Antonio Valdes Sánchez

Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Antonio Valdes Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda, sin que el quejoso haya interpuesto el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado, se declara firme dicho proveído; por tanto, archívese como asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el contenido de la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de dieciséis de junio del año en curso, en el domicilio que señaló en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, por las razones que expone; en consecuencia, notifíquese a dicha parte procesal tal determinación, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, se transcribe el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, para conocimiento del inconforme: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, contra un acto de la Magistrada de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, Estado de México; regístrese bajo el número 734/2023. Desechamiento. Ahora, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo es la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 271/2023, en la que se resolvió confirmar la interlocutoria emitida el once de abril del año en curso, dentro del incidente de nulidad de actuaciones que deriva del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión ***. Conviene precisar que el incidente de nulidad de actuaciones citado, derivo de la notificación realizada al aquí quejoso respecto del auto dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio ***, que ordena dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el mismo, esto es, requerir al demandado para que, de forma voluntaria, haga la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis a la parte actora, lo que deja en claro que el citado sumario se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sobre ese contexto, se determina que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (...)." En el caso, se reitera, se reclama la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 271/2023, en la que se resolvió confirmar la interlocutoria emitida el once de abril del año en curso, dentro del incidente de nulidad de actuaciones que deriva del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión 11/2018; por lo anterior, es inconcuso que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en los preceptos antes invocados, ya que se advierte, que dicha determinación no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen (11/2018), sino que se trata de una resolución dictada dentro de esa fase, que está relacionada con el cumplimiento del fallo dictado. Ello es así, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y transcendido en el resultado de la resolución. Es decir, el aludido precepto de la ley de la materia exige que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo promovido en la vía indirecta, se reclame "la última resolución" dictada en el procedimiento respectivo; en la inteligencia de que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia cuando la quejosa es parte en el procedimiento y ha comparecido al mismo, se considera que la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía bi-instancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden, es pertinente hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta el criterio en el sentido que al no contar con disposiciones que determinen cuál va a ser la última resolución para los efectos de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, se debe atender a lo que la propia Ley de Amparo establece al respecto; por tanto, la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se reconozca el debido cumplimiento de la sentencia de fondo dictada en la controversia, o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo definitivo o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (abril de 2001), Novena Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De dicha jurisprudencia se advierte que se ha sustentado el criterio de que la finalidad que se persigue al limitar la procedencia del amparo en la forma indicada, en contra de la última resolución que se dicte en la fase de ejecución de sentencia, consiste en evitar abusos del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia. Aunado a ello, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, siempre y cuando sean independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que puedan generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. En síntesis, una determinación dictada en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; b) Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos que no se vinculen a la ejecución de la sentencia. De esa manera, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o que se ordene el archivo definitivo del expediente, que proceda el amparo, con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 77 de la ley de la materia, que permite restablecer el orden constitucional si se demuestra la violación de derechos fundamentales. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." De ese modo, al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la ley fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte, ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material y directa. Entonces, los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por notoriamente improcedente. Apoya a lo anterior, la tesis VII.2o.C.23 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1947), Novena Época, Materias(s): Común, cuyo rubro y texto es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Domicilio y autorizados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en la demanda que se provee. Por su parte, ténganse por autorizadas en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, es decir, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por así solicitarlo expresamente. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación para seguir el juicio "En línea". Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

    En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por notoriamente improcedente.

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