Antonio Villanueva Iturbe

Expediente 1031/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1031/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Antonio Villanueva Iturbe
  • Junta Especial Numero Cuatro de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. Visto lo de cuenta, se tienen por recibidos los oficios del Gobernador, Secretario de Gobierno y por ministerio de Ley Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y del delegado de las autoridades responsables del Congreso, todos del Estado de Morelos, mediante los cuales, remiten copia del periódico oficial "Tierra y Libertad", número 6105, de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, visible en la página http://periodico.morelos.gob.mx/obtenerpdf/2022/6105.pdf, en el que se publicó el decreto mil doscientos noventa y cuatro, en el que se concede la pensión por jubilación al aquí quejoso. En ese sentido, tomando en consideración que en la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veinte, en el juicio de amparo en que se actúa, se precisó que los efectos para los cuales se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, fueron a fin de que las responsables, realizaran lo siguiente: "( Dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, se pronuncien respecto de la solicitud de pensión por jubilación que formuló el quejoso el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho y lo hagan de su conocimiento; debiendo remitir a este juzgado de distrito las constancias que así lo acrediten. Sin que la respuesta que se emita constriña a las autoridades responsables a resolver sobre la procedencia o no de la pensión por jubilación que solicitó el quejoso, sino únicamente es para el efecto de que den respuesta a su petición". "énfasis añadido" Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe rendido y sus anexos, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, y una vez transcurrido dicho término este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Notifíquese; y personalmente. QSJA

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Edgar Gerardo Mendoza Pérez, quien se ostenta como apoderado legal de Antonio Villanueva Iturbe, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1031/2022-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. ADMISIÓN En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III de la Constitución Federal, 37, 107, fracción V y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO En términos del artículo 5, fracción IV de la ley de la materia, dese al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cincuenta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable; quien deberá rendirlo en el término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación a los actos que se le reclamen cuya naturaleza sea positiva o negativa, incluyendo aquellas que se tomaron en consideración para su emisión y sus respectivas constancias de notificación, así como las constancias que constituyan los antecedentes de los actos que se le reclamen de naturaleza omisiva. En la inteligencia que de emitir actos posteriores con motivo de la interposición de la demanda de amparo, deberán acompañar copia certificada de dichas constancias y las respectivas constancias de notificación, en la forma en la que se encuentren ordenadas en el expediente de origen. De igual manera, deberá informar si el promovente tiene el carácter con el que se ostenta, esto es como apoderado legal de Antonio Villanueva Iturbe, y de ser así remitan las constancias que lo acrediten. Apercibida que en caso de no hacerlo, o lo haga sin remitir, en su caso copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. En el caso, a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERA INTERESADA Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en la denegación de justicia, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte terceros interesada, es decir, la contraparte de la parte quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso -que subsista tal denegación- y, por el contrario, su búsqueda podría causarle perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere la audiencia constitucional, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda. No se soslaya la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, toda vez que en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete) se establece lo siguiente: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por tanto, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte del quejoso, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en que participa, lo que inclusive es favorable a la contraparte del quejoso. Máxime que de lo que se duele la parte quejosa es de la dilación procesal en la etapa en que se desarrolla el juicio de origen, y no el contenido de alguna determinación emitida por la autoridad responsable. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la citada ley, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Del mismo modo, se previene a la parte quejosa que si la autoridad que señaló como responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se tendrá por inexistente, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables. CONSULTA Y NOTIFICACION POR USUARIO Ahora, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como se realicen las notificaciones que en el mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "Edgar.Mendoza". HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.Así lo proveyó y firma Salvador Flores Martínez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Ana María Jiménez Rivera, que autoriza y da fe. Doy fe.

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