Antonio Soto Barrera

Expediente 258/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
258/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Antonio Soto Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONALEn la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro; quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 598/2021, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de las partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda de amparo promovida por José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo, Salvador Díaz Fernández y Rocío García Guerrero, por propio derecho y esta última además, en representación de su menor hija de iniciales A.M.T.G., 2. Auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se admitió a trámite la demanda de amparo; 3. Constancia de notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación; 4. Informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad; 5. Pedimento formulado por la fiscal adscrita; 6. Auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, en el que se tuvo al Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrito a la Delegación en Michoacán, aceptando el cargo de representante especial de la menor de iniciales A.M.T.G., y formulando manifestaciones en vía de alegatos; 7. Auto de treinta de agosto del año en curso por el que se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida únicamente por José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo y Salvador Díaz Fernández en contra de la autoridad responsable Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, con domicilio en las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México; 7. Auto de ocho de marzo de dos mil veintidós por medio del cual la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, rindió su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda; y, 8. Alegatos formulados por el asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Publica Santiago Orozco Valencia, en cuanto representante especial de la menor de iniciales A.M.T.G. A lo anterior, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos; por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación y del Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrito a la Delegación en Michoacán. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales que la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México, adjuntaron a su informe justificado y con las documentales que la parte quejosa oferto. Acto seguido, la Juez, acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las referidas pruebas documentales; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y el asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Publica Santiago Orozco Valencia, en cuanto representante especial de la menor de iniciales A.M.T.G. formularon alegatos, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y al asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Publica Santiago Orozco Valencia, en cuanto representante especial de la menor de iniciales A.M.T.G., por formulados sus apuntes de alegatos y a las demás partes por omisas en realizar manifestaciones en esta vía. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente:VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 598/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito depositado en el buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo, Salvador Díaz Fernández y Rocío García Guerrero, por propio derecho y esta última además, en representación de su menor hija de iniciales A.M.T.G., solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridades. En la misma demanda, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. En este sentido, consideraron violados en su perjuicio los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda presentada únicamente por José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo y Salvador Díaz Fernández, respecto de la autoridad responsable Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, con domicilio en las oficinas centrales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México. Así las cosas, previo los trámites de ley, el cuatro de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, quedando el juicio en estado de resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Escrito inicial de demanda. Del Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad. La omisión de resolver respecto a los escritos presentados en fechas veintidós y veinticuatro de junio de dos mil veinte, a través de los cuales se solicitó se iniciara el trámite correspondiente a efecto de tener acceso a las medidas de ayuda y asistencia. Ampliación de demanda. De la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, con sede en la Ciudad de México. La omisión de resolver la procedencia de las medidas de ayuda y reparación integral solicitadas en fechas veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la ciudad, al rendir su informe justificado ni aceptó ni negó la existencia del acto reclamado, no obstante se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen, toda vez que del contenido de su informe y los anexos que remite se desprende la existencia del mismo. Por su parte, la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, con sede en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe negó expresamente su existencia. