Anyer Cárdenas Rodríguez

Expediente 16/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
16/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Anyer Cárdenas Rodríguez
  • Instituto Nacional de Migración
  • Anyer Cárdenas Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    En Boca del Río, Veracruz, a las once horas con treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil veintitrés fecha y hora señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 16/2023, promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO; Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, quien actúa asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe, la declara abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria da cuenta con el estado de autos, informa las constancias que integran el expediente y certifica que transcurrieron ocho días de la recepción del informe justificado rendido por la última de las autoridades responsable, acorde con el artículo 117 de la Ley de Amparo. El Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias y, en razón que no existe obstáculo alguno, continúese con la presente audiencia. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las constancias remitidas por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México y la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Acayucan, Veracruz. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Se acuerda: En virtud de que las partes no formularon manifestaciones en esta vía, se concluye este periodo de la audiencia. En seguida, se dicta SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 16/2023 promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, en contra del 1. Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado el once de enero del año en curso a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de once de enero de la presente anualidad, se acordó: admitir la demanda de amparo; conceder la suspensión de plano respecto de los actos reclamados; se ordenó la ratificación de la misma por parte de los directos quejosos ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO; requerir a las autoridades responsables sus informes justificados; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede (fojas 8-15). TERCERO. En proveído de ocho de marzo del año en curso (fojas 46-47) se tuvo por inexistente y se suspendió toda comunicación con las autoridades 4. Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración, 5. Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración, 6. Subdirector de Regulación Migratoria, dependiente del Instituto Nacional de Migración, 7. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "A", 8. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" y 9. Encargado de la Representación Local de Acayucan, todos con sede en Acayucan, Veracruz; sin que en el caso sea necesario realizar pronunciamiento alguno en torno a dichas autoridades, con base en la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta hoy no consta que las partes hayan consentido la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, al reclamarse la detención administrativa del quejoso por más de treinta y seis horas, así como la orden de deportación o repatriación del territorio nacional del quejoso, susceptibles de afectar irreparablemente sus derechos humanos, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en la que este órgano jurisdiccional ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que consisten en: La orden de detención, deportación o repatriación emitida en contra de la parte quejosa. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable: 3. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración residente en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Por tanto, como la parte quejosa no aportó medio de convicción con el cual desvirtuara la negativa de las autoridades responsables, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que les atribuye; procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades 1. Instituto Nacional de Migración, 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, ambos con residencia en Ciudad de México. Lo que se estima de esa manera, en razón que si bien dichas autoridades negaron los actos reclamados, lo cierto es que el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México y la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Acayucan, Veracruz informaron que ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO estuvieron alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Veracruz, Veracruz, y que por acuerdo de salida con fines de regularización se determinó otorgarles a las personas extranjeras de mérito salida de la estación migratoria (fojas 104-105 y 119-126). De allí, que ante tales manifestaciones de esa autoridad responsable, deben tenerse por ciertos los actos reclamados. Lo anterior, también con apoyo en las documentales remitidas por dichas autoridades, a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia. Lo anterior se sostiene así, en la medida que ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Alejandro Mendoza Zaragoza y, como consecuencia de ello, no exteriorizaron su voluntad para promover la acción constitucional; en atención a las consideraciones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 107, fracción I, como uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se traduce en que es indispensable que se tenga certeza de que quien lo promueve lo hace por sí o por interpósita persona. Dicho principio rector, se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.(.) " Asimismo, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, tenemos el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo: "(.) Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. (.)" Así, el numeral transcrito contempla la posibilidad que la demanda de amparo sea promovida por cualquier persona en nombre del agraviado que se encuentre imposibilitado para promoverla, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en cuyo caso, se debe requerir al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo promovida a su favor. Por otra parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior se puede advertir que es requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con lo anterior, para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general, la parte quejosa deberá ubicarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo; es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. b) Aducir un interés legítimo, el cual debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, del contexto de la demanda de amparo, se advierte que la parte directa quejosa ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO comparece al presente juicio constitucional representado por Alejandro Mendoza Zaragoza, quien promovió la demanda de amparo a su favor, al tratarse de actos contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber la detención administrativa por más de treinta y