Antonio Sierra Calderon
Expediente 1316/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1316/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Antonio Sierra Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el diez de septiembre de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. En virtud de lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se declaró sin materia, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 1316/2021-III-A, promovido por+++; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de julio dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el veintitrés de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Antonio Sierra Calderón a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Previo desahogo de la prevención, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que dio origen al juicio de amparo 1316/2021-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó la denegación de justicia consistente en la abstención de darle continuidad a la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación 707/2014, ante la manifestación verbal de que se encuentra extraviada. TERCERA. Ahora bien, previo a resolver el presente sumario constitucional debe señalarse que de las constancias que lo integran se advierte: 1. Que una vez admitida la demanda, por razón de cinco de agosto de este año, la actuaria de la adscripción señaló la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como: "Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado", con motivo de que al encontrarse constituida en el local que ocupa la Fiscalía General del Estado, le fue informado que dicha autoridad no existe, ya que no se encuentra como tal en el organigrama de la Fiscalía. 2. Por auto de diez de agosto de este año, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días señalara la denominación correcta de autoridad ministerial antes indicada y se le apercibió que de no hacerlo, no se tendría como responsable, por lo que se suspendería toda comunicación con la misma y se procedería a resolver conforme legalmente procediera. 3. Transcurrido el plazo antes indicado, sin que el quejoso hubiera desahogado la vista otorgada, el veinticuatro de agosto de este año se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto en comento y no se tuvo como autoridad responsable a la antes indicada. Así, de los hechos anteriormente transcritos se aprecia que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio en los términos previstos por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues si no se tuvo como responsable a la única autoridad a la que se le atribuyó el acto reclamado, es claro que no puede estimarse que exista actuación alguna que cause perjuicio al quejoso y, por ende, que exista materia alguna para abordar el análisis de su constitucionalidad. En ese sentido, la parte quejosa no ofreció medio probatorio alguno para desvirtuar dicha inexistencia o, por el contrario, para acreditar la existencia del acto que tilda de inconstitucional, pues inclusive se le otorgó vista para que aclarara la denominación de la responsable "Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado", la cual le fue notificada personalmente, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, al actualizarse el motivo de sobreseimiento establecido en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XI.2o. J/14 del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Primer Circuito, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 61, Enero de 1993, visible a página 111, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO, POR INCORRECTO SEÑALAMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si de la demanda aparece señalado como autoridad responsable el presidente de una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje y se advierte también, que el laudo que constituye la reclamación en el juicio constitucional, fue dictado por la junta en cuanto cuerpo colegiado, debe concluirse que no existe dicho acto reclamado tal y como aparece en el libelo, ya que no se endereza contra la autoridad de quien proviene, por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 650 localizable en la séptima época del Apéndice de 1995, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Página 436, cuyo texto y rubro son los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE SOBRESEERSE EN EL AMPARO CUANDO NO SE SEÑALA COMO TAL A LA QUE EMITIO EL ACTO RECLAMADO. De los artículos 11 y 14 y 9o., 12 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, reformados los dos primeramente mencionados por Decreto de 16 de junio de 1975 y los tres restantes por Decreto de 18 de febrero de 1980, se viene en conocimiento que el Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno para los asuntos de carácter administrativo y los de naturaleza judicial que determinan la Constitución del Estado de Tabasco y la propia Ley Orgánica y que en los demás asuntos judiciales dicho Tribunal funcionará en Salas, una civil y otra penal, desde la reforma primeramente mencionada, y una civil y dos penales a partir de la segunda reforma señalada. En tal orden de ideas, es manifiesta la diferencia en cuanto a autoridad responsable para los efectos de su señalamiento en el juicio de amparo entre el Tribunal Superior de Justicia y sus Salas, tomando en cuenta que según los preceptos antes mencionados aquel cuerpo está constituido por más miembros que cada una de éstas y de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, disposición que es determinante para llegar a la conclusión diferencial antes aludida. Ahora bien, si la parte quejosa endereza su acción constitucional de amparo en contra del Tribunal Superior de Justicia y de las constancias de autos aparece que la resolución que reclama emana de una de sus Salas, se impone reconocer que el acto reclamado no es atribuible a dicho Tribunal Superior de Justicia y por lo mismo que no existe en la forma planteada por el peticionario de amparo; lo que determina el sobreseimiento del juicio en los términos previstos por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, que obliga el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado". Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ++++ por el motivo precisado en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de tres días otorgado al quejoso Antonio Sierra Calderón en auto de diez de agosto de este año, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto a la denominación de la autoridad que señaló como: "Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado", sin que lo hubiera hecho. En tal virtud, se acuerda: se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto en comento y no se tiene como autoridad responsable a la antes indicada, por lo que se suspende toda comunicación con ella. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se aprecia que en la propia fecha se dejó de tener como autoridad responsable a la autoridad que señaló como: "Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado", pues la parte quejosa no atendió el requerimiento formulado al quejoso **en auto de diez de agosto de este año, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera respecto a la denominación de la autoridad que señaló como: "Agencia Tercera de la Fiscalía General del Estado". En consecuencia, virtud a que dicha autoridad fue la única señalada como responsable del acto que reclama y que, por ende, no existe materia sobre la cual resolver la suspensión definitiva del acto reclamado, se deja sin efectos la audiencia incidental señalada para las nueve horas con tres minutos de esta fecha. Notifíquese y cúmplase.
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