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en atención a las manifestaciones de certeza que realiza al rendir su informe, pues al respecto refiere que no ha sido omisa en resolver la procedencia de las medidas de ayuda y reparación integral, toda vez que el Comité Interdisciplinario Evaluador, a la fecha no cuenta con solicitud expresa de medidas de ayuda formulada por los peticionarios relacionadas con los expedientes administrativos: CEAV/CIE/0130/2020 y sus acumulados CEAV/CIE/0131/2020, CEAV/CIE/0132/2020, CEAV/CIE/0133/2020, CEAV/CIE/0134/2020 y sus acumulados CEAV/CIE/0135/2020, CEAV/CIE/0238/2020, CEAV/CIE/0136/2020; y CEAV/CIE/0137/2020; de ahí que los actos reclamados a esta autoridad también se tienen por ciertos. Certeza que además se encuentra corroborada con las documentales que cada una de las citadas autoridades remitió junto con sus informes justificados, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º y de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados antes precisados. Aunado a lo anterior, la parte quejosa exhibió junto con su escrito de demanda de amparo, copias de los escritos de petición realizados ante la autoridad responsable Delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Michoacán, de los que se advierte un sello de recepción por parte de la citada autoridad con fechas veintidós y veinticuatro de julio de ese mismo año. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia, sea las que hagan valer las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Tanto la representación social como la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, con sede en la Ciudad de México, hicieron valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, por inexistencia de los actos reclamados. Sin embargo, dicho motivo de sobreseimiento se desestima, en virtud de que en párrafos precedentes, quedó demostrada la existencia de los actos reclamados. Por otra parte, la citada autoridad responsable hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicado a contrario sensu-, pues refiere que el juicio de amparo solo es procedente contra actos de imposible reparación y que en la especie, los actos reclamados no constituyen tal imposibilidad; toda vez que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la ley fundamental ni en los tratados internacionales de los que México es parte; es decir, señala que para que el acto reclamado se considere como irreparable, la gravedad del mismo debe ser tal que impida el ejercicio de un derecho. Es infundada la causa de improcedencia invocada, toda vez que contrario a la apreciación de la citada autoridad, la omisión de resolver la petición de los quejosos sobre la ayuda inmediata de reparación integral atenta directamente contra sus derechos fundamentales previstos en 20 apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho a la víctima a una reparación integral, tal y como se analizará al resolver el fondo del asunto. No obstante lo anterior, esta juzgadora de oficio advierte, que respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, consistentes en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados con fechas veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, por los quejosos José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo, Salvador Díaz Fernández y Rocío García Guerrero, por propio derecho y esta última además, en representación de su menor hija de iniciales A.M.T.G., a través de los cuales solicitaron que se iniciara el trámite correspondiente a efecto de tener acceso a las medidas de ayuda y asistencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél; por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como actos reclamados, la omisión por parte de la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, de dar respuesta a los escritos presentados con fechas veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, a través de los cuales solicitaron que se iniciara el trámite correspondiente a efecto de tener acceso a las medidas de ayuda y asistencia. Sin embargo, la autoridad responsable en mención, al rendir su informe justificado, refirió que desde el treinta y uno de julio de dos mil veinte, se dio respuesta a las peticiones formuladas por los quejosos, lo que se hizo a través del oficio CEAV/MICH/0262/2020 en el que les hizo del conocimiento que la atención integral que solicitaron en sus escritos de veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, específicamente la atención médica, psicológica y de trabajo social han estado y están a sus órdenes conforme a derecho proceda. Refirió que desde la fecha antes señalada ha realizado y ordenado conforme a sus atribuciones legales, los diagnósticos médicos, psicológicos y socioeconómicos de trabajo social para el trámite de las medidas de ayuda y reparaciones integrales, los cuales afirma, se han turnado en tiempo y forma al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la cual refiere es la responsable de resolver sobre la procedencia o no de las medidas de ayuda y reparaciones integrales solicitadas por los quejosos. Lo anterior, se encuentra corroborado con las constancias que en copia certificada acompañó la autoridad responsable en mención como apoyo a su informe con valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las cuales se advierte que en efecto, el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, se dio respuesta a los quejosos respecto de sus escritos de solicitud de veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, mediante oficio CEAV/MICH/0262/2020, el cual fue notificado a los impetrantes de amparo mediante correo electrónico a través de su representante en esa misma fecha. De igual, forma de las constancias que acompañó a su informe también se desprende que la autoridad responsable, realizó las gestiones