Apolinar Pérez Hernández

Expediente 529/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
529/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Apolinar Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar solicitada, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Por ello, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de DVD. En atención a que resulta innecesario conservar el Disco versátil digital (dvd) que remitió el Juez responsable como complemento a su informe, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 529/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, Apolinar Pérez Hernández, por su propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad, en la misma demanda, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7.5 de la Convención americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José). SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 529/2021; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se ordenó el emplazamiento de las autoridades responsables, reservándose el correspondiente a los terceros interesados. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se tuvo rendido el informe justificado de las autoridades responsables, así como admitidas y desahogadas las pruebas documentales que al mismo acompañó el Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. En el propio auto, en términos del artículo 5°, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo se reconoció a J.Á.P. (víctima), representada por sus asesores jurídicos Julio César Mendoza Arévalo y Jaime Alejandro Hernández Castillo, de la Comisión Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, pertenecientes a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el carácter de tercero interesado, quien fue emplazado a juicio el treinta de junio de dos mil veintiuno; asimismo, se ordenó emplazar a la agente del Ministerio Público, Brenda Mondragón Reynel, quien intervino en la audiencia de formulación de imputación desahogada en la causa penal 85/2021, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, diligencia que se llevó a cabo el dos de julio de dos mil veintiuno, y compareció al juicio el seis de julio siguiente. Con posterioridad en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibido pedimento formulado por la Fiscal Federal de la adscripción. Previo los trámites de ley, el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado el cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de amparo, se concluye que consistente en: ? La ORDEN DE CITACIÓN emitida el doce de febrero de dos mil veintiuno, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, con motivo de la causa penal 85/2021, a efecto de que el investigado Apolinar Pérez Hernández -aquí quejoso-, comparezca a las trece horas del nueve de junio de dos mil veintiuno, a la audiencia inicial -a partir de la formulación de imputación- en la sala de oralidad número 8, ubicada en el edificio "ala norte" del complejo judicial denominado "José Ma. Morelos y Pavón", con domicilio en calzada La Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad de Morelia. Así como la EJECUCIÓN DE DICHA ORDEN, acto que reclama al Fiscal General del Estado de Michoacán y al Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos con residencia en esta ciudad. Se fija el acto reclamado en los términos antes precisados en razón de que si bien en el escrito de demanda el quejoso refiere que lo es la orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización, presentación, citación o entrevista en su perjuicio, del informe justificado y de las constancias que lo integran se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, lo que se había librado era una orden de citación para que el quejoso compareciera a la audiencia inicial fijada para el nueve de junio de dos mil veintiuno, con motivo de la causa penal 85/2021. TERCERO. Antecedentes. Para un mejor entendimiento del presente se considera necesario precisar los antecedentes que dan origen al acto reclamado. 1.- El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la licenciada Brenda Mondragón Reynel, Agente del Ministerio Público Litigante de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y de Género, compareció ante el Juez de Control a solicitar en términos de los artículos 52, 82, 90, 141, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalara fecha y hora para la celebración de audiencia para formular imputación a persona en libertad, así como la citación por su conducto de Apolinar Pérez Hernández y J.Á.P. Lo anterior, en razón de que ante esa representación se está integrando carpeta de investigación con número único de caso 1003202026513, en la cual existen datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de lesiones, en perjuicio de J.Á.P., y existe la probabilidad de que Apolinar Pérez Hernández lo cometió o participó en los hechos delictivos. 2.- Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el Juez de Control dio inicio a la causa penal 85/2021 y previo a convocar audiencia inicial previno a la Ministerio Público, para que informara lo siguiente: La fecha en que acontecieron los hechos que pretende imputar al investigado. La fecha en que inició la investigación. Si el hecho de que se trata debe ser considerado como instantáneo, permanente o continuado. Desde qué fecha han intervenido los asesores jurídicos dentro de la investigación. Si con motivo de la calificación jurídica que pretendía otorgase al hecho, éste admite la solución del conflicto a través de la salida alterna, consistente en el acuerdo reparatorio. De ser así, si se aplicaron mecanismos alternativos de solución de controversia, siguiendo puntual y estrictamente los lineamientos señalados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Si se otorgó intervención, durante la investigación en sede ministerial, a la persona a quien pretende formularse imputación; y, en caso de ser así, si contó con defensor. En su caso, si llevó a cabo algún acto de investigación de los previstos en la ley como posibles generadores de interrupción de la prescripción, posteriores a la última convocatoria audiencia inicial, y en caso de ser afirmativo, precisara la fecha en que ello ocurrió. Informara si se llevaron a cabo actos de investigación que permitan contar con certeza de que en el domicilio referido habita la persona sujeta a investigación, con la finalidad de que la citación cumpla con su propósito. Información que debía ser proporcionada atendiendo estrictamente a los deberes de lealtad, objetividad y probidad señalados en los artículos 107, 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apercibiendo a la Ministerio Público que en caso de no atender lo requerido, le sería impuesto como medio de apremio una multa por el equivalente a veinte unidades de medida y actualización, en su cotización vigente, a amanera de medio de apremio autorizado por el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3.- En doce de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de Control dictó el siguiente proveído: "SE TIENE AL MP CUMPLIENDO PREVENCIÓN Y SE CONVOCA A AUDIENCIA INICIAL A PARTIR DE LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2021. Solicitud. Recibo escrito que suscribe Brenda Mondragón Reynel, agente del ministerio público (MP) mediante el que cumple el requerimiento realizado mediante auto de fecha 5 de los corrientes, dentro de la causa penal 85/2021. En atención a lo solicitado y a que el MP ha referido que realiza una investigación, considerando que en ella obran datos que le permiten establecer que se cometió el hecho con la apariencia del delito de lesiones, en agravio de Javier Ávalos Pérez, así como que existe la probabilidad de que el investigado Apolinar Pérez Hernández, lo cometió o participó en su comisión. Convocatoria a audiencia inicial. A petición del MP, se fijan las 13:00 horas del día 9 de junio de 2021, para que tenga verificativo la audiencia inicial -a partir de la formulación de imputación- en la sala de oralidad número 8, ubicada en el edificio "ala norte" del complejo judicial denominado "José Ma. Morelos y Pavón", con domicilio en calzada La Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad. Citación al investigado. Se instruye al notificador que se comisione al efecto, proceda a citar al investigado Apolinar Pérez Hernández, en el domicilio referido por el MP para tal finalidad, siguiendo escrupulosamente las formalidades que prevé el CNPP, señalándole: Que deberán comparecer a la audiencia, en la hora y fecha indicada, debidamente identificado y asistido de un defensor, el cual puede elegir libremente, si tiene la calidad de privado; en el entendido que si no pueden (por no estar en condiciones de hacerlo) o no quieren designarlo, este órgano jurisdiccional les designará a un defensor público. Que el objeto de la audiencia es que el MP le comunique la investigación que desarrolla en su contra y que desde el momento en que sea notificadas tienen derecho -por sí o a través de su defensor- a consultar los registros de la investigación y a obtener copia de ellos, para preparar su defensa; encontrándose obligado el MP a permitirles el acceso a ellos, tan luego lo solicite. Que queda apercibido que, en caso de no comparecer, sin causa justificada, se podrá hacer uso -a petición del MP- de un medio de conducción diverso, en particular, el lugar su comparecencia mediante el uso de la fuerza pública o una orden de aprehensión. Previsión sobre intervención de defensor. Teniendo en cuenta que -conforme a lo referido por el MP- durante la investigación en sede ministerial, el investigado fue asistido por los defensores públicos Martha Beatriz Villanueva Martínez y Procopio Ramírez Salcedo, se instruye al notificador para que les notifique -haciendo uso de los medios que tiene autorizados ante la administración-, la fecha y hora de la audiencia de formulación de imputación. Identificación de agentes del MP y al que intervendrá en audiencia. Se ordena notificar este proveído al ocursante agente del MP, a fin de que comparezca al acto procesal que se convoca, así como a la víctima. y asesores jurídicos Julio César Mendoza Arévalo y Jaime Alejandro Hernández Castillo. Apercibimientos. Las partes técnicas deberán: Acudir puntualmente a la audiencia a las que se convoca. Comparecer debidamente preparadas para el debate, y con conocimiento previo y cierto de los registros de investigación. Apercibiéndoles que, en caso de no ser así, o que la audiencia deba diferirse por causas atribuibles a ellas, se les impondrá una multa equivalente a 20 unidades de medida y actualización -en su cotización vigente ($86.88 pesos), a manera de medio de apremio autorizado por el artículo 104, fracción II, inciso b) del CNPP. Félix Francisco Cortés Sánchez, juez de control del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, región Morelia." Determinación que constituye el acto reclamado. 4.