Apolinar Castillejos Guzmán y Otros.
Expediente 316/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2019
Partes del expediente
- Apolinar Castillejos Guzmán y Otros.
- Apolinar Castillejos Guzmán
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Director del Centro de Reinserción Social Número 14 "El Amate", con residencia en Cintalapa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 316/2019-1-A. DESECHAMIENTO Previo al estudio de la procedencia de la demanda de amparo, es necesario precisar que el acto que en esta vía reclama el quejoso consiste en: ? "A) LA ILEGAL ORDEN DE NEGAR EL ACCESO AL CENTRO CARCELARIO DONDE ME ENCUENTRO ACTUALMENTE RECLUIDO, A MIS PERITOS PARTICULARES DE NOMBRES *** y ***, ASI COMO SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL MÉDIDO, A EFECTO QUE ME REALICEN UNA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA, CONFORME AL PROTOCOLO DE ESTAMBUL, A FIN DE VERIFICAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA COMETIDOS EN MI CONTRA POR PARTE DE AUTORIDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Así, quien esto resuelve, estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo, 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción XX del mismo dispositivo legal; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. Dicho principio dispone que previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Ahora bien, el acto que en esta vía reclama la parte amparista lo hace consistir en la negativa del Director del Centro de Reinserción Social de permitir a los peritos particulares el ingreso con sus instrumentos médicos a efectos de practicarle una evaluación médica y psicológica; negativa que reclama como impedimento para preparar las pruebas que habrá de ofrecer en la etapa intermedia. En efecto, la violación reclamada al estar directamente vinculada con la tramitación del juicio de origen (ofrecimiento de pruebas), ya que tiene relación con la negativa a facilitar que se lleve a cabo la pericial médica y psicológica del aquí accionante, se trata de una actuación dentro de la etapa de investigación complementaria o formalizada, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, atendiendo a la actuación que tiene el Juzgador endicha contienda, la negativa combatida pudo haber sido combatida a través del órgano jurisdiccional, cuya procedencia se encontraba definida por el artículo 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto que a la letra establece: "Artículo 326. Peticiones diversas a la acusación Cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el Juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes." Conforme a la interpretación sistemática del citado precepto, si bien no se define como tal el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere a la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, de dicho dispositivo se obtiene la existencia de un mecanismo que las parte pueden utilizar para formular al Juez de Control peticiones diversas a la acusación. Es decir, el dispositivo antes mencionado, da la oportunidad que, en la etapa de investigación complementaria, las partes eleven al juez de control peticiones que no se relacionen con la acusación, quien deberá resolverlas sin realizar sustanciación alguna, salvo disposición en contrario o que el propio juez estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes, ya que a través de dicho mecanismo pudo modificar, revocar o nulificar la negativa que ahora combate. Por lo que, debe colegirse que tal acto debe combatirse ante el Juez de Control, en términos de lo dispuesto en el artículo 326, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser el medio afín, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia, ya que a través tal medio la autoridad jurisdiccional estará en condiciones de determinar si accede a permitir el acceso que pide le sea concedido, destruyendo la negativa formulada por la autoridad carcelaria. Se considera esto, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea algún medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Así, se concluye que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, contenido parcialmente en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de acudir al amparo en contra del acto aquí reclamado, éste debió ser impugnado ante el Juez de Control, ya que atendiendo a la naturaleza del acto y los fines de la pretensión, así como la fase en que se encuentra el juicio penal, se puede lograr la modificación, revocación o nulificación, de la negativa aquí reclamada, conforme al artículo 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -legales-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, se concluye que la negativa de permitir el acceso a los peritos para que practiquen la evaluación médica y psicológica al aquí accionante del juicio de amparo en la causa penal 1/2019, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 326, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Director del Centro de Reinserción Social Número 14 "El Amate", con residencia en Cintalapa, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 316/2019-1-A. DESECHAMIENTO Previo al estudio de la procedencia de la demanda de amparo, es necesario precisar que el acto que en esta vía reclama el quejoso consiste en: ? "A) LA ILEGAL ORDEN DE NEGAR EL ACCESO AL CENTRO CARCELARIO DONDE ME ENCUENTRO ACTUALMENTE RECLUIDO, A MIS PERITOS PARTICULARES DE NOMBRES *** y ***, ASI COMO SU RESPECTIVO INSTRUMENTAL MÉDIDO, A EFECTO QUE ME REALICEN UNA EVALUACIÓN MÉDICA Y PSICOLOGICA, CONFORME AL PROTOCOLO DE ESTAMBUL, A FIN DE VERIFICAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA COMETIDOS EN MI CONTRA POR PARTE DE AUTORIDADES DEL ESTADO DE CHIAPAS". Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Así, quien esto resuelve, estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo, 61 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción XX del mismo dispositivo legal; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. Dicho principio dispone que previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Ahora bien, el acto que en esta vía reclama la parte amparista lo hace consistir en la negativa del Director del Centro de Reinserción Social de permitir a los peritos particulares el ingreso con sus instrumentos médicos a efectos de practicarle una evaluación médica y psicológica; negativa que reclama como impedimento para preparar las pruebas que habrá de ofrecer en la etapa intermedia. En efecto, la violación reclamada al estar directamente vinculada con la tramitación del juicio de origen (ofrecimiento de pruebas), ya que tiene relación con la negativa a facilitar que se lleve a cabo la pericial médica y psicológica del aquí accionante, se trata de una actuación dentro de la etapa de investigación complementaria o formalizada, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, atendiendo a la actuación que tiene el Juzgador endicha contienda, la negativa combatida pudo haber sido combatida a través del órgano jurisdiccional, cuya procedencia se encontraba definida por el artículo 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto que a la letra establece: "Artículo 326. Peticiones diversas a la acusación Cuando únicamente se formulen peticiones diversas a la acusación del Ministerio Público, el Juez de control resolverá sin sustanciación lo que corresponda, salvo disposición en contrario o que estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes." Conforme a la interpretación sistemática del citado precepto, si bien no se define como tal el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere a la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, de dicho dispositivo se obtiene la existencia de un mecanismo que las parte pueden utilizar para formular al Juez de Control peticiones diversas a la acusación. Es decir, el dispositivo antes mencionado, da la oportunidad que, en la etapa de investigación complementaria, las partes eleven al juez de control peticiones que no se relacionen con la acusación, quien deberá resolverlas sin realizar sustanciación alguna, salvo disposición en contrario o que el propio juez estime indispensable realizar audiencia, en cuyo caso convocará a las partes, ya que a través de dicho mecanismo pudo modificar, revocar o nulificar la negativa que ahora combate. Por lo que, debe colegirse que tal acto debe combatirse ante el Juez de Control, en términos de lo dispuesto en el artículo 326, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser el medio afín, previo a la promoción del juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad que rige esta materia, ya que a través tal medio la autoridad jurisdiccional estará en condiciones de determinar si accede a permitir el acceso que pide le sea concedido, destruyendo la negativa formulada por la autoridad carcelaria. Se considera esto, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea algún medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Así, se concluye que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, contenido parcialmente en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de acudir al amparo en contra del acto aquí reclamado, éste debió ser impugnado ante el Juez de Control, ya que atendiendo a la naturaleza del acto y los fines de la pretensión, así como la fase en que se encuentra el juicio penal, se puede lograr la modificación, revocación o nulificación, de la negativa aquí reclamada, conforme al artículo 326 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -legales-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, se concluye que la negativa de permitir el acceso a los peritos para que practiquen la evaluación médica y psicológica al aquí accionante del juicio de amparo en la causa penal 1/2019, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 326, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ***
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