Apolinar García García

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Apolinar García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 1136/2023, promovido por Apolinar García García, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 1136/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Apolinar García García, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Oral Sala "A" del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz. 25-26 RESUELTO 2. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Oral Sala "B" del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz. 25-26 RESUELTO 3. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Oral Sala "C" del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz. 25-26 RESUELTO 4. Juez Primero de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz. 32-35 RESUELTO 5. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva de Veracruz 27-28 RESUELTO 6. Director General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz 75 Niega (DESVIRTÚA) 7. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz. 36-38 RESUELTO 8. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz. 18 Inexistente 9. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz. 18 Inexistente 10. Jefes de Grupo de la Policía Ministerial del Estado con residencia en Veracruz, Veracruz. 18 Inexistente 11. Jefes de Grupo de la Policía Ministerial del Estado con residencia en Boca del Río, Veracruz. 20-21 RESUELTO 12. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Veracruz, Veracruz. 39-40 RESUELTO 13. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro con residencia en Boca del Río, Veracruz. 19 Inexistente De las que reclama la orden de aprehensión, detención y/o presentación, así como su ejecución. En auto de siete de noviembre del año en curso (foja 8 a 13) este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. SEGUNDO. En resolución interlocutoria de diecisiete de noviembre del año en curso se celebró la audiencia incidental respecto de las autoridades responsables identificadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 y 12; y, se reservó respecto de todas las demás autoridades señalándose nueva hora y fecha para su celebración, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. Por auto de veintidós de noviembre del año en curso (foja 78) se tuvo por inexistentes a las autoridades responsables 8. Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz, 9. Segundo Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Veracruz, Veracruz, 10. Jefes de Grupo de la Policía Ministerial del Estado con residencia en Veracruz, Veracruz y 13. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro con residencia en Boca del Río, Veracruz suspendiéndose toda comunicación con las mismas, razón por la cual no es el caso de pronunciarse en la presente resolución respecto de ellas. Orienta por similitud de casos, la jurisprudencia 1a./J. 111/2008. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Al no existir pruebas ofrecidas por las partes, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 6. Director General de la Policía Ministerial, con residencia en Xalapa, Veracruz, negó el acto que se le imputa; sin embargo, ya que tienen el carácter de autoridad ejecutora y por la naturaleza jurídica de las funciones que tienen encomendadas, debe tenerse el acto como de inminente ejecución, pues en cualquier momento pueden recibir la orden para su ejecución, respecto del aquí quejoso ya que la autoridad ordenadora 4. Juez Primero de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, reconoció el acto que se le imputa; lo anterior, en observancia además a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, debido a que en el caso media solicitud de la parte quejosa, no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social y de negarse la suspensión se ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación; aunado a ello, el juez responsable manifestó en su informe previo que el dos de mayo de dos mil veintidós, giró orden de reaprehensión contra el quejoso, por el delito de despojo, el cual no es considerado como grave, el cual no se encuentra entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto del siguiente acto reclamado. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN La medida cautelar tendrá el efecto de que la parte quejosa no se privada de su libertad personal por la orden de reaprehensión, hasta en tanto, se notifique la resolución que se emita sobre la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde deriva el presente incidente, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que este Juzgado, en uso de las atribuciones previstas en la fracción II del numeral 166 de la ley de la materia, de forma discrecional determina que dicha medida tampoco surtirá efecto alguno si se le sorprende en la comisión de flagrante delito o violando los reglamentos de la Policía y buen gobierno, o en su caso, si el mandamiento de captura reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables. ACLARACIÓN Sin que obste a la presente determinación los criterios sostenidos con anterioridad por este juzgado, respecto de los efectos de la suspensión de los actos privativos