- En cumplimiento a lo anterior, obra constancia de que el Notificador del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, notificó a la víctima el proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, a través del número telefónico obtenido de la base de datos del Sistema Integral de Administración Judicial, como su número telefónico, en el cual autorizó recibir notificaciones de carácter personal. Asimismo, a los asesores legales Julio César Mendoza Arévalo y Jaime Alejandro Hernández Castillo, a la defensa pública Martha Beatriz Villanueva Martínez y Procopio Ramírez Salcedo, a la dependencia Dirección de Medidas Cautelares y a la Ministerio Público Brenda Mondragón Reynel, a través del correo electrónico al que aceptaron recibir notificaciones de carácter personal. Y, al aquí quejoso Apolinar Pérez Hernández, en su carácter de investigado, le notificó el proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, a través de llamada telefónica al número obtenido de la base de datos del Sistema Integral de Administración Judicial, el cual autorizó para recibir notificaciones de carácter personal, constancia en la que asentó: ".Por lo que al comunicarme a dicho número, mis interlocutores bajo protesta de decir verdad dijeron llamarse DIJO SER LA HIJA DE APOLINAR PERO QUE AHÍ ESTABA SU PAPÁ APOLINAR CON ELLA Y QUE ESTABA ESCUCHANDO, con quien al identificarme plenamente y hacerle saber el motivo de mi llamada, previa autorización que medio, procedí a notificarle el: AUTO DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 DOS MIL VEINTIUNO. Proveído en el cual una vez que le di integra lectura, informándole que de esta llamada el suscrito realizaría la presente razón a APOLINAR PÉREZ HERNÁNDEZ, manifestando ".quedar enterados(a) ME CONTESTA LA HIJA QUE LO DE POR NOTIFICADO YA QUE ÉL ESTA AHÍ CON ELLA, Y QUE SI POR FAVOR SE LO MANDE POR WHATS APP." 5.- A las trece horas con treinta minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno, en la sala 7 de videoconferencias, se dio inicio a la audiencia de formulación de imputación la que se tornó privada, en razón de que el imputado no compareció a la audiencia, no obstante que fue notificado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, por lo que, la fiscalía en audiencia privada solicitó orden de comparecencia, conforme a lo dispuesto por los preceptos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que, el Juez de Control determinó procedente su petición, solicitando a la defensa y asesor jurídico salieran de la conexión para resolver sobre la orden de comparecencia en audiencia exclusivamente con la Ministerio Público. En esa misma fecha, nueve de junio de dos mil veintiuno, a las catorce horas con ocho minutos, dio inició a la audiencia de orden de comparecencia, en la que la fiscalía expuso su solicitud, derivado de la incomparecencia injustificada del imputado Apolinar Pérez Hernández a la audiencia de formulación de imputación, resolviendo el Juez de Control en el siguiente sentido: "ORDEN DE COMPARECENCIA Es competencia de este Órgano Jurisdiccional pronunciarse respecto de la orden de comparecencia, en término de lo que señalan los artículos 20 y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. I. Se justificaron los requisitos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 párrafo primero y fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en las argumentaciones que planteó en esta audiencia la agente del Ministerio Público. II. En consecuencia, dictó orden de COMPARECENCIA en contra de Apolinar Pérez Hernández, por el hecho que la ley señala como delito de lesiones, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción I, en vinculación con los numerales 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal del Estado, en agravio de (...); para que sea presentado, en calidad de libre, a la audiencia de formulación de imputación, que se desarrollará a las 09:00 horas, del día 01 de septiembre de 2021, en la sala de oralidad número 10 y vía remota, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. III. En términos de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entréguese los puntos resolutivos de esta resolución a la agente del Ministerio Público, para que la cumplimente por conducto de la policía a su cargo, a fin de que hagan comparecer al imputado Apolinar Pérez Hernández, en la fecha, hora y lugar indicados para el desahogo de la audiencia. Lo resolvió y firma Dr. en Der. Cristóbal Luviano Tena, juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral, de la región Morelia." Datos que obran contenidos en los registros digitales almacenados en el disco versátil digital (DVD) que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, el cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, último párrafo, y en términos de la jurisprudencia 43/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes citada. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su justificado las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán y Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. La parte quejosa no aportó prueba para desvirtuar la negativa; máxime que es a ella a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera; por lo que no queda sino acoger esta última. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de citación emitida el doce de febrero de dos mil veintiuno, por así haberlo manifestado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, al rendir su respectivo informe justificado. La citada autoridad en apoyo a su informe justificado remitió copia de las constancias que integran la carpeta relacionada con la causa penal 85/2021, así como los registros en audio y video -disco compacto (CD)-, que contiene las audiencias llevadas a cabo el nueve de junio de dos mil veintiuno, del índice del juez de control, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, por ser documentos públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. En apoyo a lo anterior, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos." Asimismo, sirve de apoyo, por identidad jurídica la jurisprudencia 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Es previo añadir que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en párrafos que anteceden se tuvo como cierto el acto reclamado. SEXTO. