Antonio Wilggins Jiménez

Expediente 1074/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1074/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/05/2023

Partes del expediente

  • Antonio Wilggins Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, y a María Eugenia Cruz Mejía, en su calidad de tercero interesada, y por lista de acuerdos a la diversa tercero interesada: Esmeralda Lexiur Ferreira, por así estar ordenado en autos, la sentencia engrosada el once de mayo de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1074/2022 promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa data, ********************promovió juicio de amparo contra la resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós por el Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en la audiencia de revisión de la medida cautelar de resguardo domiciliario impuesta al quejoso en el proceso penal******************** de su índice. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de noviembre citado, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la parte tercero interesada y al fiscal de la Federación adscrito y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y obran en autos las constancias de notificación de los terceros interesados y del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por la vía, pues se reclama una decisión judicial emitida en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la parte quejosa, y por ende, es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós por el Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en la audiencia de revisión de la medida cautelar de resguardo domiciliario impuesta al quejoso en el proceso penal******************** de su índice. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por el quejoso, ********************, al Juez de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, en razón de que reconoció el acto reclamado. Lo que se corrobora, en razón que la autoridad judicial responsable remitió copia auténtica de la videograbación de la audiencia en la cual se emitió la determinación reclamada; medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. Se destaca que el Juez de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, informó a este órgano jurisdiccional que el seis de enero de este año dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso en el proceso penal******************** por el delito de feminicidio en grado de tentativa -la cual fue apelada y está pendiente de resolverse el recurso- "para los efectos legales a que haya lugar dentro del juicio de amparo", lo cual, a consideración de quien resuelve, sólo podría estimarse vinculado a la causa de improcedencia prevista en el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en este apartado se emprenderá su estudio. En el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo se dispone que el juicio de amparo será improcedente contra los actos derivados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban estimarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Y en su segundo párrafo acota que cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sola emisión de la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto; de ahí que la autoridad judicial que conozca del proceso penal, deba suspender en esos casos el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia. Como ya se señaló, el juez del proceso hace saber a este juzgado que dictó sentencia de primer grado en el proceso penal del cual deriva la determinación de revisión de la medida cautelar de resguardo domiciliario que el quejoso recurrente destaca como acto reclamado en el juicio de amparo. Al respecto, cabe precisar que el artículo 180 del Código Nacional del Procedimientos Penales, prevé la continuación de la medida cautelar en caso de sentencia condenatoria hasta que cause estado la sentencia, sin perjuicio de que puedan ser sujetas de revisión de conformidad con las reglas del citado código. Asimismo, que la sentencia condenatoria apelada no puede estimarse una sentencia firme, pues en términos del artículo 412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fallo de primer grado quedará firme cuando se omita recurrirla oportunamente. En ese orden de ideas, es patente que con el exclusivo dictado de la sentencia de primer grado no opera un cambio de situación jurídica de la medida cautelar, pues su imposición comprende el tiempo que una persona se encuentra limitada o privada de su libertad ambulatoria con motivo de un proceso penal y concluye con el dictado de una sentencia firme, esto es, cuando la sentencia de primera instancia causa estado o bien, se dicte la resolución de segunda instancia. Así lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 35/2012 (registro: 2000631) publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1; Página: 720; de rubro y texto: "PRISIÓN PREVENTIVA. COMPRENDE EL TIEMPO EN QUE LA PERSONA SUJETA AL PROCEDIMIENTO PENAL PERMANECE PRIVADA DE SU LIBERTAD, DESDE SU DETENCIÓN HASTA QUE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CAUSE ESTADO O SE DICTE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO. Conforme al artículo 20, apartado A, fracción X, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, además de que en toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. En ese sentido, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo de privación de la libertad -en cualquiera de los casos que prevé la constitución- desde la detención -con motivo de los hechos- de la persona sujeta al procedimiento penal, hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado que dirima en definitiva su situación, sin que deba sumarse a ese lapso el periodo en que se resuelve el juicio de amparo que, en su caso, se promueva; no obstante lo anterior, si se concede la protección constitucional para que se deje sin efectos la sentencia y se reponga el procedimiento, en ese supuesto también debe considerarse como prisión preventiva el tiempo en que esté privado de su libertad para llevar a cabo las actuaciones que correspondan a la fase del proceso repuesto y hasta que se dicte de nuevo resolución definitiva y firme". Luego, si en el caso se reclama la resolución que determina la prórroga de la medida cautelar de resguardo domiciliario, y con posterioridad a ello, el juez de enjuiciamiento resolvió en definitiva el juicio oral, resulta evidente que al no quedar firme la sentencia condenatoria dictada en la causa penal al haber sido apelada; entonces no opera un cambio de situación jurídica que haga que queden irremediablemente consumadas las violaciones alegadas, pues los efectos de la medida cautelar concluyen con el dictado de una sentencia firme, esto es, cuando la sentencia de primera instancia causa estado o bien, se dicte la resolución de segunda instancia. Por identidad de razón, es aplicable la tesis I.1o.P.118 P (registro digital: 2017692) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2963, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA SU IMPOSICIÓN, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PROCESO PENAL RESPECTIVO, ELLO NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo señala que cuando en el amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas -por cambio de situación jurídica- las violaciones alegadas para los efectos de la improcedencia prevista en ese precepto. