Antonio Zepeda Labra
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2022
Partes del expediente
- Antonio Zepeda Labra
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el ocurso de cuenta signado por Froylan Alejandro Salinas Mora, apoderado legal de Antonio Zepeda Labra, personalidad que acredita en términos de la carta poder anexa al escrito que se acuerda, a través del cual desahoga la prevención que se le formuló en auto de tres de los actuales. En ese tenor, se reconoce la personalidad de por Froylan Alejandro Salinas Mora, como apoderado Antonio Zepeda Labra, en términos de la carta poder de ocho de marzo de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, así como del contenido del escrito por el que se desahoga la prevención que realizada el tres de los actuales, se obtiene que el promovente esencialmente se duele de la emisión de: El auto de fecha uno de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral J.1/124/2015, por el que la junta responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el sumario constitucional 918/2021, dejar insubsistente la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para emitir una diversa -precisamente el uno de febrero de dos mil veintidós- en la que declaró procedente la nulidad de la notificación practicada el veintisiete de enero de dos mil veinte a la Comisión del Agua del Estado de México, y todo lo actuado con posterioridad a la notificación viciada. En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación, se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (.)." De lo anterior, se deriva que, conforme a tal dispositivo, son dos los supuestos en los cuales el juicio de amparo resulta improcedente, a saber: a) Tratándose de resoluciones emitidas en los juicios de amparo. b) Tratándose de actos en que se dé cumplimiento a una sentencia de amparo, que será aquélla que haya concedido la protección federal, habiendo resuelto el fondo del asunto, sin dejarle a la autoridad responsable la posibilidad de decidir lo que estime pertinente (plenitud de jurisdicción). La razón que sustentan los supuestos reseñados es evitar la presentación de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otros procedimientos de la misma naturaleza, pues las actuaciones de los jueces de control constitucional son susceptibles de revisarse a través de la interposición de los medios de impugnación que la Ley de Amparo regula, no así mediante la tramitación de diversos juicios de amparo -sin ningún límite-, en detrimento de la seguridad jurídica (ya que podrían emitirse resoluciones contradictorias). Ahora, la improcedencia que nos atañe opera cuando el acto o resolución combatida deriva del cuaderno principal de un juicio de amparo, el incidente de suspensión; o bien, en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél; así como en las resoluciones dictadas después de concluido el juicio constitucional, bien sea, en una aclaración de sentencia, en un recurso de reclamación, en contra de las que resuelven los recursos de revisión y de queja, que pudieran llegar a interponerse; todas esas resoluciones se entienden emitidas en el juicio de amparo (como medio extraordinario de control constitucional), sin importar si dicha resolución o actuación se emitió antes o después de fallado el juicio en lo principal. En ese tenor en contra de ese conjunto de actuaciones, el juicio biinstancial es improcedente, independientemente de que sean autos, resoluciones o actuaciones de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios de Circuito o de Tribunales Colegiados de Circuito; ya que contra ellos no procede el juicio de amparo, pudiendo atacarse dichos actos solamente a través de un recurso o medio de defensa previsto en la propia Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de derechos; y de proceder algún medio de impugnación en contra de actuaciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un parámetro de regularidad constitucional sobre otro juicio de la misma naturaleza; pues en todo caso, si al tramitar o resolver un juicio de amparo se incurre en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de la materia establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado. El fundamento y motivación de la actualización de esta causa de improcedencia específica de la acción de amparo, descansa en las siguientes razones: Por su naturaleza, las actuaciones en los juicios de amparo tienen la presunción de haber sido pronunciadas con estricto apego al texto constitucional y legal, puesto que implican una previa labor analítica de examen constitucional, con el fin de constatar si hubo o no violación alguna a las hipótesis de procedencia consignadas en el artículo 103 Constitucional; además, existe una razón de carácter práctico, consistente en la estabilidad y seguridad jurídica, a cuya consecución tienden todos los procesos. De esta forma, la resolución de las cuestiones constitucionales que se ventilen en los juicios de amparo, se vería indefinidamente aplazadas, debido a la incesante promoción de amparos contra sentencias, proveídos recaídos en aquellos o las omisiones, lo cual no sólo menoscabaría considerablemente la seguridad jurídica que en materia constitucional debe existir; sino que quebrantaría el prestigio y la estabilidad de la administración de justicia en el fuero federal. En vía de orientación, se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 453 de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia: Común, Tesis: 2a./J. 107/2015 (10a.), Registro: 2009870, que dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Por lo cual, cuando se reclaman actos provenientes de otro juicio de amparo, no es dable entrar a su análisis en un diverso juicio constitucional, pues se ejercería un control constitucional sobre uno de la misma naturaleza; lo cual no está permitido conforme a la disposición 61, fracción IX, antes invocada; máxime que el aquí quejoso tiene expedito su derecho para impugnar dichos actos, a través de los recursos o medios de defensa que la propia Ley de la materia prevé. De ahí que, por lo que hace al acto del cual se duele la parte quejosa, resulta evidente que el juicio de amparo indirecto es improcedente, puesto que el auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral J.1/124/2015, fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el sumario constitucional 918/2021, de índice de este juzgado de Distrito, en el que se concedió la protección constitucional a la Comisión del Agua del Estado de México, para los efectos siguientes: ". 1. Deje insubsistente la resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado en el expediente laboral J.1/124/2015; y, 2. Dicte una nueva resolución en la que declare fundado el incidente de nulidad de actuaciones y ordene al actuario de su adscripción que realice de nueva cuenta la notificación de veintisiete de enero de dos mil veinte y, en caso de que se efectué en los mismo términos, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo, en específico que haga constar la entrega de la copia autorizada de dicha resolución. .". En ese tenor, si en el auto de uno de febrero de dos mil veintidós la junta señalada como responsable procedió a dar cumplimiento a lo establecido en la ejecutoria emitida en el sumario constitucional 918/2021, de este índice, procediendo a dejar insubsistente la determinación de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, para emitir una nueva -precisamente el uno de febrero de dos mil veintidós- en la que declaró procedente la nulidad de la notificación practicada el veintisiete de enero de dos mil veinte a la Comisión del Agua del Estado de México, y todo lo actuado con posterioridad a la notificación viciada; por lo que resulta inconcuso que el acto que se pretende controvertir a través del presente juicio, derivan del pronunciamiento emitido en un diverso juicio de amparo y que resolvió este propio órgano control constitucional; de ahí que, en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia atinente a que el acto reclamado consiste en una determinación que se emitió en cumplimiento a una sentencia de amparo, sin dejarle a la autoridad responsable la posibilidad de decidir lo que estime pertinente (plenitud de jurisdicción). Por tanto, de acuerdo a los razonamientos expuestos en párrafos anteriores, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, por lo que resulta procedente, con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente.
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