Apolinar Perez Cruz
Expediente 2225/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2225/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Apolinar Perez Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA 2-B SE TIENE POR INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN
- Principal
MESA 5-B (AVISO DE NOTIFICACIÓN). SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACIÓN I, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; ocho de octubre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Belem Pérez Cruz apoderada legal de Apolinar Pérez Cruz, contra actos de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, consistente en lo siguiente: "IV. LOS ACTOS RECLAMADOS.- Son los siguientes: A).- DE LA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 02 TAPACHULA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, LA RESOLUCIÓN de fecha 10 de septiembre de 2019, dictada en el Toca Civil Número 295-A/2019, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por EUDOCIO ELISEO PÉREZ CRUZ Y ROSA MÉRIDA VERDUGO ESCOBAR, en contra del auto de fecha 4 de junio de 2019, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, en el Expediente Número 341/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio promovido por la suscrita BELEM PÉREZ CRUZ, en mi carácter de Apoderada general para pleitos y Cobranzas de Apolinar Pérez Cruz, en contra de los citados apelantes, hoy terceros interesados. B).- DEL C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUIXTLA, CHIAPAS, RECLAMO LA EJECUCIÓN que pretende llevar a cabo de la RESOLUCIÓN que se reclama a la autoridad ordenadora. C).- DE LA C. ACTUARIA DE LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUIXTLA, CHIAPAS, RECLAMO LA EJECUCIÓN que pretende llevar a cabo de la RESOLUCIÓN que se reclama a la autoridad ordenadora." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2225/2019-5B. DESECHAMIENTO En primer término, cabe señalar que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que Belem Pérez Cruz apoderada legal de Apolinar Pérez Cruz, señala como acto reclamado en esta instancia constitucional, los siguientes: La resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, en la que consideró procedente modificar el auto de cuatro de junio del año en curso, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Huixtla, dentro de las constancias que integran el expediente 341/2019, relativo al juicio ordinario reivindicatorio, a efecto de que se admita la prueba de inspección judicial ofrecida por los demandados Eudocio Eliseo Pérez Cruz y Rosa Mérida Verdugo Escobar, únicamente en lo que respecta a los puntos detallados en los incisos a) , c) y d) ; más no así respecto a los diversos puntos b), e) y f); y, bajo esa tesitura, encomendó la práctica y desahogo de dicha prueba al Actuario Judicial adscrito al juzgado de origen (fojas 6-16); así como su ejecución. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso, se advierte que se actualiza una causa indudable de improcedencia, que motiva a desechar de plano la demanda de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdicción que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación por identidad jurídica en lo sustancial, la tesis V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al caso encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." El suscrito juzgador Federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". La resolución reclamada corresponde al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Eudocio Eliseo Pérez Cruz y Rosa Mérida Verdugo Escobar, en contra del auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Huixtla, dentro del expediente 341/2019, relativo al juicio ordinario reivindicatorio, a través del cual modificó auto recurrido, y como consecuencia admitió la prueba de inspección judicial ofrecida por los demandados Eudocio Eliseo Pérez Cruz y Rosa Mérida Verdugo Escobar, únicamente en lo que respecta a los puntos detallados en los incisos a) , c) y d) ; más no así respecto a los diversos puntos b), e) y f), encomendando la práctica y desahogo de dicha prueba al Actuario Judicial adscrito al juzgado de origen (fojas 6-16). Acto en contra del cual, el juicio de amparo es notorio e indudablemente improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley de la materia. En principio, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que, la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, indica que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, es evidente que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que significa que de conformidad con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, en los actos reclamados que no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda. Ahora bien, es preciso establecer que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, un "acto dentro de juicio cuyos efectos son de imposible reparación" y contra los cuales procede el amparo indirecto, es aquel que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, como la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, etcétera; sin que la huella de tal afectación quede borrada aun obteniendo el quejoso sentencia definitiva favorable a su interés. Bajo ese análisis, en los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y tales derechos deben afectar materialmente aquéllos de naturaleza sustantiva, expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado, no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues de ninguna manera impide el ejercicio de un derecho, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por tanto, no trae como consecuencia una ejecución irreparable, que es contra los actos respecto de los que procede el juicio de amparo biinstancial, ya que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa como son la libertad, la propiedad, la vida, etcétera, y que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos humanos. Entonces, al tratarse las violaciones reclamadas de tipo procedimental sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarlas a través del amparo biinstancial, ya que el hecho de que se haya admitido la prueba de inspección judicial ofertada por la parte demandada en el juicio de origen, constituyen violaciones procesales que podrían trascender o no, al fondo del asunto, por lo que aún puede obtener laudo a su favor. Máxime que, el hecho de admitir la aludida probanza, no entraña necesariamente una sentencia absolutoria, porque el Juez responsable, al igual que cualquier otro tribunal, tiene la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. Por lo cual, las posibles violaciones podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia correspondiente, en caso que le sea desfavorable, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es las que por esta vía impugna. A mayor abundamiento, la resolución reclamada no tiene la naturaleza de autónoma en la etapa en que se encuentra el juicio de origen, contra la que no procede la acción constitucional, pues según se advierte, no se afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, que la dejen sin defensa de sus derechos reconocidos en la Constitución. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna para hacer procedente la acción constitucional. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Belem Pérez Cruz apoderada legal de Apolinar Pérez Cruz, por improcedente, en términos del artículo 113, del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que al efecto indica en esta ciudad, y autorizando en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Ángel Custodio Reyes Marroquín y Jorge Alberto Rodríguez García, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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