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso reclama la imposición de una o varias de las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo, la prisión preventiva justificada, aduciendo la posible violación al artículo 19 de la Constitución Federal (que es el fundamento constitucional de lo condigno a las medidas cautelares) y durante la sustanciación del juicio se hace del conocimiento del órgano de amparo que se dictó sentencia definitiva (de primera instancia) en contra del agraviado en el proceso penal donde se originó el acto reclamado, ello no actualiza la causa de improcedencia de referencia. Lo anterior, porque la sentencia de primera instancia dictada en el proceso penal, no ocasiona un cambio de situación jurídica del quejoso en estricta relación con la medida cautelar impugnada en el juicio de amparo indirecto, o sea, no se modifica ni se varía su condición jurídica en lo que se refiere a la medida impuesta, pues ésta continúa incólume desde que se decreta hasta el momento que cause ejecutoria dicho fallo, como lo dispone el artículo 180 del código citado, siempre que no haya sido modificada o revocada durante el proceso penal instruido al quejoso, con motivo de alguna revisión que se hubiese realizado a la medida cautelar". En ese sentido, dado que no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto de carácter penal, en el que el solicitante del amparo tiene la calidad de sentenciado en el expediente de origen. En efecto, el quejoso ********************reclama la decisión que deniega su solicitud de variar la medida cautelar de resguardo domiciliario que le fue impuesta por el Juez de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, en el proceso penal********************, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En sus motivos de disenso, el quejoso se limita a esbozar que la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la privación de la libertad de todo procesado no puede exceder de dos años sin que medie sentencia definitiva, y en el caso ha acumulado cinco años privado de su libertad, dos en prisión preventiva y tres en resguardo domiciliario; asimismo, que si bien las condiciones de ejecución de ambas medidas cautelares no son idénticas, lo cierto es que ambas afectan su libertad, y por ello es aplicable la misma restricción a su vigencia. ANTECEDENTES En seguida, a fin de dar claridad al asunto, se hace una breve exposición de los antecedentes de la resolución reclamada. El acto reclamado en el amparo tiene su origen en la causa penal******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Octavo Distrito Judicial, con sede en Veracruz, Veracruz, seguido ********************(quejoso) por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En él, se le impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario mientras dure el proceso, de acuerdo con los artículos 153 y 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya solicitud de variación derivó en el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar celebrada el catorce de noviembre de dos mil veintidós. En ese acto, la defensa del entonces acusado (hoy sentenciado) refirió como sustento a su petición lo siguiente: "Esta defensa solicita de la manera más atenta se sirva llevar a cabo la variación de la medida cautelar en favor de mi representado, el ciudadano ********************, toda vez que se considera que, como órgano garante del texto constitucional, existe previsión respecto de las medidas cautelares de la duración que las medidas cautelares habrán de tener, es decir, si bien es cierto que el texto constitucional señala la prisión preventiva, sobre la cual serán dos años la máxima para la imposición de la misma, no menos resulta cierto que mi representado formalmente se encuentra procesado desde el año de noviembre del dos mil diecisiete. Privado de su libertad desde entonces. A la fecha han pasado prácticamente cinco años desde la imposición de la medida cautelar y si bien es cierto que el órgano jurisdiccional que precedió a quien preside la presente audiencia, en fecha catorce de enero de dos mil veinte varió la medida cautelar por cuanto hace al resguardo domiciliario, no menos cierto resulta ello que hasta el momento mi representado igualmente ha venido, ha sido privado de su libertad, lleva cinco años privado de su libertad, por lo cual se considera que la variación de la medida cautelar es procedente, toda vez que, entre otras cuestiones, el propio artículo 156 del Código Nacional no señala precisamente que el órgano jurisdiccional que lleva a cabo los criterios bajo los cuales tendrá que regirse el órgano jurisdiccional al momento de imponer una medida cautelar, establecen las circunstancias particulares de cada persona, así mismo como el criterio de mínima intervención y en esas condiciones es que se considera que las mismas se encuentran debidamente acreditadas, lo cual es coincidente con el oficio número SSP/DGPRS/UMECA VERACRUZ CENTRO/4318/2022 de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, el cual se encuentra asignado por la ciudadana ********************, la encargada de la Unidad de Medidas Cautelares y Supervisión de la Suspensión Condicional de Proceso en Veracruz Centro y Norte, quién al momento de rendir este informe que fue solicitado en la audiencia próxima anterior, puntualmente, la labor de aquella es supervisar si se da el resguardo domiciliario o no se dan resguardo domiciliario, es decir, si es que él ha permanecido dentro del domicilio que fue fijado por parte del órgano jurisdiccional, o si no fue, o si en algún momento incumplió con esa obligación. Y lo cierto es que del contenido del oficio de referencia. Es puntual en señalarse que, o no se advierte del oficio de referencia, que él haya incumplido en algún momento con salir del domicilio de referencia. Es decir, durante los últimos casi tres años, puntualmente ha cumplido con el mandato del órgano jurisdiccional, por lo cual se considera que existen elementos suficientes que permitan sostener la necesidad del cambio de la vida de cautelar, toda vez que entre otras, existe una privación de la libertad de mi representado y es una cuestión que tiene que ser supervisada por parte de quien preside la presente audiencia. Y no podemos única y exclusivamente ceñirnos a un debate en relación así es prisión preventiva o resguardo domiciliario, porque lo cierto es que ambas generan el mismo efecto, que es que él se encuentre privado de su libertad en este momento. Y en atención a ello es que al encontrarse privado de su libertad. Si se les causa una afectación al principio de presunción de inocencia, su tracto procesal, pues hasta el momento no se ha justificado que haya incumplido con esa medida cautelar, pues se reitera del informe de referencia en momento alguno se señala que al momento de hacer las supervisiones se la haya encontrado fuera de ello. Y al respecto, déjeme igualmente hacer del conocimiento que cómo opera esta medida cautelar. Para para esta medida cautelar es