Antonio Valdez Romero
Expediente 741/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Antonio Valdez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ha causado estado el auto de dieciséis de junio del año en curso; una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, transfiérase al centro archivístico judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este juzgado; en el entendido de que una vez analizado el presente asunto se considera que no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción; se ordena enviar al archivo el presente asunto como totalmente concluido; devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, las copias certificadas que anexo a su informe justificado.
- Principal
Se agrega oficio 4017/2015 y anexo, suscrito por el juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual dicha autoridad comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto; proveído en el que se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, el suscrito resolvería sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Por tanto, el suscrito procede a analizar el acatamiento efectuado a la ejecutoria concesoria del amparo pronunciada en este juicio, atendiendo lo manifestado por el autorizado del quejoso, en los términos siguientes: En primer término, debe precisarse que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Antonio Valdez Romero, para el efecto de que el juez responsable: a). Dejara insubsistente el auto de formal prisión de veinte de agosto de dos mil catorce y dictara otro; b). En el que partiera de la base que la retención del inculpado, aquí quejoso fue ilegal, dado que se infringió en su perjuicio el derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público; c). Con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho procediera, restando valor a las pruebas derivadas de la detención ilegal, tales como la confesión del peticionario y el parte informativo de quince de agosto de dos mil catorce; es decir, no debería tomar en cuenta la declaración ministerial del quejoso ni el parte informativo de quince de agosto de dos mil catorce, rendido y ratificado por los agentes investigadores de Policía Ministerial Juan Pablo García Leal y Julián Alfredo Avalos Castro. d). En la inteligencia de que el restante material probatorio, debería ser valorado en los términos que establece la ley, debiendo establecer el juez de la causa la licitud o ilicitud de las mismas, en el entendido de que si dichas pruebas habían tenido como fuente directa la demora injustificada, no producirían efecto alguno en el proceso ni podrían ser valorados por el juez al ser ilícitas. La sentencia referida, causó ejecutoria el veintiséis de mayo del presente año, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo dictado. En acatamiento a dicho requerimiento, el juez responsable por oficio 4017/2015, informó que el uno de junio de dos mil quince, dejó insubsistente el auto de formal prisión de diecinueve de agosto de dos mil catorce y emitió una nueva resolución, en la que dictó auto de formal prisión, en contra de Antonio Valdez Romero, como probable responsable en la comisión del delito de violación equiparada agravada por razón de parentesco por afinidad, en agravio de la libertad sexual y normal desarrollo de la menor Stefanya Maldonado Vega, de cuyo análisis se advierte que no tomó en consideración la declaración ministerial del quejoso Antonio Valdez Romero, ni el parte informativo de quince de agosto de dos mil catorce, rendido y ratificado por los agentes investigadores de Policía Ministerial Juan Pablo García Leal y Julián Alfredo Ávalos Castro, y valoró en los términos que establece la ley, el restante material probatorio que obra en la causa penal de origen. Precisado lo anterior, se concluye que la autoridad responsable juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, acató el fallo protector, dado que dejó insubsistente el auto de formal prisión que se consideró inconstitucional, y se emitió una nueva determinación purgando los vicios de los cuales adolecía la anterior; que es en lo que se traduce el fallo protector, por lo que con apoyo en lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo de actual vigencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el presente juicio. No es obstáculo a lo anterior, lo manifestado por el autorizado del quejoso, en su escrito presentado el cinco de junio del año en curso, en el que dijo que a su criterio, en la nueva resolución constitucional que se había dictado, se tomó en cuenta como prueba de cargo el testimonio de Susana Vega Molina, esposa del quejoso y que consideraba que dicha probanza tenía fuente directa en la demora injustificada del quejoso ante la agencia social investigadora en la etapa de la averiguación previa, lo que formó parte del fallo protector emitido en este juicio; que dicho testimonio, no estaba sustentado con lo dispuesto en el artículo 275 del Código Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, por lo que solicitaba que dicha probanza no fuera tomada en cuenta en la nueva resolución constitucional dictada. Es así, pues por una parte, se reitera que en el caso, se otorgó plenitud de jurisdicción al juez responsable para que resolviera lo que en derecho procediera, restando valor a las pruebas derivadas de la detención ilegal, tales como la confesión del peticionario y el parte informativo de quince de agosto de dos mil catorce; esto es, que no debería tomar en cuenta la declaración ministerial del quejoso ni el parte informativo de quince de agosto de dos mil catorce, rendido y ratificado por los agentes investigadores de Policía Ministerial Juan Pablo García Leal y Julián Alfredo Avalos Castro; como así lo hizo. Y por otra, respecto al restante material probatorio, se estableció que debería ser valorado en los términos que establece la ley, debiendo establecer el juez de la causa la licitud o ilicitud de las mismas, en el entendido de que si dichas pruebas tuvieron como fuente directa la demora injustificada, no producirían efecto alguno en el proceso ni podrían ser valorados por el juez al ser ilícitas. De ahí que, si el juez responsable determinó que la declaración de Susana Vega Molina, tiene la naturaleza de declaración de testigo, atento a lo previsto por el artículo 205, fracción V, del Código de Procedimientos Penales en vigor en el Estado de Sinaloa, y que su valor es el de presunción, en términos del artículo 323, del ordenamiento legal en cita, porque sostuvo que a la testigo le constaban hechos anteriores y posteriores al evento en que fuera víctima la menor del abuso sexual, que si bien era cierto que no había observado directamente el acontecimiento delictivo, también lo era que la testigo había aportado datos al precisar que efectivamente su hermana Micaela Vega Molina, le había dejado a la menor para acudir con su esposo a un evento en la iglesia que profesan y que su marido estaba de vacaciones, que la niña se quedó en el sillón de su casa viendo la televisión en compañía de su esposo, cuando salió de la casa a la tienda, así como que al momento de regresar de la tienda dicho acusado se miraba nervioso; por lo que le otorgó valor procesal de presunción de cargo en contra del inculpado Antonio Valdez Romero, de conformidad con lo establecido por el numeral 325 del código procesal penal. Por tanto, es dable concluir que el juez responsable analizó el testimonio de mérito en los términos que establece la ley y estimó que dicho deposado no tuvo como fuente directa la detención ilegal de que fue objeto el quejoso.
- Principal
Se agrega escrito, que suscribe el licenciado Martín Guadalupe Cota Reyes, autorizado del quejoso Antonio Valdez Romero, mediante el que refiere, manifiesta su inconformidad con el cumplimiento del fallo protector que dijo dar la autoridad responsable. En atención a su contenido, ténganse por formuladas las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta, las que tomarán en consideración una vez que se analice de manera global el cumplimiento a la ejecutoria en este juicio, ponderando la naturaleza del acto considerado inconstitucional y los efectos del fallo protector dictado en este asunto
- Principal
Dése vista al quejoso con el oficio 4017/2015 y anexo, que suscribe el juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica a este Juzgado, la forma en que dice dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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