ANUAR AHMED MAGAÑA ALVARES y Otros.
Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- ANUAR AHMED MAGAÑA ALVARES y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- POR CONSENTIDA EJECUTORIA Vista la cuenta y la certificación que antecede, de las que se advierte que ha fenecido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, en contra de la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que declaró por cumplida la sentencia concesora de amparo dictada en este asunto, sin que las partes, hubieran interpuesto el aludido recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto y 214 "a contrario sensu" de la Ley de Amparo vigente, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE. EXPEDIENTE CONSERVABLE. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de conservación, por lo que una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, para su posterior traslado a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación al ser un juicio que amparó al quejoso, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLE. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III del acuerdo general relativo, destrucción que podrá realizarse una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo. INCIDENTE DUPLICADO. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro del término de treinta días se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 22 del acuerdo normativo. ANOTACIONES De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Ahora bien, toda vez que en el expediente de varios obra el oficio 23/2022 de catorce de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual la Agente del Ministerio Público Federal solicitó recibir las notificaciones, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por medio del usuario "********************", únicamente las que de acuerdo a ley deban notificarse de manera personal, así como las sean ordenadas en autos de los juicio de amparo en los que sea parte, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, y en virtud de que la clave de usuario "********************", se encuentra inscrito en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; en consecuencia, al solicitar expresamente que desea ser notificada vía electrónica, este Juzgado ordena que las notificaciones que deban hacerse de manera personal, a la agente del ministerio público adscrita a este Juzgado, se realicen vía electrónica a través del usuario que señaló. Igualmente se autoriza a la misma, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultarlo con el nombre de usuario "********************", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. SUPRESIÓN DE IMPRESIÓN. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintitrés. Promoción Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************,********************,********************,********************,********************, ********************,********************,********************,********************,********************y********************, contra actos que reclaman del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Representante común Toda vez que los peticionarios de amparo designaron de entre ellos representante común; en consecuencia, en términos del artículo 13 de la ley de Amparo, se designa a ********************, como representante común de la parte quejosa. Radicación Con el original de la demanda, fórmese el expediente correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 842/2023-II-B y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre el motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En acatamiento a tal precepto legal, la suscrita determina que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma autógrafa de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de la fracción I, del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3 y 6 de la ley de la materia, en relación con los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación (FIREL) y al expediente electrónico; 60, 62 y 64 del Acuerdo General 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; así como el 6 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En efecto, para validar la anterior premisa conviene traer a contexto lo establecido por el referido artículo 3° de la Ley de Amparo y los citados acuerdos generales, que en lo que interesa establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. De la interpretación de dicho precepto legal y de los acuerdos generales citados, se tiene que es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Para el caso de que opte por la forma impresa, deberá constar el original de la firma autógrafa de quien promueve. De lo contrario, se entenderá que dicha demanda carece de la intención de la parte quejosa de acudir al juicio de amparo a demandar la tutela de sus derechos fundamentales. Lo que generaría la improcedencia de la acción constitucional. En el caso concreto, del escrito de demanda turnada por la oficialía de partes el día treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se observa una leyenda a manuscrito que dice "La presente demanda es firma en copia", asentada por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, misma que al ser corroborada por este Juzgado, se pudo apreciar que las firmas no se tratan de una firma autógrafa sino de una copia fotostática. Por lo que no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con número de registro 2009142 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, Tomo III, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, de la demanda de amparo de mérito se observa que carece de las firmas autógrafas originales de los promoventes del juicio de amparo, pues se advierte que es una copia de las firmas de los promoventes. De forma tal que no genera un problema de personería para promover la demanda, sino de la demanda en sí misma, por cuanto constituye un documento privado. Sobre este tópico sirve el criterio jurisprudencial de la tesis P./J. 148/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190657, al rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Como es de verse, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor. Pero en este caso, la