precisamente la dirección de reinserción social, quien manda a un custodio, quien está permanentemente dentro del domicilio de mi representado y no obstante ello igualmente, como lo señala la propia ********************, ella se constituye al domicilio, en fechas y horas sorpresivas para mi representado, sin avisar, sin previo conocimiento, llega señalando que siempre en todo momento se la ha encontrado al interior del domicilio y en relatadas condiciones, y toda vez que se ha cumplido con dichas condiciones es que se considera que es dable. La variación de la medida cautelar por la situación, por las circunstancias que el suscrito ha señalado, pues se reitera, la temporalidad, que hasta el momento ha sufrido claramente se encuentra en demasía, afectando a su deambulación, sin que exista una justificación para ello. Debe señalarse igualmente que en aquel momento, ciudadano juez, el propio juzgado de control, el entonces, el licenciado ********************, quien fue quien llevó a cabo la variación de la medida cautelar, autorizó a mi representado para que en su domicilio pudiera tener acceso a Redes sociales, a equipos de cómputo para poderse conectar a Internet, puesto que eso iba a ser parte de la fuente de su trabajo, debo señalar igualmente que no existe prueba alguna que señale que dichos medios o dicho contacto virtual, que el tuvo con la realidad, con externos haya generado que terceras personas se hayan visto comprometidas en su seguridad en modo alguno. De manera que, al no existir prueba de ello, claramente se presume. Que en todo momento se ha conducido de conformidad con la normativa y con el respeto a las partes dentro del presente proceso y en atención a ello es que se considera que al ser prácticamente cinco años en que se encuentra privado de su libertad, es dable llevar a cabo la variación de la medida cautelar en favor de mi representado, solicitándole que para el efecto las medidas que fije sea, precisamente, y entre otras, la prohibición de salir del país, para lo cual él estaría en condiciones de proporcionar el pasaporte, de ser necesario, ciudadano igualmente, si así lo considera el órgano, la prohibición de concurrir a cualquier lugar o a cualquier domicilio que él le señale a sí mismos como a una determinada distancia que este mismo órgano jurisdiccional determine, y también si es necesario el impedir la comunicación con cualquier persona, aunque, se aclaró que dicho ciudadano juez, lo cierto es que ha tenido la oportunidad de comunicación y desde el día catorce de enero del año dos mil veinte a la fecha no existe dato de prueba alguno con el que se nos haya corrido traslado en el que se dé cuenta precisamente que pudo haber habido una violación por parte de aquel puesto que, en contrario de haber habido alguna violación por parte de él, lo cierto es que se le tuvo que haber hecho del conocimiento al órgano jurisdiccional en su momento para llevar a cabo la supervisión y revisión de dicha medida cautelar y en consecuencia de lo anterior es que se considera que es dable la petición que formalmente viene realizando el de la voz. Es cuanto ciudadano juez". Por su parte, la agente del Ministerio Público investigadora, al contestar la solicitud de la defensa, indicó que: "Tal y como hemos escuchado de parte de la defensa. Hasta este momento no se han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de resguardo domiciliario su Señoría, el mismo defensor ha sido muy claro en señalar que el señor ******************** tenía prisión preventiva y, posteriormente se varió la medida a resguardo domiciliario. Él señala que de ninguna manera han variado las condiciones, porque si no ya hubiésemos pedido el cambio de medida cautelar su Señoría, por lo cual no estamos en los parámetros del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La defensa señala que el señor ******************** no ha incumplido con ese resguardo domiciliario, pues no ha incumplido, Señoría, porque ese cumplimiento no es voluntario. Él mismo señala que es personal de seguridad pública el que se encuentra al pendiente de que el señor ******************** cumpla con la medida cautelar que le fue impuesta por el juez del conocimiento en su momento, su Señoría. El mismo Defensor también señala que el señor ******************** tiene libre acceso a Internet. Dentro del mismo informe que rinde la encargada de la unidad de medidas cautelares, la psicóloga ********************, señala que dentro de la supervisión que le ha realizado al señor ********************, lo ha encontrado en diferentes partes de la casa, con un libre deambular por la misma. También señala que el mismo vendía pasteles que el mismo tenía un trabajo dentro de la misma, dentro de su mismo domicilio y que realizaba ese trabajo por Internet. Eso lo dice su Señoría el informe que rinde la encargada la unidad de medidas cautelares, tal y como lo señala el ciudadano defensor. Por lo consiguiente, su Señoría no le asiste la razón al Defensor al señalar, al solicitarle una medida cautelar diferente y, principalmente su Señoría porque el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en señalar que el Ministerio Público federal sólo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de las de la víctima y de los testigos. En el caso que nos ocupa su Señoría, nos encontramos en presencia del delito de feminicidio en grado de tentativa. Por lo consiguiente, aquí se trata de privilegiar su Señoría, la protección de la víctima y de los testigos, su Señoría, en virtud de que la víctima corre peligro, estando el señor ******************** fuera de su domicilio en donde se encuentra con una medida cautelar menos lesiva que la prisión preventiva oficiosa su Señoría, la cual estaba purgando dentro de un cerezo. Por lo cual su Señoría, hasta este momento esta fiscalía no ha escuchado por parte del Defensor de qué manera han cambiado las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar que nos ocupa, señalando su Señoría que la obligación del Estado es velar por los intereses de las víctimas su Señoría, así como del mismo acusado y en una ponderación de derechos su Señoría, la obligación del Estado es proteger a las víctimas su Señoría y más con una perspectiva de género. Y no olvidando que el estado de Veracruz cuenta con dos alertas de género respecto a la violencia, que es la máxima violencia que existe en la violencia feminicida, su Señoría, la cual fue ejercida en contra de la víctima su Señoría, misma que se encuentra aquí presente, por lo cual esa fiscalía solicita, respetuosamente deseche los solicitud hecha por la defensa en virtud de que no ha podido o no ha demostrado ante este órgano de este jurisdiccional el por qué la variación de la medida cautelar, según lo señala el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y al estar en la presencia de lo señalado por el artículo 167 del referido ordenamiento Señoría es cuando". La asesora de las víctimas refirió coincidir con las manifestaciones de la Fiscalía y agregó: "He de manifestarle primero que de acuerdo al artículo 161, en relación con el 167, 168 y 170, no han modificado las condiciones por las cuales el catorce de enero del año dos mil veinte le fue impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario al señor ********************, máxime que hay que conocer que particularmente el artículo 168 menciona que para poder realizar y llevar a cabo ese tipo, de cualquier tipo de medida cautelar en relación con el 167, es importante mencionar el máximo de la pena que llegara a imponerse de acuerdo al delito de que se trate, estando justo ante la presencia de la posible comisión de delito de feminicidio en grado de tentativa contra quien fuera su esposa en algún momento dado. Además, es importante también señalar lo que establece ese mismo artículo en la fracción tercera, que es el comportamiento de la persona imputada posteriormente a los hechos y hay datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación en donde se indicó que él en cuando vio todavía a la víctima tirada, mencionó que en caso de que viviera terminaría con su vida en cuanto pudiera. También es importante mencionar el 170 que se establece la necesidad de proteger a las víctimas, y hay que recordar primordialmente que cuando se llevó a cabo la medida cautelar, el cambio de medida cautelar el catorce de enero de dos mil veinte no se consideró todavía la existencia de víctimas indirectas, siendo que existe en el día de hoy tres víctimas indirectas como lo son el menor de identidad resguardada, con iniciales S. A. W. C. Así como dos personas más, personas que deben de valorarse en principio en términos del artículo primero constitucional, párrafo último, párrafo de ese artículo y el artículo 17 constitucional, así como el artículo 5, 12 de la Ley General de víctimas, que se les debe de tener un enfoque diferenciado y especializado en razón del criterio de interdisciplinariedad que tiene que ver con que son personas. Que además de ser víctimas indirectas, es decir, están dañadas por el hecho victimizarte, también se debe de tomar en cuenta el tratamiento respecto a su edad. En el caso del primero, de identidad resguardada, menor de edad, es una persona, es un niño y en el caso de las otras personas, son personas adultas, ambos con íntima relación con la víctima directa. Aquí presente ********************. También es importante mencionar específicamente que cuando estamos hablando de este tipo de delitos se debe de atender a lo que establece la jurisprudencia 22 del 2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que habla acerca de la perspectiva de género, lo cual el juez está obligado a valorar objetivamente, primero que no se señalen estereotipos dentro de cualquier tipo de decisiones. Segundo. Que existan los medios de pruebas adecuados para poder garantizar que esto es así posible, incluso al ordenar aquellas de manera oficiosa, lo cual su Señoría, a petición de la defensa y por supuesto sin oposición de tanto a la Fiscalía como la asesoría jurídica, fue que se le pidió a la Licenciada ******************** que emitiera un informe sobre la evaluación de riesgo correspondiente, indicando la susodicha en un principio en lo relativo al informe 4318 del 2022, que ha estado llevando a cabo las visitas y que en un principio, existió resistencia y molestia por parte de la persona hoy acusada para ese tipo de visitas que sin embargo, este tipo de actitudes fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero que también se observó de manera inusual que al existir un personal femenino como era persona de guardia de seguridad, se tuvo que pedir a la seguridad pública que hiciera el cambio del mismo, dado las condiciones en las que se habían llevado a cabo los hechos que se están aquí investigando y objeto de cuál del proceso, al ser una tentativa de feminicidio. También es importante mencionar que el día de hoy existe un riesgo importante para las víctimas, dado que, además de contar con víctimas indirectas, sabemos desde un momento que la persona aquí no ha realizado ningún tipo de actividad para poder asumir su responsabilidad, tal y como lo establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 29 y 32, al señalar que las medidas reeducativas que pueden llevar a cabo las personas agresoras tienen que ser llevadas a cabo por instituciones públicas o por personas certificadas para poder trabajar y asumir la responsabilidad de los hechos que ha llevado. Esto de ninguna manera ha sucedido. Por lo tanto, insistimos, desde la asesoría jurídica víctimal que siguen persistiendo los hechos, que en un principio se llevaron a cabo y que ponen en riesgo a la vida. La única manera y la única razón por la cual no ha hecho ningún tipo de agresión hacia la señora ******************** es porque ha estado en resguardo domiciliario con seguridad pública, esto de ninguna manera se garantizaría en el momento en que como lo solicita la defensa se pidiera por ejemplo, incluso la entrega de su pasaporte, lo cual por supuesto no es óbice para que pueda cometer alguna agresión. Tampoco el hecho de que pueda privársele de poder acudir a terminados lugares. Dado que conoce perfectamente la forma y las circunstancias en que ******************** vive, su familia, sus pasatiempos, su familia, dado que tuvo una relación de matrimonio con ella, es decir, del contexto que se puede realizar de cómo ocurrieron los hechos previamente y de la vida que llevaban como pareja, es evidente que conoce perfectamente bien a la familia, sus pasatiempos y su modo de vida. También es importante analizar que cuando estamos hablando particularmente del tema de lo que tiene que ver con la circunstancia de que también pueda decirse que la víctima no está en riesgo con su presencia en libertad o con estos parámetros que está solicitando la defensa, esto es incorrecto, dado que también hay que garantizar en todo momento que la víctima pueda estar de manera libre. En caso de que ******************** tuviera que parecer la existencia del señor ********************en libertad con cualquiera de las medidas que está suscitando la defensa. ********************, de ninguna manera podría estar tranquila, dado que hasta el día de hoy, y como se le corrió traslado respectivamente a la defensa y a la fiscalía. Hay una constancia por parte del psiquiatra que está llevando a cabo en la atención a la víctima directa de nombre ********************, que establece que la señora ********************, de 30 años de edad, acude porque hasta el día de hoy tiene trastorno en estrés postraumático derivado de los hechos que acontece, este informe fue rendido con fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós. Y fue corrido traslado en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós a ambas partes, que son. Es cuánto, su Señoría". Luego de dar derecho de réplica a las partes, en cuyas intervenciones se reiteró esencialmente lo vertido en sus declaraciones iniciales, el Juez cerró el debate y determinó negar la solicitud de la defensa en los siguientes términos: "Ahora bien, este tribunal que está declinada la competencia para atender el juicio oral, pues tuvo conocimiento de este proceso a partir del mes de septiembre de esta anualidad, fecha en la que se decretó como fecha para audiencia de juicio oral el pasado nueve de octubre. No obstante. Se constató que no fue posible llevar a cabo la citación de todas las partes, con la