seis horas y la orden de deportación, o repatriación. En ese sentido, en proveído de once de enero de la presente anualidad (fojas 08-15) y en estricto cumplimiento al citado numeral 15 de la ley de la materia, se ordenó la ratificación de la demanda presentada por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, ordenando a la actuaria que se constituyera para ello en las instalaciones de la Estación Migratoria de Veracruz, Veracruz, lugar donde se dijo se encontraba la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo en los términos ordenados, se tendría por no presentada. En cumplimiento a lo anterior, el día once de enero pasado, la actuaria judicial adscrita se constituyó en tales instalaciones en busca de la quejosa, sin embargo, no localizó al impetrante ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, pues le informaron que dichas personas no se encontraban en esas instalaciones. Posteriormente, por auto de treinta y uno de mayo del actual (foja 111) se tuvo al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, informando que los directos quejosos ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, estuvieron alojados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, y que por acuerdo de salida con fines de regularización se determinó otorgarles a las personas extranjeras de mérito salida de la estación migratoria (fojas 104-105 y 119-126). Por tanto, como se apuntó, si el fin último ante los actos previstos en el numeral 15 de la ley de la materia, es lograr la localización de los agraviados con el objeto de que ratifique la demanda promovida a su favor, para estar en aptitud de proveer lo correspondiente; en el caso, resultó innecesario seguir con la búsqueda y localización de la parte quejosa ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, a fin de obtener la ratificación de la demanda promovida a su favor, al haberse agotado las providencias necesarias para lograr su comparecencia, pues en los referidos informes las autoridades fueron contundente y categórica en informar que los mismos no se encuentran en el lugar designado para su alojamiento, al determinarse su salida con fines de regularización, sin que se cuente con un domicilio en el que pueda ser localizado para la ratificación de la misma, así como la parte promovente quien dio contestación al requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de abril del año en curso. Así, queda evidenciado que la falta de ratificación por parte de ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, por lo que, no se logra la materialización de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, que se siga el juicio de amparo a instancia de la parte agraviada por los actos aquí reclamados. Además, lo anterior al mismo tiempo, evidencia la falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por identidad de razón, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A.3 K (11a.) Materia: Común, dictada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2022, Tomo IV, página 2853, registro: 2024397, de rubro y texto siguiente: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO URGENTE PROMOVIDA POR UN TERCERO A FAVOR DEL QUEJOSO. ES EXIGIBLE SIEMPRE, CON INDEPENDENCIA DE LA CALIDAD DEL AGRAVIADO Y LOS DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMEN VIOLADOS. Hechos: Una abogada promovió juicio de amparo indirecto a favor de un menor de edad en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, por tratarse de un caso urgente relacionado con la omisión de suministrarle medicamentos para su tratamiento oncológico de leucemia. La Jueza de Distrito que conoció del asunto admitió la demanda, tramitó el juicio constitucional y dictó sentencia, sin haber obtenido la ratificación de la demanda por parte de la madre y representante legal del menor. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación de la demanda urgente es exigible siempre, con independencia de la calidad del quejoso y los derechos humanos que se estimen violados en el juicio constitucional, pues el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, ya que el juicio de amparo no es una acción popular. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución General dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. En casos urgentes, el precepto 15 de la Ley de Amparo permite que un tercero presente la demanda si el agraviado se encuentra imposibilitado. Empero, aclara que requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda, por sí o por medio de su representante, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada. Esto implica que: (i) el principio de instancia de parte agraviada no admite excepciones, habida cuenta que, aun en los casos urgentes, se requiere la intervención del impetrante; y, (ii) la acción constitucional de amparo no es una acción popular que pueda ejercer cualquiera para defender intereses ajenos." Por tanto, es claro que se concreta el motivo de improcedencia establecido en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, 6º y 15 de la ley de la materia, puesto que ante la falta de ratificación, no quedó evidenciada la voluntad para la promoción de la demanda, así como su falta de interés jurídico y/o legítimo para acudir a la vía indirecta a solicitar el amparo contra los actos reclamados. CONCLUSIÓN En consecuencia, ante la actualización del motivo de improcedencia analizado, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al decretarse el sobreseimiento del asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación planteados. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el auto en que se admitió la demanda, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Mendoza Zaragoza en representación de ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables señaladas en los considerandos tercero y cuarto, por las razones expuestas en los diversos considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de julio de dos mil veintitrés. Atento al estado procesal de autos, se advierte que en proveído del pasado treinta de mayo, se señaló la audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, como el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia con goce de sueldo por el día de hoy, y el suscrito como encargado del despacho en términos del artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no está autorizado para resolver en definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, recibido vía correo electrónico institucional, y désele valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el numeral 2° de la ley en la materia. Ahora, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de mayo del año actual para lo cual remite constancias relativas al expediente administrativo de los directos quejosos ANYER CÁRDENAS RODRÍGUEZ y EVELYN MONTALVO ALONSO, en esas condiciones, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el citado artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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