Antonio Torres Díaz y Otros.

Expediente 273/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
273/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Antonio Torres Díaz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja ***, así como copia certificada del juicio de amparo 273/2019, del índice de este Juzgado. Remítase el acuse de recibo a la superioridad; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de Gobierno de este Juzgado; respecto de las copias certificadas remitidas a la superioridad se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Toda vez que dicho tribunal declaró INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la solicitante del amparo contra el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 30 a 37), en el que se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda presentada, y confirmó el mismo; hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales conducentes. Con base en lo previsto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se desechó de plano; además a juicio de quien esto determina no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 6524/2019 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número ***. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ***, por medio del cual interponen RECURSO DE QUEJA contra el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 30 a 37), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este órgano de control constitucional emitió el acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve (fojas 30 a 37), en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de notificar a la totalidad de las partes la interposición de la queja, puesto que el recurso es contra el desechamiento de la demanda y por ende, no se dio intervención a las demás partes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: *** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 273/2019-4-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional; preceptos que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". De la interpretación armónica de los citados artículos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Dicha normatividad, como puede apreciarse, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como la facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva. Por ende, quien alega una afectación a su interés jurídico debe demostrar ser titular del derecho que aduce fue violado, y que derivado de esa violación resultó afectado en su esfera jurídica. Luego, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, esto es, asiste interés jurídico a la parte quejosa cuando es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulte lesionado por el acto de autoridad reclamado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunión de tres elementos: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir de la obligada la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida. El interés es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al momento de promover el juicio constitucional y el bien perseguido por él conduce a la satisfacción de una necesidad del titular. Ese interés estará reconocido y protegido por la ley, cuando haya una norma jurídica creada para garantizar en forma directa e inmediata su satisfacción. Esto sucederá cuando de la norma surja una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, sujeto activo, tenga el derecho de exigir la satisfacción de su interés y otra persona, sujeto pasivo, que podrá ser un particular, tratándose de derechos subjetivos privados, tenga el deber de satisfacer tal interés a través de una prestación de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. La concurrencia de ambos extremos determina a su vez la presencia del otro elemento de acuerdo con la norma invocada, que para hacer efectiva la tutela del interés, el orden jurídico conceda a su titular los medios orientados a su satisfacción, que pueden consistir en recursos o acciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De igual forma, la jurisprudencia 854 , sustentada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE." Por su parte, el interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico, según se advierte de la redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, en la que se exceptúa expresamente a los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.) , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.". Es pues, el interés legítimo, aquél interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, a diferencia del interés simple o jurídicamente irrelevante que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado, y por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Así, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. Al respecto, cobra aplicación la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) , sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.". Como puede apreciarse, el interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Empero, dicho interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otro tipo. En otros términos, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico, en cuyo caso cabe hablar de un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Lo anterior, impone al juez constitucional la obligación de analizar en el caso concreto las relaciones jurídicas en que se insertan las personas. Para ello no sólo interesa la relación directa de la autoridad o de la ley con el quejoso (dimensión vertical), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, por ejemplo, con otros particulares (dimensión horizontal), en virtud de las cuales exista una correa de transmisión con los efectos perjudiciales de los actos reclamados. En suma, quien acude al juicio de amparo debe acreditar que le asiste interés jurídico, o en su caso, interés legítimo, para reclamar la insubsistencia del acto reclamado, y no inferirse con base en presunciones. En el primer supuesto debe demostrar, como elementos constitutivos del interés jurídico: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En el segundo caso, deberá probar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) , emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." En el particular, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de doce de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el cuadernillo de control judicial ***, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región 01, para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en el que revoca la determinación del no ejercicio de la acción penal de catorce de enero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación ***. Luego, el enfoque de afectación con el que será analizado el acto reclamado no puede ser otro que el atinente a la causación de un agravio personal y directo a un derecho subjetivo, -presupuestos del interés jurídico-, pues por disposición constitucional, tratándose de actos o resoluciones provenientes de procedimientos jurisdiccionales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho que se afecte de manera personal y directa, con lo cual el legislador dejó plasmada su voluntad de que en dichos procedimientos no pudiera alegarse afectación al interés legítimo. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los solicitantes del amparo acrediten en forma fehaciente la existencia de un derecho subjetivo y que el acto de autoridad afecte ese derecho, lo que en la especie no acontece. En este sentido, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de los quejosos, porque la resolución que combaten tiene como único efecto que la labor de investigación de la Representación Social continúe, esto es, se siga la investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación alguna o mandato constitucional que otorgue el derecho a los gobernados de oponerse a la continuación de una investigación, ya que implicaría anteponer el interés particular a una cuestión que es de orden público, en la medida en que la sociedad está interesada en que los hechos que pueden constituir delito se esclarezcan. Máxime que durante esta etapa de investigación inicial, no se priva al imputado de demostrar que los hechos no constituyen delito; de ahí que es hasta que se emite la orden de aprehensión, o bien, el auto de vinculación a proceso, cuando existe una posible afectación a los derechos del imputado. La determinación reclamada constituye una declaratoria que ordena la continuación de una labor fundamental del Ministerio Público tendente a investigar los delitos, la cual está reconocida en el artículo 21 de la Constitución Federal. Dicha labor inicia con una denuncia o querella, y si bien puede concluir con una resolución ministerial de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que tal determinación de no ejercicio puede ser confirmada o revocada por las autoridades judiciales correspondientes, y mientras la determinación de no ejercicio esté sub júdice, los indiciados no han perdido esa calidad jurídica, la cual adquirieron desde el inicio de la investigación, ni adquiere certeza jurídica a su favor respecto a que los hechos denunciados no sean constitutivos de delito. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria, confieren a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando ellos sean considerados como los presuntos responsables de ciertos ilícitos. De este modo, se advierte que cuando se ordena la continuación de esa etapa procedimental y se giran instrucciones para que se lleven a cabo actos tendentes a la investigación, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de modo que al imputado no se le causa un perjuicio que afecte su derecho a la certeza jurídica. En el caso a estudio, se advierte que el acto cuya impugnación se cuestiona, implica el ejercicio connatural de las funciones ministeriales, las cuales son relevantes preservar por mandato constitucional, de modo que no se actualiza un interés de índole jurídico en beneficio de los indiciados, sino sólo y en el mejor de los casos, de carácter simple. No hay que perder de vista lo que hasta este momento ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la etapa de investigación inicial, debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, a la función indagatoria, anteponiendo los intereses de la sociedad a los de los particulares. Asimismo, conforme a los precedentes de la Primera Sala del Alto Tribunal, no puede sostenerse que a los inconformes les cause perjuicio actual la determinación ministerial en cuestión, si sus efectos no son de imposible reparación, ya que las pruebas o diligencias que se recaben durante la etapa de investigación, podrán ser desvirtuadas o contrarrestar sus efectos, con las pruebas de descargo o argumentos de la defensa, pues dentro de la misma etapa de investigación o bien, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento que resulta procedente librar la correspondiente orden de aprehensión o la posible vinculación a proceso que se emita en su contra, es el momento en el que pueden verse afectados su esfera de derechos. De ahí que se determine que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al ser improcedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación que revoca la resolución de la Representación Social en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal y ordena la devolución de la causa a la Representación Social, a efecto de que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/2 (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO." Asimismo, la tesis aislada (X Región)2o.1 P (10a.) , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, cuyo rubro es el siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ***

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