Antonio Valdes Vizcarra

Expediente 930/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
930/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
24/12/2015

Partes del expediente

  • Antonio Valdes Vizcarra

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído de treinta de noviembre del año en curso en el que se desechó la demanda de amparo por notoriamente improcedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto en el que se desechó la demanda, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, treinta de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito de demanda promovido por ANTONIO VALDÉS VIZCARRA, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 930/2015, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al Juez, a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente ANTONIO VALDÉS VIZCARRA, reclama lo siguiente: "A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE ORDENADORA RECLAMO LA FALTA O LEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, YA QUE, MI NOMBRE ES ANTONIO VALDÉS VIZCARRA, Y A LA PERSONA QUE SE PRETENDÍA EMPLAZAR AL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO ES A UN SEÑOR DE NOMBRE ANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA, EL CUAL NO CORRESPONDE PROPIAMENTE AL SUSCRITO, ESTO SE DESPRENDE EN EL INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN Y EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, QUE ACOMPAÑO COMO PRUEBAS DOCUMENTALES, POR CONSIGUIENTE, NO SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, Y SE ACTUÓ CONTRARIAMENTE A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO, TODA VEZ QUE MI DOMICILIO DONDE EL SUSCRITO VIVO Y HABITO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE CERRO SAN ANTONIO NUMERO 206 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MAZATLAN DE ESTA CIUDAD, SIN HABER UN JUICIO PREVIO ANTE UN TRIBUNAL PREVIAMENTE ESTABLECIDO, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE EJECUTORA RECLAMO COMO ACTO LA EJECUCIÓN DE UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO YA QUE, MI NOMBRE ES ANTONIO VALDÉS VIZCARRA, Y A LA PERSONA QUE SUPUESTAMENTE SE EMPLAZO AL JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO ES A UN SEÑOR DE NOMBRE ANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA, ESTO SE DESPRENDE EN EL INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN Y EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, QUE ACOMPAÑO COMO PRUEBAS DOCUMENTALES, EN LA QUE APARECE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL QUE SE ADVIERTE QUE MI NOMBRE CORRECTO ES ANTONIO VALDES VIZCARRA Y EL DOMICILIO DONDE VIVO Y HABITO UBICADO EN CALLE CERRO SAN ANTONIO NUMERO 206 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MAZATLAN DE ESTA CIUDAD, POR CONSIGUIENTE, EL ACTUARIO EJECUTOR RESPONSABLE, NO CUMPLIÓ LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, Y ACTUÓ CONTRARIAMENTE A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO, TODA VEZ QUE MI DOMICILIO DONDE EL SUSCRITO VIVO Y HABITO SE ENCUENTRA UBICADO EN LUGAR DIVERSO AL QUE SE REALIZO EL EMPLAZAMIENTO, Y ES MAS, LA PERSONA A QUIEN SUPUESTAMENTE BUSCO EL FUNCIONARIO JUDICIAL, NI SIQUIERA FIRMO EL INSTRUCTIVO DE NOTIFICACIÓN, POR CONSIGUIENTE, NO SE DESPRENDE UN JUICIO PREVIO ANTE UN TRIBUNAL PREVIAMENTE ESTABLECIDO, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, Y CONFORME A LAS LEYES AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU CALIDAD DE EJECUTORA: EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO, Y PEOR AUN A UNA PERSONA DE NOMBRE ANTONIO VALDEZ LIZÁRRAGA, QUE DESCONOZCO EL SUSCRITO TOTALMENTE, POR CONSIGUIENTE, SE DESPRENDE LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO." En el caso, el quejoso se duele del emplazamiento a juicio efectuado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en el juicio de origen 714/2015, respecto del cual se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es así, pues quien resuelve advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió tramitar el medio de defensa legal que establece la ley ordinaria; ello, en la medida que el peticionario de garantías es parte demandada en el juicio 714/2015, por lo que debió promovente el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en los numerales 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. En efecto, los preceptos legales antes invocados, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" "ARTÍCULO 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." "ARTÍCULO 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "ARTÍCULO 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo." En la especie, se advierte que el solicitante de la tutela constitucional, es el demandado en el juicio de origen, el cual se encuentra en trámite, pues de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se aprecia que el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se efectuó el emplazamiento a juicio del aquí quejoso, de cuya ilegalidad se duele; lo que se corrobora con la constancia relativa al instructivo de notificación que acompaña a su demanda, en el que se encuentra inserto el auto de ocho de octubre del año en curso, dictado en el juicio sumario civil de desahucio 714/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad; auto por el que se admite a trámite la demanda de desahucio entablada en contra del peticionario de amparo y otro; así como de la demanda que motivó el juicio de origen y del contrato de arrendamiento anexo. Por tanto, el aquí quejoso se encuentra en posibilidad de hacer valer el medio de defensa que establece la ley secundaria en contra del acto reclamado, esto es, del emplazamiento al juicio de origen efectuado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, pues tal acto debió impugnarlo por medio del incidente de nulidad de notificación, en términos de los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, como premisa fundamental del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues jurídicamente a través de dicho medio ordinario de defensa, está en aptitud de combatir el acto que por esta vía reclama, y al no hacerlo así, antes de acudir a la presente instancia constitucional, es claro que el juicio biinstancial resulta improcedente. Además, en el caso, concurren las condiciones que establece el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para la improcedencia del juicio constitucional, a saber: Se trata de actos emitidos por una autoridad judicial. Procede un recurso contra dichas determinaciones, por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados. Los actos reclamados no afectan a personas extrañas a juicio. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, ni resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, no se trata de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO POR CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Finalmente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda, y como autorizados para tal efecto, en términos de la parte inicial del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Juan Ramón Tirado Sánchez y Juan Francisco Soto Juárez. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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