Antonio Solórzano Ramírez
Expediente 1171/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1171/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Antonio Solórzano Ramírez
Actuaciones
- Principal
Causa estado, archivo y destruible...
- Principal
Glósese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Jueza de Paz de Tacotalpa, Tabasco, por el que devuelve el despacho 326/2019, orden 389/2019-VIII-15, de nuestro índice, mismo que se remitió para notificar al quejoso Antonio Solórzano Ramírez, el auto de prevención de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, lo cual aconteció mediante diligencia de seis de agosto del año en curso. Regístrese su llegada en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PARTE QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN Por otro lado, téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa Antonio Solórzano Ramírez, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de dieciocho de julio de la presente anualidad, y al efecto manifiesta: ".MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional, es precisamente la orden de aprehensión librada en mi contra el 24 de Enero del año 2019, en la causa penal número 08/2019." (sic). Por lo que se tiene por cumplida la prevención. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al analizar la demanda de amparo presentada por la parte quejosa y su escrito aclaratorio, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado, la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, de la causa penal 08/2019 del índice del Juzgado de Control de la Región Tres de Jalapa, Tabasco. Sin embargo, en el capítulo denominado "HECHOS" en el escrito inicial de demanda, relata lo siguiente: ".fue privado de su libertad a las 11:50 horas (once horas horas con cincuenta minutos), el día martes 29 de enero del año 2019, por la policía de investigación, adscrito al Centro de Procuración de Justicia del municipio de Teapa, Tabasco, (.) Para posteriormente ponerme a disposición del Juzgado de Control de la Región Tres del municipio de Jalapa, Tabasco, en donde con fecha 30 de enero del año 2019, se celebró audiencia inicial y en su fase de vinculación a proceso se dictó en mi contra auto de vinculación a proceso." (sic) De lo anterior, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica: (.)". De tal dispositivo, se desprende que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que el quejoso se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo y, e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de derechos fundamentales y, la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es así, que el veinticuatro de enero del presente año, el Juez de Control de la Región Tres de Jalapa, Tabasco, libró orden de aprehensión en contra del quejoso Antonio Solórzano Ramírez, en autos de la causa penal 8/2019, por su probable participación en el hecho delictivo que la ley señala como delitos de pederastia y violación, previsto y sancionado sin prejuzgar por el numeral 327, 148 en relación al 150 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la niña de identidad reservada de iniciales M.D.L.B., representada por su abuelo paterno Felipe Bautista Alvarado; siendo ejecutada dicha orden de captura -según las manifestaciones bajo protesta de decir verdad del impetrante-, el veintinueve de enero del año en curso. Ahora, de igual manera se advierte que el treinta de enero del año actual, se celebró la audiencia inicial, determinando vincular a proceso al aquí quejoso Antonio Solórzano Ramírez, de ahí que es claro que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, pues se reunieron los requisitos para que se dé el cambio de situación jurídica. Se determina que en la especie se actualizan los supuestos reseñados en los incisos a), b), c), d) y e), antes precisados, en virtud de que: a) El acto reclamado emana de un procedimiento judicial, como lo es la causa penal 08/2019, del índice del Juzgado de Control de la Región Tres de Jalapa, Tabasco, b) La parte quejosa se encontraba en un estado jurídico determinado, pues existía una orden de aprehensión, c) Con posterioridad se pronunció una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo, ya que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, d) No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, pues si se decide sobre el acto reclamado -orden de aprehensión- afectaría la libertad del quejoso y, e) Existe autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo -orden de aprehensión- y la nueva resolución que se dictó -auto de vinculación a proceso-, pues para el dictado de cada uno de los actos de referencia, se toman en cuenta circunstancias distintas. Atento a lo anterior, resulta evidente que la orden de aprehensión reclamada ya cumplió su finalidad y, con base en ello, no es posible analizarla, dado el cambio de situación jurídica. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia J/18 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Página 2482, Agosto de 2018, Tomo III, Materia Común, Décima Época, del tenor literal siguiente "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". En las narradas condiciones, es evidente que el juicio de amparo que promueve el quejoso Antonio Solórzano Ramírez, resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, obliga a este órgano constitucional a desechar de plano la demanda, atento a lo establecido en el artículo 113 de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN. En otro orden de ideas, toda vez que en su escrito de cuenta, el promovente manifestó: ".señalando como domicilio para los efectos de oír y recibir todas clases de citas y notificaciones los Estrados de ese Juzgado Séptimo de Distrito."; lo que no puede tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades de las notificaciones a que alude el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de la lista de acuerdos que se fija en este Juzgado, el presente proveído y los subsecuentes, incluso los que deban ser personales, hasta en tanto se realice el señalamiento de domicilio, en el lugar donde este Juzgado tiene su sede. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía , se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Por otra parte, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marjorie Bautista García, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por así haberlo solicitado el quejoso...
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