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Esta juzgadora de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de garantías, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J.168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis I.1o.A.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Expuesto lo anterior, resulta evidente que la orden de citación para la audiencia inicial de imputación, en autos de la causa penal número 85/2021, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia; no constituye un acto que irrogue perjuicio a la persona -aquí quejoso- contra quien se libró, a menos que esa determinación vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. Lo anterior es así, ya que la citación reclamada tiene por objeto de que compareciera a la audiencia inicial de imputación, en la que se le comunicaría que se está desarrollando una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito y del cual se considera pudo haber intervenido. Esto es, la citación para acudir a la audiencia inicial no causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, el cual a la letra señala: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna." Como se advierte de la anterior transcripción, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 310 de ese ordenamiento procesal: "Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario, para lograr la presencia del imputado en la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso y el Juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente Código." En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Sin que varíe el anterior criterio el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. No obstante el hecho que de no comparecer sin justificación alguna, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista (sin justificación), es entonces cuando el representante social pueda solicitar que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado; de ahí que contra la orden de citación de doce de febrero de dos mil veintiuno, para la audiencia inicial de imputación, en autos de la causa penal 85/2021, es improcedente el juicio de amparo. De ahí que se sostenga la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola citación hecha al quejoso, afecte su interés jurídico, pues se insiste, ésta tiene como propósito que comparezca ante el Juez de Control a efecto de que se lleve a cabo la audiencia inicial de imputación. En ese sentido, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca afectación en su esfera jurídica, lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a. /J. 78/2018 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a. /J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." No pasa desapercibido el hecho de que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de comparecencia dictada en su contra; sin embargo, es de hacer notar que a la fecha de presentación de su demanda de amparo -cuatro de junio de dos mil veintiuno-, no existía dicha orden, ello es así pues, como se advierte de los antecedentes del acto reclamado, la orden de comparecencia fue dictada el nueve de junio siguiente, por el Juez de Control, a solicitud de la agente del Ministerio Público, debido a la incomparecencia del citado -aquí quejoso- y que éste no justificó su inasistencia, no obstante de haber sido debidamente notificado. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se soslaya que la Fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, éstos se atendieron al precisar la existencia de los actos reclamados. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Apolinar Pérez Hernández, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy trece de octubre de dos mil veintiuno, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ENGROSE TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 529/2021. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Apolinar Pérez Hernández, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expresados en los considerandos cuarto y sexto de esta resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA AL QUEJOSO Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO, CON ESTRICTO APEGO A LOS PROTOCOLOS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PERSONAL, PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD Y SALUD DE QUIENES REALICEN LA NOTIFICACIÓN Y DE LAS PERSONAS JUSTICIABLES. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, hoy trece de octubre de dos mil veintiuno, ante la secretaria Janette Pérez García, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias Certificadas. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita la Agente, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele copias simples de la misma; previo recibo que se deje en autos. Se difiere audiencia constitucional. Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, no ha transcurrido el plazo de ocho días al tercero interesado agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal 85/2021, para que se imponga de los informes justificados, rendidos por las autoridades responsables, recibidos en proveído de veintidós de junio del año en curso, pues fue emplazado a juicio el dos de julio del año actual, por lo que el plazo le transcurre del seis al quince del presente mes y año. Por tanto, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

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