejosa desde febrero de dos mil veintidós, previo a la presentación de la demanda es incuestionable que la actualización de la regla establecida en el primer segundo del artículo 36, de la Ley de Amparo, pues ya se tiene certeza de la ejecución de la orden combatida, y por ende, de la culminación de ésta. Lo anterior, además, dado que de la lectura de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, medularmente refiere que le causa agravios la orden de traslado ejecutada al haber sido reubicada a un CEFERESO fuera del Estado de Guerrero, de ahí que, se insista la autoridad judicial competente es aquélla que ejerce jurisdicción en el Estado de Morelos, En mérito de lo expuesto, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el auto de quince de junio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 436/2023-III, a los que está integrado el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, así como ocho tomos de pruebas por separado, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Sin que en el caso, sea necesario formar cuaderno de antecedentes toda vez que éste fue formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de cuatro de abril del año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal de los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. INCOMPETENCIA. Ahora, previa integración de la litis y dado que de constancias se aprecia que la directa quejosa ********************, se encuentra interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Femenil Morelos, desde el veintiuno de febrero de dos mil veintidós; ello, en razón de la orden de traslado emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, y calificada de legal por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en la misma ciudad, dentro del toca penal ********************, y que resulta ser el acto reclamado en esta vía constitucional. Además, es preciso destacar que la demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este Juzgado el diez de abril de dos mil veintitrés. En mérito de lo anterior, este juzgado federal, estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones. Uno de los presupuestos procesales de orden público y de análisis oficioso que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Lo anterior, en atención a que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto se advierta. En ese contexto, la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el diverso 37, párrafo primero, de la Ley de la Materia, los cuales establecen lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse (...) (.).". Ley de Amparo. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". [Énfasis añadido] Conforme a lo dispuesto por este numeral, se advierten tres reglas para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo de los jueces de distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Reglas que para una mejor compresión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamando, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto combatido, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución material. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. En el último supuesto se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, como se dijo con antelación, este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer del presente asunto por cuestión de territorio, en razón de que de las reglas contenidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el caso que nos ocupa, se advierte la actualización de la primera hipótesis, relativa a que para conocer un acto que requiere ejecución material, el juez competente para conocer la demanda lo será el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo. Lo anterior es así, puesto que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se encuentra recluida en Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos", tal y como lo señala expresamente: "(.) ********************, por propio derecho, y manifestando que la suscrita me encuentro interna en el en Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos", (.).". En ese tenor, ya que se encuentra interna en dicho Centro Federal, desde febrero de dos mil veintidós, con motivo de la orden de traslado y calificada de legal por la Sala responsable, es evidente que el acto reclamado se ejecutó, pues en los conceptos de violación que esgrime, medularmente refiere que le causa agravios la orden de traslado ejecutada al haber sido reubicada a un CEFERESO fuera del Estado de Guerrero, de ahí que, se insista la autoridad judicial competente es aquélla que ejerce jurisdicción en el Estado de Morelos, por ser el lugar de residencia del Centro de Reinserción en que se encuentra la impetrante. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio I.15o.A.1 A (10a.), emitido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4311, de la Décima Época, con registro digital 2000066, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado." Así como el criterio, 1a./J. 35/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 225, de la Novena Época, con registro digital, 169343 de la siguiente literalidad: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." Por tanto, con lo antes expuesto, y con fundamento en lo previsto en los artículos 37, 48 y 217 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo y los tomos de pruebas a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, para que, a su vez, lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estime competente para conocer de la competencia declinada. Solicítese al juzgado que corresponda, acuse el recibo correspondiente y se sirva informar la determinación que emita en torno a la competencia que se plantea. Con independencia de lo anterior, se instruye al oficial judicial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", haga visible el expediente electrónico del presente asunto a fin de que el Juez que corresponda conocer de la competencia planteada tenga acceso al mismo en caso de ser necesario. Asimismo, con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes, para los efectos legales a que haya lugar. Por los motivos expuestos, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo señalada para las DOCE HORAS DE ESTE DÍA.

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