Antonio Velázquez Dávila
Expediente 305/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Antonio Velázquez Dávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 133 a 136 y 140 a 149); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 151 y 152), sin que hayan hecho manifestaciones al respecto (fojas 160 y 161). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de septiembre de dos mil veintiuno este órgano colegiado concedió a Antonio Velázquez Dávila el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que el Juez responsable procediera en los términos siguientes. "(.) I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que: 1. Reitere lo siguiente. a) La procedencia de la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil. b) La condena a la parte demandada al pago de la suerte principal. c) La condena al pago de gastos y costas. d) La determinación de requerir al demandado el pago de lo que fue condenado. 2. Establezca que los intereses moratorios resultan usurarios, para lo cual deberá: a) Reiterar el análisis que realizó entorno a los parámetros consistentes en: "a) el tipo de relación existente entre las partes", "c) el destino o finalidad del crédito", "d) el monto del crédito", "e) el plazo del crédito", "f) la existencia de garantías para el pago del crédito", "h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo", "i) las condiciones del mercado" y "j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador". b) En cuanto a los parámetros consistentes en: "b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada" y "g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan", emprenda su análisis en los términos precisados en esta ejecutoria y reduzca el porcentaje de los intereses moratorios al 18% (dieciocho por ciento) anual, es decir, a un 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual (.)" (fojas 120 vuelta y 121 frente). En relación con el punto 2, inciso b) de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, éste se sustentó en la parte considerativa de la ejecutoria de amparo que es del tenor siguiente: "(.) En ese sentido, si bien la autoridad responsable para arribar a la conclusión de que los intereses pactados en el título de crédito a razón del siete por ciento (7%) mensual resultaba usurario y de manera oficiosa lo redujo al tres por ciento (3%) mensual, lo cierto es que para ello sólo se basó en el hecho de que el concepto de intereses moratorios equivalía a un ochenta y cuatro por ciento de la suerte principal de manera anual, lo que debía catalogarse como una forma de explotación entre los seres humanos, pero no tomó en consideración las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, lo que no debía obrar en autos como "pieza de juzgamiento" por un hecho notorio, de ahí que debió analizar el referente bancario que se emplea para la evaluación de la figura de la usura conforme al Costo Anual Total (CAT), que como referencia establece la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.), transcrita en párrafos que anteceden. Se afirma lo anterior, porque en el presente asunto el documento base de la acción es un título de crédito y, por tanto, el referente bancario que se debe emplear para la evaluación de lo notoriamente excesivo de los intereses estipulados, sería el referido Costo Anual Total (CAT) de una tarjeta de crédito que reporte el valor más alto y corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del pagaré, por ser una operación similar a la que se da en la suscripción de un título de crédito, como el que es base de la acción en el juicio de donde emana el acto reclamado. A fin de conocer esta información, conviene acudir al reporte de indicadores básicos de tarjetas de crédito publicado por el Banco de México, con datos a diciembre de dos mil quince, época de publicación más cercana a la fecha en que se suscribió el pagaré base de la acción (dieciocho de febrero de dos mil dieciséis), para obtener el Costo Anual Total (CAT) de una tarjeta de crédito, dicha tabla se ilustra a continuación. Como se observa en apartado "Dic-15" de la quinta columna el costo anual total para tarjetas de crédito clásicas para instituciones con más de 100,000 tarjetas totales para clientes totaleros y no totaleros (que pagan intereses) oscilan entre el 18% (dieciocho por ciento) y el 57.2% (cincuenta y siete punto dos por ciento) anual, la cual es consultable en la siguiente dirección electrónica http://www.banxico.org.mx, a la que se acude en este juicio de amparo, como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, misma que se obtiene de la página de internet del Banco de México y que hace prueba plena en razón de que es un organismo público que regula los indicadores básicos de las tarjetas de crédito. Luego, si el Costo Anual Total (CAT) que reporta el valor más alto para operaciones similares es del 57.2% (cincuenta y siete punto dos por ciento) anual, entonces la tasa de interés moratoria del 7% (siete por ciento) mensual, que se traduce en 84% (ochenta y cuatro por ciento) anual pactada en el pagaré base