Antonio Zavala Villagómez

Expediente 929/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
929/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Zavala Villagómez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el secretario de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a través del cual informa que en veintitrés de los actuales, notificó a la aquí quejosa -mediante buzón judicial, al usuario número **, a nombre de ***- la determinación de catorce de noviembre del año en curso, dictada en el expediente que se actúa; asimismo anexa las constancias para acreditar su dicho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Recepción de demanda por declinatoria Visto el comunicado y anexos que envía la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad capital, al que se anexa: copia certificada del oficio 2579; comunicado 2420 y copia certificada del diverso 2579; original y seis copias de la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, constancias de emplazamiento, toca de apelación ***, copia certificada del expediente *** en cuatro tomos (tres de ellos por duplicado). Lo anterior, por considerar que carece de competencia legal para conocer de la acción de amparo y la finca a los juzgados de Distrito en esta ciudad. Se acepta competencia declinada. Hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado que este órgano se avoca al conocimiento del asunto. Formación de cuadernos auxiliares. Se ordena formar ocho cuadernos auxiliares que contendrán las constancias que se reciben. Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a las autoridades: Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, residente en la ciudad de Guanajuato. Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 929/2023-II, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***, que confirmó la diversa que declaró improcedente el incidente de falta de personería instado en el expediente **. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos», expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues, de lo contrario, no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el toca ***, que confirmó la diversa que declaró improcedente el incidente de falta de personería instado en el expediente ****, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el juicio se desarrollara por todas sus etapas y la quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable declaró improcedente un incidente de falta de personería, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. Valoración de constancias. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que se tienen a la vista las documentales allegadas por la superioridad, dentro de las cueles obran los elementos suficientes para llegar a la determinación que se adopta; mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. **** Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a********************, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Notificación a la parte quejosa por conducto de la autoridad responsable. En diverso orden, del escrito que se recibe se aprecia que la parte quejosa señala para efecto de recibir notificaciones, un buzón electrónico del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Por tanto, gírese atento oficio a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a efecto de que por su conducto le haga del conocimiento el presente proveído, por medio de buzón judicial, al usuario número ********************, a nombre de ******************** Asimismo le requiera para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Celaya, Guanajuato; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista electrónica que se publica en la página del Poder Judicial de la Federación, así como en los estrados del órgano judicial citado. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.

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