Antonio Soto Chavez
Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Antonio Soto Chavez
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha trascurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de tres de septiembre del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara que ha causado estado el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Agreguese el of. de cuenta, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 174/2019, derivado del 274/2019 relativo al juicio de amparo en que se actúa, de lo que se toma conocimiento, sin que haya lugar de acusar recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), lo genera automáticamente. Dése de baja la comunicación oficial devuelta en el libro de gobierno y en el expediente electrónico, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve xxxx, por su propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Penal de Puebla Capital, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 833/2019. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. En razón de lo expuesto, como se había adelantado, este órgano de control constitucional de oficio estima que en el presente asunto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta. Como se solicita, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Andrés Alejandro Dueñas Castillo, Oscar Edwin López Hernández, Jorge Gabriel Yepez Saucedo, Jorge Mario Flores López, Miguel Ángel Hernández Álvarez, Eber Alejandro Dueñas Tinoco. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, ya que está fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, a fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la Materia por así establecerlo en su artículo 2°, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique este proveído al quejoso xxxx, en el domicilio ubicado en xxxx. En la diligencia respectiva, el actuario o personal que el titular del Juzgado designe deberá comunicarle al quejoso o a sus interesados el contenido de este proveído, corriéndole traslado con copia autorizada del presente auto, debiéndole requerir para que dentro del término de tres días siguiente a que surta efecto la legal notificación del presente proveído, señale domicilio en esta localidad, zona conurbada o Puebla Capital, para recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por lista, aún las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitándole al homólogo exhortado que una vez que sea diligenciado, lo devuelva a este juzgado. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; ello siempre que así se señale por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: "DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA." Se hace notar que conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero pasado; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.
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