necesarias a fin de que se practicara a los quejosos las valoraciones médicas y psicológicas relacionadas con los expedientes administrativos que se formaron con motivo de las solicitudes de ayuda presentadas por los quejosos. De la misma forma se advierte que mediante oficio CEAV/MICH/0374/2021 de fecha veinticinco de junio de ese mismo año -un día después de presentada la demanda de amaro- la autoridad responsable en referencia remitió los expedientes de los quejosos a la encargada del Comité Interdisciplinario Evaluador y Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que revisara la procedencia o no de pago de medidas de ayuda inmediata a los quejosos, haciendo hincapié de que los citados quejosos ya reciben medidas de ayuda por parte de las autoridades de fuero común como consecuencia del hecho victimizante. De tal forma, es evidente que los actos reclamados a esta autoridad -omisivos- quedaron subsanados con motivo de la remisión de los expedientes administrativos a la diversa autoridad responsable Comité Interdisciplinario Evaluador y Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para su correspondiente resolución, con lo cual, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; empero, como ya se dijo en un principio, únicamente por lo que respecta a los actos omisivos relativos a la falta de respuesta de los escritos presentados por los quejosos y la remisión de sus expedientes administrativos para la correspondiente integración y resolución, pues por lo que respecta a estos últimos actos, serán analizados en el siguiente considerando. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de dar respuesta a los escritos de veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte; y sus consecuencias relativas a la remisión de las constancias para su integración y dictaminación. Sentado lo anterior, al no advertirse que las partes hayan hecho valer diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, en consecuencia, procede el estudio de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda, consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Comité Interdisciplinario Evaluador y Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en la Ciudad de México, de resolver la procedencia o no de las medidas de ayuda de reparación integral solicitadas por los quejosos. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa, en su escrito de ampliación de demanda, expresó diversos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su trascripción, atento a lo dispuesto en los ordinales 73, 74, 75, 76 y 79, de la ley de la materia, pues ni de éstos ni de ningún otro numeral se advierte disposición expresa de que deban transcribirse. No obstante, para una mejor comprensión de las desavenencias expresadas por la parte quejosa, se considera necesario sintetizarlas de la siguiente forma: En términos de los artículos 1, 2 fracción I, 3, 6, 7 fracción II, 8, 9, 26, 27, 55, 56 así como 64 fracción VIII de la Ley General de Víctimas, la autoridad responsable tiene la obligación de brindar asistencia, protección, verdad justicia, reparación integral y demás derechos previstos en el citado ordenamiento legal, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Para lograr los anteriores objetivos, la Ley General de Víctimas prevé recursos de ayuda, destinados a cubrir los gastos de ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación, los cuales se cubren con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral o los Fondos Estatales. Al respecto, el Comité Interdisciplinario Evaluador ha sido omiso en radicar, integrar, realizar las diligencias necesarias en el expediente administrativo de los quejosos que determinará las medidas de ayuda y asistencia por comisión de delito en contra de los quejosos. La autoridad responsable viola en contra de los quejosos el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, ya que ha sido omisa en resolver e informar por escrito la determinación correspondiente a las medidas de ayuda y asistencia por el delito cometido en su agravio. Se viola en perjuicio de los quejosos lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los principios de justicia pronta y completa, en relación con el diverso 20 apartado C, fracción IV de la Constitución Federal, así como 2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto del derecho de una justicia indemnizatoria, pues el Comité Interdisciplinario Evaluador, ha incurrido en una falta, debida diligencia y expeditez en el ejercicio de sus funciones como órgano encargado de reparar el daño a las víctimas, en razón de la exagerada dilación y omisiones en las que ha incurrido para determinar la procedencia de las medidas de ayuda solicitadas. A efecto de determinar si le asiste o no la razón a los quejosos, conviene tener presente el texto del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte que interesa señala: "ARTÍCULO 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". El derecho público subjetivo que se consagra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue instituido por el constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Dicho derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia consigna en favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí, cuatro subderechos, a saber: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; c) Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y d) Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público. En ese orden de ideas, el derecho de acceso efectivo a la justicia, abarca la potestad del gobernado para exigir a los órganos que ejercen facultades materialmente jurisdiccionales (aquellos que dentro de sus atribuciones legales, pueden dirimir una contienda entre dos o más sujetos de derecho) el cumplimiento estricto de los términos y plazos procedimentales establecidos por una norma, de modo tal, que resuelvan las controversias que planteadas acorde a estos; no obstante que formalmente no se erijan como órganos judiciales, al formar parte de la administración pública. