Antonio Zamudio Valdez
Expediente 591/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Antonio Zamudio Valdez
Actuaciones
- Principal
MESA IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO: Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de once de junio de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por improcedente y se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, considerando que resulta innecesaria la retención de la documentales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2; hágase devolución de tales constancias a la misma, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no actuar en consecuencia, dichas constancias se sujetarán al destino del presente asunto.
- Principal
MESA IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO: Visto lo de cuenta, agréguese a estos autos el escrito de demanda de amparo promovida por Antonio Zamudio Valdéz, contra actos del Jefe del Cesi Tampico, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en Tampico, Tamaulipas y otra autoridad, regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 591/2018-IV-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, examinada en su integridad la demanda de garantías que nos ocupa, este Tribunal Federal, estima que respecto de los actos que se reclaman a las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), debe desecharse la demanda de garantías por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen:. En ese sentido, del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados que el quejoso atribuye a las autoridades dependientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en el Estado de Tamaulipas, en Tampico y Ciudad Victoria, se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de atender la petición formulada por el quejoso en treinta de mayo actual, relativa al otorgamiento de las escrituras del bien inmueble de su propiedad, adquirido mediante el crédito ****, de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, con el citado Instituto. Ahora bien, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un ente como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, la concepción del acto reclamado para la procedencia del juicio constitucional, constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1 de la ley de la materia, preceptos que establecen la procedencia del amparo; en primer lugar, contra normas generales o actos de autoridad, extendiéndose en algunos casos este concepto de autoridad a algunos supuestos donde particulares realicen actos equivalentes a los de las autoridades estatales, pero esta extensión es excepcional. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo o negativo que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas o que constituye un acto concreto de efectos particulares, imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa y unilateral. Lo anterior, tiene como consecuencia que no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad y como se anticipó, de los particulares que tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, no todos aquellos que algún órgano del Estado o paraestatal realicen, tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación. Por lo que sólo serán autoridades para los efectos del juicio constitucional aquellas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten en perjuicio del gobernado los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional mexicano. Bajo el citado contexto, se colige con toda precisión que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos fundamentales, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, circunstancia que, en el caso, no acontece. Lo anterior, pues las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Asimismo, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose, también, por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federación han sostenido que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona física o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispongan de la fuerza pública y estén en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. Por ello, en caso de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resultaría improcedente en contra de aquéllas, sin soslayar lo dispuesto por el propio artículo 5, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Precisado lo anterior, esta Juzgadora estima que los actos que se reclaman a las autoridades dependientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en esta Ciudad, no tienen el carácter de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y, consecuentemente, no son susceptibles de combatirse en esta vía, lo anterior en virtud de que la autoridad señalada como responsable, actúa en un plano de igualdad con el ahora quejoso, tal como se verá a continuación. Para ello conviene reproducir las disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que en lo que aquí interesa establece:. Los citados artículos disponen que la citada ley es de utilidad social, de observancia general en toda la República, que crea un organismo de servicio social denominado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual tiene por objeto, entre otros, administrar los recursos del Fondo, así como coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, entre otras. En ese tenor, de la anterior relación de derechos, limitantes y consecuencias que se prevén en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, importa destacar que en esos supuestos el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, actúa como administrador de dicho fondo nacional, caso en el cual, debe decirse que el mencionado Instituto no actúa en su carácter de autoridad para los efectos del amparo; lo anterior, es así, ya que dicho Instituto, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal en su artículo 123, apartado A, fracción XII, sólo es un administrador del mencionado Fondo, el cual como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio tiene el encargo constitucional de operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad sus habitaciones, por tanto, los créditos que otorga este último, plasmados en los contratos respectivos, no se suscriben en un plano de supra a subordinación entre el instituto y los trabajadores, pues dicho acto, por su propia naturaleza, es un acto bilateral, es decir, deriva de un acuerdo de voluntades en el que el instituto accede al otorgamiento de financiamiento a un trabajador para que adquiera en propiedad una habitación, y este último lo acepte en los términos y condiciones que se plasmen en el contrato; por ende, las actuaciones derivadas o relativas al otorgamiento de un crédito de vivienda estarán dentro de una relación de coordinación propia de su calidad de administrador de fondos. De lo anterior se obtiene, que en el caso, dicho Instituto actúa como Administrador del Fondo de Vivienda, dado que el acto que se le atribuye es relacionado con la conclusión de un crédito de vivienda otorgado por esa institución, y por lo consecuente el otorgamiento de las escrituras correspondientes; por tanto, el actuar del citado Instituto al denegar la petición de crédito al aquí quejoso, no lo hace en su calidad de autoridad responsable ya que no se encuentra investido de la facultad de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación). De ahí que, en la especie, la relación jurídica existente entre las partes corresponde a una relación de coordinación entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el aquí quejoso como trabajador, y no como autoridad y gobernado con carácter de supra a subordinación, lo que resulta indispensable para que el gobernado esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo; por tanto, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no constituye un acto de autoridad como lo exige el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en el artículo 112 y 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, POR MANIFIESTA Y NOTORIA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA PROMOVIDA POR ANTONIO ZAMUDIO VALDEZ. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Carlos Riestra Rodríguez, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos de la parte final, segundo párrafo del invocado numeral, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Alma Aurora Gómez Zamorano, en virtud de no tener debidamente registradas sus cédulas profesionales ante dicho Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.
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