Apolinar Ávila González
Expediente 920/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Apolinar Ávila González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de autos del que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio, sin que las partes hayan intentado recurso alguno en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como del conocimiento de las autoridades responsables la circunstancia anterior. DESTINO DE LOS EXPEDIENTES. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio, así como los cuadernos incidentales. DESTRUCCIÓN. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a) y c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente así como el original y duplicado del cuaderno incidental, son destruibles, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto, y se negó de forma provisional y definitiva la medida cautelar. Finalmente, en relación con la exhibición del o los documentos originales a cargo del quejoso, en auto admisorio se acordó respecto de su devolución...M-IV
- Principal
En Pachuca de Soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con el secretario Sergio Sánchez Mejorada Nájera, sin la asistencia personal de las partes o de persona alguna que las represente, situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con la circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por el diverso Acuerdo General 37/2020, se establece el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias para el desahogo de la presente audiencia; a fin de no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente la celebración de la presente de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en la presente audiencia, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución, se declara abierta la audiencia. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Y PRUEBAS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la primera etapa de la audiencia constitucional, en la que el secretario hace relación de autos y hace constar que se tienen las documentales que remitió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación. En esas condiciones, se acuerda: en virtud de que no existen probanzas que desahogar, se cierra el periodo relativo a la relación de constancias y la recepción de pruebas. ETAPA DE ALEGATOS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la fase de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló los que les correspondían; en esas condiciones, se declara cerrado el periodo. RESOLUCIÓN. Relacionadas las constancias, sin pruebas por desahogar y con alegatos, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA. PRIMERO. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 920/2020-IV-A, promovido por Apolinar Ávila González, contra actos del Concejo Municipal Interino; Área de Movilidad, Transporte y Prevención del Delito; y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; todos del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que hizo consistir en el cambio de la circulación vehicular de las calles Libertad, Primera de Mayo y Morelos, todas de la colonia Centro, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, así como la ejecución. ANTECEDENTES Juicio de amparo 920/2020-IV-A PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Dicho escrito fue recibido en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el once de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad.SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. El doce de noviembre de dos mil veinte, se radicó bajo el número de expediente 920/2020-IV-A; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: ° El cambio de la circulación vehicular de las calles Libertad, Primera de Mayo y Morelos, todas de la colonia Centro, en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, así como la ejecución.TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados del Director de Seguridad Pública y Tránsito, del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, pues así lo expuso al rendir su informe justificado y la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. Por lo anterior, debe sobreseerse el presente juicio, en términos de lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados del Concejo Municipal Interino y del Director de Movilidad y Transporte; y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, pues así lo manifestaron al rendir su informe. Existencia que se corrobora con las constancias que enviaron para sostener la constitucionalidad de su actuación, que merecen plena eficacia demostrativa de conformidad con lo preceptuado por los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos de naturaleza pública. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. No habrá de analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, ni de los conceptos de violación que se hacen valer, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una Juicio de amparo 920/2020-IV-A cuestión de orden público que debe realizarse de manera oficiosa, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la suscrita considera que el juicio de amparo es improcedente, en tanto que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, lo que motiva la actualización de una causal de improcedencia y, en consecuencia, que se decrete el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.La causal de improcedencia a que se alude es la que se prevé en la fracción XII del artículo 61 del cuerpo de leyes invocado, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia Conforme a la porción normativa transcrita y con motivo de la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otras cosas, a la existencia de un interés jurídico, legítimo o colectivo.El interés jurídico implica un derecho reconocido por la ley; no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho.Es decir, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Sin embargo, debido a la evolución del concepto de interés, generada por la necesidad de que el juicio de amparo sea un verdadero instrumento de amplia protección no sólo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino también de los derechos humanos que han sido reconocidos internacionalmente a través de la suscripción de tratados, pactos y convenios entre naciones, el interés de los gobernados, inmerso en el principio de instancia de parte agraviada, que rige en el juicio de amparo, también debe entenderse desde un punto de vista más general y colectivo. Esto último ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la necesidad de tutelar no un derecho subjetivo, sino un derecho realmente establecido en beneficio de una colectividad identificada e identificable, que coloca a sus miembros en una especial situación frente al orden jurídico, lo que no debe confundirse con el interés simple o la mera facultad. Lo anterior deriva de la tesis aislada 2a. XVIII/2013 (10a.) Juicio de amparo 920/2020-IV-A de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Décima Época, página 1736, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella De manera que cuando pretenda tutelarse a través del juicio de amparo un derecho fundamental o humano