Apolinar Altamirano Estrada
Expediente 108/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Apolinar Altamirano Estrada
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por tanto, el principal es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 108/2021, promovido por *******, por conducto de su apoderado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, *****, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y trámite del juicio. Por proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo con el número 768/2021, solicitó a las autoridades responsables que rindiera su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, al tenor del acta de seis de diciembre de dos mil veintiuno. (fojas 10 a 17 y 86) Posteriormente, en atención al oficio SECNO/STCCNO/668/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y, al Punto de Acuerdo 120/2021, relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual comunicó la determinación de que los órganos jurisdiccionales ya en funciones remitieran a este órgano jurisdiccional diez juicios de amparo indirecto, radicados y con audiencia celebrada, cada uno, a efecto de que contribuya al abatimiento de las cargas de trabajo, en beneficio de las personas justiciables; en consecuencia, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, remitió el expediente 768/2021, asunto que por proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fue registrado por este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos con el número 108/2021, lo que se hizo del conocimiento de las partes, en el sentido de que esta sede federal resolverá el juicio de amparo en comento, sin que al efecto manifestaran impedimento alguno. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 03/2013, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jurisdicción, entre otros, de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente la demanda de amparo y demás actuaciones con un sentido de liberalidad y no restrictivo, tal y como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."1, se advierte que el quejoso *****, reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el acto que se hace consistir en: El auto de ejecución de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la controversia laboral ******, mediante el cual se cuantificó el pago correspondiente a la pensión de incapacidad parcial permanente otorgada al quejoso y se comisionó al actuario para su requerimiento de pago correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, no obstante, a continuación, hizo manifestaciones que evidencian su certeza; por lo que, se tiene por cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el 1 Criterio que se encuentra visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con registro digital: 192097, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia(s): Común, Página: 391, Octava Época, con registro digital: 211004, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser su análisis una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En esa tesitura, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De los que se obtiene, en principio, una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede, excepcionalmente, aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que se estaría ante una posible afectación de imposible reparación. En efecto, si bien es cierto que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que tengan una ejecución que sea de imposible reparación, está prevista en la fracción V de la Ley de Amparo y se refiere a actos dentro del juicio; cierto es que, nuestro Máximo Tribunal ya ha establecido, que dicha regla puede extenderse a lo dispuesto en la fracción relativa a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, dado que existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Así, un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, de aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; y, que el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Sentado lo anterior, debe precisarse que, el acto reclamado por *******, consistente en el auto de ejecución de trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se cuantificó el pago correspondiente a la pensión de incapacidad parcial permanente otorgada al quejoso y, en la que se comisionó al actuario para que requiriera a la parte demandada el cumplimiento correspondiente, es un acto emanado del procedimiento de ejecución del laudo. Ello es así, porque ese acto (auto de ejecución), carece de las características enunciadas por la ley reglamentaria para ser considerado como la resolución que pone fin al procedimiento de ejecución, pues no se trata de la aprobación del cumplimiento total del laudo, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para ello, ni ordena el archivo; lo que hace evidente que no es autónomo del procedimiento de ejecución, y por el contrario, tiene su origen en éste, pues con relación al auto de ejecución, tiene por objeto lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC. XVIII. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, página 1492, con número de registro digital 2010430, que se cita: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Cabe mencionar que, el procedimiento de ejecución de laudo se instaura ante la contumacia de la parte demandada de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de tal pronunciamiento, y se constituye en varias etapas, que inicia a solicitud de la parte trabajadora, en términos del numeral 950 de la Ley Federal del Trabajo, con el auto que declara su apertura, mismo que contiene la orden de requerimiento de pago y embargo, y culmina con la declaración de que se ha cubierto el crédito laboral, por cualquier medio, sea por pago, fruto del remate o adjudicación de bienes, o con el pronunciamiento que declara la imposibilidad para hacer efectivo el crédito laboral. Así, dada la naturaleza y función del auto de ejecución, este juzgador estima que tal acto procesal forma parte del procedimiento de ejecución, sin constituirse en una actuación de carácter finalista en dicha etapa, en términos de lo expuesto. Por otra parte, es importante hacer notar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009 estableció que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: 1. Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (aquel en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), como regla general. 2. Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior, como regla de excepción. Sentado lo anterior, es de hacer notar que el Máximo Tribunal estableció la procedencia del amparo indirecto, respecto de los actos dictados en ejecución de sentencia, que son independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que puedan generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos sin que pueda ser reparada con posterioridad por el órgano sancionador o en amparo, precisamente porque tal determinación no podría ser materia de estudio al analizar lo relativo al cumplimiento de la sentencia. En ese supuesto, el Pleno definió que el artículo 114, fracción III, de la abrogada Ley de Amparo estableció diversas restricciones, en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En ese contexto, definió que la fracción III del artículo 114 de la citada Ley de Amparo, estableció en principio una regla autónoma relativa a que, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Así, el Máximo Tribunal concluyó que dada la amplitud de la norma contenida en la fracción IV de la abrogada ley reglamentaria, en el sentido de que, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en enero de 2011, visible en el Tomo XXXIII, página 6, con número de registro digital 163152, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." El citado criterio es aplicable al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor2, ya que su contenido no se opone al de los preceptos actuales y los temas tratados son regulados en términos similares. En ese sentido, si bien es cierto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una excepción a la regla general de improcedencia de los actos emanados en el procedimiento de ejecución, contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, también lo es que tal excepción se encuentra sujeta a que el acto infrinja directamente derechos sustantivos, los cuales deben ser ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no sean consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Sin embargo, en el caso del auto de ejecución de laudo no se actualiza que la afectación de derechos sustantivos sea ajena a la propia ejecución, es decir, que no sean consecuencia directa e inmediata de lo que se pretende ejecutar; pues el acto del requerimiento de pago en materia 2 "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." laboral tiene su origen en el propio laudo, en el que la autoridad laboral fijó las bases para la condena que el vencido tiene la obligación de cubrir a favor de la parte actora, y cuya existencia tiene lugar ante la contumacia del demandado de cumplir con el crédito laboral, de ahí que, el auto de ejecución no es un tema ajeno a la etapa ejecutiva, por el contrario se reviste en el acto fundamental que otorga seguridad jurídica a los vencedores de que será cumplida la condena decretada en un laudo firme. Por tanto, se estima que el auto de ejecución en la propia etapa de ejecución de laudo, debido a su estrecha relación con la cosa juzgada y debido a que la posible afectación en el patrimonio de la parte trabajadora es consecuencia directa e inmediata de la sentencia que se pretende ejecutar, esto es, del laudo; es que no se encuentra en el supuesto de excepción para que sea procedente el juicio biinstancial. En consecuencia, al no colmarse el supuesto de excepción respecto del auto de ejecución, es que debe seguirse la regla general que enuncia el artículo 107, fracción IV, de la ley reglamentaria, esto es, debe combatirse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución del juicio laboral. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencias previstas en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada ley, se sobresee en el presente juicio. El sobreseimiento decretado imposibilita el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo señalado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia con número de registro digital 214593, visible en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *******, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones expuestas. Notifíquese personalmente.
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