de la acción, resulta notoriamente excesiva y usuraria, tal como lo precisó el juez de origen, aunque tomando en cuenta otros parámetros, pues se encuentra por encima del valor más alto para operaciones similares en un año. No obstante lo anterior, si bien la autoridad responsable redujo el porcentaje del interés moratorio (7%) establecido en el pagaré base de la acción, para fijarlo en 3% (tres por ciento) mensual calculados sobre la suerte principal condenada, mismo que resulta de dividir el 36% (treinta y seis por ciento) anual entre doce meses, y éste último porcentaje no excede el Costo Anual Total (CAT) que reporta el valor más alto (57.2%) para operaciones similares en la época más cercana a la suscripción del pagaré; sin embargo, la autoridad responsable dejó de considerar que en su propia resolución precisó que no existe constancia alguna en autos que evidenciara la actividad del acreedor como prestamista, determinación que debe considerarse firme al no haber sido controvertido por la parte actora mediante amparo adhesivo. En ese sentido, al no quedar demostrado que la actividad de la actora fue la de prestamista, menos aún puede considerarse que realizara aquéllas que efectúa una entidad financiera, ya que tampoco está acreditado que las partes tuvieran esa calidad, es decir, no está probado que la relación subyacente entre las partes fue de tipo financiero. En ese sentido, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 57/2016 (10a.),12 el uso del referente financiero (CAT) para el análisis de la usura, depende de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es un título de crédito; así, como se vio, conforme al reporte de indicadores básicos de tarjetas de crédito publicado por el Banco de México, transcrita en párrafos que anteceden, el costo anual total de tarjetas de crédito clásicas para instituciones con más de 100,000 tarjetas totales para clientes totaleros y no totaleros (que pagan intereses) oscilan entre el 18% (dieciocho por ciento) y el 57.2% (cincuenta y siete punto dos por ciento) anual. Consecuentemente, el interés moratorio debió reducirse al 18% (dieciocho por ciento) anual, es decir, a un 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual que corresponde al reporte del valor más bajo para operaciones similares a la que dio origen al título de crédito y es el más próximo a la fecha de suscripción de éste; lo anterior, porque dicho porcentaje sigue estado dentro de los valores mínimo y máximo del referente financiero plasmado en la mencionada tabla, pero además, porque no existe elemento objetivo alguno que permita aumentarlo. En efecto, dichos porcentajes son generados por el Banco de México a partir de la información proporcionada por instituciones bancarias y sociedades financieras que conforman el Sistema Bancario Mexicano, que por su naturaleza se dedican a actividades financieras, entre las que destacan las de banca y crédito, y son reguladas por el Estado a través de entidades como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras, pues entre sus funciones se encuentran las de captar, administrar, generar y orientar el ahorro, la inversión y el financiamiento dentro del marco jurídico establecido por el Estado Mexicano, lo que evidencia que el costo de dichas operaciones, entre las que destaca la de financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan esas instituciones, como son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago, aunado a dichas establecimientos bancarios, tienen un costo de operación por capital humano, informático y de insumos, debiendo cumplir además con obligaciones de carácter fiscal; en ese tenor, dadas esas características de una institución bancaria, en modo alguno pueden asimilarse sus costos y gastos con aquéllos que pudiera generar un pagaré como el que suscriben dos personas físicas, como en el caso acontece, pues, como se vio, no quedó demostrado ni siquiera que las partes hubieran realizado operaciones de tipo financiero y menos aún que la actora llevara a cabo aquel tipo de actividades semejantes a los de una institución bancaria. En ese sentido, resulta inconcuso que aun el interés al 18% (dieciocho por ciento) anual, es decir, a un 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual correspondiente al valor mínimo del referente financiero plasmado en la mencionada tabla ilustrada en párrafos que antecede, resulta benéfico a la parte accionante, pues sigue siendo un porcentaje utilizado en el sistema financiero mexicano por instituciones de crédito cuando, como se vio, no existe dato objetivo que revele que la actora llevaba a cabo actividades como las de ese tipo de instituciones, y menos que para su operación tuviera que sus operaciones tuvieran un costo de operación derivado del uso de capital humano, informático y de insumos; de ahí que resulta razonable que el juez de origen hubiera ajustado el interés moratorio al valor mínimo ya referido (.)" (fojas 116 vuelta a 120 frente). (El énfasis es propio de la ejecutoria de amparo). Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que: I. Mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de abril del mismo año (foja 135). II. El siete de octubre del año en curso emitió una nueva sentencia en la que: 1. Reiteró lo siguiente: a) La procedencia de la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil (foja 143 frente). b) La condena a la parte demandada al pago de la suerte principal (foja 144 frente y 148 vuelta). c) La condena al pago de gastos y costas (foja 148 vuelta). d) La determinación de requerir al demandado el pago de lo que fue condenado (foja 149 frente). 2. Estableció que los intereses moratorios resultaron usurarios, para lo cual: a) Reiteró el análisis que realizó entorno a los parámetros siguientes: - "a) el tipo de relación existente entre las partes; de autos no se advierte que exista alguna relación, sin embargo, se dedujo que la relación fue estrictamente mercantil, proveniente de un Título de Crédito en términos del artículo 1° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito" (foja 146 frente). - "c) el destino o finalidad del crédito, no se advierte con ninguna de las actuaciones existente (sic) en el sumario, cuál fue la razón por la que se solicitó el préstamo" (foja 146 vuelta). - "d) el monto del crédito, se evidencia del documento base de la acción, que el préstamo ascendió a la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)" (foja 146 vuelta). - "e) el plazo del crédito, también se obtiene del pagaré base de la acción, que fue a un año contado a partir de la fecha en que se suscribió" (foja 146 vuelta). - "f) la existencia de garantías para el pago del crédito. De autos no se advierte constancia al respecto" (foja 146 vuelta). - "h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo, es de indicarse que tampoco existe en el sumario algún medio probatorio que establezca tal circunstancia" (foja 148 frente). - "i) las condiciones del mercado, tampoco obra pieza de juzgamiento que las establezca" (foja 148 frente). - "j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador, debe señalarse que la razón vital que esta autoridad jurisdiccional estima suficiente y necesaria para adecuar la tasa de interés moratorio, lo es el porcentaje en que éste se fijó y que se traduce en usura; la cual, es catalogada como una forma de explotación entre los seres humanos; pues al haberse pactad un interés moratorio del 7% mensual, sobre la suerte principal, siendo ésta de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), se obtiene que la demandada debería pagar, la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) mensuales al incurrir en mora; misma que al ser multiplicada por doce meses, se obtiene que por concepto de intereses moratorios, la demandada debería pagar anualmente, la cantidad de $84,000.00 (ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.); esto es, el ochenta y cuatro por ciento de la suerte principal" (foja 148 frente). b) En cuanto a los parámetros consistentes en: "b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada" y "g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan", emprendió su análisis, en los términos precisados en la ejecutoria de amparo, como a continuación se expone. Estableció que no quedó demostrado que la actividad de la actora Imelda Silvia Sampedro fuera la de prestamista, menos aún podía considerarse que realizara aquélla que efectúa una entidad financiera, ya que tampoco se acreditó que las partes tuvieran esa calidad; es decir, no se probó que la relación subyacente entre las mismas fuera de tipo financiero, dicho de otra forma, que la actora tuviera una institución financiera debidamente constituida y se dedicara a realizar préstamos para obtener un beneficio lucrativo (foja 146 vuelta). Consideró que no existía alguna pieza de juzgamiento que evidenciara el interés manejado por las instituciones bancarias en casos análogos; sin embargo, tomó en cuenta la información proporcionada por las instituciones de crédito sobre el tipo de interés y, en el caso, citó como hecho notorio la Tasa Efectiva Promedio Ponderada (TEPP) para clientes no totaleros, regulada por el Banco de México, como referente de las tasas de interés de las Instituciones Bancarias para operaciones similares, la cual analizó en los términos siguientes: En diciembre de dos mil quince, fecha más próxima a aquélla en la que se empezaron a generar intereses moratorios en relación con el título de crédito, la tasa efectiva promedio ponderada para clientes no totaleros cobrada por las principales instituciones bancarias con operaciones en México, osciló entre el 18% (dieciocho por ciento) y el 57.2% (cincuenta y siete punto dos por ciento) anual, arrojando como tasa efectiva promedio ponderada para clientes no totaleros de 37.2% anual, consultable en la dirección electrónica https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/rib-tarjetas-de-credito/%7BD08A71C1-E2A4-D952-D2C8-712E8A350D09%7D.pdf. Conforme al uso del Costo Anual Total (CAT), para el análisis de la usura, depende de su adecuación o no a la similitud del caso, tratándose de asuntos en los que el documento base de la acción es un título de crédito, por lo que conforme al reporte de indicadores básicos de tarjetas de crédito publicado por el Banco de México, el costo anual total de tarjetas de crédito clásicas para instituciones con más de 100,000 tarjetas totales para clientes totaleros y no totaleros (que pagan intereses) oscilan entre el 18% (dieciocho por ciento) y el 57.2% (cincuenta y siete punto dos por ciento) anual (fojas 146 vuelta a 148 frente). Consecuentemente, redujo el interés moratorio al 18% (dieciocho por ciento) anual, es decir, a un 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual que corresponde al reporte del valor más bajo para operaciones similares a la que dio origen al título de crédito y es el más próximo a la fecha de suscripción de éste (foja 148 vuelta). De lo anterior se concluye que en el caso no está cumplida, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. No es inadvertido a lo anterior que en la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable no justificó porqué redujo los intereses moratorios al valor mínimo de la tasa efectiva promedio ponderada para clientes no totaleros cobrada por las principales instituciones bancarias con operaciones en México en dos mil quince, conforme se le instruyó en la ejecutoria de amparo en los términos siguientes: "(.) En efecto, dichos porcentajes son generados por el Banco de México a partir de la información proporcionada por instituciones bancarias y sociedades financieras que conforman el Sistema Bancario Mexicano, que por su naturaleza se dedican a actividades financieras, entre las que destacan las de banca y crédito, y son reguladas por el Estado a través de entidades como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otras, pues entre sus funciones se encuentran las de captar, administrar, generar y orientar el ahorro, la inversión y el financiamiento dentro del marco jurídico establecido por el Estado Mexicano, lo que evidencia que el costo de dichas operaciones, entre las que destaca la de financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan esas instituciones, como son la tasa de interés, las comisiones, primas de seguros que el cliente deba pagar de conformidad con su contrato de crédito, excepto el impuesto al valor agregado aplicable, además de otros elementos como la garantía exigida y la periodicidad o frecuencia de pago, aunado a dichas establecimientos bancarios, tienen un costo de operación por capital humano, informático y de insumos, debiendo cumplir además con obligaciones de carácter fiscal; en ese tenor, dadas esas características de una institución bancaria, en modo alguno pueden asimilarse sus costos y gastos con aquéllos que pudiera generar un pagaré como el que suscriben dos personas físicas, como en el caso acontece, pues, como se vio, no quedó demostrado ni siquiera que las partes hubieran realizado operaciones de tipo financiero y menos aún que la actora llevara a cabo aquel tipo de actividades semejantes a los de una institución bancaria. En ese sentido, resulta inconcuso que aun el interés al 18% (dieciocho por ciento) anual, es decir, a un 1.5% (uno punto cinco por ciento) mensual correspondiente al valor mínimo del referente financiero plasmado en la mencionada tabla ilustrada en párrafos que antecede, resulta benéfico a la parte accionante, pues sigue siendo un porcentaje utilizado en el sistema financiero mexicano por instituciones de crédito cuando, como se vio, no existe dato objetivo que revele que la actora llevaba a cabo actividades como las de ese tipo de instituciones, y menos que para su operación tuviera que sus operaciones tuvieran un costo de operación derivado del uso de capital humano, informático y de insumos; de ahí que resulta razonable que el juez de origen hubiera ajustado el interés moratorio al valor mínimo ya referido (.)" (fojas 116 vuelta a 120 frente). (El énfasis es propio de este acuerdo). Sin embargo, finalmente la autoridad responsable redujo el interés moratorio al 18% (dieciocho por ciento anual), que resulta ser el porcentaje al que se le instruyó redujera dichos intereses en la ejecutoria de amparo, de ahí que, como se adelantó, están cumplidos la totalidad de los efectos de la ejecutoria de amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y de forma electrónica a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de noviembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala, mediante el cual informa que por diverso 1730 de ocho del mes y año en curso remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la sentencia respectiva, la cual fue recibida el once posterior, anexando para tal efecto copia certificada de la constancia que acredita lo anterior. Al respecto infórmese a la autoridad que la copia certificada de la sentencia en comento se tuvo por recibida mediante proveído de catorce de este mes, con la cual se ordenó dar vista a las partes para que en el término de diez días expresen lo que a su interés corresponda.
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