establecido a favor de una colectividad, bastará la existencia de ese derecho, reconocido en el orden jurídico nacional o internacional, y que se demuestre que el agraviado pertenece al grupo que es destinatario de aquel canon. Sin embargo, cuando se trate de un derecho subjetivo cuya titularidad corresponda a una persona en sí, por estar comprendido dentro de su esfera jurídica personal y que, por tanto, es exigible ante la autoridad jurisdiccional, se estará en presencia del interés jurídico, el cual exige que se acredite fehacientemente la titularidad de dicho derecho, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En ese sentido, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado a favor del quejoso, cuya transgresión lo faculta para acudir a la tutela constitucional, a fin de que la violación cese. Juicio de amparo 920/2020-IV-A Así lo consideró el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.3o.J/26, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 581, Octava Época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, es de invocarse la jurisprudencia VI.2o.J/87 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, página 582, registro 854, Octava Época, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Por ende, para la procedencia del juicio de amparo, no basta únicamente la acreditación de la titularidad de un derecho y la existencia de un acto de autoridad que sea capaz de producir una lesión a un derecho subjetivo público, sino también que esa lesión es real y efectiva, y que, por tanto, puede causar una afectación a la esfera jurídica del quejoso, a través de una obligación de dar, hacer o no hacer. En esa tesitura, como se sostuvo con antelación, la suscrita estima que el quejoso no acreditó su interés jurídico para promover el juicio de garantías, como se analizará a continuación. Para una adecuada comprensión del asunto es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado expresados por el quejoso en su escrito de demanda, de los que destaca lo siguiente: ° "El día veintiocho de octubre de dos mil veinte, por medio del periódico CRITERIO HIDALGO, así como también de las redes sociales me entere que el Concejo Municipal Interino del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, cambiaría el sentido de la circulación en vialidades de las calles Libertad, Primera de Mayo y Morelos de la Colonia Centro de Tulancingo de Bravo, Hidalgo sin tener acuerdo alguno que respalde dicha decisión, ocasionando esto una violación a mis derechos humanos ya que soy concesionario de transporte público y mis rutas son específicamente por las calles mencionadas, tan es así que el día 5 de noviembre del ario en curso, me percato que las autoridades de tránsito municipal de Tulancingo de Juicio de amparo 920/2020-IV-A Bravo, Hidalgo, estaban quitando las señalizaciones de las calles en mención sin que hasta esa fecha se nos mostrara documento que avale esta decisión tomada por el Concejo Municipal Interino del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo." Ahora bien, los medios de prueba que ofreció el quejoso en esta instancia no son suficientes para acreditar su interés jurídico, dado que no demuestran de manera fehaciente que la ejecución del acto reclamado pueda ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación, pues refiere que acredita su interés con el formato único de pago con el que acredita el pago de la contribución de derechos, productos y aprovechamientos estatales, respecto de vehículos que prestan el servicio público de transporte; sin embargo, dicho medio de convicción no es suficiente para demostrar tales extremos, pues el mismo es de fecha catorce de octubre de dos mil once, razón por la cual únicamente avala el cumplimiento de dicha obligación en ese año, sin que se adjuntara documento diverso que justifique que actualmente sigue contando con la autorización correspondiente para prestar dicho servicio. Es decir, no se exhibieron los elementos de convicción idóneos y eficaces para acreditar, la titularidad de las prerrogativas cuya salvaguarda solicita, pues no exhibió documento alguno para demostrar estos extremos. Máxime, que el interés jurídico no puede inferirse ni tenerse por cierto con base en presunciones, en términos de lo que establece la jurisprudencia 2ª/J 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, Octubre de 1994, página 17, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Asimismo, es aplicable la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 193-198 Primera Parte, página 110, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo". Por todo lo anterior se afirma, que en el caso, el quejoso no acreditó su interés jurídico para promover el presente juicio, pues no demostró ser titular de los derechos que dice le son afectados con motivo del cambio de sentido de la circulación de las calles que menciona, en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Juicio de amparo 920/2020-IV-A Lo razonado conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XII del diverso 61 del cuerpo de leyes en mención, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en este asunto, el suscrito se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación, ante la improcedencia del juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Apolinar Ávila González, en términos de los considerandos tercero y cuarto de este fallo.
- Principal
SE PROGRAMA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado de autos se advierte que no se señaló fecha para la audiencia y con motivo de las providencias contenidas en la Circular SECNO/10/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, además con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por el diverso Acuerdo General 37/2020. En virtud de la reanudación de plazos y términos decretada se señalan las nueve horas con cincuenta y un minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. M-IV
- Principal
SE PROGRAMA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del estado de autos se advierte que no se celebró la audiencia con motivo de las providencias contenidas en la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", contenida en la Circular CAP/3/2020. En término de lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, se señalan las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintiséis de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. ESTADO DE AUTOS. Tomando en consideración que en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se ordenó dar vista al quejoso para que dentro del término de quince días manifestara si era su intención ampliar su demanda respecto de la fundamentación y motivación contenida en el informe con justificación rendido por el Presidente del Consejo Municipal Interino del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mismo que le fue notificado el dos de diciembre siguiente, sin que lo hubiese hecho; por tanto, al haber fenecido el citado plazo se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y el presente asunto se resolverá en los términos inicialmente planteados...M-IV
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