Antonio Tojija Villegas
Expediente 1117/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Antonio Tojija Villegas
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo indirecto 1117/2022, así como las copias certificadas del toca civil 518/2022-II y del testimonio de apelación del expediente 196/2021, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finalmente, al haberse declarado este tribunal federal legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida, y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, y 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DESTRUIBLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en ninguno de los supuestos que prevé el acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término de tres días previsto en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, transcurrió del catorce al dieciséis de los corrientes, no existiendo días inhábiles entre esas fechas, sin que Antonio Tojija Villegas, demandado en el expediente 196/2021, haya impugnado el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, por el cual este tribunal federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, en contra de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 518/2022-II; en consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, previa copia certificada que se obtenga, remítase al Juez de Distrito en turno en el Estado de Hidalgo, el presente asunto y anexos, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, requiérase al juez de distrito que corresponda conocer de la citada demanda, informe la radicación de dicho asunto a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Visto; el oficio de cuenta, firmado por la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 6702/2022, con el que remite original con cuatro copias de la demanda de amparo promovida por Antonio Torija Villegas, demandado en el expediente 196/2021, constancias de emplazamiento en cuatro fojas, escrito de presentación así como alegatos firmados por Marlene Maauad Domínguez, copia certificada del testimonio de apelación deducido del expediente 196/2021 y del toca civil 518/2022-II; regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Primeramente, en el caso a estudio el suscrito estima que este tribunal colegido carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo promovida. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo Antonio Torija Villegas, demandado en el expediente 196/2021, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE HIDALGO. IV. ACTO RECLAMADO: SENTENCIA DE FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS." Ahora, el quejoso también en sus conceptos de violación expone lo siguiente: "VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PRIMERO. - DE LA INADECUADA VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA INTERLOCUTORIA. Tomando como punto de referencia el arábigo 1 de la Constitución de la República, mismo que de una interpretación conforme al principio pro persona es que el suscrito considero que el confirmar la sentencia interlocutoria de veintinueve de abril del año corriente se estaría conculcando el debido proceso y la tutela judicial efectiva que me asiste para el caso que nos ocupa, ya que se me pide pagar la cantidad de $ 44, 971.92 ( cuarenta y cuatro mil, novecientos setenta y un pesos 92/100M.N), (.)" Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que, el once de enero de dos mil veintinueve, Marlene Maauad Domínguez, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales L.M.E.T.M., demandó en la vía escrita familiar de custodia alimentos a Antonio Torija Villegas, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de una pensión alimenticia provisional y, en su momento, definitiva para su hija de iniciales antes referidas. Escrito al que recayó el proveído de dieciséis de marzo del mismo año, en el cual, entre otras cosas, se admitió lo solicitado en la vía y forma propuestas, quedando registrado como expediente 196/2021. Más adelante en el juicio, mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, Marlene Maauad Domínguez, interpuso incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, el cual fue admitido a trámite el ocho de febrero siguiente. Agotado el trámite relativo al incidente citado, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó sentencia interlocutoria, cuyos puntos resolutivos versaron en modificar la planilla de liquidación de pensiones alimenticias exhibida, y condenó a Antonio Torija Villegas a pagar a Marlene Maauad Domínguez, la cantidad de $44,971.92 (cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 92/100 M.N.) por concepto de pensiones alimenticias no pagadas durante el periodo de septiembre de dos mil veintiuno a enero de dos mil veintidós. De la misma manera, en veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó la sentencia definitiva correspondiente. En contra de la resolución incidental antes indicada así como la sentencia definitiva, ambas de veintinueve de abril de dos mil veintidós, Antonio Torija Villegas, interpuso recurso de apelación, del cual tocó conocer por razón de turno a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrándolo con el número 518/2022-II. Posteriormente, en veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la sala responsable resolvió confirmar la sentencia interlocutoria de veintinueve de abril del presente año, dictada por la Titular del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente 196/2021, dejó insubsistente la sentencia definitiva de la misma fecha y ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto que citó a las partes para el dictado de la sentencia. Inconforme con el fallo emitido por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LA PARTE DONDE CONFIRMÓ LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, Antonio Torija Villegas, por propio derecho, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170 de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Ahora bien, como en la especie el acto reclamado consiste en la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 518/2022-II, SOLAMENTE POR CUANTO HACE AL RESOLUTIVO SEGUNDO, donde confirmaron la resolución interlocutoria de veintinueve de abril del mismo año, pronunciada por la Jueza Segunda Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de los autos del juicio Escrito Familiar 196/2021, promovido por Marlene Maauad Domínguez, por propio derecho y en representación de su hija de iniciales L.M.E.T.M., en donde, entre otras cosas, se modificó la planilla de liquidación de pensiones alimenticias exhibida, y se condenó a Antonio Torija Villegas a pagar a Marlene Maauad Domínguez, la cantidad de $44,971.92 (cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y un pesos 92/100 M.N.) por concepto de pensiones alimenticias no pagadas durante el periodo de septiembre de dos mil veintiuno a enero de dos mil veintidós; en tales circunstancias, aunado a que por lo que hace a la sentencia definitiva de veintinueve de abril de dos mil veintidós, la sala responsable ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto que ordenó citar a las partes para el dictado de la sentencia, además de que el quejoso únicamente ataca el contenido de la sentencia respecto de la resolución interlocutoria de veintinueve de abril del año en curso, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio. De ahí que si no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de amparo, ENVÍESE el presente expediente y anexos, al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y remítanse los originales al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo; en su oportunidad, archívese como totalmente concluido el presente asunto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. En se sentido, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario "Vicmart23" correspondiente a Víctor Adán Martínez Martínez; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º de Ley de Amparo; y en el Capítulo Cuarto, Sección Tercera, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta expediente electrónico vía internet; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos únicamente para este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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