Apolinar Roque Torres

Expediente 1570/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1570/2014
Año
2014
Actuaciones
8
Última actuación
14/08/2018

Partes del expediente

  • Apolinar Roque Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal del presente expediente, se advierte se encuentra totalmente concluido; sin embargo, existe en resguardo de este Juzgado, seis discos compactos y un disco en formato DVD, que en su momento fueron remitidos por el Juez de Garantía de Tlaxiaco, Oaxaca; por ello, al ser innecesaria su permanencia por más tiempo, remítanse esas documentales a la referida autoridad responsable. Cúmplase.

  2. Principal

    *PRAL. 1570/2014 MESA AMP. 2-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiséis de marzo de dos mil quince. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el escrito signado por Ely Osorio Jiménez, en su carácter de autorizado legal del quejoso APOLINAR ROQUE TORRES; visto su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, devuélvasele las documentales que indica, previa foja de sustitución que se agregue a los autos. Por otra parte, de la certificación de la secretaría se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso APOLINAR ROQUE TORRES, haya interpuesto recurso de revisión en contra del proveído dictado el veintisiete de febrero último (fojas 301 304), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida resolución; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. En otro aspecto, las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; datos que se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley mencionada. En otro orden de ideas, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Notificacion para la parte tercera interesada y quejosa Número de expediente: 1570/2014 Acuerdo: *PRAL. 1570/2014 MESA AMP. 2-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintisiete de febrero de dos mil quince. Visto el estado de autos de los que se advierte que este expediente se encuentra integrado con los informes justificados de las autoridades que fueron señaladas como responsables. Ahora bien, como en este juicio de amparo aparece que APOLINAR ROQUE TORRES, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: 1 JUEZ TITULAR DEL JUZGADO DE GARANTÍA. TLAXIACO, OAXACA 2 JUEZ PRIMERO PENAL. 3 JUEZ SEGUNDO PENAL. 4 JUEZ TERCERO PENAL. 5 JUEZ CUARTO PENAL. 6 JUEZ QUINTO PENAL. 7 JUEZ SEXTO PENAL. 8 JUEZ SÉPTIMO PENAL. SANTA MARÍA IXCOTEL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA. 9 COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DEPTE. DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, CENTRO, OAXACA. 10 DIRECTOR DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SANTA MARÍA COYOTEPEC, OAXACA. 11 COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DESTACAMENTADO. TLAXIACO, OAXACA. Los que hizo consistir en la orden de aprehensión, citación u orden de comparecencia dictada en su contra por los jueces responsables y su ejecución por las restantes. Asimismo, que en proveído de veinticinco de noviembre último (foja 29), se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable a la que la parte quejosa señaló como 1) "DIRECTOR DE SEGURIDAD REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA". En otro orden, los jueces 2) Primero, 3) Segundo, 4) Tercero, 5) Cuarto, 6) Quinto, 7) Sexto y 8) Séptimo de lo Penal, con residencia en Santa María Ixcotel, Centro, Oaxaca, 9) coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en la Experimental, San Antonio de la Cal, Centro, Oaxaca y 10) comandante de la Policía Ministerio destacamentado en Tlaxiaco, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negaron categóricamente la existencia de los actos que les reclama el quejoso APOLINAR ROQUE TORRES (fojas 9, 11, 13, 23, 15, 17, 19, 25 y 42), consistentes en la orden de aprehensión, citación u orden de comparecencia dictada en su contra por los jueces responsables y su ejecución por las restantes. Por tanto, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia por lo que a dichas autoridades se refiere, por las consideraciones siguientes: Se estima que la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto) resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la ley de la materia), pues la hipótesis prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo sólo puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. Aun cuando, por regla general, se puede afirmar que la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia no debe atenderse primordialmente para el desechamiento de la demanda de amparo, en razón de que no se debe establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la referida demanda; sin embargo, una vez que las responsables rinden su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal a favor de los gobernados. De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si durante la tramitación del juicio el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, dado que de no estimarlo así, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional; se estima que la referida razón jurídica resulta aplicable tratándose de una causa directa de sobreseimiento. En ese sentido, como las autoridades responsables de mérito negaron la existencia del acto reclamado, procede sobreseer en el juicio, fuera de audiencia por lo que a dichas autoridades se refiere, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS número 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Y, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 5, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro IUS 196072, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Criterios que se invocan atento a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. No obstante lo anterior, si por cualquier situación, no reflejada ahora en estos autos, resultara la existencia de los actos reclamados; la parte quejosa no quedará en estado de indefensión, en vista de que, por la naturaleza de ese acto de autoridad, está en aptitud legal de promover diverso juicio de amparo. Por otra parte, aparece que el 1) juez de Garantía, con residencia en Tlaxiaco, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 46), convino en la existencia del acto que se le reclama, agregando lo siguiente: "...Es cierto acto reclamado por el quejoso en razón de que en este Juzgado de Garantía, habiéndose realizado una búsqueda minuciosa en el sistema de control de causas que se lleva en el mismo, se encontró radicada la causa 261/2014, en la cual con fecha dieciocho de octubre del año en curso, se libró en contra de APOLINAR ROQUE TORRES, Orden de Aprehensión por el hecho que la Ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA Y ALEVOSÍA cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de JUVENTINO PÉREZ VELASCO, delito previsto por el artículo 285, en relación con los artículo 301, fracción II y IV y 308, y sancionado por el artículo 291 del Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca, el cual establece una punibilidad que va de treinta a cuarenta años de prisión.". Y, mediante oficio HTSJ/JGTLAX/J/148/2015, el aludido juez, remitió un DVD, de cuya impresión se obtuvo copia del auto de vinculación a proceso de fecha veinticuatro de enero último, dictado al quejoso APOLINAR ROQUE TORRES, en la causa penal número 0261/2014, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con ventaja y alevosía, previsto por los artículos 285, en relación con los preceptos 299, 301, fracciones II y IV, 302, 303, 8º, fracción I, y 10, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado. Atento a lo anterior, es inconcuso que, en el caso, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impide decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica al considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 171841, con el rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Lo que impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia también por lo que a dicha autoridad se refiere en términos del artículo 63, fracción v, de la Ley de Amparo; acorde al criterio que aparece en la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, al resolver la Contradicción de Tesis 26/2002, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Y la diversa tesis I.7o.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1600, del tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; cuyo rubro dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del día cuatro de marzo próximo (foja 265). En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información.Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    *PRAL. 1570/2014 MESA AMP. 2-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veinticuatro de febrero de dos mil quince. Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número HTSJ/JGTLAX/J/148/2015, signado por el juez de Garantía, con residencia en Tlaxiaco, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le formuló este Juzgado en proveído de diecisiete del actual (foja 265), envía un DVD, que se dice contiene la resolución del auto de vinculación a proceso de fecha veinticuatro de enero del año en curso, dictado al quejoso APOLINAR ROQUE TORRES, en la causa penal número 0261/2014; así como la copia certificada de la impresión de dicho DVD; misma que con apoyo en el numeral 119 de la ley en cita, se tiene como prueba de su parte, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, ordenándose guardar el aludido disco en la secretaría del Juzgado. NOTIFÍQUESE.

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