Apolinar Lorenzo Modesto

Expediente 1204/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 28 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1204/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Apolinar Lorenzo Modesto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    PRAL.1204/2022.MESA-5 n Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Plazo para interposición de recurso. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se declaró que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho. 2. Firmeza del acuerdo de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Devolución de documental. En este expediente obra el acuse original del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, exhibido como prueba de la parte quejosa; de ahí que, con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere al quejoso Apolinar Lorenzo Modesto para que, en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger ese documento; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido al efectuarse la depuración de este expediente, sin previo acuerdo. 5. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo y los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Por haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es DEPURABLE; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, PRAL.1204/2022.MESA-5 n Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Plazo para interposición de recurso. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por el que se declaró que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho. 2. Firmeza del acuerdo de cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Devolución de documental. En este expediente obra el acuse original del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, exhibido como prueba de la parte quejosa; de ahí que, con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere al quejoso ******* para que, en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger ese documento; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el mismo será destruido al efectuarse la depuración de este expediente, sin previo acuerdo. 5. Archivo del expediente. Con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo y los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Por haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es DEPURABLE; por tanto, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes, este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique 1º que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, 2º realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1204/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de septiembre de este año, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que haya hecho alguna manifestación al respecto. Antecedentes. En esas condiciones, previo a emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es preciso efectuar la narración sucinta de los antecedentes de este juicio de amparo: El quejoso Apolinar Lorenzo Modesto reclamó del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones que promovió mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 28/2017 del extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, actualmente 131/2019 del inventario de la autoridad responsable. b) Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procediera en los términos siguientes: "Sin mayor dilación, en el plazo legal que corresponda, y con libertad de jurisdicción, emitir la resolución en la incidencia planteada por la parte quejosa mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, determinando si es o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017)." El trece de septiembre de este año se recibió el oficio 1450 signado por el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual informó y acreditó que el nueve de mayo de dos mil diecinueve había sido acordada la incidencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, planteada por el quejoso, por el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (quien conoció de la causa penal 28/2017, ahora 131/2019), y dicha determinación se había notificado al promovente y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia y, en razón de lo informado por la autoridad responsable en el oficio 1450, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dicha comunicación y sus anexos, a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera. Sin embargo, no hizo manifestación alguna al respecto. Inexistencia de materia para la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se evidencia que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo dictada en este asunto. Para evidenciarlo, es menester referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional en la etapa de ejecución pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior jerárquico, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Y que, por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, concluyó el máximo tribunal, que la ley prevé dos figuras que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: La imposibilidad material o jurídica y; La inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la segunda hipótesis, relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Con base en esas precisiones, se reitera que el efecto esencial de la sentencia en este asunto era que la autoridad responsable emitiera la resolución en la incidencia planteada por el quejoso Apolinar Lorenzo Modesto mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, determinando si era o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017). Y en relación a ello, el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, informó que la incidencia planteada por el quejoso en el escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve fue acordada por el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (quien conoció de la causa penal 28/2017, ahora 131/2019) el nueve de mayo de dos mil diecinueve; determinación que se notificó al quejoso y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Para sustentar su informe, la responsable exhibió copia certificada del a) auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 28/2017 del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro -foja 179-, con b) su constancia de notificación por instructivo al procesado Apolinar Lorenzo Modesto (aquí quejoso) y a su defensor particular William Méndez García (autorizado en términos amplios en este juicio) -fojas 179 reverso y 180-; así como c) del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, con sello de recepción de la misma fecha -fojas 181 a 186-. De dichas documentales, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, efectivamente, el nueve de mayo de dos mil diecinueve el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro acordó el escrito del procesado Apolinar Lorenzo Modesto que constituía el objeto de la sentencia de amparo. Al respecto, la autoridad jurisdiccional determinó: "Se da cuenta con el escrito del procesado Apolinar Lorenzo Modesto, recibido el veinticuatro de abril del presente año; visto su contenido, se le dice que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones que pretende hacer valer, toda vez que lo que solicita que se declare nulas las actuaciones que menciona, esto ya fue motivo de estudio en el juicio de amparo número 659/2018 promovido por el citado procesado, tan es así que el Juez Federal ordenó la reposición del procedimiento por el motivo de que al recibirle su declaración preparatoria no se le nombró perito intérprete que conozca de su lengua zapoteca, por ello no ha lugar a lo que solicita." Determinación que se notificó al quejoso y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Por lo anterior, se reitera que en este asunto no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, debido a que ya no existe la condición que motivó la concesión del amparo, esto es, la omisión de la autoridad responsable de determinar si era o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017), promovida por el quejoso mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sin que sea dable considerar que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento, dado que no se está en presencia de un factor que impida restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, sino que dejó de existir la condición que originó que se concediera el amparo al quejoso. Por tal razón, no ha lugar a enviar los autos al Tribunal Colegiado, pues en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo, sino la falta de materia para la ejecución de la sentencia en términos del artículo 214 de dicha ley, que no dispone la remisión de los autos al tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.4o.T.17 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Exhortación a la autoridad responsable. Por último, resulta importante destacar que la demanda de amparo que dio origen a este asunto se depositó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, y se recibió en este órgano jurisdiccional el once siguiente -foja 2-; radicándose el juicio mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que, entre otros aspectos, se solicitó informe justificado al juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se le requirió que exhibiera todas las constancias necesarias para apoyar su informe y, además, que informara si se había promovido diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado, sus antecedentes o asuntos relacionados o contra actos derivados del expediente de origen. Y al rendir el informe, la autoridad responsable únicamente negó el acto reclamado, pues refirió que en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017) no obraba escrito alguno presentado desde hace más de un año (tomando como referencia la fecha del informe, 23-noviembre-2021) en donde se hubiera promovido el incidente referido por el quejoso -foja 16-. Sin embargo, dicha negativa fue desvirtuada por el quejoso con el acuse original del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la causa penal 28/2017 del extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, actualmente 131/2019 del inventario de la autoridad responsable, mediante el cual promovió incidente de nulidad de actuaciones -fojas 138 a 143-. Constancia con la que se corrió traslado a la autoridad responsable con anticipación al dictado de la sentencia (diecisiete de agosto de dos mil veintidós -foja 144 en relación con la 151-). No obstante, fue hasta el trece de septiembre de dos mil veintidós cuando la responsable informó y acreditó que la incidencia planteada por el quejoso había quedado acordada desde el nueve de mayo de dos mil diecinueve; es decir, mucho antes de que se presentara la demanda de amparo. Además que fue hasta ese informe (13/09/2022) cuando remitió las constancias relacionadas con el acto reclamado, y de las mismas este Juzgado advirtió, incluso, que había sido promovido diverso juicio de amparo en esa causa penal; sin que lo informara así la autoridad responsable. Lo anterior, evidencia una falta de diligencia en la atención de este asunto por parte de la autoridad responsable, pues no rindió el informe justificado de manera completa, ni con información real, basada en la información que obraba en su expediente penal. De hecho, ni siquiera informó lo conducente hasta antes del dictado de la sentencia, pese a que en este expediente obra la constancia con la que se demuestra que se le corrió traslado con la prueba