Antulio Téllez Aguilera

Expediente 1735/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1735/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
16/12/2016

Partes del expediente

  • Antulio Téllez Aguilera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón signada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad para notificar al quejoso Antulio Téllez Aguilera, el auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 63 y 64), por los motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del código adjetivo citado, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública cuyas manifestaciones vertidas en sus razones corresponden a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, con número de registro 198729, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En tales circunstancias, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de realizar la notificación del citado acuerdo, así como la presente determinación. En el entendido, de que si la autoridad Director del Centro Preventivo de Readaptación Social de Tenango del Valle, Estado de México, se negara a proporcionar al fedatario de la adscripción la colaboración, seguridad y derechos correspondientes para llevar a cabo la notificación encomendada, y en caso, de que la conducta de la citada autoridad a consideración del suscrito se estime con notoria mala fe o negligencia inexcusable, se estimará actualizada la fracción quinta del artículo 262 de la ley de la materia y se hará acreedor a las sanciones establecidas en dicho artículo. Finalmente, queda a cargo y bajo la responsabilidad de la referida autoridad, la integridad y seguridad personal del fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    V.- Visto el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, señala autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos; asimismo, en atención al requerimiento inserto en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis (foja 714), consistente en que remita las constancias correspondientes de los Registros Federales del Contribuyente HCV671019EM2 y HCV671019EM2; hace del conocimiento a éste órgano jurisdiccional, que dichas constancia se encuentran comprendidas dentro de las unidades administrativas a nivel nacional cuya denominación correcta es Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, la cual tiene como domicilio oficial el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 2416, piso 12, Copilco El Bajo, Delegación Coyoacán, México, Ciudad de México. agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y ténganse por cumplimentado el requerimiento de mérito, a su vez, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ténganse por autorizadas a la persona que precisan, única y exclusivamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos; y, Con fundamento en el artículo 28 de la ley de la materia, téngase como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones el mencionado en el oficio de cuenta. Asimismo, toda vez que del oficio de cuenta se advierte que la constancias requeridas se encuentran comprendidas por la Coordinación General de Recaudación y Fiscalización, requiérase a ésta, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación, remita las constancia correspondientes de los Registros Federales del Contribuyente HCV671019EM2 y HCV671019EM2, o manifiesten su imposibilidad para cumplimentar lo anterior; apercibida dicha autoridad, que en caso de ser omisa a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo individual una multa de cincuenta días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, lo cual es así, tomando en consideración que es el primer requerimiento que se le hace a la citada autoridad. Finalmente, a fin de que dar oportunidad a que se desahogue el requerimiento inserto en el párrafo anterior, y no violar las reglas procesales que rigen el Juicio de Amparo, la audiencia constitucional que se encuentra prevista para el día de la fecha se difiere, y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del dos de enero de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo el desahogo de la misma.

  3. Principal

    II. El estado procesal de los presentes autos evidencia que la responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, no ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria, a fin de que se pronuncie respecto a dejar insubsistente el traslado realizado del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" del quejoso Cesar Alejandro Guadarrama García. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada responsable, para que dentro del plazo de tres días, dé total cumplimiento al fallo protector, es decir, remita las constancias donde se acredite haber reingresado al quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con las medidas de seguridad necesarias. Apercibida que de hacer caso omisa, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, además, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 192 antes referido, con copia certificada del auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se ordena requerir al Secretario de Gobernación, como superior jerárquico de la responsable, para que dentro del plazo de tres días ordene a la responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, cumplir con la ejecutoria de amparo; apercibido que de no demostrar que dio tal orden, se le hará efectivo los apercibimientos decretados en el párrafo anterior. Por tanto, a fin de evitar dilaciones procesales, con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Administración de Correos Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal en Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, informe a este Juzgado de Distrito el tratamiento que dio al oficio 44496/2016 y 44497/2016, dirigidos al Secretario de Gobernación y Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, mismos que fueron registrados como piezas postales MN602592483MX y MN602592470MX depositado el cuatro de noviembre del año en curso, con el apercibimiento que no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

  4. Principal

    II. ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO.

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