Antonio Velasco Muñoz

Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Antonio Velasco Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil veintitrés AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1386/2023, promovido por *******, por conducto de su apoderado; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado en comento, no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por esa autoridad, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la parte amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la documental enviada por el quejoso; así como las documentales que envió la autoridad responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Se cierra este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo 1386/2023; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito enviado en línea, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el nueve de octubre de dos mil veintitrés, y remitido a este Juzgado el mismo día, Antonio Velasco Muñoz, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que hizo consistir en: ".omitir desahogar todas las pruebas en el expediente principal 01/1007/10 esto, en tiempo, forma y en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, radicado ante la responsable." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada con el número 1386/2023, misma que en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Además, en este asunto, no se atribuyó el carácter de tercero interesado a ninguna persona. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos derivados de un expediente tramitado dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, son: a). La omisión de desahogar la prueba confesional a cargo del actor en el juicio laboral 01/1007/2010. b). La omisión de desahogar diversas pruebas admitidas en el expediente laboral 01/1007/2010. III. Inexistencia del acto reclamado mencionado en el inciso a) del considerando II de esta determinación. No es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, pese a que su Presidente lo haya aceptado al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas en copia certificada y que obran en el juicio de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, de las que se aprecia lo siguiente: El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable, tuvo por desahogada la confesional a cargo del actor, pues ante su inasistencia se le tuvo por confeso de las posiciones calificadas de legales en el expediente natural. En las relatadas condiciones, es claro que al momento de la solicitud del amparo, no existía la omisión de desahogar esa prueba en el juicio de origen; por tanto, procede sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. IV. Certeza del acto reclamado referido en el inciso b) del considerado II de esta resolución. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo refirió su Presidente al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas en copia certificada y que fueron valoradas en el considerando que antecede. V. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la parte quejosa reclama en su demanda de amparo un acto de tracto sucesivo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. VI. Causales de improcedencia. Dado que en la especie, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. VII. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, por lo que se debe conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. La parte quejosa en esencia refiere que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 constitucional, por cuanto hace a los plazos y términos en los que los tribunales deben administrar justicia, en virtud de que no se han desahogado diversas pruebas que fueron admitidas en el expediente natural. Y tiene razón, pues la Junta responsable incumple con su obligación prevista en el precepto 685 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, y su Presidente, la establecida en el artículo 771, de la misma norma; aunado a que las pruebas que admitió en el juicio de origen, no se han desahogado en el término establecido en el ordinal 883 de la legislación obrera; lo que implica transgresión al derecho de legalidad y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna se estableció, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo estipula en su artículo 685 la obligación de las juntas de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; en tanto que el numeral 771 de dicho ordenamiento legal, dispone el deber también de los presidentes de las juntas, de vigilar que los juicios de su conocimiento no queden inactivos, es decir, de proveer lo que conforme a derecho corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Mientras que el ordinal 883 de la Ley Federal del Trabajo, establece como máximo el término de treinta días para desahogar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral. Y en el caso, de las constancias que obran en autos se aprecia que el catorce de diciembre de dos mil quince, la Junta responsable, emitió el auto de admisibilidad de las pruebas aportadas por las partes en el expediente natural, las que falta por desahogar, por la parte actora, la testimonial de José Isabel Flores Carvajal, Jesús Abel Beltrán Rodríguez y José Cardozo Hernández, así como el informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, en proveído emitido el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, admitió el medio de perfeccionamiento ofrecido por la parte actora, consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de Aguirre Juárez Carolina, Taboada Peláez Natalia Ivonne, Valdés Navarrete Jenny, Domínguez Marchan Laura Yuridia, Rosales Garduño Enriqueta y Saavedra Almazán Joel, pero tampoco han sido desahogados, como se aprecia del acuerdo dictado el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, cuando señaló fechas y horas para su verificativo. Por tanto, con la omisión de dar seguimiento al juicio laboral, en específico, no desahogar esos medios probatorios en el término establecido por la legislación obrera, la autoridad responsable, transgredió lo dispuesto en los numerales 685, 771 y 883 de la citada legislación, y con ello, el derecho fundamental de justicia pronta previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que el artículo 883 de la legislación laboral establece como máximo el término de treinta días para desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral, y en el caso, el catorce de diciembre de dos mil quince y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Junta responsable, admitió las mismas; además, tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio natural, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se adminicula con la diversa jurisprudencia 2a./J.33/2019, emitida por la misma Sala, con número de registro 2019400, en la que se determinó que el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable para actuar al respecto, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y en el expediente de origen, el término de treinta días al que hace referencia el numeral 883 en comento, ya transcurrieron en exceso, y no se han desahogado dichas probanzas. No se inadvierte que la Junta responsable pretende justificar su actuar con el argumento de que ello se debe a la excesiva carga de trabajo; sin embargo, por más plausible que es ese argumento, la parte quejosa ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación procede otorgar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. VIII. Efectos de la concesión. Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificada la Junta responsable, de que el presente fallo cause ejecutoria: Tome las medidas necesarias en el juicio laboral 01/1007/2010, para que sean desahogadas la testimonial de José Isabel Flores Carvajal, Jesús Abel Beltrán Rodríguez y José Cardozo Hernández, el informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, y la ratificación de contenido y firma a cargo de Aguirre Juárez Carolina, Taboada Peláez Natalia Ivonne, Valdés Navarrete Jenny, Domínguez Marchan Laura Yuridia, Rosales Garduño Enriqueta y Saavedra Almazán Joel. IX. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****, por conducto de su apoderado, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en términos del considerando III de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos VII y VIII de esta sentencia. TERCERO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe. Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia constitucional contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia en mención, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes; asimismo, por la elaboración de la propia sentencia. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, mediante el cual informa que, por oficio ******************** se hizo de su conocimiento que no se tiene registro de ningún crédito fiscal a nombre de los quejosos ********************, ********************, ******************** y ********************, que derive de la multa impuesta en resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio de origen ********************, ordenada por el Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; y, para tal efecto, remite copia certificada del referido oficio. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; y se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto transcurra el término concedido en auto de diez de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Morales Mondragón, quien se ostenta como apoderado legal de Antonio Velasco Muñoz, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte de la quejosa en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte de la persona solicitante del amparo. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte de la quejosa en casos como este, no tiene el carácter de tercero interesado, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte de la quejosa. Incidente de suspensión. No se ordena la apertura del incidente por no haberlo solicitado la parte quejosa. Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte en el presente asunto. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. No fueron ofrecidas. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio procesal el que indica en su escrito y por autorizadas a las personas que refiere en los términos propuestos, por tratarse de un asunto laboral. Requerimiento sobre reconocimiento de personalidad del apoderado. Asimismo, requiérase a la junta responsable para que al momento de rendir su informe, manifieste si a la fecha el promovente tiene reconocida dicha personalidad dentro del expediente de origen número ********************; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá multa equivalente a cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 259 de la Ley de la Materia. Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.

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