Apolinar Lorenzo Angeles

Expediente 257/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
257/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Apolinar Lorenzo Angeles
  • Instituto Mexicano del Seguro Social. (Ciudad)
  • Zaira Cruz Monroy

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce, en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo de la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como del expediente agrario 215/2020-14, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, devuélvase este expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante oficio 4635, se remitió al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Catorce en el Estado Hidalgo, la ejecutoria emitida en este asunto y el expediente agrario 215/2020-14, tal como se advierte de la constancia de notificación agregada a foja 89 de autos. Luego, al haberse sobreseído el amparo, a través del fallo dictado en este expediente, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado. Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIÓ: "PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.- SEGUNDO.- SE DECLARA SIN MATERIA EL AMPARO ADHESIVO." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON EL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. VISTO el proyecto de resolución presentado en sesión de veinte de abril del año que transcurre, por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el amparo directo agrario 257/2022, promovido por ********************, en el cual se propone sobreseer en el juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con base en lo siguiente: "[.] OCTAVO. La sentencia reclamada y los conceptos de violación vertidos en el principal, son trascritos con carácter informativo, en virtud de que, en la especie, se actualiza una causa de improcedencia que impone sobreseer en el juicio de garantías. En efecto, conviene recordar que el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y por ello deben estudiarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no, pues así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: (se transcribe). Para sostener tal conclusión es necesario precisar que, en la sentencia reclamada, se tuvo por acreditada la procedencia de la acción de nulidad de contrato de compraventa, celebrado entre el extinto ejidatario ******************** y ********************, aquí quejoso, el cuatro de febrero de dos mil uno, respecto de dos fracciones de la parcela ********************, ubicada en el poblado de ********************, municipio de Metztitlán, Hidalgo: (se transcribe). Por otra parte, por oficio TUA-UJ-********************/2023, de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, el tribunal responsable manifestó que, en el expediente agrario ********************/2021-DTO.14, en el cual ********************, quejoso en el juicio de garantías que aquí se resuelve, demando de ******************** y del Registro Agrario Nacional en Hidalgo, la nulidad de la designación de lista de sucesores realizado por el extinto ejidatario ********************, las partes habían llegado a un convenio conciliatorio, el cual fue aprobado y elevado la categoría de cosa juzgada, dictando resolución el quince del mes y año citados, declarando sin materia el litigio, de la cual acompañó copia certificada, y que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). Lo anterior evidencia que el ahora quejoso, y tercero interesado en el diverso juicio agrario ********************/2021-14, manifestaron su voluntad de dar por concluida la controversia agraria, con motivo de la nulidad de la lista de sucesores, respecto de la parcela ********************, ubicada en el poblado de ********************, municipio de Metztitlán, Hidalgo. Esa resolución, tiene impacto legal en la sentencia dictada en el diverso juicio agrario ********************/2022-14, en el cual ********************, demandó de ********************, la nulidad del contrato de compraventa celebrado con el extinto ejidatario ********************, respecto de dos fracciones de la parcela antes descrita, pues en el convenio se estipula que también es para darlo por concluido, como se advierte de la siguiente transcripción: (se transcribe). En relación a esta causa de improcedencia, debe decirse que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejado determinados efectos jurídicos, que deben concretarse en alguna medida en la esfera jurídica del gobernado, y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo, con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de garantías tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el juicio de garantías es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones a las garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido transgredidas; para tal efecto, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta, a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a emitir, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, la causa de improcedencia que se analiza, toma en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que, el acto reclamado, fije una condena que debe cumplirse en favor de otro, lo que generalmente acontece en resoluciones judiciales que dirimen un conflicto entre particulares, como sucedió en la especie. Así las cosas, si al encontrarse pendiente de resolver el juicio de garantías promovido por el actor quejoso, las partes llegaron a un convenio conciliatorio para dar por concluido el juicio agrario, es dable concluir que, aun cuando la sentencia reclamada que declaró procedente la acción de nulidad de contrato de compraventa respecto de dos fracciones de la parcela ********************, ubicada en el poblado de ********************, municipio de Metztitlán, Hidalgo, subsiste el objeto o materia del mismo dejó de existir. Es importante establecer que el cumplimiento del convenio, en manera alguna constituye un efecto jurídico de la sentencia reclamada, que deje huella en la esfera jurídica del quejoso, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que en su caso llegara a emitirse. Así, la violación a las garantías que impugnó en su demanda ********************, permite que los efectos del acto reclamado dejen de existir, así como cada una de las prestaciones a que fue condenado, al haber celebrado las partes dicho convenio, obligándose a pasar por él, como si se tratara de una sentencia debidamente ejecutoriada. Por su contenido se invoca el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XII, agosto de 2000, con número de registro 191327, que literalmente reza: "ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." (Se transcribe texto). En el contexto jurídico anterior, al actualizarse las causas de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V del ordenamiento legal citado. [.].". Por lo que, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es necesario que se dé vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, consultable con el número de registro 2008790, en la página 8 del libro 17, abril de 2015, tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.". En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra en estado de resolución final, dese vista al quejoso ********************, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga, exclusivamente con relación a la causa de improcedencia del acto reclamado, bajo el entendido de que la misma deberá ser publicada en lista electrónica, y las manifestaciones que considere pertinentes podrán ser presentadas directamente ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiado de este Circuito (OPC), Buzón Judicial, o bien, mediante el portal de servicios en línea. Hecho lo anterior, devuélvanseme los presentes autos, para formular el proyecto de resolución correspondiente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · 9,238 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano