Apolinar Gutierrez Aguilar

Expediente 162/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
162/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
10/03/2017

Partes del expediente

  • Apolinar Gutierrez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    IIIVisto para resolver el juicio de amparo indirecto 162/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Apolinar Gutiérrez Aguilar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: III.- AUTORIDADES RESPONSABLE EN SU CARÁCTER DE ORDENADORAS Y EJECUTORAS. 1) DIRECTOR GENERAL del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Rancho la Palma sin número, colonia Santa Juana, código postal 06720, Almoloya de Juárez, Estado de México. II).- ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DE LAS ÁREAS DE GUARDA Y CUSTODIA, del Centro Federal de Readaptación Social número "1", Altiplano, con domicilio ubicado en Rancho la Palma, Municipio de Almoloya, Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS 1. El traslado de estancia en perjuicio de mi salud y calidad de vida. 2. La falta de atención médica para mi persona." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los protegidos por los artículos 1, 4, 8, 13, 14, 16, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se registró con el juicio de amparo indirecto 162/2017-III; por auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, se admitió la demanda; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto que afecta la libertad, que se pretende ejecutar dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado se hace consistir en: a. La orden de traslado del quejoso de una estancia a otra en perjuicio de su salud y calidad de vida. b. La falta de atención médica. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Directora General y el Encargado de la Dirección de Seguridad y de las Áreas de Guarda y Custodia, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado consistente en: a. La orden de traslado del quejoso de una estancia a otra en perjuicio de su salud y calidad de vida. Sin que el quejoso haya aportado prueba idónea tendente a desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables; por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que a dicho acto se refiere. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Directora General y el Encargado de la Dirección de Seguridad y de las Áreas de Guarda y Custodia, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, México, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado consistente en la falta de atención médica. Sin embargo, manifestaron que se le ha proporcionado al quejoso Apolinar Gutiérrez Aguilar la atención médica debida a través del personal médico, pues incluso el quejoso fue valorado por medicina general el ocho de febrero del año en curso, adjuntando copia certificada de la nota médica correspondiente con las que se acredita su dicho; de lo que resulta evidente que la atención médica que se le proporcionó al quejoso, fue con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (treinta y uno de enero de dos mil diecisiete). Lo que se traduce en la existencia del acto reclamado por el quejoso. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia ya sea las hagan valer las partes o se adviertan de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se estima que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la falta de atención médica del quejoso Apolinar Gutiérrez Aguilar. Se dice lo anterior, pues por una parte, el quejoso promovió su demanda el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete y por otra parte, las autoridades penitenciarias responsable remitieron copias certificadas de las constancias de valoración médica de ocho de febrero del año en curso, expedida en favor del quejoso, de la que se advierte que fue valorado por medicina general el ocho de febrero de dos mil diecisiete, diagnosticándole estreñimiento crónico, se le dio tratamiento médico higiénico dietético, también se le indicó senosidos A Y B 0-0-2, por un mes, señalando seguimiento por medicina general. Documentales a las cuales, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles; en consecuencia, debe estimarse que el acto reclamado citado ya no le agravia, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse contra sus derechos fundamentales ya fue reparada como si se les hubiere concedido la protección federal; lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, porque los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, la improcedencia referida se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado sobre la negativa de atención médica, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Luego, eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia ya no existe en la realidad, y en consecuencia de ello no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, pues ya no existiría garantía individual que reparar, dado que la falta de atención médica de que se dolía el solicitante de la tutela constitucional, ha quedado jurídicamente inexistente al haber sido brindada el ocho de febrero de dos mil diecisiete; de manera que se ha constituido legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes de la conducta negativa de prestar la atención médica al quejoso. Sobre esa base, al no ser dable a este juzgador emprender el análisis del acto reclamado, por las razones expuestas con antelación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Sirven de sustento a este razonamiento, las Jurisprudencias 103 y 415, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Páginas 81 y 356, de rubros y textos siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, fracción III, 77, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Apolinar Gutiérrez Aguilar, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN LOS QUEJOSOS EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo resolvió el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Breyman Labastida Martínez, quien actúa ante el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta enviado por la Secretaria en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por el que cual dicho órgano jurisdiccional solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, mediante oficio que sea remitido por fax o en su caso a través de correo electrónico oficial, hágasele del conocimiento que se sobreseyó el presente sumario constitucional mediante sentencia definitiva de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la cual causó estado procesal el veintiuno de octubre siguiente, al no ser ésta recurrida por el quejoso Jesús Salas Aguayo, en el plazo otorgado para tal efecto, en consecuencia, se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguense los oficios de cuenta a través de los cuales la Directora General y el encargado de la Dirección de Seguridad y de las Áreas de Guarda y Custodia, rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, las manifestaciones hechas por el quejoso en la notificación personal de catorce de febrero del presente año, toda vez que mediante fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete se resolvió el presente incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

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