Apolinar Francisco Maldonado Rosales
Expediente 592/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Apolinar Francisco Maldonado Rosales
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Se ordena archivo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. ( Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cinco de junio de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguense los oficios signados por el Presidente y Coordinadora de Actuarios, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Por otra parte, se tiene a la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, ofreciendo la prueba documental publica, consistente en copia certificada del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés y su notificación, dictado dentro del expediente laboral ********************; las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes. Con el contenido de los informes de mérito y anexo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que la promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que, tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que, al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que se deba hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala el acto siguiente: "(.) la omisión de la responsable en dictar el acuerdo que hubiera recaído a la promoción de veinte de abril de dos mil veintitrés, presentada por el quejoso y recepcionada por la responsable en esa misma fecha, mediante la que se solicita se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés, de manera pronta y expedita (.). Y del actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala el acto siguiente: "(.) la omisión franca e ilegal de llevar a cabo la notificación del auto, que en su caso, hubiera dictado la presidencia responsable, responsable, respecto de la promoción de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés y como consecuencia la omisión de dar continuidad al procedimiento de ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés (.)". Lo anterior, pues la parte quejosa estima que las omisiones reclamadas vulneran su derecho fundamental reconocido en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el veintiséis de mayo del año en curso, se acordó el escrito de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente laboral 1/2018-1, así mismo, el uno de junio de dos mil veintitrés, le fue notificado al quejoso el auto de requerimiento pago y embargo que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento (auto de requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente laboral 1/2018-1 y notificarse al quejoso dicho proveído), los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, consistentes en ".la omisión de la responsable en dictar el acuerdo que hubiera recaído a la promoción de veinte de abril de dos mil veintitrés, presentada por el quejoso y recepcionada por la responsable en esa misma fecha, mediante la que se solicita se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés, de manera pronta y expedita. y "(.) la omisión franca e ilegal de llevar a cabo la notificación del auto, que en su caso, hubiera dictado la presidencia responsable, responsable, respecto de la promoción de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés y como consecuencia la omisión de dar continuidad al procedimiento de ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés (.)" en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
A las nueve horas del nueve de junio de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejoso Apolinar Francisco Maldonado Rosales, el contenido del proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, cinco de junio de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguense los oficios signados por el Presidente y Coordinadora de Actuarios, ambos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo informe justificado. Pruebas Por otra parte, se tiene a la autoridad Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, ofreciendo la prueba documental publica, consistente en copia certificada del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés y su notificación, dictado dentro del expediente laboral ********************; las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes. Con el contenido de los informes de mérito y anexo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que la promovente en su libelo de amparo reclamó lo siguiente: Ahora bien, de acuerdo a las constancias procesales, remitidas por la autoridad responsable a través del oficio de cuenta, pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que, tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que, al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que se deba hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala el acto siguiente: "(.) la omisión de la responsable en dictar el acuerdo que hubiera recaído a la promoción de veinte de abril de dos mil veintitrés, presentada por el quejoso y recepcionada por la responsable en esa misma fecha, mediante la que se solicita se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés, de manera pronta y expedita (.). Y del actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala el acto siguiente: "(.) la omisión franca e ilegal de llevar a cabo la notificación del auto, que en su caso, hubiera dictado la presidencia responsable, responsable, respecto de la promoción de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés y como consecuencia la omisión de dar continuidad al procedimiento de ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés (.)". Lo anterior, pues la parte quejosa estima que las omisiones reclamadas vulneran su derecho fundamental reconocido en el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de las documentales exhibidas por las autoridades responsable, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el veintiséis de mayo del año en curso, se acordó el escrito de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente laboral 1/2018-1, así mismo, el uno de junio de dos mil veintitrés, le fue notificado al quejoso el auto de requerimiento pago y embargo que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al emitirse la determinación en comento (auto de requerimiento de pago y embargo, dentro del expediente laboral 1/2018-1 y notificarse al quejoso dicho proveído), los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, consistentes en ".la omisión de la responsable en dictar el acuerdo que hubiera recaído a la promoción de veinte de abril de dos mil veintitrés, presentada por el quejoso y recepcionada por la responsable en esa misma fecha, mediante la que se solicita se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo, así como la omisión de dictar las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés, de manera pronta y expedita. y "(.) la omisión franca e ilegal de llevar a cabo la notificación del auto, que en su caso, hubiera dictado la presidencia responsable, responsable, respecto de la promoción de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés y como consecuencia la omisión de dar continuidad al procedimiento de ejecución del laudo de fecha quince de marzo del año dos mil veintitrés (.)" en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve ********************por su propio derecho, contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 592/2023-III. Admisión de demanda sin suspensión Atento a lo descrito en párrafos precedentes, y en atención a que la demanda satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ********************por su propio derecho, contra actos de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento Pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se le otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. En la inteligencia de que la copia de la demanda de amparo se adjuntará al oficio en el que se les notifique la apertura del incidente de suspensión. Causas de sobreseimiento De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsables Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Tercero interesados Resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. Domicilio Ahora bien, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que, de resultar inexacto, las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************por tratarse de materia laboral y ser el quejoso parte trabajadora en el juicio de origen. ( Comunicación no procesal Se tiene a la parte recurrente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público Adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.
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