Antonio Vladimir Ventura Camacho
Expediente 307/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonio Vladimir Ventura Camacho
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, y tomando en consideración que el quejoso Antonio Vladimir Ventura Camacho, no interpuso recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 23 a 25), en el que se decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo, por haberse tenido al citado quejoso por desistido de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación de este juicio, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente. Finalmente, agréguense a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde el Director de Servicios Jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con sede en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, y anexo; sin que surta mayor determinación en virtud de que mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 23 a 25), se decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo, por haberse tenido al citado quejoso por desistido de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación de este juicio; lo que se hizo del conocimiento de la citada autoridad mediante oficio 2847 (fojas 26-27); sobreseimiento que con esta fecha causó ejecutoria.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el quejoso Antonio Vladimir Ventura Camacho, mediante diligencia secretarial de veintitrés del actual (foja 22), se desistió de la demanda de amparo registrada con el número 307/2018, del índice de este Juzgado, promovida contra actos del Director de la Escuela Normal Superior del Istmo de Tehuantepec (ENSIT), con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y del Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, residente en Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca; por consiguiente, se tiene al aludido quejoso Antonio Vladimir Ventura Camacho, por desistido en su perjuicio de la demanda de amparo. Ahora, los artículos 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen:.. De conformidad con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo puede seguirse únicamente por el agraviado, por su representante legal o su defensor, de modo que, si existe petición expresa de desistimiento de la demanda que originó la tramitación del juicio de amparo, entonces actualizará el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese tenor, al existir la voluntad de la parte quejosa, de la no prosecución de la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, se decreta el sobreseimiento en este juicio. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del tres de septiembre de dos mil dieciocho, foja 8 vuelta). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta determinación, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta determinación; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará por lo que ve a las resoluciones y sentencias a las que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Antonio Vladimir Ventura Camacho, y anexo, por el que manifiesta su voluntad de desistirse de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación del presente juicio. En consecuencia, con la finalidad de tener plena certeza de la identidad de quien suscribe el escrito de cuenta, y saber si preserva su propósito de desistirse de la demanda de amparo promovida contra actos del Director de la Escuela Normal Superior del Istmo de Tehuantepec (ENSIT), con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y otra autoridad; con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso, para que dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la legal notificación de este proveído, se presente ante esta Secretaría, con identificación oficial reciente que acredite su identidad, para que manifieste si ratifica o no, su escrito de desistimiento; apercibido que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no ratificado su escrito de desistimiento y se continuará con la tramitación de este juicio de amparo.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Vladimir Ventura Camacho, contra actos del Director de la Escuela Normal Superior del Istmo de Tehuantepec (ENSIT), con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Sin que se tramite incidente de suspensión del acto reclamado, en virtud de no haber sido solicitado por la parte quejosa. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, el que deberán rendir sin falta dentro de los quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se pide dicho informe. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; lo anterior con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada ley. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley invocada, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a). Acompañen las constancias que guardan relación con el acto reclamado, siendo necesarias para la resolución del presente asunto; b). Que las copias que anexe sean íntegras y legibles y, c). Quedan obligadas a comunicar si han ocurrido causas notorias de sobreseimiento del juicio. Con el apercibimiento que 1) de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, o 2) no comunicar la existencia de alguna causa de sobreseimiento; se le impondrá multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, por cantidades comprendidas, en su orden, en el primer caso, entre cien y mil unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, y en el segundo, de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente al momento de realizar la conducta sancionada, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. Por otro lado, infórmese a la responsable que en caso de exhibir documentación o Información con el carácter de reservada o confidencial, deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente "información reservada'', o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, expresando las razones que lo justifiquen, y formulando, de ser el caso, adicionalmente a la versión original, la versión pública de las constancias que tomó en cuenta para emitir el acto reclamado, considerando que el artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dispone que cuando un documento contiene partes o secciones reservadas, se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas y que en términos del artículo 40 del mismo ordenamiento, se debe dar acceso a las versiones públicas de los documentos en las que se excluyan las partes o secciones de éstos que contengan información confidencial; aunado a que las documentales respectivas deberán llevar la leyenda que precisa el citado artículo 30 del Reglamento de la propia Ley, apercibida de que de no cumplir con lo anterior se entenderá que se está en el supuesto previsto en el último párrafo del propio artículo 30, esto es, que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. En el mismo orden de ideas, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada (en caso de existir), así como de la totalidad de las partes que conformen este juicio de amparo, que en la eventualidad de exhibir documentales que a su criterio contengan información confidencial o que deban tener un tratamiento especial consistente en restringir la difusión de datos personales a las partes y que a su vez deban ser resguardadas en el seguro de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, deberán indicarlo expresamente, argumentando los motivos y fundamentos con los que sustenten su dicho, así como exhibirlas en un sobre cerrado debidamente Identificado con su contenido, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de otorgar el tratamiento que en derecho corresponda. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se declaran Reformadas y Adicionadas diversas disposiciones (artículo 26) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esta anualidad. Con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que anexa a su escrito de demanda, consistente en: 1. Copia simple del acta de examen con número de autorización S14200027 de fecha 18 de noviembre de 2014, desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla el día de la audiencia constitucional, aun cuando no exista gestión expresa de parte interesada, misma que se justipreciará al dictarse el fallo en el presente asunto; asimismo, con fundamento en el citado numeral, se tiene por anunciada como prueba de la parte quejosa, la consistente en la de cotejo o compulsa; en consecuencia, resérvese proveer respecto a su admisión, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que de ser incorrecta la denominación de las autoridades señaladas como responsables o de no existir, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridad responsable, se podrá dejar de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella; lo anterior, acorde con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En otro orden, como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aun las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tiene por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laura Itandehui Nolasco Lescas y Benito López Miguel, quienes justifican estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentran registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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