posibilidad de celebrar la audiencia de juicio. Razón por la que se difirió y se decretaron las doce horas del doce de diciembre de esta anualidad, para continuar con el debate de juicio oral. Como ustedes sabrán, el artículo 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene la competencia exclusivamente a ese debate y en causas, pues que pueden ser excepcionales, sobre todo cuando están involucrados derechos fundamentales cuando están involucrados situaciones de grupos vulnerables a los que pertenezcan las partes, pues entonces es posible analizar decretos de medidas de protección, decretos de análisis de medidas cautelares. Es sin duda, y ustedes lo saben que yo no decreté esta medida cautelar porque esto viene decretado desde la fase de juicio oral. Perdón desde la fase de control y por el juez de control, quien desde el catorce de enero dos mil veinte como lo dijo la defensa, varió la medida de prisión preventiva que estaba cumpliendo el acusado, actualmente acusado. Para determinar el resguardo domiciliario con las modalidades que tuvo a bien explicar la defensa. Y esto es que pues el acusado debe estar en su domicilio con un custodio presente. Con visitas de esporádicas y sorpresivas por parte de la titular de la unidad de medidas cautelares para verificar su cumplimiento. Y con la libertad de que tuvo acceso a redes sociales, equipo de cómputo para llevar a cabo actividades laborales. Y en ese sentido fue que se pactaron las modalidades. La defensa dice que la privación de la libertad debe analizarse a partir de la fecha en la que se decretó esto, el veinticinco de noviembre de dos mil diecisiete cuando se le impuso la prisión preventiva oficiosa y que desde esa fecha el acusado ha permanecido privado de su libertad hasta la actualidad y que ya han transcurrido cinco años. Y que, pues, en este caso, el solo transcurso del tiempo devela que existe una violación al derecho fundamental de ******************** a la libertad personal con una restricción que ya no está justificado. Pero yo no encuentro esa justificación, no encuentro esa injustificación para que continúen los efectos de la medida cautelar, puesto que el solo transcurso del tiempo, pues no devela que en realidad las circunstancias hubieren variado objetivamente. Para determinar que las condiciones que fueron analizadas en el decreto de la medida cautelar, los riesgos que estaban presentes en ese momento. Sí, a ver. Voy a decretar un breve receso, vamos a hacerlo con calma. La pido al custodio verifique la presencia del acusado. Decretó un receso de 5 minutos". "Bien, reanudo la audiencia, continuó con la resolución. Manifiesto que el solo transcurso del tiempo, en este caso cinco años, pues no devela que exista necesidad de variar la medida cautelar, ni que se hubieran modificado objetivamente las condiciones que se analizaron para su decreto. En ese sentido debo precisarle a la defensa que aun cuando la restricción a la libertad personal en el resguardo domiciliario es elevado no es equiparable o no significa lo mismo que una prisión preventiva en un centro de readaptación, esto bajo el esquema de cómo se distribuyen o cómo se ejecuta la readaptación social en el Estado Mexicano, que es que no existen establecimientos para la ejecución de la prisión preventiva sino que se ejecuta la prisión preventiva en los lugares en donde las personas cumplen a su vez condenas ya decretadas firme y en ese sentido los efectos de la prisión preventiva son muy similares a los de una condena en un juicio y no puede equipararse estos efectos de la prisión preventiva a lo que se traduce en un resguardo domiciliario, en donde ha quedado patente las modalidades decretadas por el juez de control pues permitieron o han permitido al acusado ejercer derechos que no tienen las personas que están bajo los efectos de una prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, en un centro de readaptación social, por eso es que no puedo establecer que el solo transcurso de cinco años bajo los efectos de una restricción a la libertad personal de ******************** implique ya por sí mismo una violación a su derecho fundamental de manera injustificada, pues está claro en el auto de apertura de juicio está relatado, fue objeto de la fase de control el hecho con apariencia de delito o el hecho delictuoso ya en esta etapa procesal que está sujeto a debate, es un delito que atenta al libre desarrollo de la personalidad, es un delito que pone en peligro, puso en riesgo bienes jurídicos tutelados de mayor nivel, como lo es la vida de una mujer y en el sentido es que estaba justificada la restricción a la libertad personal cuando se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y cuando se varió con un riesgo menor a la hipótesis de la fracción décima tercera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por ende, yo no veo, que ni la evaluación de riesgos que rinde actualmente la encargada de medidas cautelares, ni los argumentos que ha expuesto la defensa constituyan una variación a las condiciones que se analizaron para el decreto de esta medida cautelar. En el contenido de la evaluación de riesgos realizada por la titular de la unidad de medidas cautelares, sí efectivamente dice que existe un cumplimiento pero como lo precisó la fiscalía este cumplimiento no es voluntario tiene una restricción y específicamente es que la modalidad es que se cumpla en el domicilio con la presencia de un custodio que esté verificando que ********************pues no abandonen ese domicilio y que además las visitas sorpresivas también forman parte de que esa voluntad de ********************de cumplir con esta medida cautelar, pues no estén, por no esté siendo la base del cumplimiento de la medida cautelar, sino que sabe que de atentar a este a esta medida cautelar podemos volver al decreto de la prisión preventiva como la única medida cautelar que garantice todos los riesgos actualizados por el hecho eh que es materia de debate, por las circunstancias personales del acusado, por garantizar la integridad de la víctima. En ese sentido tampoco veo que sea operante lo expuesto por la defensa. Ahora bien, lo que dijo la suprema corte en relación a la vigencia de la prisión preventiva fue que esta no podía durar más de dos años sin que se revisara oficiosamente, lo cual no significó que al revisarse implicará la modificación per se, sino que se analizará, se revisara si están todavía dadas esas condiciones o podía establecerse una medida cautelar distinta para garantizar la necesidad de cautela, pero insisto, en este debate no está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, sino una distinta que se denomina resguardo domiciliario, y por ende, la jurisprudencia que establece la vigencia de los dos años no puede ser aplicada a esta medida cautelar, pues porque no fue la materia del análisis en ese precedente. Los tres años que han restado de a partir del decreto de esta variación de la medida cautelar, pues no pueden significar una equiparación a los dos años de privación de la libertad que estaba vigente en la prisión preventiva. Son tres años en los que el acusado ha estado en aptitud de poder ejercer otros derechos que no los tienen que estar privados