Antonio Valente Martínez Fuentes

Expediente 632/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 47 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
632/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Antonio Valente Martínez Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. VISTA A LAS PARTES Visto el estado de los autos, se advierte que trascurrió el plazo otorgado a las partes en acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, sin que realizaran alguna manifestación; no obstante, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente asunto, ante la inexistencia de los actos atribuidos a las responsables. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, por conducto de su autorizada, interpuso recurso de revisión, del que conocieron los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quienes, por ejecutoria de once de febrero pasado, dictada dentro del amparo en revisión R-278/2021, concluyeron: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 632/2021 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, promovido por ************s, respecto del acto reclamado y autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *************, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **************s, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. Concesión de amparo que implicaría: SÉPTIMO. Por otra parte, respecto a la orden de aprehensión, que se tuvo por presuntamente cierta, reclamada a las siguientes autoridades: Comandante de la Guardia Nacional y Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, por conducto del Director General de Amparos y Contencioso; Secretario de la Defensa Nacional, General *************; Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "C", subsede Zacatlán, Juan ***************; agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 2, del Equipo de Investigación y Litigación I, de la Unidad de Investigación y Litigación "A", *********; agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 7, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A", **************, resulta inconstitucional en sí misma. Debe señalarse que un acto es en sí mismo violatorio de derechos humanos previstos en la constitución federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha carta magna, o a alguno de esos tratados. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la ley fundamental o a los tratados aplicables, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos y garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la ley fundamental o al respectivo tratado surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial. Ahora bien, la inconstitucionalidad de tal acto depende de que no se hubiesen colmado las formalidades previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para restringir válidamente la libertad de una persona (aprehensión). En el caso, si bien se tuvo como presuntivamente cierta la orden de aprehensión reclamada a las autoridades responsables señaladas al inicio de este considerando, lo cierto es que como ya se dijo resulta inconstitucional en sí misma. Lo anterior, toda vez que las referidas autoridades carecen de facultades para emitirla. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 16, párrafo tercero, de la constitución, en el que se establece que las autoridades responsable "ministeriales" no están facultadas para dictar órdenes de aprehensión, pues dicha atribución es propia de los jueces -autoridades del poder judicial-, sea del ámbito local o federal. Luego, en el caso, las responsables no son autoridades jurisdiccionales sino, por su condición, son autoridades administrativas, ya que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo están facultadas para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, a consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación. Pero es al juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento de la orden de aprehensión que, en su caso, solicite el ministerio público. Así las cosas, los que procede es conceder el amparo solicitado por el quejoso, para que las autoridades responsables precisadas en este considerando dejen insubsistente la orden de aprehensión a ellos reclamadas, al tenerse por presuntivamente cierto ante la falta de informe. En ese orden de ideas, mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se conminó a las responsables para que acataran lo ordenado por el Tribunal Revisor. Los fiscales federales ************ agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Célula I-2 Puebla, Estado de Puebla, ************ agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de fiscal en jefe de la UIL "C" EIL I, subsede Zacatlán y ************** agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 7, del Equipo de Investigación y Litigación II, de la Unidad de Investigación y Litigación "A" sede Puebla, así como el Comandante de la Guardia Nacional y Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional, por conducto del Director General de Amparos y Contencioso y el Secretario de la Defensa Nacional, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejaron sin efectos la orden de aprehensión considerada inconstitucional. Conforme a lo anterior, los efectos para los cuales se concedió el amparo fueron satisfechos por las autoridades responsables encargadas de ello; sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento, pues las autoridades encargadas de ello, dejaron sin efectos la orden a aprehensión que se les reclamó. DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, se declara cumplida la sentencia y, por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido. DESTINO DE LOS EXPEDIENTES Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado porque se concedió la protección constitucional, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, éste se deberá depurar y se conservarán la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y una vez hecho lo anterior, se transferirá dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Con relación al cuaderno original del incidente de suspensión, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c), del acuerdo general aludido, en virtud de que en interlocutoria se negó la medida cautelar solicitada por todos los actos reclamados, por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste. Del mismo modo, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado del acuerdo general citado, lo que se realizará una vez que transcurran seis meses a esta fecha; así mismo se ordena remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES De igual forma, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. EXHORTO DILIGENCIADO Agréguese el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 120/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se ordenó la notificación a la autoridad señalada como responsable Secretario de la Defensa Nacional personal del quejoso ********************. En mérito de lo anterior, dése de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Sin que haya lugar a acusar el recibo de estilo correspondiente, atendiendo a que el propio sistema lo genera automáticamente. VISTA A LAS PARTES Por otra parte, agréguese a los autos el oficio del Secretario de la Defensa Nacional, a través de su representante, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, así como con los diversos con registro 3213, 3350, 4624 y 5153, para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Visto el estado de los autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de febrero pasado se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de febrero de dos mil veintidós dentro del recurso de revisión R-278/2021, mediante la cual modificó la sentencia y concedió el amparo, para los efectos ahí precisados. Con motivo de lo anterior, se conminó al Secretario de la Defensa Nacional, para que dentro del término de tres días, acreditara el cumplimiento al fallo. Ante el silencio de dicha autoridad, el veintiocho de marzo siguiente, se ordenó reexpedir la misiva 7986/2022 y notificarla en el correo institucional jfa.dn@sedena.gob.mx; sin que se tenga diverso medio de contacto para para confirmar la recepción del mencionado oficio. Con posterioridad, es decir, el veintinueve de abril siguiente, se volvió a conminar a dicha autoridad; no obstante, desde esa data el Secretario de la Defensa Nacional ha omitido informar sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere al Secretario de la Defensa Nacional, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado del presente proveído informe el cumplimiento al fallo, para lo cual, se le adjunta la promoción 2885, relativa a la ejecutoria pronunciada por el tribunal Revisor. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Además, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. En la inteligencia de que a fin de tener certeza de la recepción de este acuerdo, el Secretario de la Defensa Nacional deberá acusar recibo por el medio que considere pertinente; precisando la data en la que ello ocurrió. NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DERIVADO DE ESTE ASUNTO AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL VÍA EXHORTO Ahora, tomando en consideración las diversas gestiones realizadas por este juzgado a fin de lograr el cumplimiento del fallo y estar en condiciones de colmar el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, mediante comunicación oficial que se gire, vía interconexión, solicítese al homologo federal juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que en auxilio de este juzgado y acatando los Lineamientos de Higiene derivado de la Atención a la Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones, instruya al actuario adscrito a su juzgado que se constituya en las instalaciones que ocupa la Secretaría de la Defensa Social y entregue del oficio que se genere con motivo de la emisión de este acuerdo, así como el registro 2885, para lo cual se adjunta copia debidamente autorizada de manera electrónica de lo citado. De la misma manera, se solicita al juez federal exhortado, que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar la diligencia que nos ocupa, para que de ser necesario se pueda constituir en dicha Secretaría en distintos días y horas inhábiles, sin que sea obstáculo para llevar a cabo la diligencia encomendada. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 310, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; solicítese al juez exhortado para que remita a este juzgado federal dentro de los cinco días siguientes las correspondientes constancias de la diligencia ordenada, o en su caso, informar las razones por las cuales no se llevó a cabo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO JUDICIAL DE LA ADSCRIPCIÓN Finalmente, se habilita a Andry Camilo González Guzmán, actuario judicial de la adscripción, encargado de practicar las notificaciones derivadas de este asunto, para que transfiera el exhorto ordenado en este proveído, a través de las herramientas tecnológicas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal (interconexión). Notifíquese y, vía exhorto, al Secretario de la Defensa Nacional.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Visto el estado de los autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiocho de febrero pasado, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada el once de febrero de dos mil veintidós, dentro del recurso de revisión R-278/2021; del que se desprende que la superioridad tuvo a bien modificar la sentencia amparadora, para los efectos ahí precisados. Con motivo de lo anterior, se conminó al Secretario de la Defensa Nacional, para que dentro del término de tres días, acreditara el cumplimiento al fallo. Ante el silencio de dicha autoridad, el veintiocho de marzo siguiente, se ordenó reexpedir la misiva 7986/2022 y notificarla en el correo institucional jfa.dn@sedena.gob.mx; sin que se tenga diverso medio de contacto para para confirmar la recepción del mencionado oficio. No obstante, desde esa data el Secretario de la Defensa Nacional ha omitido informar sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere al Secretario de la Defensa Nacional, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado del presente proveído informe el cumplimiento al fallo, para lo cual, se le adjunta la promoción 2885, relativa a la ejecutoria pronunciada por el tribuna Revisor. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Además, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. En la inteligencia de que a fin de tener certeza de la recepción de este acuerdo, el Secretario de la Defensa Nacional deberá acusar recibo mediante el medio que considere pertinente; precisando la data en la que ello ocurrió. NOTIFÍQUESE.

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