Antonio Villarreal Hernández
Expediente 396/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Antonio Villarreal Hernández
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil veintidós. Causa estado Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto de doce de mayo del año en curso, donde se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, no fue recurrido dentro del plazo de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Valoración Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Depuración Al no existir tramite pendiente que realizar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un auto que desechó la demanda; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Anotaciones Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Documento original exhibido por la parte quejosa Por otra parte, como lo solicita el promovente en el escrito con que se da cuenta, devuélvanse los escritos que anexó a su escrito de demanda. En la inteligencia de que los documentos de que se trata, se devolverán previo cotejo y certificación que se realice con la copia que para tal efecto se deje en autos, a fin de que esta obre en el expediente para debida constancia. Para efecto de hacer la entrega, la citada parte deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde se localiza el módulo "Agenda visita a OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se le otorgará un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en el horario de trabajo presencial asignado a este juzgado-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso al recinto que ocupa este juzgado, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo 21/2020. Finalmente, se tiene por autorizado para recoger dicho documento a la persona que indica en el escrito de cuenta. Documentos que estarán a su disposición en este juzgado federal por el plazo de noventa días hábiles, apercibida dicha parte procesal, que de ser omisa al respecto, éstos seguirás el mismo destino final que el expediente en que se actúa, que es el de destrucción. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintidós . Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos que reclama del Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad y otras autoridades; que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 5, 8, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 396/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fundamento del desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente de amparo señala como acto reclamado en esencia, la negativa de dar contestación a sus escritos presentados ante la responsable Director de Mercados Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, el doce y veintidós de abril del año actual. Además, anexo a la demanda de que se trata, dos escritos de petición con sellos de recibido de trece y veintidós de abril pasado, respectivamente. Desechamiento En esas condiciones, esta juzgadora advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano. Ello es así, pues en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8º de la Constitución Federal; tales numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del artículo 8º Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que se traduce como un derecho subjetivo público individual reconocido en tal numeral; esto es, todo gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término", a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 470, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, visible en el Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". En el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de responder a sus escritos de petición presentados ante la responsable el trece y veintidós de abril de dos mil veintidós, respectivamente; pues así se advierte de las constancias que anexó a su escrito de demanda. Por ello, debe decirse que en este asunto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 8º constitucional, ya que el promovente presentó su demanda de amparo el once de mayo de dos mil veintidós, es decir, entre las fechas de las peticiones y de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido quince y diez días hábiles, respectivamente; de tal suerte que, sí el juicio de amparo fue promovido a menos de un mes después de que la responsable recibió las peticiones del quejoso, no ha transcurrido un breve término para considerarse que se haya transgredido el derecho humano reconocido en el artículo 8° Constitucional, atento a lo expuesto en párrafos precedentes. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 8 Constitucional; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto omisivo reclamado; por tanto, sí el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que la omisión en que incurre la autoridad es de tracto sucesivo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Notifíquese personalmente.
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