de libertad, en donde si bien se concedía la medida cautelar para el efecto de que la parte quejosa no fuera detenida, aun y cuando el delito por el que se había emitido el mandamiento de captura fuera de aquellos que ameritaran prisión preventiva oficiosa, ello obedecía a que se consideraba que dicha condición prevista en el numera 166 de la ley de la materia podría derivar en una distinción de trato vulnerable al principio de igualdad y no discriminación establecido en el arábigo 24 de la Convención Americana. Sin embargo, la presente medida suspensional se dicta a la luz del criterio por contradicción de criterios 46/2023, resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en sesión correspondiente al nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la cual resulta de carácter obligatorio para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. MEDIDAS DE SEGURIDAD Sin que sea el caso de imponer garantía al quejoso en la presente resolución, toda vez que ésta ya se le impuso por interlocutoria de diecisiete de noviembre pasado, esto es, exhibir garantía por la cantidad de$3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 Moneda Nacional) en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la que se fija discrecionalmente atendiendo a que se desconoce la situación económica real de la parte quejosa. Signifíquesele al quejoso que se encuentra transcurriendo el término para que exhiba la garantía, el cual fenecerá en cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente resolución. MEDIDA DE EFECTIVIDAD COMPARECER ANTE LA RESPONSABLE No obstante lo anterior, se le impone la obligación de comparecer ante el juez de la causa cuantas veces sea requerido, ya que la suspensión concedida tiene como finalidad devolver a la parte quejosa a la responsable, en caso de que le sea negado el amparo y para que no se sustraigan de la acción de la justicia, así como que la suspensión otorgada no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal correspondiente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a Apolinar García García, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que junto con la demanda de amparo, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitió diversa papeleta de turno de la que se advierte que el directo quejoso ******************** promovió diverso juicio de amparo el veintisiete de mayo y diez y catorce de junio de dos mil veintidós, que se encuentran radicados en el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Asimismo, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que en el índice estadístico del referido Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, se encuentran radicados los juicios de amparo 503/2022, 543/2022 y 549/2022, como enseguida se advierte: En esas condiciones, solicítese atentamente al Titular del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, con sede en el edificio, para que, de no tener inconveniente legal, ordene a quien corresponda se sirva remitir copia certificada de las principales constancias (papeleta de turno, demanda, auto admisorio, informes justificados, en su caso sentencia, auto que causo ejecutoria y cumplimiento) que integran los juicios de amparo 503/2022, 543/2022 Y 549/2022 promovidos por ********************, lo anterior para los efectos legales conducentes y estar en aptitud de acordar lo que conforme a derecho corresponda. De igual forma, en caso de considerarlo autorizar la consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) instaurado por el Consejo de la Judicatura Federal del mencionado juicio de amparo, para estar en aptitud de acordar lo que conforme a derecho corresponda. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el 4. Juez Primero de Primera Instancia del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la responsable de mérito, la documental que anexa a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese tres cuadernos de pruebas de dichas constancias, para el mejor manejo del presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: En atención a la certificación secretarial que antecede se advierte que este segundo tomo del juicio de amparo 1278/2021, promovido por ********************, es muy voluminoso; por ende, a fin de evitar el deterioro de los autos, fórmese el tercer tomo de este juicio para su mejor manejo, cerrándose el segundo tomo en la foja mil quinientos ochenta y uno, y continuándose el tercer tomo en la foja mil quinientos ochenta y dos de autos. Por otra parte, atento al escrito de cuenta, recibido en línea y signado de manera electrónica por ********************, autorizado de la parte quejosa, que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente: Atento al contenido de la misiva antes referida, téngasele haciendo manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se admitió la prueba testimonial ofrecida por la autorizada de la parte quejosa, reservándose la cita de los testigos hasta en tanto de autos se advirtiera el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, y como lo anterior ya aconteció, provéase lo conducente: Por cuanto hace a la testimonial a cargo de la funcionaria de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, ********************, procede