Apolinar Andres Santiago Pimentel (APODERADO LEGAL)
Expediente 374/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 374/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/04/2023
Partes del expediente
- Apolinar Andres Santiago Pimentel (APODERADO LEGAL)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que obran en autos, y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se trae como hecho notorio el juicio de amparo 237/2023 del índice de este juzgado, el cual se encuentra vinculado al expediente que se actúa, ya que en el mismo se reclamó la misma resolución interlocutoria, a las mismas autoridades responsables, esto es: JUICIO DE AMPARO 237/2023 JUICIO DE AMPARO 374/2023 QUEJOSOS: .................................................... AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y PRESIDENTE ADSCRITO A LA MISMA. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y PRESIDENTE ADSCRITO A LA MISMA. ACTOS RECLAMADOS Laudo incidental de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, dictada en el expediente 737/2003 y acumulados 692/2004 y 434/2005. ACTOS RECLAMADOS Laudo incidental de veinte de diciembre de dos mil veintidós, dictado por la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, dictada en el expediente 737/2003 y acumulados 692/2004 y 434/2005. En tales condiciones, al acreditarse la conexidad plena entre el juicio de amparo 237/2023 y 374/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, por economía procesal en su tramitación, y a fin de resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones; con fundamento en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se decreta la acumulación de los mismos. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, Registro 180969, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva". En tales condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior, hágase de conocimiento a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de la resolución pronunciada el trece de abril de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 225/2022, relativo a la queja formulada por la parte quejosa, en contra del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio de amparo 1408/2021, acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes que la queja de referencia fue resuelta bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ******, en representación de los menores **** y ******, en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo de amparo indirecto 1408/2021." Toda vez que, con lo anterior desaparece la causa por la que se encontraba suspenso el presente juicio de amparo, se levanta dicha suspensión decretada por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, y se continúa con la tramitación del juicio. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se tuvo a ********, manifestando que diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno presentó a los menores ****** y ***** en la célula de vacunación ubicada en el Hospital General Sur del Estado de Puebla, y se les aplicó la segunda dosis de la vacuna BNT162b de Pfizer-BioNTech, exhibiendo para corroborar su dicho copia de las constancias respectivas. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado. Para considerarlo así, es necesario transcribir el citado precepto legal, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo no es la simple paralización o destrucción del acto, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. Los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el diverso 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contrariando el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que ****** en representación de los menores ***** y *****, reclamó: Ahora bien, de autos se desprende que mediante proveídos de dos de diciembre y veintiocho de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, se tuvo al delegado del secretario de Salud del Estado de Puebla y a la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídico-Administrativos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informando que el diecinueve de noviembre y diecisiete de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, se aplicó a los menores C.A.R.G. y D.E.R.G., la primera y segunda dosis de la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech, respectivamente, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acreditan, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo cual fue corroborado por Julio César Ramírez Ortiz, en representación de los menores C.A.R.G. y D.E.R.G., a través del escrito recibido el veinte de enero de dos mil veintidós, quien indicó que el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se le aplicó a los referidos menores la segunda dosis de la vacuna BNT162b de Pfizer-BioNTech, exhibiendo la constancia respectiva. Precisado lo anterior, es dable concluir que la omisión atribuida a las autoridades responsables, ha dejado de surtir efectos y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, dicha concesión se habría otorgado para que las autoridades responsables aplicaran la vacuna contra el virus SARS-COV2 (COVID-19) a los menores de iniciales C.A.R.G. y D.E.R.G., lo cual en el caso ya aconteció. En consecuencia, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V del citado ordenamiento legal.
