Antonio Segovia Villada
Expediente 725/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Antonio Segovia Villada
Actuaciones
- Principal
MESA V. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, dirigido vía fax, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que este órgano jurisdiccional remitió los autos originales del juicio de amparo 725/2017-V-A; asimismo, comunica que en uno de septiembre del año en curso, aceptó competencia de la demanda de amparo, la cual se registró bajo su índice con el número de amparo 1428/2017. En tales condiciones, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran seis meses, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA.V.Vista la demanda de amparo presentada por Antonio Segovia Villada, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Agencia de Especial de Delitos contra la Vida de Integridad Física y Diversos Delitos, de la Fiscalía General de Morelos, con residencia en Cuernavaca y otras, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el numeral 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 725/2017-V-A. COMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho corresponda, resulta necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de territorio de este juzgado, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Por la importancia que reviste, conviene anticipar que la competencia es un presupuesto procesal que se erige como una condición previa para conocer y resolver el asunto planteado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, definió a la competencia, en términos generales, como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias. En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. En ese sentido, debe atenderse a lo que la carta magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de 'ejecución material', entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, la tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos. De ahí que (conforme a la primera regla) será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso que nos ocupa se reclama una orden de aprehensión y detención, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque la aprehensión se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, la presente determinación se centra en la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Ahora, conforme a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la competencia adujo que el juez competente para conocer de una orden de aprehensión, es aquél que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar el acto. En el caso, los actos reclamados consisten en: ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN. SU EJECUCIÓN. OMISIÓN DE ACORDAR LAS PETICIONES QUE FORMULÓ EL QUEJOSO AL RENDIR DECLARACIÓN POR ESCRITO EN LA INDAGATORIA SC/12ª/8077/2007-10. Sobre esa base, se estima actualizada la primera de las reglas de competencia contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, es decir, es competente el juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Lo anterior es así, ya que de la demanda de amparo se advierte que el veintitrés de agosto del año en curso, agentes de la policía judicial se presentaron en domicilio del quejoso con intención de privarlo de la libertad; con la circunstancia que el domicilio del demandante se ubica en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, y las autoridades señaladas como responsables residen en dicha entidad federativa. Así, las cosas es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializan dichos actos. Bajo este tenor, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, el presente juicio de amparo, para que a su vez lo remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta la competencia declinada; fórmese cuaderno de antecedentes.
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