Antonio Torres Avila

Expediente 4/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
4/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Torres Avila
  • ANTONIO TORRES AVILA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese el oficio remitido por el juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, mediante el cual acusa recibido del oficio 303/2023 y de los anexos que se adjuntaron al mismo. En ese sentido, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado en proveído de veintisiete febrero de dos mil veintitrés; y sin efectos el apercibimiento decretado en ese sentido. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha feneció el plazo de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que alguna de las partes lo hubiere hecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archivo y anotaciones Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 21, inciso a), del referido acuerdo este expediente es destruible, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en relación con el punto 7.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que el expediente electrónico se encuentra integrado en su totalidad; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Finalmente se ordena devolver al juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil de su índice, constante en un tomo. Por tanto, requiérase a la mencionada autoridad para que en el plazo de tres días legalmente computado, remita el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que no hacerlo, se le impondrá una multa de ********************, que es el equivalente a multiplicar por cincuenta la cantidad que corresponde a la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte agraviada.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese al presente sumario el oficio signado el juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Anexo. Dada la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones vía electrónica, fórmese el anexo I, el que deberá estar debidamente identificado y digitalícese en el apartado de anexos de la promoción de cuenta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., para la consulta de las partes en el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido amplio y no restrictivo. En ese sentido, después del minucioso examen a la demanda de amparo, se obtiene que el presente juicio de amparo, se admitió a trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en: La falta de pronunciamiento o resolución del recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario civil ********************del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria relativa al recurso de reconsideración hecho valer por el quejoso ********************, en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio natural, en la que declaró inoperantes los agravios formulados por el inconforme y dejó firme el auto recurrido. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de forma indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Del anterior dispositivo se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados como si se hubiere concedido el amparo y protección federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, que es de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se advierte que el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria relativa al recurso de reconsideración hecho valer por el quejoso ********************, en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, emitido en el juicio natural, en la que declaró inoperantes los agravios formulados por el inconforme y dejó firme el auto recurrido. En esas condiciones, se reitera que el acto de omisión reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse atendido el recurso de reconsideración planteado por la parte quejosa en el juicio ordinario civil ********************del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la causa de improcedencia como estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción se plasmó en identidad de términos en la que se encuentra vigente, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia número 59/99, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa la diversa jurisprudencia 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En razón de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del ocho de febrero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en la estadística de este juzgado y, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, vía electrónica a la parte quejosa y personalmente a las demás partes.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 4/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento parcial Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa señala como actos reclamados, entre otros: La omisión de pronunciarse respecto a los escritos presentados ante la autoridad responsable el once de noviembre y seis de diciembre, ambos de dos mil veintidós, así como el cinco de enero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario de nulidad de compraventa 29/2021-I. Hecha tal precisión, este juzgador estima que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, se precisa lo dispuesto por los mencionados artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el Pleno del Máximo Tribunal del país interpretó que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que para que esos actos puedan ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo ese tenor, el artículo 17 constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos, cuyo texto dice: "Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho fundamental de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: - Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias planteadas ante ellas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; - Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; - Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y - Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no recaudarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Luego, si el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Lo cual implica que las autoridades judiciales, administrativas o del trabajo no deben retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, ya que su obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos establecidos por las leyes procesales respectivas, deriva del hecho de que están obligadas a despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales, y tomar las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de sus determinaciones, incluso a través del uso de mecanismos legalmente aplicables, de no hacerlo, se viola dicho derecho fundamental. No obstante, se destaca que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por lo que es necesario que se produzca una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro o fuera de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, por lo que en este caso el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Dicho de otro modo, el amparo indirecto es notoriamente improcedente cuando se promueve por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. Lo anterior, se basa en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Cabe decir que en el caso no se surte la excepción prevista en la parte final