- Principal
Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al cual acompaña testimonio de ejecutoria pronunciada el dieciséis de marzo del año en curso, dentro del Amparo en Revisión R.A.(P) 551/2022, relativo al recurso interpuesto contra la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo remite los originales del juicio de amparo 1017/2021, acúsese de recibo correspondiente. Dése a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 1017/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por .............. y ................., contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria; por las razones y motivos asentados en el último considerando de este fallo En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno correspondiente; glósese el expedientillo formado con motivo del recurso interpuesto. En tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer. Por otra parte, como lo dispone el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran treinta días deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Notifíquese en términos de ley
- Principal
OFICIO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio 225/2023 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dentro del recurso de queja 337/2022. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución del expediente original, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. Se declara parcialmente fundado del recurso de queja. SEGUNDO. Se encomienda al Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, provea sobre la admisión de la demanda de amparo promovida por *********" En ese tenor, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se provee: DESECHAMIENTO En primer término, debe precisarse que ********************, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: ". a).- Del C. Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora, reclamó: La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, misma que me fue notificada vía electrónica el mismo dos del mes y año que transcurre, mediante el cual se resolvió el RECURSO DE RECLAMACIÓN, interpuesto por ********************, por su propio derecho, en contra del auto de quince de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ********************de los de este Juzgado, relativo al JUICIO DE OTORGAMIENTO POR ESCRITO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL MISMO, promovido por ********************, en contra de ********************. El proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso, y notificado el día dos de septiembre de la presente anualidad, mediante el cual se comunicó que el expediente principal fue turnado para el dictado de la sentencia definitiva. b.- De la C. Secretaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, reclamó: La notificación vía electrónica de las sentencias dictadas el dos de septiembre de la presente anualidad, así como del proveído dictado el treinta y uno de agosto del año en curso." SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE ESE AÑO Precisado lo anterior, la suscrita advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que ******************** reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. De igual manera, reclama el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva. Dichas determinaciones no son actos de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, los actos que se impugnan no son de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, emitidas por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, que resolvieron los recursos de reclamación en contra de los proveídos de cuatro de julio y quince de junio de dos mil veintidós; el primero relativo al desechamiento de la prueba documental ofrecida por el actor en el juicio de origen, ordenando confirmar el auto recurrido y el segundo, por el que determinó la inadmisibilidad de la pericial en materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el aquí quejoso, en virtud de que no se acreditó al momento del ofrecimiento de la prueba la experticia del perito designado para tal efecto. Así como, el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido por la responsable, a través del cual ordenó turnar el expediente ********************, para el dictado de la sentencia definitiva, sólo constituyen una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso, la parte inconforme reclama las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************, los cuales no afectan de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de amparo es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualiza la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por ******************** respecto a los autos consistentes en las resoluciones de dos de septiembre de dos mil veintidós, y el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitidos por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, dentro del juicio de otorgamiento por escrito de contrato de arrendamiento y cumplimiento del mismo, radicado bajo el número de expediente ********************. NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA DE LAS REFERIDAS SENTENCIAS DICTADAS EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO En cuanto al acto reclamado consistente en la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que, es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Hecha la precedente anotación, debe indicarse que se considera que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia, en atención a que en contra de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año, procede el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, previsto en el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que en lo conducente dispone: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las siguientes disposiciones: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. (.)" En efecto, del análisis del artículo trascrito, se aprecia que el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado (incidente de nulidad de actuaciones), es procedente contra las notificaciones hechas indebidamente u omitidas, pues es el recurso idóneo para nulificar las actuaciones reclamadas. De ahí que los actos reclamados deben ser impugnados a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 74, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, a fin de respetar el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. En las relatadas condiciones al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 del mismo ordenamiento lo procedente es desechar de plano la demanda respecto de la notificación vía electrónica de las referidas sentencias dictadas el dos de septiembre de dos mil veintidós y del proveído de treinta y uno de agosto del mismo año. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.
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- Apolinaria Mora Hernández1460/2019
- Apolinio Alberto Ruiz Castillo1283/2015
- Apolonio Alberto Ruiz Castillo2376/2017
- Apolonio Juarez Figueroa2145/2022
- Apolonio Juarez Figueroa924/2023
- Apolonio Juarez Figueroa788/2023