en prisión preventiva, y otro factor que tampoco fue expuesto ni develado por la defensa es que dentro de los tres años que ha durado esta medida cautelar, pues de qué manera se ejerció el derecho de defensa de ********************, y de qué manera influyó en que este plazo llegara a actualizarse, es decir, cuantos medios de impugnación se interpusieron, cuáles fueron los factores que aplazaron la resolución de este juicio, y en lo que consta en esta carpeta administrativa, pues es claro que existió incidentes de nulidad interpuestos por la defensa de ********************que obligaron a quien entonces estaba encargado de esta ponencia a remitir las actuaciones nuevamente al juez de control para dejar firmes ciertas actuaciones y eventualmente redistribuir el juicio, y esto pasó hasta apenas en el mes de agosto de esta anualidad, remitiéndose las constancias a el conocimiento de este juzgador en el mes de septiembre, y es por esa razón que yo no puedo estimar que esos tres años hubieran significado una privación o una restricción injustificada su libertad. Asimismo, precisó que si bien la encargada de la unidad de medidas cautelares estableció que se está cumpliendo con la medida cautelar, también precisó que los factores de riesgo no disminuyeron, y en ese sentido concuerdo. La pena que ha de establecerse como sanción en caso de que ******************** resulte responsable del delito es una pena considerable que representa un riesgo de la sustracción de la acción de la justicia y también la manera en la que se le atribuye este hecho implica un factor de riesgo para de la estabilidad física psicológica y psico-emocional de la víctima, de las víctimas, en este sentido no puedo estimar que el solo cumplimiento de la medida cautelar represente un derecho para la juzgado a variar esta medida cautelar. En ese sentido yo voy a negar la solicitud de revisión y modificación de la medida cautelar propuesta por la defensa de ********************. A ratificar los efectos de la medida cautelar en los mismos términos como se encuentra hasta este momento. ********************debe permanecer bajo los efectos de un resguardo domiciliario con las modalidades que ya tuvo a bien precisar la defensa y que constan en los antecedentes de este proceso penal, relativo a que debe estar un custodio presente, a que deben realizarse la revisión por parte de la unidad de medidas cautelares y la autorización al acceso de redes, con equipo de cómputo, etcétera, todas estas modalidades permanecerán intocadas, y en las mismas consideraciones. En caso de establecerse una modificación de estas modalidades podría ser atendida, pero en este momento procesal y tomando en cuenta que está próximo a celebrarse el juicio oral, pues establezco que esta medida cautelar debe prorrogarse a partir de la fecha en la que feneció su vigencia esto fue el veintitrés de octubre de dos mil veintidós, previo a que se solicitará la revisión de la medida cautelar y en consecuencia a partir de esa fecha veintitrés de octubre de dos mil veintidós se prorroga la vigencia de la medida cautelar de resguardo domiciliario por todo el tiempo que dure el proceso penal, hasta su conclusión, esto tomando en cuenta que el doce de diciembre próximo celebraremos juicio oral y derivado del resultado pues puede ser que ******************** quede ya eh en inmediata libertad, en caso de encontrarse inocente, o en su caso, pues se continúe con los efectos de la sentencia definitiva, lo que le implicaría a ******************** un nuevo ejercicio de defensa y una prórroga más en el tiempo, pero siempre sujeta a la vigencia del proceso penal, por ende, esa será la vigencia de la medida cautelar, por el tiempo que dura el proceso penal, hasta su conclusión, cualquiera que esta resulte, esta es la resolución, quedan debidamente notificados de la misma quienes están presentes en esta sala en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Determinación que constituye el acto reclamado. PREMISAS NORMATIVAS Hecha la narrativa de antecedentes, como punto de partida y en atención a los planteamientos de la parte quejosa, conviene mencionar que los artículos 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 161 y 165, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Articulo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. (.) Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva (.) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares". A partir de la interpretación de tales preceptos, se deduce que para revisar la medida cautelar de prisión preventiva existen dos modalidades constitucionales y una legal. Los requisitos de procedencia de las dos primeras formas de revisión, debe tomarse de lo que expresamente establece la Carta Magna exprofeso para la prisión preventiva, mientras que, la última debe atender a las condiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la revisión de todas las medidas cautelares. Se explica: A. Primera modalidad constitucional: prisión preventiva que excede de dos años Este tipo de revisión debe hacerse cuando la persona imputada o acusada permanece en prisión preventiva más de dos años sin que se haya dictado sentencia. En esos casos, la autoridad judicial, previa petición de la persona interesada, debe revisar la medida cautelar para determinar si cesa o se prolonga su aplicación, analizando si la prolongación se debió al ejercicio del derecho de defensa. Si se ha cumplido el término de dos años sin que se haya pronunciado sentencia, la persona será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares, como lo dispone el artículo 20 constitucional. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este supuesto. Al resolver el amparo en revisión 408/2015, expuso que el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal claramente señala que la prisión preventiva no podrá prolongarse por más de dos años, a menos de que la prolongación se haya debido a la actividad procesal derivada del ejercicio del derecho a la defensa del imputado. En efecto, el ejercicio del derecho a la defensa necesariamente impacta en la duración del proceso penal porque implica la activación de la maquinaria procesal contemplada en la ley para que las personas que enfrentan un proceso penal puedan ofrecer y desahogar los elementos de prueba necesarios, los cuales están sometidos al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio. Por lo tanto, el plazo de duración de la prisión preventiva necesariamente se prolongará, pero dicho lapso no puede existir sin estar sujeto a un escrutinio que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. En ese sentido, de acuerdo a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar el escrutinio sobre el derecho de defensa, deben tomarse en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades. De igual forma, en el amparo en revisión 315/2021 la Primera Sala concluyó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso; así como la necesidad que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva (incluso de la oficiosa) y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Cabe resaltar que la revisión de la medida cautelar por exceder la prisión preventiva de más de dos años, la persona procesada o su defensor, la puede solicitar en cualquier momento e incluso, esto también aplica cuando la prisión preventiva sea oficiosa, como se advierte del amparo en revisión 315/2021 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de febrero de dos mil veintidós. En ese precedente también se estableció que no se logra advertir impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva impuesta por un Juez de control en el sistema penal acusatorio pueda ser revisada en el plazo de dos años, para el efecto de que hecha la petición, determine su cese o prolongación. Ahí se expuso que el contenido de la fracción IX, del Apartado B, del artículo 20, de la Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa. En consecuencia, llegado el límite de dos años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el juez de control, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. La Sala añadió que del artículo 19 constitucional no se desprende limitante alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable. En suma, cuando la prisión preventiva ya sea oficiosa o justificada exceda de los dos años, la persona procesada podrá solicitar su revisión con la finalidad de verificar si su prolongación es consecuencia del ejercicio de su derecho de defensa. B. Segunda modalidad constitucional: prisión preventiva que excede el máximo de la pena La segunda forma de revisión constitucional se establece en el mismo artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 165, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consiste en que la prisión preventiva se debe revisar del tiempo cuando se advierta que su duración excedió el tiempo máximo de pena que fije la ley al delito que motivó el proceso. Puede estudiarse a petición de la persona interesada o de oficio. De haber excedido el plazo, traerá como como consecuencia que la prisión preventiva cese de inmediato. Esto sin perjuicio de que la autoridad jurisdiccional imponga otras medidas cautelares para continuar el proceso. En esta modalidad, la razón que da origen a la revisión de la prisión preventiva consiste en que si el imputado o acusado permaneció en prisión cautelar durante el máximo de la pena que establece el delito por el cual está siendo procesado, entonces se traduce en que prácticamente el justiciable habrá compurgado la pena de prisión (sin que exista sentencia de condena). Lo anterior, se puede corroborar con el numeral 20, apartado B, fracción IX, último párrafo de la Constitución, que establece: "En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención". De forma tal que, si se presenta este escenario, no existirá razón alguna que justifique prolongar la prisión preventiva, ni siquiera puede acudirse al argumento del ejercicio de derecho de defensa, por lo que el órgano jurisdiccional deberá decretar de inmediato el cese de la prisión y, en su caso, fijar una nueva medida cautelar distinta de la privativa de libertad. En conclusión, esta revisión constitucional de la prisión preventiva debe realizarse cuando se advierta que el plazo de la medida excedió del tiempo máximo que la ley fije para el delito que motivó el proceso, pudiendo revisarla de oficio o a petición del procesado o su defensa. De advertirse el exceso, deberá cesar de manera inmediata la prisión preventiva del procesado y se continuará el proceso en libertad, sin perjuicio de que se puedan imponer otras medidas cautelares. El justiciable podrá realizar la petición en cualquier momento y el juzgador estará obligado a pronunciarse respecto a si se cumplió o no el plazo máximo. C. Tercera modalidad legal: solicitud de revisión de la prisión preventiva por variación de condiciones objetivas Esta última vertiente deriva del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a este precepto las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional la revocación, sustitución o modificación de una medida cautelar cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron su imposición. En ese sentido, de conformidad con los artículos 161 y 162 de la citada codificación, la parte interesada deberá presentar su solicitud de revisión de medida cautelar. La autoridad judicial analizará la petición y si no amerita ser desechada, deberá fijar una audiencia que se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a partir de la presentación de la solicitud. Adicionalmente, las partes podrán invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. En la audiencia respectiva, las partes deberán debatir sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Una vez establecidas las modalidades de revisión constitucional de la prisión preventiva y la legal de todas las medidas cautelares, debe destacarse que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se deberán revisar las medidas cautelares: "cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma." Lo que se traduce en que, si existe un cambio, diferencia o modificación, de manera real, de las situaciones o circunstancias que, en su momento, dieron pauta a la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de ésta. Para tal efecto, es necesario que las partes expongan los argumentos y los datos o medios de prueba para cuestionar o refrendar, según sea el caso, la subsistencia de las condiciones o circunstancias que inicialmente la autoridad judicial tomó en consideración para imponer la medida cautelar, y debatirse sobre la necesidad o no de mantener tal medida. Si se trata de la prisión preventiva, la parte interesada podrá solicitar su revisión y deberá exponer por qué variaron de manera objetiva las condiciones que justificaron la prisión cautelar, pero además tendrá la carga de probar su pretensión. Mientras que la autoridad judicial ?previo debate entre las partes? deberá analizar debidamente si la causa invocada por el solicitante resulta o no fundada y si se encuentra demostrada. Si resulta procedente la petición, el órgano jurisdiccional revocará o sustituirá la medida cautelar privativa de libertad. Lo anterior, quedó establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.), del rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable". Por tanto, cualquiera de las tres modalidades de revisión antes reseñadas le podría ser aplicable a la persona procesada, aunque el delito que motivó su proceso sea de los que se encuentran en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 20 constitucional. SUBSUNCIÓN Ciertamente, como se expuso con antelación, hay tres modalidades por las que se puede revisar la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, el quejoso está sujeto a una medida cautelar diversa (la de resguardo domiciliario) y solicitó al juez de enjuiciamiento que señalara fecha y hora para efecto de que se modificara, fundando su pretensión en el artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, donde se establece que la prisión preventiva no deberá exceder de dos años, esto es, en la primera de las modalidades de revisión de la prisión preventiva antes reseñadas, por estimar que ambas medidas cautelares son equivalentes, en la medida que ambas afectan su libertad deambulatoria. De lo anterior se observa que la defensa del imputado, no