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL RTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, el artículo 20 apartado C, fracción IV, constitucional, prevé el derecho de la víctima a la reparación del daño. De acuerdo con la Jurisprudencia temática, la reparación del daño debe ser integral en aquéllos casos en los que en términos de la Ley General de Víctimas quede acreditada la existencia de violaciones a derechos humanos, a fin de que respetando el principio de complementariedad -el cual implica entre otras cosas una restitución de derechos, rehabilitación física, psicológica y social-, se realicen actos en beneficio de las víctimas que comprendan una indemnización compensatoria por el daño material e inmaterial ocasionado. Máxime que el artículo 149 de la ley referida precisa que procederá el acceso a los recursos del fondo en materia de reparación, cuando la medida reparatoria en otros mecanismos "no haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron", o bien, "no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía", lo que denota que tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las colectivas obtenidas en otras vías, se entienden en términos de complementariedad, a fin de alcanzar la integralidad que busca la reparación. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que dice: "COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA COMPENSACIÓN Y LA FUNCIÓN INDEMNIZATORIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, DEBE ENTENDERSE EN TÉRMINOS DE COMPLEMENTARIEDAD. De la interpretación del artículo 132 de la Ley General de Víctimas y del lineamiento 40 de los Lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se advierte que, en caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos se entregará, de manera complementaria, el monto no enterado a través de esas vías. En ese sentido, lo que el ordenamiento legal citado proscribe no es la complementariedad, sino la duplicidad de la compensación; por ende, con independencia de que la víctima haya obtenido cierto pago por concepto de reparación mediante algún medio o instrumento diverso al contemplado en la ley mencionada, tal situación, por sí sola, no puede tener el alcance de privarle del derecho de acceder al fondo tutelado en dicho ordenamiento legal, mediante la fijación de la compensación que la comisión realice, si esa medida no resulta suficiente para reparar la totalidad de los daños derivados de la violación a sus derechos humanos. Máxime que el artículo 149 de la ley referida precisa que procederá el acceso a los recursos del fondo en materia de reparación, cuando la medida reparatoria en otros mecanismos "no haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron", o bien, "no haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía", lo que denota que tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las colectivas obtenidas en otras vías, se entienden en términos de complementariedad, a fin de alcanzar la integralidad que busca la reparación". Ahora bien, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de integrar y resolver el expediente administrativo con motivo de la solicitud de ayuda inmediata y reparación integral presentada los días veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte. Así las cosas, tal solicitud implica la aplicación de los artículos 110, 111, 130, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 de la Ley General de Víctimas, así como los numerales 83, 84, 85, 86 y 87 del Reglamento de la ley mencionada, de los que se desprende el procedimiento en los términos siguientes: Ley General de Víctimas. "ARTÍCULO 110. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades: I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada; II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa; III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima; IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter; VII. La Comisión Ejecutiva, y VIII. El Ministerio Público. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento." "ARTÍCULO 111. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto: I. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias, y II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos. Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente." "ARTÍCULO 130. El Fondo tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten." "ARTÍCULO 144. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento. Quien reciba la solicitud la remitirá a la Comisión Ejecutiva o comisiones de víctimas en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles. Las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo." "ARTÍCULO 145. En cuanto reciba una solicitud, la Comisión Ejecutiva la turnará al comité interdisciplinario evaluador, para la integración del expediente que servirá de base para la determinación del Comisionado Ejecutivo en torno a los Recursos de Ayuda y, en su caso, la reparación que requiera la víctima." "ARTÍCULO 146. El Comité Interdisciplinario evaluador deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de cuatro días, el cual deberá contener como mínimo: I. Los documentos presentados por la víctima; II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos, y IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. ARTÍCULO 147. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además: I. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y IV. Propuesta de resolución que se propone adopte la Comisión Ejecutiva donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité lograr la integración de la carpeta respectiva." "ARTÍCULO 148. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité interdisciplinario evaluador para que integre la carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso. El Reglamento de esta Ley especificará el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la ayuda. La Comisión Ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud." "ARTÍCULO 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima: I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y/o otras formas de reparación; II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente, y IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea avalada por la Comisión Ejecutiva." "ARTÍCULO 150. Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando: I. La condición socioeconómica de la víctima; II. La repercusión del daño en la vida familiar; III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; IV. El número y la edad de los dependientes económicos, y V. Los recursos disponibles en el Fondo." Reglamento de la Ley General de Víctimas. "ARTÍCULO 83. Recibida la solicitud, será turnada al Comité Interdisciplinario Evaluador, mismo que integrará el expediente del asunto en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de la presentación de la misma. El expediente debe contener los siguientes elementos: I. Los documentos y datos presentados por la víctima; II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; III. La evaluación de la condición socioeconómica de la víctima; IV. Detalle de las necesidades de la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos; V. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos que detallen las afectaciones a la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos; VI. Estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario Evaluador en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; VII. En su caso, dictamen médico que especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades de la víctima para su recuperación; VIII. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental, que especifique las necesidades que deban ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y IX. Propuesta de resolución de la Comisión Ejecutiva que justifique y argumente la necesidad de dicha ayuda. Una vez que el Pleno de la Comisión Ejecutiva emita el Dictamen de procedencia del pago de la compensación de forma directa para víctimas de violaciones a los derechos humanos y la compensación subsidiaria a víctimas de delitos del orden federal, deberá integrarse al expediente correspondiente." "ARTÍCULO 84. El Comité Interdisciplinario Evaluador valorará y analizará la información y documentación presentada por la víctima, así como la información adicional que el propio Comité haya integrado al expediente, con el propósito de formular un proyecto de Dictamen debidamente fundado y motivado. Si el Comité Interdisciplinario Evaluador considera que hace falta información o documentación, requerirá por escrito a la víctima dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que ésta presente la documentación o información faltante en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, en cuyo caso se suspenderá el plazo establecido en el artículo anterior. Si la víctima no entrega la información o documentación requerida en el plazo señalado, será desechado el trámite. Contra dicho desechamiento procede el recurso de reconsideración. En caso de que el sentido del proyecto sea positivo, también debe incluirse el monto de ayuda propuesto, basado en las tabulaciones elaboradas por la Comisión Ejecutiva. Para el caso de que el sentido de la misma sea negativo, deberá contener invariablemente los elementos suficientes y necesarios para sustentar dicha determinación." "ARTÍCULO 85. El Comité Interdisciplinario Evaluador presentará el proyecto de dictamen al Comisionado Presidente quien, a su vez, lo someterá a consideración del Pleno de la Comisión Ejecutiva, a fin de que dicho órgano colegiado emita la resolución correspondiente." "ARTÍCULO 86. El Comité Interdisciplinario Evaluador valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima basándose en los principios rectores establecidos en el artículo 5 de la Ley." "ARTÍCULO 87. La Comisión Ejecutiva deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, misma que se notificará a la víctima en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a su emisión. En caso de que la Comisión Ejecutiva resuelva favorablemente la solicitud, deberá notificar la resolución, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al Titular de la unidad responsable del fondo, a fin de que efectúe el trámite de pago correspondiente. En contra de la resolución de la Comisión Ejecutiva, la víctima puede interponer el juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 144 de la Ley." De lo anterior, se desprenden los siguientes puntos: I. La víctima debe presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con los requisitos señalados en la Ley y su reglamento. II. En cuanto reciba la solicitud, la Comisión Ejecutiva debe turnarla al Comité Interdisciplinario Evaluador, para que integre