documental que el quejoso exhibió para desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; y pese a ello, la autoridad fue omisa en acreditar que el objeto del amparo se encontraba satisfecho, pudiéndose suponer, incluso, que omitió información a esta autoridad federal, pues además se desahogó una inspección en el expediente de origen, sin que señalara la actuación procesal que había atendido la petición del quejoso. Sin que la conducta de la responsable pueda justificarse en el hecho de que el escrito que constituye el origen del acto reclamado no se haya presentado ante el Juzgado Tercero de lo Penal, pues tal circunstancia se debe a que, a la fecha en que se presentó la promoción (24-abril-2019), la causa penal 28/2017 estaba radicada ante el extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro; sin embargo, el citado proceso penal se transfirió al Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, identificándose con el registro 131/2019, de conformidad con el Acuerdo General 47/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que, desde ese momento, la autoridad responsable asumió la competencia para conocer del procedimiento penal del quejoso. Por lo expuesto, se exige a la autoridad responsable que, en lo subsecuente, atienda los requerimientos que se le formulen en los juicios de amparo en los que intervenga, en el ámbito de su función jurisdiccional, con la debida diligencia, en aras de velar por la correcta administración de justicia y tutelar el derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; evitando incurrir en omisiones que conlleven la práctica de actuaciones procesales innecesarias en este órgano jurisdiccional. Por los principios que desarrolla, es aplicable la tesis XI.1o.A.T. J/16 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "LEALTAD PROCESAL. ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. Los principios de buena fe y de lealtad y probidad procesales deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en relación con el derecho que se pretende, como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro de la buena fe están los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, no ofrecer pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos esenciales a la causa y no obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento normal del proceso. Por su parte, el principio de lealtad y probidad se conforma por el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético a que deben ajustar su comportamiento todos los sujetos procesales (partes, procuradores, abogados, entre otros), consistente en el deber de ser veraces y proceder con ética profesional, para hacer posible el descubrimiento de la verdad. Esto es, la lealtad procesal es consecuencia de la buena fe y excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada e, inclusive, las inmoralidades de todo orden; de ahí que no puede darse crédito a la conducta de las partes que no refleja una lealtad al proceso." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1204/2021 Acuerdo: PRAL.1204/2021.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintinueve de septiembre de este año, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo; sin que haya hecho alguna manifestación al respecto. Antecedentes. En esas condiciones, previo a emitir el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es preciso efectuar la narración sucinta de los antecedentes de este juicio de amparo: El quejoso Apolinar Lorenzo Modesto reclamó del juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de resolver el incidente de nulidad de actuaciones que promovió mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, en la causa penal 28/2017 del extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, actualmente 131/2019 del inventario de la autoridad responsable. b) Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, procediera en los términos siguientes: "Sin mayor dilación, en el plazo legal que corresponda, y con libertad de jurisdicción, emitir la resolución en la incidencia planteada por la parte quejosa mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, determinando si es o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017)." El trece de septiembre de este año se recibió el oficio 1450 signado por el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual informó y acreditó que el nueve de mayo de dos mil diecinueve había sido acordada la incidencia de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, planteada por el quejoso, por el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (quien conoció de la causa penal 28/2017, ahora 131/2019), y dicha determinación se había notificado al promovente y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia y, en razón de lo informado por la autoridad responsable en el oficio 1450, se ordenó dar vista a la parte quejosa con dicha comunicación y sus anexos, a fin de que alegara lo que a su derecho conviniera. Sin embargo, no hizo manifestación alguna al respecto. Inexistencia de materia para la ejecución de la sentencia. De lo expuesto, se evidencia que no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo dictada en este asunto. Para evidenciarlo, es menester referir que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 262/2016, en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional en la etapa de ejecución pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior jerárquico, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Y que, por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, concluyó el máximo tribunal, que la ley prevé dos figuras que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: La imposibilidad material o jurídica y; La inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original (artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo). En cambio, la segunda hipótesis, relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada (artículo 214 de la Ley de Amparo). Con base en esas precisiones, se reitera que el efecto esencial de la sentencia en este asunto era que la autoridad responsable emitiera la resolución en la incidencia planteada por el quejoso Apolinar Lorenzo Modesto mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, determinando si era o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017). Y en relación a ello, el juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, informó que la incidencia planteada por el quejoso en el escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve fue acordada por el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (quien conoció de la causa penal 28/2017, ahora 131/2019) el nueve de mayo de dos mil diecinueve; determinación que se notificó al quejoso y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Para sustentar su informe, la responsable exhibió copia certificada del a) auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve dictado en la causa penal 28/2017 del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro -foja 179-, con b) su constancia de notificación por instructivo al procesado Apolinar Lorenzo Modesto (aquí quejoso) y a su defensor particular William Méndez García (autorizado en términos amplios en este juicio) -fojas 179 reverso y 180-; así como c) del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, con sello de recepción de la misma fecha -fojas 181 a 186-. De dichas documentales, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, efectivamente, el nueve de mayo de dos mil diecinueve el juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro acordó el escrito del procesado Apolinar Lorenzo Modesto que constituía el objeto de la sentencia de amparo. Al respecto, la autoridad jurisdiccional determinó: "Se da cuenta con el escrito del procesado Apolinar Lorenzo Modesto, recibido el veinticuatro de abril del presente año; visto su contenido, se le dice que no ha lugar a tramitar el incidente de nulidad de actuaciones que pretende hacer valer, toda vez que lo que solicita que se declare nulas las actuaciones que menciona, esto ya fue motivo de estudio en el juicio de amparo número 659/2018 promovido por el citado procesado, tan es así que el Juez Federal ordenó la reposición del procedimiento por el motivo de que al recibirle su declaración preparatoria no se le nombró perito intérprete que conozca de su lengua zapoteca, por ello no ha lugar a lo que solicita." Determinación que se notificó al quejoso y a su defensor particular el doce de junio de dos mil diecinueve. Por lo anterior, se reitera que en este asunto no existe materia para la ejecución de la sentencia de amparo, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, debido a que ya no existe la condición que motivó la concesión del amparo, esto es, la omisión de la autoridad responsable de determinar si era o no procedente la nulidad de las actuaciones procesales en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017), promovida por el quejoso mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sin que sea dable considerar que existe imposibilidad jurídica para el cumplimiento, dado que no se está en presencia de un factor que impida restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, sino que dejó de existir la condición que originó que se concediera el amparo al quejoso. Por tal razón, no ha lugar a enviar los autos al Tribunal Colegiado, pues en el caso no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, relativa a una imposibilidad para cumplir con una ejecutoria de amparo, sino la falta de materia para la ejecución de la sentencia en términos del artículo 214 de dicha ley, que no dispone la remisión de los autos al tribunal colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.4o.T.17 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE SI EN EL JUICIO ORIGINAL EL ACTOR DESISTIÓ DE LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECLARAR SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Y NO ENVIAR LOS AUTOS DEL JUICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO.", el Máximo Tribunal determinó que cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, y si no se interpone el recurso de inconformidad, debe aplicar, por analogía, el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura -puntualizó el Pleno- que una determinación de esa naturaleza sea revisada de oficio por el superior jerárquico del a quo que, en el caso, lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, cuando en el juicio original el actor desistió de la acción principal, no debe seguirse el trámite aludido, porque el desistimiento, invariablemente, produce la pérdida de los derechos subjetivos correspondientes y, como consecuencia lógica y legal, no puede alegarse la existencia de la violación de derechos fundamentales que dio vida al juicio de amparo; en otras palabras, no puede existir un agraviado si no existe el derecho subjetivo respecto del que se alega la violación. En consecuencia, el Juez no debe enviar el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito, pues no podría revisarse el cumplimiento de la sentencia de amparo ante la renuncia expresa y personal de derechos subjetivos, ya que ese pronunciamiento pierde todo sentido y eficacia y, en su caso, el juzgador debe declarar sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo." Exhortación a la autoridad responsable. Por último, resulta importante destacar que la demanda de amparo que dio origen a este asunto se depositó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, y