Antonio Torres Hernández

Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
936/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2019

Partes del expediente

  • Antonio Torres Hernández
  • Rogelio Díaz Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el telegrama y misiva signados por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", mediante los cuales comunica que tomó conocimiento de la suspensión de plano concedida en autos; al respecto, intégrense sin mayor acuerdo, toda vez que mediante proveído de doce de julio de la presente anualidad, este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonio Torres Hernández y Rogelio Díaz Cuellar, misma que tocó conocer al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, sin que al respecto sea necesario remitir las promociones de cuenta al aludido órgano constitucional, toda vez que por proveído de diecisiete de julio del año en curso dictado en el expediente 936/2019, desechó la aludida demanda de garantías. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tienen por recibidos los oficios signados por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, mediante el cual el Fedatario Judicial informa que ese órgano acepta la competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa y en la restante misiva, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la entidad federativa antes señalada, remite las constancias de notificación efectuada a los quejosos Antonio Torres Hernández y Rogelio Díaz Cuellar; al respecto, se tienen por hechas las comunicaciones que aluden para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gob+ierno, archívese este expediente como concluido. Así las cosas, como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Antonio Torres Hernández y Rogelio Díaz Cuellar, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 2, Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco. Este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por las siguientes consideraciones. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, como acontece en la especie. En efecto, los quejosos actualmente están internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2, Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco. El acto reclamado consiste en lo siguiente: "Violaciones al Artículo 22 constitucional, falta de atención Medica a nuestra vida y salud.". Como se observa el acto reclamado se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco, lugar donde se encuentran recluidos los quejosos; por ende resulta competente para conocer del juicio de amparo relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Jurisdiccional declina la competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno, a quien se ordena remitir la demanda original. Apoya la anterior determinación la siguiente tesis: Tesis: II.2o.P.16 K, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, número de registro 2012019, Tribunales Colegiados de Circuito, libro 32, julio de 2016, tomo III, pagina 2093, tesis aislada, materia común. "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." De la suspensión de plano. Respecto del acto reclamado consistente en la suspensión de plano del acto reclamado consistente esencialmente en la falta de atención médica, se hace el siguiente pronunciamiento con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15, todos de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de otorgarle atención médica, para el efecto de que: Se otorgue la atención médica necesaria para los quejosos, con prescripción adecuada de los medicamentos necesarios para la atención a sus padecimientos; de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del centro de reclusión, o bien, que lo canalicen a la institución que corresponda de acuerdo con lo que permita la normatividad aplicable. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en lo previsto en el artículo 22 Constitucional; procede conceder la suspensión de plano por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro-persona. Por otra parte, se requiere a la autoridad responsable para que, en el término de veinticuatro horas, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándole que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud del quejoso. Se apercibe a la responsable, que de no cumplir con lo anterior u omitir rendir su informe, le será impuesta una multa hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238, 239 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que los quejosos Antonio Torres Hernández y Rogelio Díaz Cuellar, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente, con residencia en El Salto, Jalisco; con fundamento en lo previsto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda para que se constituya en dicho centro penitenciario federal y notifique personalmente el presente acuerdo, a los peticionarios de amparo. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno lo devuelva a la brevedad posible con las constancias relativas a la diligencia del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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