Antonio Zacarías Cruz

Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
66/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2022

Partes del expediente

  • Antonio Zacarías Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    I. Causa estado sentencia. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Se ordena archivo de expediente. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, a las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 66/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como las promociones con números de registros 2923 y 2817 en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos la promoción con número de registro 2923 a través de la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración el citado informe justificado para resolver el presente juicio. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental exhibida por la autoridad responsable y hágase la relación respectiva en la etapa correspondiente de la presente audiencia. Por otra parte, agréguense a los autos de la promoción con número de registro 2817, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, ténganse por hechas sus manifestaciones, y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase las fotocopias certificadas que solicita. Asimismo, certifica que la autoridad responsable rindió su informe justificado en el sentido de que son ciertos los actos reclamados; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidenta, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones, mientras que las demás partes no ofrecieron medio de convicción alguno; a lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y admitidas las aludidas pruebas, las cuales se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza; luego, téngase por cerrada la fase probatoria. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal adscrito; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica: que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 66/2022-III, promovido por Antonio Zacarías Cruz, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno el veintiocho siguiente a este juzgado de distrito, Antonio Zacarías Cruz, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 685 de la Ley Federal del Trabajo y 1º, 8°, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Que se combate en el presente juicio de garantías es la Omisión de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, de señalar fecha y hora para que tenga verificativo el desahogo de la prueba de inspección, asi mismo ha sido omisa en enviar los oficios al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUR (sic), así como el oficio dirigido al INSTITUTO MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), para que rindan los informes que se solicitó admitieron como pruebas. Desde el día 14 de enero de 2021 la H. Junta omitió señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección en el expediente número 33/2017, dentro de los plazos establecidos por la misma LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Ni sea girado atento oficio al IMSS e IMPI, para efectos de que rinda el informe." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiocho de enero de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de treinta y uno siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 66/2022-III; se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 127/2022 en el sentido de que se conceda el amparo solicitado, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal laboral que no requiere ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: a) La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, aquí quejosa, en el juicio laboral 33/2017 de su índice. b) La omisión de librar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a efecto de que rindan el informe solicitado respecto de las probanzas admitidas en el contradictorio natural. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su presidenta, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Lo anterior se corrobora con la fotocopia certificada de la constancias que remitió la responsable, relativa al juicio laboral 33/2017 de su índice, a la que se otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; pues se advierte por acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, la junta responsable regularizó el procedimiento laboral y señaló las once horas del quince de marzo de dos mil veintidós, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de inspección ofrecida por la parte actora; asimismo, ordenó librar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Propiedad Industrial, a fin de que informen sobre los puntos solicitados por la actora. Asimismo, expidió los oficios números STYPS/SSTZN/JECA2/367/II/2022 y STYPS/SSTZN/JECA2/368/II/2022 para comunicar dicho requerimiento a las autoridades indicadas. Lo anterior, corrobora la existencia de los actos reclamados pues hasta antes de la fecha de presentación de demanda de amparo -veintisiete de enero de dos mil veintidós- la junta responsable no se había pronunciado sobre el desahogo de la prueba de inspección pendiente por desahogar en el contradictorio de su conocimiento ni había ordenado librar los oficios conducentes a fin de que las autoridades antes precisadas rindieran el informe solicitado; pues ello ocurrió hasta el catorce de febrero siguiente. Por tanto, son ciertas las omisiones reclamadas. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: "Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, respecto de los actos atribuidos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero de este fallo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso de los actos de carácter negativos, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. En la especie, la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la actora en el juicio laboral 33/2017 de su conocimiento y de librar los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Propiedad Industrial, a fin de que informaran sobre los puntos solicitados por la parte trabajadora. Ahora, de la fotocopia certificada de las constancias integrantes del juicio laboral 33/2017 del índice de la responsable, previamente valoradas en el considerando que antecede, se advierte que han cesado las omisiones de las que se duele la parte impetrante. Se afirma lo anterior, debido a que en acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, la junta responsable regularizó el procedimiento laboral relativo al sumario 33/2017 y ordenó el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, señalando las once horas del quince de marzo de dos mil veintidós, para tal fin; asimismo, ordenó expedir los oficios correspondientes a las autoridades al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Propiedad Industrial, para que informaran los puntos solicitados por la parte accionante; asimismo, libró los oficios números STYPS/SSTZN/JECA2/367/II/2022 y STYPS/SSTZN/JECA2/368/II/2022. Luego, claramente se desprende que han cesado los efectos de manera total e incondicional de los actos reclamados, consistentes en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de inspección ofrecida por la parte actora en el sumario de origen, la cual estaba pendiente de efectuar; así como de librar los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a efecto de solicitar rindan los informes correspondientes; pues ello ocurrió el catorce de febrero de dos mil veintidós. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero de este fallo. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonio Zacarías Cruz, por propio derecho, contra los actos reclamados de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero y en términos de lo expuesto en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguense para que obren como correspondan las promociones de cuenta, remitidas por las autoridades responsables 1] Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo y 2] Actuaria de su adscripción, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, mediante las cuales, la primera autoridad remite fotocopia certificada del 1) acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 229/2020 de su índice, 2) la notificación de dos de diciembre del año en cita, relativo al acuerdo en comento y 3) la razón actuarial de veintiséis de enero de dos mil veintidós, que obra en autos del juicio laboral de origen y en la cual, la actuaria responsable, hizo constar su imposibilidad de emplazar a Maganima, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte tercero llamada a juicio en el procedimiento laboral 229/2020 del índice de la junta de su adscripción, por las razones ahí expuestas. Ahora, la junta responsable informa que remite a este juzgado de distrito, fotocopia certificada de la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada en autos del juicio laboral de origen; sin embargo, fue omisa en adjuntar dicha documental a su oficio de cuenta. En ese tenor, a fin de velar por el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, para que, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, para lo cual, deberá:  Remitir fotocopia certificada de la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada en autos del juicio laboral 229/2020 de su índice. Conforme a lo anterior, se le recuerda que de conformidad con los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo, en suma, las juntas están obligadas a tomar las medidas necesarias a fin de procurar la economía, sencillez y concentración del proceso y podrán corregir cualquier irregularidad u omisión en la substanciación, para efecto de salvaguardar el derecho humano a una justicia pronta y expedita, reconocido en el numeral 17 de la Constitución Federal; de ahí que las autoridades responsables que se encuentran obligadas a dar total cumplimiento al fallo protector, deberán realizarlo a la luz de la obligación normativa y constitucional en mención, sin necesidad de que exista requerimiento de este juez de distrito. Con el apercibimiento para la referida autoridad que de no hacerlo dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación; lo anterior, con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Federal, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. De igual forma, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se informa a la autoridad responsable que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad responsable que no obstante llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución del fallo protector, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos las promociones de cuenta, con que las autoridades responsables 1] Juez de Despacho adscrita al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio y 2] Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio, adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de cinco de enero de dos mil veintidós, remiten fotocopia certificada de la i) totalidad de las constancias que integran la carpeta administrativa 352/2021 de su índice, así como ii) los registros audiovisuales relativos a dicha carpeta.Sin que proceda dictar mayor proveído, toda vez que, mediante acuerdo de veintiocho de enero de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Por tanto, una vez que cause estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en este auto, devuélvanse a las autoridades en mención las constancias remitidas.

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