demanda carece del signo que refleje la voluntad del suscriptor, habida cuenta que carece de firma autógrafa original; pues se advierte que es copia de una firma. Circunstancias éstas que denotan la falta de las características de documento privado, por cuanto su promovente no estampó su firma. En efecto, en este caso, la falta de firma original impresa en la demanda de amparo impide tener la certeza de la voluntad de la quejosa. Ahora bien, tomando en cuenta que la firma es el signo gráfico con el cual, en general se obligan las personas en todo los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente la signatura de la quejosa en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional. Cabe destacar que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 6o. de la Ley de Amparo, lo que obliga al particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, y quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, a estampar su firma, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampar su huella digital, habida cuenta que la firma es una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Por otra parte, el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria establece que por suscripción de un documento, se entiende la colocación, al pie del escrito, de las palabras que con respecto a su destino sean idóneas para identificar a la persona que suscribe y en tratándose de la demanda de amparo indirecto, la firma correspondiente puede ser plasmada también en hojas anexas. De lo anterior se colige que la presentación de cualquier promoción, en el caso de la demanda de amparo indirecto, requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia que deba resolver su promoción, lo que debe cumplirse en forma expresa mediante la "firma", requisito que denota la voluntad en la promovente, pues aunque el legislador no la estableció expresamente como requisito en la tramitación del juicio de amparo, el que toda promoción que se presente deba estar firmada, esto constituye un presupuesto para la existencia de tal acto jurídico, que contenga la firma del suscriptor que vincule a la promovente y al propio tiempo al juzgador de amparo a actuar en el sentido de lo solicitado en la promoción. Máxime, que en la demanda de amparo, particularmente en la parte inferior de la primera hoja, se advierte la leyenda siguiente: "La presente demanda es firma en copia", asentada por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa. Misma que fue asentada por la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta entidad federativa, lo que fue corroborado por este Juzgado, advirtiéndose que se trata de una copia fotostática de las firmas, lo que refuerza la decisión de este órgano judicial, de determinar que la demanda no fue presentada con firma autógrafa de los impetrantes de amparo, lo que se concatena con la siguiente jurisprudencia, que aplicada a contrario sensu, determina la improcedencia de la demanda. Dicha jurisprudencia es del criterio siguiente con registro digital: 2000130: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 Fracción V, aplicada a "contrario sensu", del mismo ordenamiento legal, PROCEDE DESECHAR la demanda de amparo promovida por ********************,********************,********************,********************,********************, ********************,********************,********************,********************,********************y********************, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Autorizados Téngase como sus autorizados a ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; en virtud de que la presente demanda versa en materia administrativa y los nombrados no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, ni tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, ténganse como autorizados a ********************, ********************, ******************** y ********************, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, toda vez así lo solicitó expresamente la parte quejosa. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas Toda vez que la parte quejosa solicita expresamente acceso al expediente electrónico y que se le realicen notificaciones vía electrónica, para lo cual proporciona el usuario "********************" a nombre de ********************; por cuanto dicho usuario se encuentra inscrito en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se le otorga el acceso al expediente electrónico y se ordena notificar a la parte quejosa vía electrónica, únicamente las notificaciones que deban realizarse de forma personal. Lo anterior, de conformidad con jurisprudencia 2ª./J. 8/2023 (11ª.), con número de registro digital 2026122, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." En tal virtud, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. En cuanto al señalamiento de un domicilio físico para recibir notificaciones, hágase de su conocimiento que la Ley de Amparo, no contempla la duplicidad de notificaciones, por lo que tomando en consideración que ha señalado la vía electrónica para ser notificado, no ha lugar a tener por señalado el citado domicilio físico. Por otra parte, se tiene como medios de contacto no procesales el correo electrónico y número telefónico que señala en su demanda de amparo. Exhortación a las partes Asimismo, se exhorta a las partes a que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. A que en su primera comparecencia proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea. Medios electrónicos Este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que las partes en el presente juicio, obtengan la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Expediente electrónico Conforme al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las constancias que señala el referido acuerdo. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las diligencias respectivas. Supresión de impresión Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Socorro del Carmen Díaz Urrutia, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, quien firma en unión de la Secretaria licenciada Guadalupe de la Caridad Vázquez Aguilar, que autoriza. Doy fe.
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