Apolinar Canton Vázquez
Expediente 1643/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1643/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Apolinar Canton Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de julio de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: ...Protección de la justicia que se concede para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la resolución reclamada únicamente por cuanto hace a Apolinar Canton Vázquez; y bajo su más estricta responsabilidad con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, a efecto que el hoy solicitante de garantías se encuentre en posibilidad de enderezar su defensa en la forma que lo considere prudente." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de primero de junio siguiente, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora de mérito (fojas 121 a 123). Mediante oficio número 1534, signado por el citado Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 136 a 156); por lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de junio de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 158 y 159); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Apolinar Canton Vázquez, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión de veintiséis de junio de dos mil trece, librada en los autos de la causa penal 30/2013 de su índice, y en su lugar resolviera lo que en derecho correspondiera, pero purgando los vicios de forma, acatando de manera cabal la garantía de motivación que le impone para su actuar el artículo 16 párrafo primero de la Carta Magna, esto es, haciendo una apreciación detallada de los elementos que constituyen el cuerpo del delito que se le imputa al aquí quejoso, así como valorando íntegramente el material probatorio contenido en dicho proceso. Por lo tanto, del análisis a la resolución mediante la cual el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora aquí pronunciada, se desprende que el citado juez del orden común, dejó insubsistente la resolución que originó el juicio de amparo en que se actúa, y al avocarse nuevamente al estudio de las actuaciones que integran la causa penal 30/2013 de su índice, con fecha diez de junio de la presente anualidad, de nueva cuenta consideró dictar orden de aprehensión, y en consecuencia decretar su detención, en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. Resolución de la que se desprende, que la autoridad responsable al obsequiar una nueva orden de captura, analizó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, previsto por el artículo 217, fracción I, y sancionado por el diverso 216, Fracción IV, ambos del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz en la época de los hechos, mismo que en su momento originó el presente asunto; y en su lugar la responsable, del estudio realizado al material probatorio que obra en autos, así como del valor otorgado a cada uno de los medios de prueba, concatenándolos entre sí, determinó de nueva cuenta librar la correspondiente orden de aprehensión contra el aquí impetrante de garantías por cuanto hace al delito de que se le imputa, cometido en agravio del patrimonio de Tomás Óscar Torres Bartolotti y Carlota Espejo Morales, pues al analizar los elementos corpóreos del citado antisocial, consideró que se satisfacía en forma adecuada las exigencias del artículo 16 constitucional, fundamentando y motivando debidamente su decisión, en los términos indicados en la sentencia amparadora. De la misma manera, se advierte que para resolver en la forma en que lo hizo, analizó de nueva cuenta las pruebas que obran en el sumario, a la luz de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales, precisando los puntos que se le indicaron en la sentencia amparadora; esto es, precisó correctamente los elementos que configuran el delito de fraude que se le endilgó al aquí quejoso, analizando y demostrando la conducta que se actualizó en el caso concreto, estudiando a cabalidad los elementos que integran el proceso penal que se le instruye; de igual forma, señaló el alcance que le otorgó al material probatorio aportado en relación con la conducta desplegada por el aquí quejoso, llegando a la conclusión de que el indiciado fue quien probablemente el día de los hechos cometió el delito de fraude específico que se le atribuye, así como indicó las circunstancias de modo y lugar en que se suscitaron los hechos que son constitutivos del delito en cita, motivando su resolución de acuerdo a los lineamientos trazados en el fallo protector, dado que en el caso específico el activo no demostró que su actuar estuviera amparado legalmente, pues por el contrario, éste celebró una compraventa de un inmueble del que ya no tenía derecho disponer, puesto que ya lo había vendido con anterioridad, enajenación de la que obtuvo más del precio pactado, toda vez que el amparo únicamente se concedió por vicios de forma en la resolución combatida. Asimismo, debe precisarse que la resolución que aquí se analiza, fue emitida por la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, dado que este órgano federal únicamente analizó si existía violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa en la resolución que emitió la autoridad, así como los vicios de forma que fueron por los que se otorgó la protección constitucional. En relatadas circunstancias, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción I de Nueva Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, del ordenamiento legal en cita, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense por separado los cuadernos incidentales (original y duplicado) y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, así como a su superior jerárquico, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión, así como las resoluciones interlocutorias correspondientes. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional ambos cuadernos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SEIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a seis de julio de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el siete de abril de dos mil quince (fojas 70 a 94), este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 74, 75, 76, 77, 79 y 124, de la Ley de Amparo vigente a partir el tres de abril de dos mil trece, concedió el amparo y protección a Apolinar Canton Vázquez, en los siguientes términos: ".En las condiciones antes precisadas, lo que procede en la especie es concederse la protección de la justicia federal que solicita Apolinar Canton Vázquez. Protección de la justicia que se concede para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora deje insubsistente la resolución reclamada únicamente por cuanto hace a Apolinar Canton Vázquez; y bajo su más estricta responsabilidad con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, a efecto que el hoy solicitante de garantías se encuentre en posibilidad de enderezar su defensa en la forma que lo considere prudente." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de primero de junio siguiente, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora de mérito (fojas 121 a 123). Mediante oficio número 1534, signado por el citado Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 136 a 156); por lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de junio de la presente anualidad, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa así como de la tercero interesada, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 158 y 159); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Apolinar Canton Vázquez, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el acto reclamado, es decir, la orden de aprehensión de veintiséis de junio de dos mil trece, librada en los autos de la causa penal 30/2013 de su índice, y en su lugar resolviera lo que en derecho correspondiera, pero purgando los vicios de forma, acatando de manera cabal la garantía de motivación que le impone para su actuar el artículo 16 párrafo primero de la Carta Magna, esto es, haciendo una apreciación detallada de los elementos que constituyen el cuerpo del delito que se le imputa al aquí quejoso, así como valorando íntegramente el material probatorio contenido en dicho proceso. Por lo tanto, del análisis a la resolución mediante la cual el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora aquí pronunciada, se desprende que el citado juez del orden común, dejó insubsistente la resolución que originó el juicio de amparo en que se actúa, y al avocarse nuevamente al estudio de las actuaciones que integran la causa penal 30/2013 de su índice, con fecha diez de junio de la presente anualidad, de nueva cuenta consideró dictar orden de aprehensión, y en consecuencia decretar su detención, en contra del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico. Resolución de la que se desprende, que la autoridad responsable al obsequiar una nueva orden de captura, analizó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, previsto por el artículo 217, fracción I, y sancionado por el diverso 216, Fracción IV, ambos del Código Penal Vigente para el Estado de Veracruz en la época de los hechos, mismo que en su momento originó el presente asunto; y en su lugar la responsable, del estudio realizado al material probatorio que obra en autos, así como del valor otorgado a cada uno de los medios de prueba, concatenándolos entre sí, determinó de nueva cuenta librar la correspondiente orden de aprehensión contra el aquí impetrante de garantías por cuanto hace al delito de que se le imputa, cometido en agravio del patrimonio de Tomás Óscar Torres Bartolotti y Carlota Espejo Morales, pues al analizar los elementos corpóreos del citado antisocial, consideró que se satisfacía en forma adecuada las exigencias del artículo 16 constitucional, fundamentando y motivando debidamente su decisión, en los términos indicados en la sentencia amparadora. De la misma manera, se advierte que para resolver en la forma en que lo hizo, analizó de nueva cuenta las pruebas que obran en el sumario, a la luz de lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales, precisando los puntos que se le indicaron en la sentencia amparadora; esto es, precisó correctamente los elementos que configuran el delito de fraude que se le endilgó al aquí quejoso, analizando y demostrando la conducta que se actualizó en el caso concreto, estudiando a cabalidad los elementos que integran el proceso penal que se le instruye; de igual forma, señaló el alcance que le otorgó al material probatorio aportado en relación con la conducta desplegada por el aquí quejoso, llegando a la conclusión de que el indiciado fue quien probablemente el día de los hechos cometió el delito de fraude específico que se le atribuye, así como indicó las circunstancias de modo y lugar en que se suscitaron los hechos que son constitutivos del delito en cita, motivando su resolución de acuerdo a los lineamientos trazados en el fallo protector, dado que en el caso específico el activo no demostró que su actuar estuviera amparado legalmente, pues por el contrario, éste celebró una compraventa de un inmueble del que ya no tenía derecho disponer, puesto que ya lo había vendido con anterioridad, enajenación de la que obtuvo más del precio pactado, toda vez que el amparo únicamente se concedió por vicios de forma en la resolución combatida. Asimismo, debe precisarse que la resolución que aquí se analiza, fue emitida por la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, dado que este órgano federal únicamente analizó si existía violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa en la resolución que emitió la autoridad, así como los vicios de forma que fueron por los que se otorgó la protección constitucional. En relatadas circunstancias, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción I de Nueva Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, del ordenamiento legal en cita, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense por separado los cuadernos incidentales (original y duplicado) y archívese el presente asunto como concluido. Gírese oficio a la responsable que estuvo encargada de cumplir la ejecutoria de amparo, así como a su superior jerárquico, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el acuerdo en el que se decretó la citada suspensión, así como las resoluciones interlocutorias correspondientes. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional ambos cuadernos. ..
- Principal
... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dieciocho de junio de dos mil quince. Vistos; agréguense en el orden en que fueron presentados los oficios signados por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, en atención al primero de ellos, informa que a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio, dejó insubsistente el auto de veintiséis de junio de dos mil trece, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso Apolinar Canton Vázquez, dictada en autos de la causa penal 30/2013 de su índice. Lo anterior, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la ley de amparo en vigor. Por otro lado, con el segundo oficio de cuenta, la citada autoridad responsable remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en este asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la nueva Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y de estar de acuerdo con el referido cumplimiento, deberán manifestarlo por escrito y comparecer ante este Juzgado a ratificarlo en el mismo acto de su presentación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, a dieciocho de junio de dos mil quince. Vistos; agréguense en el orden en que fueron presentados los oficios signados por el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz, en atención al primero de ellos, informa que a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio, dejó insubsistente el auto de veintiséis de junio de dos mil trece, únicamente en cuanto a la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso Apolinar Canton Vázquez, dictada en autos de la causa penal 30/2013 de su índice. Lo anterior, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la ley de amparo en vigor. Por otro lado, con el segundo oficio de cuenta, la citada autoridad responsable remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en este asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la nueva Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y de estar de acuerdo con el referido cumplimiento, deberán manifestarlo por escrito y comparecer ante este Juzgado a ratificarlo en el mismo acto de su presentación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Se cita como apoyo a lo anterior por sus consideraciones, la tesis 1ª. XC/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 358, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión". Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a que se hace mención, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la Nueva Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por lista de acuerdos a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Zoila Flor Juárez San Martín, Secretaria quien autoriza y da fe...
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