el desechamiento de tal ateste, por haber sido ofrecida a cargo de una servidora pública que labora para la dependencia señalada como responsable, pues se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior se acuerda, toda vez que es un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en las actuaciones del diverso juicio de amparo ******************** del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, el pasado siete de julio, se acordó la promoción en la que el Director Jurídico y Representante Legal de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; informó que ********************, se encuentra activa como servidora pública, desempeñándose como Analista Jurídica adscrita a la Dirección Jurídica de esa Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, desde la fecha del ofrecimiento de su ateste en el presente asunto. Ahora, en relación a los testigos 1) ********************y 2) ********************, en cuanto a que la parte quejosa carece de imperio para presentarlos pues al efecto proporciona los domicilios en los cuales pueden ser notificados; se comisiona a cualquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este Juzgado, para que se constituya en el domicilio ubicado en ********************, a fin de que les notifique el presente proveído y les haga de su conocimiento que deberán comparecer con identificación vigente ante este Juzgado, el día y hora que se señalen en el presente acuerdo. Apercibidos dichos testigos que en caso de no comparecer en la fecha y hora señaladas, o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor el testigo que no comparezca, a una multa de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el disímil 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se aprecia que obra el oficio número 3361/2023, signado por el Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en la Localidad de Cabezas, Municipio de Puente Nacional, Veracruz, el cual en acatamiento a la ejecutoria de amparo, remitió copias certificadas del similar RPP/BDR/P-39885/3124/2023, signado por el Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Segunda Zona Registral, con sede en esta localidad. De este modo, se aprecia que el referido Encargado del Registro Público, manifestó haber realizado anotación #2 en la inscripción número 1995 del volumen 100, sección primera de siete de marzo de dos mil diecisiete, la cual otorgó formalidad a la prescripción positiva del inmueble consistente en el lote de terreno número cuatro A, de la manzana once y casa habitación de la calle Francisco Villa, de la Colonia Rigo, en Boca del Río, Veracruz, a favor de los aquí tercero interesados María del Consuelo Barthel Parral y Verónica Villar Pérez. Ahora bien, dicha anotación ordenó dejar sin efectos la escritura ciento siete mil doscientos cincuenta y seis de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis; sin embargo de la referida escritura se aprecia una diversa anotación identificada como nota #1 la cual cita lo siguiente: En ese orden de ideas, del análisis de las referidas documentales, se aprecia una diversa venta del citado inmueble a favor de Rosendo Díaz Jerónimo, formalizada bajo la inscripción número 2001 del volumen 101, sección primera de ocho de marzo de dos mil diecisiete; por tanto, resulta necesario dejar sin efectos la escritura pública que contiene la compraventa del multicitado inmueble; toda vez que deriva precisamente de la resolución cuya nulidad se determinó en la sentencia de amparo, independientemente de que esto no fue detallado específicamente al concederse el amparo; sin embargo debe tenerse como una consecuencia directa e inmediata, a fin de que, con base en artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, el quejoso sea restablecido en el pleno goce del derecho violado, para que todo quede como se encontraba antes de la violación. En ese contexto, el hecho no cancelar dicha compraventa, afecta el derecho del solicitante de amparo de disponer de dicho inmueble lo que constituye una limitante que incluso provoca inseguridad jurídica, ya que el inconforme no quedó restituido plenamente en el goce del derecho que le fue transgredido y las cosas tampoco se restablecieron al estado que guardaban antes de la violación cometida en su contra derivada primordialmente de un emplazamiento que fue declarado ilegal, por lo que se concedió el amparo al quejoso. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, SE REQUIERE a la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con sede en la Localidad de Cabezas, Municipio de Puente Nacional, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional en copias certificadas las constancias en donde se acredite la cancelación de la inscripción número 2001 del volumen 101, sección primera de ocho de marzo de dos mil diecisiete, que ampara la venta del citado inmueble a favor de Rosendo Díaz Jerónimo, así como las subsecuentes al derivar del emplazamiento declarado ilegal. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." 2 "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada."3 En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

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