se recibió en este órgano jurisdiccional el once siguiente -foja 2-; radicándose el juicio mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que, entre otros aspectos, se solicitó informe justificado al juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se le requirió que exhibiera todas las constancias necesarias para apoyar su informe y, además, que informara si se había promovido diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado, sus antecedentes o asuntos relacionados o contra actos derivados del expediente de origen. Y al rendir el informe, la autoridad responsable únicamente negó el acto reclamado, pues refirió que en la causa penal 131/2019 (antes 28/2017) no obraba escrito alguno presentado desde hace más de un año (tomando como referencia la fecha del informe, 23-noviembre-2021) en donde se hubiera promovido el incidente referido por el quejoso -foja 16-. Sin embargo, dicha negativa fue desvirtuada por el quejoso con el acuse original del escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dirigido a la causa penal 28/2017 del extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro, actualmente 131/2019 del inventario de la autoridad responsable, mediante el cual promovió incidente de nulidad de actuaciones -fojas 138 a 143-. Constancia con la que se corrió traslado a la autoridad responsable con anticipación al dictado de la sentencia (diecisiete de agosto de dos mil veintidós -foja 144 en relación con la 151-). No obstante, fue hasta el trece de septiembre de dos mil veintidós cuando la responsable informó y acreditó que la incidencia planteada por el quejoso había quedado acordada desde el nueve de mayo de dos mil diecinueve; es decir, mucho antes de que se presentara la demanda de amparo. Además que fue hasta ese informe (13/09/2022) cuando remitió las constancias relacionadas con el acto reclamado, y de las mismas este Juzgado advirtió, incluso, que había sido promovido diverso juicio de amparo en esa causa penal; sin que lo informara así la autoridad responsable. Lo anterior, evidencia una falta de diligencia en la atención de este asunto por parte de la autoridad responsable, pues no rindió el informe justificado de manera completa, ni con información real, basada en la información que obraba en su expediente penal. De hecho, ni siquiera informó lo conducente hasta antes del dictado de la sentencia, pese a que en este expediente obra la constancia con la que se demuestra que se le corrió traslado con la prueba documental que el quejoso exhibió para desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; y pese a ello, la autoridad fue omisa en acreditar que el objeto del amparo se encontraba satisfecho, pudiéndose suponer, incluso, que omitió información a esta autoridad federal, pues además se desahogó una inspección en el expediente de origen, sin que señalara la actuación procesal que había atendido la petición del quejoso. Sin que la conducta de la responsable pueda justificarse en el hecho de que el escrito que constituye el origen del acto reclamado no se haya presentado ante el Juzgado Tercero de lo Penal, pues tal circunstancia se debe a que, a la fecha en que se presentó la promoción (24-abril-2019), la causa penal 28/2017 estaba radicada ante el extinto Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial del Centro; sin embargo, el citado proceso penal se transfirió al Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial del Centro el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, identificándose con el registro 131/2019, de conformidad con el Acuerdo General 47/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por lo que, desde ese momento, la autoridad responsable asumió la competencia para conocer del procedimiento penal del quejoso. Por lo expuesto, se exige a la autoridad responsable que, en lo subsecuente, atienda los requerimientos que se le formulen en los juicios de amparo en los que intervenga, en el ámbito de su función jurisdiccional, con la debida diligencia, en aras de velar por la correcta administración de justicia y tutelar el derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; evitando incurrir en omisiones que conlleven la práctica de actuaciones procesales innecesarias en este órgano jurisdiccional. Por los principios que desarrolla, es aplicable la tesis XI.1o.A.T. J/16 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto: "LEALTAD PROCESAL. ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN. Los principios de buena fe y de lealtad y probidad procesales deben basarse en la búsqueda de la verdad, tanto en relación con el derecho que se pretende, como en la forma en que se aplica o se sigue para conseguirlo. Así, dentro de la buena fe están los deberes específicos de exponer los hechos con veracidad, no ofrecer pruebas inútiles o innecesarias, no omitir o alterar maliciosamente los hechos esenciales a la causa y no obstaculizar ostensible y reiteradamente el desenvolvimiento normal del proceso. Por su parte, el principio de lealtad y probidad se conforma por el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético a que deben ajustar su comportamiento todos los sujetos procesales (partes, procuradores, abogados, entre otros), consistente en el deber de ser veraces y proceder con ética profesional, para hacer posible el descubrimiento de la verdad. Esto es, la lealtad procesal es consecuencia de la buena fe y excluye las trampas judiciales, los recursos torcidos, la prueba deformada e, inclusive, las inmoralidades de todo orden; de ahí que no puede darse crédito a la conducta de las partes que no refleja una lealtad al proceso." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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