el expediente en un plazo no mayor de cuatro días hábiles. El expediente debe contener, como mínimo, los documentos presentados por la víctima; descripción del daño o daños que haya sufrido; detalle de las necesidades que requiere para enfrentar las consecuencias del delito o violación a derechos humanos; en caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos, en los que se especifiquen sus afectaciones; evaluación de su condición socioeconómica, estudio de trabajo social elaborado por el Comité Interdisciplinario Evaluador; y una propuesta de resolución que justifique y argumente la necesidad de la ayuda. III. En caso de que el Comité Interdisciplinario Evaluador considere que falta información o documentación puede requerirla por escrito a la víctima dentro de los dos días siguientes a la recepción de la solicitud, para que se presente en un plazo máximo de cinco días; supuesto en el que se suspende el plazo para integrar el expediente. IV. El Comité Interdisciplinario Evaluador debe valorar y analizar la información del expediente con el propósito de formular un proyecto de dictamen, debidamente fundado y motivado. El proyecto de dictamen debe presentarse al Comisionado Presidente quien, a su vez, lo someterá a consideración del Pleno de la Comisión Ejecutiva. Este órgano debe emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud, y debe notificarla a la víctima en un plazo de cinco días hábiles posteriores a su emisión. En suma, el trámite consiste en turnar la solicitud de las víctimas al Comité Interdisciplinario Evaluador, para que integre el expediente en un plazo de cuatro días -prorrogable solamente por cinco días si considera que falta información por parte de las víctimas- y formule un proyecto de dictamen. El Pleno de la Comisión Ejecutiva deberá emitir la resolución definitiva, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. En el caso que nos ocupa, de las constancias que obran en autos se advierte que los quejosos presentaron su solicitudes para obtener asistencia y reparación integral desde el veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Michoacán, la que radicó dichas peticiones y ordenó realizar los estudios médicos, socioeconómicos y psicológicos a las víctimas; y con fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno remitió la documentación recabada respecto de los quejosos en la ampliación de la demanda José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo y Margarita Castillo -entre otros- al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que, conforme a sus facultades resolviera sobre la procedencia o no de las medidas de ayuda inmediata. Y respecto de los diversos quejosos Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia y Salvador Díaz Hernández, si bien no se advierte la fecha y oficio a través del cual la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Michoacán, remitió las solicitudes al Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV de la Ciudad de México, lo cierto es, que las constancias que remitió esta última en apoyo a su informe justificado se advierte que respecto de éstos últimos también se encuentra realizando gestiones para resolver sobre la integración de sus expedientes y procedencia de las medidas de ayuda inmediata desde el diez de marzo de dos mil veintidós. A partir de lo expuesto, resulta inconcuso que asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que ha trascurrido en exceso el plazo establecido en la Ley General de Víctimas y su Reglamento, para que la responsable integre el expediente y emita la resolución relativa a las solicitudes de acceso a los recursos de ayuda y reparación integral; sin que lo hubiera hecho. De acuerdo con los ordenamientos legales citados, en cuanto la Comisión Ejecutiva recibe las solicitudes debe remitirlas al Comité Interdisciplinario Evaluador, a fin de que en un plazo de cuatro días hábiles integre el expediente y presente un proyecto de dictamen, debidamente fundado y motivado; plazo que puede prorrogarse únicamente por cinco días, cuando se requiera información al solicitante. Posteriormente, el Pleno de la Comisión Ejecutiva debe remitir la resolución definitiva, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. Sin embargo, en el caso concreto, a pesar de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas remitió al Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con sede en la Ciudad de México, las solicitudes de ayuda de los quejosos desde el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, a la fecha en que se dicta la presente sentencia no ha logrado integrar el expediente administrativo y por ende no ha resuelto sobre la procedencia o no de las medidas de ayuda solicitadas. Retraso que vulnera el principio de legalidad y los derechos de los quejosos de acceso a la justicia y reparación integral. No pasa desapercibido para quien esto resuelve que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, refirió que no ha resuelto sobre la procedencia de las medidas porque no cuenta con una petición expresa y por escrito de los quejosos, mismas que -afirma- resulta indispensable para dar el trámite correspondiente. Sin embargo, la citada autoridad responsable pierde de vista que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 a 87 de la Ley General de Víctimas, transcritos y analizados anteriormente, basta con que ésta reciba la solicitud que le es turnada -en este caso por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán-, para que se avoque a la integración del expediente valore y analice la información y documentación