de la jurisprudencia antes transcrita, esto es, no se está en presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, si el quejoso manifiesta que las peticiones fueron presentadas el once de noviembre y seis de diciembre, ambos de dos mil veintidós, así como el cinco de enero de dos mil veintitrés; mientras que el artículo 143 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dispone que las resoluciones judiciales deberán dictarse a más tardar dentro de los tres días siguientes a partir de la fecha de que se reciba la promoción, es incuestionable que dichos plazos fenecieron el dieciséis de noviembre, nueve de diciembre, ambos de dos mil veintidós y diez de enero de dos mil veintitrés, respectivamente. En tales condiciones, entre esas fechas y la presentación de la demanda de amparo (diez de enero de dos mil veintitrés), han transcurrido treinta y nueve, dieciséis y cero días, por cada una de dichas peticiones. Lo anterior, previo descuento de los días declarados como inhábiles con motivo del segundo periodo vacacional del Juzgado señalado como responsable, de conformidad con la Circular 36/2022, emitida por el Secretario General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, de nueve de noviembre de dos mil veintidós. Esto se basa en que en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, el juicio de amparo solo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha parcialmente por notoriamente improcedente la demanda respecto de las omisiones reclamadas en estudio, promovida por Antonio Torres Ávila, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Admisión parcial Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 5, 33, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, únicamente respecto al acto reclamado consistente en la falta de pronunciamiento o resolución del recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 29/2021-I. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Audiencia constitucional Conforme al artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas del ocho de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Intervención al Ministerio Público En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV y 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público adscrito, mediante notificación personal. Informe justificado En atención al contenido de los artículos 117 y 75 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, requiérase informe justificado a la autoridad responsable, además, deberá remitir copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se le atribuye; dichas copias deben ser legibles, completas y ordenadas de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tenga para hacerlo. También deberá enviar digitalizadas dichas constancias en términos del punto CUARTO, artículo 3, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En la inteligencia que puede remitir su informe por escrito o vía telegráfica; por excepción los podrá remitir al correo oficial 9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, así como sus anexos debidamente escaneados, siempre y cuando manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tienen acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que los documentos digitalizados respectivos son copias íntegras e inalteradas de los documentos físicos; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado su informe y anexos, ya que no conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable. Se precisa que al momento de rendir su informe justificado deberán citar el número de oficio que atienden. Apercibimiento De igual forma hágasele saber que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la ley de la materia, en caso de que omita rendir su informe, o sin remitir las constancias necesarias, se le presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; además, se hará acreedora a una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), el cual es el equivalente a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós- tal como está previsto en el precepto 260, fracción II, del mismo ordenamiento. Asimismo, el artículo 262, fracción I, de la citada legislación, establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, al rendir su informe con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Deber de comunicar causas de improcedencia Además, prevéngase a todas las partes para que en observancia de lo previsto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, de lo contrario se harán acreedoras a una medida de apremio contemplada en el artículo 251, en relación con el diverso 238 de la multicitada ley, consistente en una multa equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización por treinta. Apercibimiento de autoridad inexistente En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 17 constitucional y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda o sea imprecisa, se tendrá como inexistente, previa vista y apercibimiento que se formule a la parte quejosa a efecto de que aclare su denominación. Obligación de la autoridad de recibir oficios En términos del numeral 28 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que se negara a recibir el oficio derivado del presente asunto, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; y si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha para todos los efectos legales. Tercero interesado. Por otra parte, no ha lugar a tener como terceros interesados a la parte demandada del juicio natural, en virtud de que de los antecedentes del acto reclamado narrados en el escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que no han sido emplazados a dicho procedimiento. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Mayo de 2009, visible en la página 265, cuyo rubro establece: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003)." Pruebas. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de la citada probanza en la audiencia constitucional. Expediente electrónico Por otra parte, en base a lo establecido en los numerales 34 y 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta de este asunto vía electrónica bajo el usuario "gsvlimp", para tal efecto, se ordena a la Oficial Judicial "A" realizar tal autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notificaciones vía electrónica En otro contexto, como lo solicita la parte quejosa, efectúense las notificaciones vía electrónica; bajo el usuario "gsvlimp". En ese sentido, con fundamento en los artículos 3°, 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al promovente, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que las que no deriven de determinaciones o resoluciones que se ajusten a alguna de las hipótesis que establece el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia; habrán de ser notificadas mediante la lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, en virtud de que la notificación en forma electrónica se homologa a la notificación personal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), con número de registro 2020082, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2247, Junio de 2019, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ****y ****, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · 3,053 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano