Anuar Karam Abdo
Expediente 1103/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anuar Karam Abdo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Anuar Karam Abdo, mediante el cual subsana la prevención realizada en autos; al respecto, se tiene por satisfecho el requerimiento aludido, y se provee lo siguiente: Con el cuaderno de amparo de cuenta, que contiene la demanda de amparo, se tiene a Anuar Karam Abdo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial y otra autoridad. Desechamiento de demanda Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados: El acto reclamado emana de la sentencia definitiva de treinta de marzo del dos mil, emitida por los integrantes Magistrados de la Tercera Sala del Tercer Circuito del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, recayendo en la toca civil 534/99-14, resolviendo en definitiva el recurso de apelación 534/99-14. En relación a lo anterior, refiere en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad que la resolución reclamada le fue notificada el seis de abril del año dos mil. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que, en el caso, a continuación se analiza la que se actualiza, esto es, la contenida en el artículo 61, fracciones XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17 del mismo ordenamiento legal. A efecto de demostrar lo anterior, es necesario traer a colación el contenido de los citados numerales. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:-------(.) ------------------------------------------------------------ XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.---------------------------------------------- No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.--------------------------------------------------- Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. -------------------------------------Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.------------------------------------------- (.) -----------------------------------------------------------"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:----------------------------I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ----------------------------------------------------------- II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; -------------III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; ---------------------------IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sobre esa base, al interpretar el artículo 17 de la actual Ley de Amparo en sentido contrario, se tiene que todos los actos emitidos dentro de un procedimiento (civil, penal, laboral, administrativo, etcétera), están sujetos al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a pesar de que tiendan a limitar la libertad deambulatoria del individuo o su acceso a determinados beneficios, de acuerdo a la naturaleza de su condición particular frente a la norma. En el caso, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye la sentencia definitiva de treinta de marzo del dos mil, misma que le fue notificada el seis de abril del mismo año. Ahora bien, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe traerse a contexto el artículo 18, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", la que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española Larousse, Ediciones Larousse, Primera Edición, página 465, significa "exclusión, alternativa o contraposición", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En conclusión, de acuerdo a lo dispuesto en los preceptos invocados, si no se acude en demanda de la protección federal dentro del término legal establecido, resulta por tanto improcedente el juicio de amparo que en su caso se promueva con posterioridad. En ese sentido, el promovente de la demanda, refiere en su escrito aclaratorio "POR CUANTO A LA ACLARACIÓN MARCADA EN EL PUNTO DOS SE MANIFIESTA QUE EL ACTO RECLAMADO EMANA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2000, EMITIDA POR LOS INTEGRANTES MAGISTRADOS DE LA TERCER SALA DEL TERCER CIRCUITO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DEMORELOS, RECAYENDO EN LA TOCA CIVIL 534/99-14, RESOLVIENDO EN DEFINITIVA EL RECURSO DE APELACIÓN, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO ME FUE NOTIFICADO EL DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL, QUE SE CORROBORA EN LA FOJA 237 DE LA TOCA CIVIL 534/99-14." En consecuencia, al existir una notificación del acto reclamado, se actualiza la primera hipótesis normativa prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de ese mismo ordenamiento debe computarse a partir del siguiente al en que surtió sus efectos -conforme a la ley que rige el acto- tal notificación hecha al quejoso. Por tanto, si la parte quejosa quedó notificada de la sentencia de treinta de marzo de dos mil, el seis de abril del mismo año, el plazo de quince días para promover su demanda de amparo, ha transcurrió en exceso. De manera que si la demanda de amparo se presentó hasta el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, es patente que se hizo fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que jurídicamente implica que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, al no haber combatido con la debida oportunidad aquél que le dio origen. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto del acto referido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de demanda signado por Anuar Karam Abdo, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, ahora Juzgado Primero Civil de Primera instancia del Quinto Distrito Judicial y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número ..., así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención de la demanda Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del libelo de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente día al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Manifieste con claridad y precisión las fechas de los antecedentes que narra, toda vez que hay incongruencias, puesto que no es lógico establecer que se admitió la demanda el veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve, y antes de ese evento procesal, en el caso, el tres de febrero de mil novecientos noventa y siete, el actuario se constituyó en el domicilio que refiere para realizar el emplazamiento. SEGUNDO. Precise con claridad el acto reclamado, toda vez que en el punto "a.", del capítulo respectivo, menciona que reclama la resolución definitiva del treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, emitida en el expediente 358/1996, y en el punto "b.", hace alusión a la resolución definitiva del treinta de marzo del año dos mil, dictada en el toca civil 534/99-14, que resolvió el recurso de revocación de apelación; además debe precisar qué recurso interpuso, revocación o apelación. Aunado a lo anterior, cabe precisar que si la resolución impugnada es la de treinta de marzo del dos mil, máxime que señala que la resolución dictada en el citado toca le fue notificada el treinta de marzo del dos mil, en caso afirmativo, se entenderá por lógica jurídica que la de segunda instancia constituye el acto reclamado, pues esta sustituyó a aquella de primera instancia, de la cual también debe precisar la fecha correcta, pues en el apartado del acto reclamado menciona que es del treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y en antecedentes del veinte de enero de mil novecientos noventa y nueve. Tercero. Asimismo, hace alusión a un recurso de queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el Presidente del Tribunal y su secretaria, de la que refiere omisión de resolver, por tanto, debe precisar si también dicha omisión la señala como acto reclamado. Con el apercibimiento al impetrante de amparo que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de éste proveído, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, este Juzgado de Distrito tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias del precepto antes citado a los profesionistas que refiere, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con excepción de Jonnathan Figueroa López, Gabriela Vázquez Miranda y José Luis Flores Nava, a quienes se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, ello en virtud de que no se encuentran dados de alta en el Registro y Consulta de Cedulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, para ser autorizados con amplias facultades en términos del precepto legal citado al inicio de este párrafo. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las partes que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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