presentada por las víctimas, así como la información adicional que el propio Comité haya integrado al expediente, con el propósito de formular un proyecto de dictamen debidamente fundado y motivado. Pues en todo caso, de considerar que hace falta información o documentación, le corresponde requerir por escrito a la víctima y/o victimas dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que éstas presentes la documentación o información faltante en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente, en cuyo caso se suspenderá el plazo establecido en el artículo anterior. Por otra parte, refiere que es cierto que mediante oficio CEAV/MICH/0374/2021, el Titular del Centro de Atención Integral del Estado de Michoacán, le remitió los estudios de Trabajo Social de los quejosos para el trámite de las medidas de ayuda; sin embargo, señala que de tal oficio advirtió que a los quejosos se les ha otorgado diversos apoyos y programas sociales por parte del Gobierno del Estado de Michoacán, por lo que a efecto de una debida integración del expediente ha realizado las siguientes gestiones: 1.- Mediante oficio CEAV/CIE/1451/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, le requirió para que le informara si derivado del hecho victimizante de quince de septiembre de dos mil ocho, se cubrió algún tipo de ayuda indemnizatoria a los quejosos. 2.- Mediante oficio CEAV/CIE/1452/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Michoacán, le requirió para que informara si derivado del hecho victimizante se cubrió con algún tipo de ayuda a los peticionarios de amparo. 3.- Mediante oficio CEAV/CIE/1453/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Despacho del Gobernador en Michoacán, se le requirió a fin de que informara si derivado del hecho victimizante se cubrió con algún tipo de ayuda a los peticionarios de amparo. 4.- Mediante oficio CEAV/CIE/1455/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, se le requirió a fin de que informara si derivado del hecho victimizante se cubrió algún tipo de ayuda a los quejosos. 5.- Mediante oficio CEAV/CIE/1456/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, dirigido al Corporativo Citibamanex, se le requirió a fin de que informara si derivado del hecho victimizante se cubrió algún tipo de ayuda a los quejosos. Información que refiere, es indispensable para resolver sobre la procedencia de las medidas de ayuda que los quejosos refieren haber solicitado. No obstante lo anterior, lo cierto es que ya transcurrió en exceso el plazo previsto por el legislador para que las víctimas obtengan resolución definitiva sobre su solicitud y, si bien esta juzgadora reconoce que el plazo previsto para tal efecto es reducido; en el caso han transcurrido aproximadamente nueve meses contados a partir de la remisión de las solicitudes al Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, -o bien, un año nueve meses desde que presentaron sus escritos de petición-, sin que se termine de integrar el expediente y emita la resolución respectiva, lo que se estima contraviene la finalidad de que el procedimiento en análisis sea de pronta integración y resolución. Por tal motivo, al violarse en perjuicio de las víctimas el principio de legalidad y sus derechos de acceso a la justicia y una reparación integral, reconocidos en los artículos 16, 17 y 20 constitucionales, lo que conduce a concederles el amparo que solicitan para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional a los quejosos para que la autoridad responsable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Director General del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, realice lo siguiente: Integre inmediata y debidamente el expediente administrativo radicado con motivo de las solicitudes de los quejosos de veintidós y veinticuatro de julio de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y su reglamento; y formule un proyecto de dictamen debidamente fundado y motivado. -Emita la resolución definitiva en el expediente de mérito. En el entendido de que las actuaciones referidas deben hacerse, en conjunto, dentro del plazo de veinte días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, ya que esta juzgadora estima que es un plazo prudente para que se termine de integrar el expediente y se pueda emitir la determinación correspondiente. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales (aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce); se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 598/2021, únicamente respecto de los actos reclamados por José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo, Salvador Díaz Fernández y Rocío García Guerrero, por propio derecho y esta última además, en representación de su menor hija de iniciales A.M.T.G., a la autoridad responsable Titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Michoacán, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a los quejosos José García Guerrero, Ariana Cuevas Bravo, Luis Díaz Tapia, Salvador Díaz Tapia, Víctor Alfonso Díaz Tapia, Margarita Castillo y Salvador Díaz Fernández, por los razonamientos y fundamentos expuestos en el considerado quinto; y, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se tiene por no presentada la demanda constitucional. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada en proveído de ocho de marzo del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen al cuaderno en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por la vía electrónica. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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