invocó datos ni ofreció medios de prueba con la finalidad de demostrar que hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar de resguardo domiciliario, sino que sólo se limitó a exponer que el hoy quejoso ha cumplido con sus términos por un lapso aproximado de tres años, y que a su consideración esa solo circunstancia amerita la revisión de su medida cautelar restrictiva de libertad a una menos lesiva. Argumentos que, como lo refirió la responsable, no tienen asidero jurídico en el texto constitucional que se invoca como fundamento base de la petición. En efecto, el mencionado precepto es claro en establecer a la prisión preventiva como la única medida cautelar cuya duración no puede exceder la duración de la pena o el plazo de dos años (con ciertas excepciones) a reserva de ser sustituida por otra medida, que incluso, podría ser restrictiva de la libertad, al no estar restringida esa posibilidad por la normativa aplicable. Así es, las medidas cautelares previstas por el catálogo del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales son aquellas que logran preservar la continuidad del proceso en atención a los tres fines dispuestos en el disímil 153, esto es, conservar la materia del proceso ?que básicamente consiste en dirimir la responsabilidad penal de una persona? que corre riesgo cuando se torna imposible (i) asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, (ii) garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o (iii) evitar la obstaculización del procedimiento Incluso, conforme al artículo 180 del Código Nacional del Procedimientos Penales, la medida cautelar impuesta en el proceso continuo vigente en caso de sentencia condenatoria hasta que cause estado, sin perjuicio de su revisión de conformidad con las reglas antes descritas. En ese orden de ideas, es patente que -existiendo la justificación adecuada- es posible sujetar al procesado a medidas cautelares durante todo el proceso, con excepción de la prisión preventiva, cuya aplicación, por razones de orden constitucional, está limitada en cuanto a su temporalidad con las excepciones indicadas en la propia norma fundamental. Por tanto, fue correcto que se desestimara el argumento del quejoso, al no estar referido a una circunstancia en la que hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, sino que propiamente sometió a consideración de la responsable la aplicación de una modalidad de revisión constitucional de la prisión preventiva que no es aplicable al resto de las medidas cautelares, aun cuando sean restrictivas de la libertad. Por tales razones, este órgano de control constitucional concluye que es correcta la determinación asumida por el Juez de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, ya que en el desahogo de la audiencia de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se reitera, no fueron invocados datos ni tampoco se ofrecieron medios de prueba que evidenciaran fehacientemente que hubieren variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de resguardo domiciliario que nos ocupa. En ese orden de ideas, los conceptos de violación resultan infundados, pues en ellos se insiste en la procedencia de la revisión de la medida cautelar impuesta sobre las base de los parámetros constitucionales previstos exprofeso para la revisión de la prisión preventiva, También son infundados los argumentos en los que aduce que no debió considerarse la pena máxima del delito por el que se le acusa como factor para decretar la medida cautelar, y que la afectación no es proporcional con la necesidad de garantizar su comparecencia al proceso, debido a que con ello, el quejoso propone revalorar la forma de aplicación del supuesto bajo el cual le fue impuesta la medida cautelar de resguardo domiciliario; lo cual no fue la materia del acto reclamado (la revisión de la medida) por tanto, no puede ser motivo de pronunciamiento en este medio de control constitucional. CONCLUSIÓN En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los motivos de disenso en estudio y al no advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la tutela constitucional. . Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados y por las autoridades responsables, conforme a los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta determinación.Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de febrero del año en cita, mediante el cual que en fecha trece de enero de dos mil veintitrés, se recibió en la Oficialía de partes de ese juzgado, el escrito signado por el quejoso Antonio Wilggins Jiménez, el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva e integral el seis de enero de dos mil veintitrés, el cual le fue turnado el dos de febrero del año en curso, toda vez que la sala se encontraba gozando su segundo periodo vacacional, y que dicha apelación se le está dando el trámite correspondiente, por lo que en cuanto quede radicada en alguna de las Salas que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, se informará lo conducente. Por tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a derecho corresponda, por el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en proveído de nueve de enero del año en curso, se tuvo al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo copia certificada de la sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 13/2020, que se sigue en contra del aquí quejoso Antonio Wilggins Jiménez, por su participación en hecho delictivo de tentativa de homicidio, cometido en agravio de víctima de identidad resguardada VG01/2021, así como en agravio de las víctimas indirectas DANIEL CRUZ SOLANO, ROSA CRUZ MEJÍA Y EL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA N01/2021. En esa virtud, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no dejar sin defensa a ninguna de las partes y contar con todos los elementos para resolver el presente asunto, dado que dicha sentencia puede ser apelada por las partes, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, Veracruz, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir de su legal notificación, informe si alguna de las partes apeló la sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 13/2020, que se sigue en contra del aquí quejoso Antonio Wilggins Jiménez, por su participación en hecho delictivo de tentativa de homicidio, cometido en agravio de víctima de identidad resguardada VG01/2021, así como en agravio de las víctimas indirectas DANIEL CRUZ SOLANO, ROSA CRUZ MEJÍA Y EL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA N01/2021, y si ya fue recibida por el Tribunal de alzada correspondiente; de ser así remitir las constancias relativas a la misma. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, dentro del plazo previamente establecido, se le impondrá multa de cincuenta a mil días de salario de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 237, fracción I y 259 de la citada Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, y al no encontrarse debidamente integrado el asunto para dictar sentencia, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para que tenga su verificativo Notifíquese en términos de ley.

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